El problema de la informalidad laboral es un tema de amplio debate y estudio en medios académicos, empresariales y gubernamentales en el mundo desde hace muchas décadas, y en el presente siglo XXI, este problema continúa siendo motivo de preocupación de las economías emergentes y de las del denominado tercer mundo.
El tema, viene cobrando mayor relevancia últimamente debido a la desaceleración de la economía en muchos de los países indicados, donde los gobiernos se esfuerzan por mejorar la recaudación tributaria y formalizar el empleo.
En el caso peruano, según recientes datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 6 de cada 10 trabajadores laboran en forma informal y la situación de agudiza en el sector de las microempresas donde la informalidad supera el 80%, ante ello vienen, como alternativas de reducción de estos niveles dándose diversas corrientes de opinión, siendo una de ellas el referido a la flexibilización de la legislación laboral para incorporar a la formalidad a miles de trabajadores.
Sobre el particular debo señalar que el problema de la informalidad del empleo en el Perú, no se debe fundamentalmente al tema de la legislación laboral vigente, sino a diversos factores, como las trabas burocráticas, la corrupción, la carencia de un manejo técnico en la gestión de muchas empresas, particularmente las pequeñas y microempresas, entre otros.
El factor humano es el activo más importante en toda organización y la actual Legislación Laboral si bien puede parecer demasiado exigente y onerosa para las empresas privadas y entidades públicas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, es necesaria y debe cumplirse a cabalidad sin flexibilizarse.
Estando además ya inmersos, en la segunda década del siglo XXI, en un mundo altamente competitivo, cambiante e incierto en cuanto a su evolución económica y geopolítica, solo las organizaciones que administren eficientemente, valoren y respeten a sus recursos humanos podrán ser competitivas y mantenerse en el mercado.
Por lo tanto, las empresas deben adecuarse al actual mundo competitivo, empleando en su gestión, las modernas herramientas administrativas que existen y exigiendo al Estado cumplir su rol promotor del desarrollo empresarial, eliminando las trabas burocráticas y combatiendo la corrupción.
