Delitos fiscales, defraudación fiscal y contrabando en México

Autor: Raúl Alejandro Hernández Guillen

Otros conceptos de economía

18-06-2013

Introducción

El presente trabajo, que parte igualmente de la intención de elaborar estudios breves que resulten de gran utilidad práctica, expone otra variante de la relación entre los particulares y el fisco federal, igualmente relativa a las obligaciones fiscales, pero centrada específicamente en aquellos casos en cuyo incumplimiento se traduce en la comisión de un delito fiscal.

Es claro que existen casos en donde los particulares, con total conocimiento realizan actividades que constituyen delitos en materia fiscal, pero también hay muchas ocasiones en que los descuidos, el desconocimiento o la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones fiscales, da lugar a la comisión de delitos. Es por eso que en este trabajo se busca presentar de una manera práctica el tema de delitos fiscales, para lo cual, además de la exposición sobre la regulación de los mismos, señalamos las interpretaciones que han sido planteadas en precedentes del Poder Judicial Federal y que otorgan una visión práctica al lector.

Iniciamos con una exposición sobre los delitos fiscales centrándonos en el caso de la defraudación fiscal y el delito de contrabando, para terminar con una mención del resto de los delitos. En el segundo apartado analizamos un tema que resulta de gran interés y que es el de la responsabilidad penal en las personas morales. La trascendencia radica en que las conductas constitutivas de delito necesariamente serán cometidas por un particular y determinar la responsabilidad penal. Finalmente nos ocupamos de la persecución del delito fiscal y su relación con el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, y de la prescripción de la acción penal.

Desarrollo del tema

Defraudación fiscal:

El delito de defraudación fiscal lo comete “quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.”

Además del caso genérico de defraudación fiscal, la regulación establece una serie de calificativas al delito y otras conductas consideradas como equiparables a la defraudación fiscal.

En el delito de defraudación fiscal, la persona que lo comete tiene la intención de conducirse con falsedad, valiéndose de maquinaciones y artificios contra el fisco en aras de encubrir la omisión del pago total o parcial de alguna contribución, o bien, obteniendo un beneficio indebido. Se engaña pretendiendo que las obligaciones fiscales se cubrieron de manera correcta u ocultando que cierto beneficio no le corresponde. Este delito se comete necesariamente de forma dolosa, esto es, el contribuyente, teniendo pleno conocimiento de lo que hace, utiliza los medios necesarios para presentar hechos falsos como verdaderos o bien, para tomar ventaja del fisco en caso de que éste se encuentre en estado de error.

Elementos de la defraudación fiscal

Elementos de la defraudación fiscal

Elementos del delito.- (Art. 108, CFF)

El engaño del que se valga el contribuyente para la comisión del delito o el tipo de error del que se aproveche el contribuyente, dependerá de la contribución de que se trate, pues esto atiende a: el hecho o situación que genera cada contribución, quién la calcula, cómo se calcula, qué documentos se utilizan para su pago, cómo se paga, cuándo se paga.

  • El tipo penal establecido en el artículo 108 del CFF se refiere a toda contribución, por lo tanto incluye a los impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras. La omisión en cualquiera de estos conceptos será constitutivo del delito de defraudación fiscal.
  • La omisión total o parcial de alguna contribución se refiere, indistintamente, a los pagos provisionales o definitivos, o al impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales.
  • Tratándose de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), igualmente se presume que se cometió el delito de defraudación fiscal e incluso se pueden perseguir simultáneamente ambos delitos.
  • El segundo supuesto para la comisión de la defraudación fiscal es el obtener un beneficio indebido. Este caso se puede presentar, por ejemplo, si el fisco efectúa una devolución errónea de impuestos sin que el contribuyente aclare o devuelva dicha cantidad o si un contribuyente solicita la devolución de impuestos de forma engañosa.
  • El delito de defraudación fiscal se consuma en el momento en que se omite pagar la contribución correspondiente. Por ejemplo, cuando se presenta la declaración al fisco federal en la que se utilizan engaños para omitir el pago de contribuciones.

Cuestionario:

¿Qué sucede cuando después de haber omitido el pago de impuestos se realiza el entero correcto de éstos?

Si las autoridades fiscales no han descubierto la omisión o el perjuicio, o bien, no se ha realizado ninguna gestión para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y, el contribuyente cubre las contribuciones omitidas, junto con sus recargos y actualizaciones, entonces no se formulará querella por la comisión del delito de defraudación fiscal.

Penas.

  • Si se conoce el monto de lo defraudado, se establecen tres tipos de sanciones dependiendo de la cantidad defraudada. Las penas van de tres meses a nueve años de prisión.
  • Si se tiene la certeza de que se omitieron ciertas contribuciones, pero no se tienen elementos para determinar su monto, la pena será de tres meses a seis años de prisión.
  • La regla consiste en sumar todas las contribuciones omitidas en un ejercicio fiscal. Así, si se omitieron distintas contribuciones, todas estas se acumularán para determinar la pena.
  • Si las conductas sancionadas ocurrieron durante los pagos provisionales y posteriormente en la declaración anual, en principio no podrían seguirse procesos penales por cada uno de dichos actos. En este supuesto, tampoco se podrán sumar las omisiones en los pagos provisionales a las omisiones en el pago anual definitivo, tratándose de un mismo impuesto, pues las cantidades omitidas se estarían contabilizando dos veces.

Calificativas.

La legislación establece que la pena por el delito de defraudación fiscal se incrementará en una mitad cuando el delito se origine bajo ciertas circunstancias, las cuales se enlistan a continuación:

  • Usar documentos falsos.
  • Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.
  • Manifestar datos falsos para obtener la devolución o compensación de contribuciones que no le corresponden.
  • Omitir la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen.
  • Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.
  • No llevar registros contables o asentar datos falsos en ellos.

Cabe señalar que de la redacción del artículo 108 del CFF se entiende que tales circunstancias deben presentarse antes de que el delito se consume. En estos términos, si se presentan una vez configurado el delito, no podrán ser calificativas de la defraudación fiscal.

Conductas equiparables.

Hay una serie de conductas que se consideran equiparables al delito de defraudación fiscal y que se sancionan con las mismas penas que éste. Tales conductas están previstas en el artículo 109 del CFF y son:

I. Consignar en las declaraciones fiscales: deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes. Para las personas físicas que perciban dividendos, honorarios o en general presten un servicio personal independiente o estén dedicadas a actividades empresariales, cuando realicen en un ejercicio fiscal, erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no comprueben a la autoridad fiscal el origen de dicha discrepancia.

II. Omitir enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado.

III. Beneficiarse sin derecho, de un subsidio o estímulo fiscal.

IV. Simular uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

V. Omitir presentar, por más de doce meses, la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.

Los delitos contemplados como equiparables, al igual que el genérico de la defraudación fiscal, sólo permiten una comisión dolosa (querer y conocer el resultado típico). Ahora bien, el engaño o aprovechamiento de errores constituyen elementos exigidos por el delito de defraudación fiscal, no siéndolo así para los equiparables, salvo el caso de las fracciones I y III antes citadas, ya que las demás fracciones hacen referencia a diversas hipótesis en las que no se exige el engaño.

Deducciones falsas o ingresos menores a los obtenidos.

Se refiere al delito de defraudación fiscal realizado de manera específica en las declaraciones fiscales y se comete cuando en tales declaraciones se presentan deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados. Para este supuesto deben considerarse los siguientes aspectos:

  • Deducciones falsas: se trata de aquellas deducciones que realiza una persona, las cuales no son reales o verdaderas, esto significa que derivan de simulaciones. Caso distinto es el de las deducciones improcedentes, en donde sí sucedieron los actos que les dieron lugar, pero el contribuyente no cuenta con los comprobantes necesarios para acreditarlas, en este segundo caso no se configura el delito.
  • Puede darse el caso en el cual el contribuyente realice deducciones falsas pero que éstas no generen la omisión en el pago de contribuciones. En este supuesto no se comete delito alguno, pues no se obtiene ningún beneficio, ni se causa ningún perjuicio al fisco.
  • Ingresos acumulables: las autoridades fiscales deberán precisar si se trata o no de ingresos acumulables en términos de la Ley del ISR, pues las personas físicas no están obligadas a acumular todos sus ingresos para la determinación del impuesto anual.

Realizar erogaciones superiores a los ingresos declarados:

Este supuesto, que forma parte de la fracción I del propio artículo 109 del CFF, aplica únicamente para las personas físicas que en términos de la Ley del ISR perciban ingresos por los siguientes conceptos: a) dividendos; b) honorarios o en general por prestar un servicio personal independiente; o, c) actividades empresariales.

El delito equiparable a la defraudación fiscal se comete cuando la persona física realice, en un ejercicio fiscal, erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no pueda comprobarle a la autoridad fiscal el origen de dicha discrepancia.

Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.

Se considera como delito equiparado a la defraudación fiscal y se sanciona con las mismas penas, a quien omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado. En relación con este ilícito deben considerarse los siguientes aspectos:

  • La persona que retenga o recaude debe estar obligado por alguna norma a realizar tales actividades.
  • Debe acreditarse que la persona efectivamente retuvo o recaudó determinadas cantidades por concepto de contribuciones.
  • El no recaudar o retener contribuciones no es constitutivo de delito, a pesar de que se tenga la obligación de hacerlo y que se sea responsable solidario por tales cantidades ante el fisco.
  • La conducta delictiva consiste en una omisión: no enterar al fisco las cantidades recaudadas o retenidas en los plazos que establezca la legislación.
  • Por lo anterior, el retenedor o recaudador debe observar en términos de la ley, cómo y cuándo debe enterar las contribuciones al fisco.
  • El delito se comete en el momento en que transcurre el plazo para enterar las contribuciones, sin que se efectúe dicho entero. No es necesario que se realice algún otro acto.
  • Por esta razón no hay lugar a la tentativa de delito, ya que por el simple vencimiento del plazo establecido en la ley para el entero de las cantidades retenidas o recaudadas, se configura la ilicitud. Este caso de defraudación fiscal equiparada, puede causar confusión en relación con la calificativa del delito genérico que se refiere a la omisión de contribuciones retenidas y recaudadas. Este tema le ha sido planteado al Poder Judicial de la Federación, quien lo ha resuelto de la siguiente manera:

Defraudación fiscal. Omisión de contribuciones retenidas o recaudadas El artículo 109, fracción II, del CFF establece que: "Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:

Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado.

Por su parte, el artículo 108, sexto párrafo, inciso e), del propio ordenamiento dispone: "El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código, serán calificados cuando se originen por:

Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.

El artículo 108 del CFF establece una circunstancia agravante del tipo penal y señala que el ilícito se origina por omitir contribuciones retenidas o recaudadas, mientras que el tipo penal previsto en el artículo 109, fracción II del mismo ordenamiento, se actualiza por haber retenido o recaudado contribuciones y no enterarlas al fisco federal dentro de los plazos de ley.

En el artículo 108, inciso e) se estableció un nuevo supuesto de calificación del delito de defraudación fiscal (artículo 108) y conductas que se le asimilan (artículo 109), cuando los contribuyentes realicen la conducta delictiva respecto de contribuciones retenidas o recaudadas, ya que ello, por sí solo, evidencia el actuar doloso del sujeto activo, incrementándose así la sanción, pues lesiona gravemente al fisco federal.

Por ejemplo, una persona moral debe presentar su declaración anual para efectos del ISR dentro de los tres meses siguientes, contados a partir del último día del cierre del referido ejercicio fiscal. Así, si el plazo para presentar dicha declaración fenece el 31 de marzo del siguiente año, entonces será a partir de esa fecha que se contabilice el término de doce meses que exige el delito equiparable a la defraudación fiscal.

Por tanto, si la persona moral no presentó la declaración anual y no ha transcurrido el término de doce meses, no se habrá configurado el delito presentado en este apartado y el contribuyente estará sujeto únicamente a las sanciones administrativas que resulten procedentes.

Contrabando:

En términos del artículo 102, del CFF, comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, en los siguientes supuestos:

I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.

II. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito.

III. De importación o exportación prohibida.

También comete delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, así como quien las extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregadas legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para ello.

Los supuestos en que puede cometerse el delito de contrabando se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro del delito de contrabandoCuadro del delito de contrabandoCuadro del delito de contrabando

Para cada una de estas actividades, la legislación aduanera establece una serie de requisitos que deben observarse, y es el Código Fiscal de la Federación el que señala los elementos cuya omisión constituye un acto delictivo. Otro de los casos de contrabando ocurre cuando las mercancías en comento son de tráfico prohibido en términos de la legislación, como son los narcóticos, armas prohibidas, flora y fauna silvestre, entre otras.

Tipo penal del delito de contrabando.

El delito de contrabando se configura cuando se incumplen ciertos requisitos a los que está sujeta la mercancía que entra al país (importación), a saber: a) el pago de contribuciones; b) el pago de cuotas compensatorias; y, c) el permiso de importación. El último de los supuestos se presenta cuando se introducen mercancías de tráfico prohibido. En el caso de la exportación de mercancías se aplican todos los supuestos antes mencionados, con excepción del pago de cuotas compensatorias, pues tales cuotas se limitan al caso de la importación de mercancías.

Existen otros requisitos, distintos de los enlistados para la importación y exportación de mercancías, algunos de ellos previstos en la Ley de Comercio Exterior, pero en caso de incumplimiento de éstos no se estará configurando el delito de contrabando.

El delito de contrabando puede presentarse en lugares autorizados para el tránsito de mercancías, llámese aduanas, garitas, entre otros, generalmente bajo dos supuestos:

  • Presentando la mercancía al despacho aduanero, pero bajo una documentación que no concuerda con el tipo de mercancía; esto con la finalidad de no pagar las contribuciones o cuotas compensatorias correspondientes, o bien, pagar menos de lo debido.
  • Mediante el ocultamiento de mercancía ya sea en medios de transporte o en las personas mismas, dependiendo del bien que se trate.

El delito de contrabando se comete también por el hecho de introducir o bien extraer del país mercancía por lugares no autorizados, entendiéndose como tales: puntos fronterizos, puertos o pistas aéreas que no están vigilados por las autoridades aduaneras.

Los impuestos o cuotas compensatorias que deben cubrirse están previstos en diversos ordenamientos, de entre los que se encuentran: Ley del Impuesto General de Importación y Ley del Impuesto General de Exportación, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, además de los decretos del Presidente de la República y los tratados internacionales en la materia.

Habrá casos en que haya mercancía por la cual no deba pagarse ningún tipo de contribución o cuotas compensatorias por su importación o exportación, e incluso que no requieran permiso alguno, y que no esté prohibida en términos de la legislación aplicable. En estos casos, aunque se realicen acciones que pretendan burlar el despacho aduanero, no se estará cometiendo el delito de contrabando.

Penas.

Las penas previstas para el delito de contrabando se establecen en función de los requisitos de pago de contribuciones y cuotas compensatorias, de la presentación de los permisos correspondientes y de si se trata de mercancía prohibida.

Tales penas se clasifican en razón del supuesto bajo el cual se comete dicho delito, y se establecen reglas distintas para cada caso, tal como se expone a continuación:

  • Omisión en el pago. Si la mercancía sólo paga contribuciones o sólo paga cuotas compensatorias, y éstas no exceden de $500,000, o bien, si la mercancía paga tanto contribuciones como cuotas compensatorias, y ambas no exceden de $750,000, se aplicarán de tres meses a cinco años de prisión. Para el caso de que se excedan las cantidades antes mencionadas, la pena será de tres a nueve años de prisión.
  • Si no se puede determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias que debían cubrirse, por ejemplo, porque no se localice la mercancía o por destrucción de la misma, entonces la pena será de tres a seis años de prisión.
  • Permisos de la autoridad. Cuando se trate de mercancías que requieran permiso de autoridad competente, la pena será de tres a seis años de prisión.
  • Mercancía de tráfico prohibido. Si la prohibición para importar la mercancía deriva de un decreto del Ejecutivo Federal, entonces la pena será de tres a nueve años de prisión. Si la prohibición deriva de otro ordenamiento, por ejemplo, de una ley o un tratado, entonces la pena será de tres a nueve años de prisión.

Puede darse el supuesto de que se realicen varias de las conductas prohibidas, por ejemplo que se trate de mercancía por la que hay que pagar alguna contribución para su importación y que adicionalmente se deba contar con el permiso de la autoridad. Al tratarse de un solo delito, sólo se aplicará la pena que resulte mayor.

Presunciones de contrabando.

Existen ciertas circunstancias respecto de las cuales la legislación considera presuntivamente que se cometió el delito de contrabando, pues se estima que a través de ellas se pudieron haber introducido o extraído mercancías del país de manera ilícita.

En principio, no podrán imponerse las penas del contrabando por la simple realización de alguna de dichas actividades, sino que deberá acreditarse que efectivamente se omitió el pago de alguna contribución o cuota compensatoria, que no se presentó el permiso correspondiente o bien, que se trata de mercancías de tráfico prohibido.

Calificativas.

La legislación prevé calificativas del delito de contrabando que se presentan, por ejemplo, cuando se ejerce violencia física o moral en las personas; cuando el delito se comete por lugares no autorizados para la entrada o salida del país de mercancías; cuando el autor del delito se ostente como funcionario público; y, cuando se realice utilizando documentos falsos. En los casos de calificativas, las penas se aumentarán de tres meses a tres años de prisión.

Otros delitos fiscales.

A pesar de que los delitos de defraudación fiscal y de contrabando son los que cobran mayor importancia en la práctica común, existen una serie de conductas relacionadas con la materia fiscal que igualmente son constitutivas de delito. Para efectos de este trabajo enlistaremos tales delitos, relacionándolos con la pena que corresponde a cada uno.

Corresponde la pena de tres meses a tres años de prisión a los siguientes delitos:

  • Los delitos en materia del RFC, tales como: a) no solicitar la inscripción al RFC por más de un año, a partir de la fecha en que debía hacerlo; o b) desocupar el local donde se tenía el domicilio fiscal sin dar el aviso de cambio de domicilio, bajo los supuestos previstos en el CFF.
  • Delitos relacionados con la contabilidad fiscal: a) llevar dos sistemas de contabilidad; b) ocultar, alterar o destruir registros contables; c) determinar pérdidas fiscales falsas; d) omitir declaraciones informativas en términos de la Ley del ISR.

Se le impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que dolosamente realice las siguientes conductas:

  • Alterar o destruir aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales.
  • Alterar o destruir máquinas registradoras o poseer ilegalmente marbetes o precintos, o bien, venderlos sin estar autorizado.
  • Reproducir o imprimir comprobantes fiscales sin contar con la autorización de la SHCP.

Corresponde sanción de tres meses a seis años de prisión, a quien:

Se apodere de mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado, o que dolosamente destruya o deteriore dichas mercancías, si el valor de lo robado no excede de $42,670.00.10 Cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.

Corresponde sanción de seis a diez años de prisión al:

Comercializador o transportista de gasolina o diesel que tenga en su poder dichos combustibles, cuando éstos no contengan los trazadores o las demás especificaciones que Petróleos Mexicanos.

Para depositarios e interventores:

A los depositarios e interventores que en sus funciones perjudiquen al fisco federal se les aplicará la sanción de tres meses a nueve años de prisión, la cual se establece en función del valor del bien y puede ir.

Para el caso de servidores públicos:

  • Quienes ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente, o que realicen la verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales, se les impondrá sanción de uno a seis años de prisión.
  • A quien amenace a un contribuyente, con formular una denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Se sancionará con prisión de uno a cinco años, y se aumentará la sanción hasta por una mitad más de la que resulte aplicable, cuando el servidor público promueva o gestione una querella o denuncia notoriamente improcedente.
  • Cuando un servidor público revele la información que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales. La sanción aplicable será de uno a seis años de prisión.

Cuestionario.

¿En quién recae la responsabilidad de los delitos fiscales?

La responsabilidad penal puede recaer sobre distintas personas, en función de la participación de éstas en una conducta delictiva. El artículo 95 del CFF define, de manera particular para el caso de los delitos fiscales, serán responsables penalmente las personas que:

I. Concierten la realización del delito.

II. Realicen la conducta o el hecho descritos en la Ley.

III. Cometan conjuntamente el delito.

IV. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo.

V. Induzcan dolosamente a otro a cometerlo.

VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisión.

VII. Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior.

Sobre este tema, la doctrina hace referencia a la siguiente clasificación: a) autores materiales: quienes concierten la realización de delito y quienes efectivamente lo lleven a cabo; b) autor intelectual: quien se sirve de otra persona como instrumento para ejecutarlo, o bien, lo induce dolosamente; c) coautores: quienes cometen conjuntamente el delito; y, d) cómplices: quien ayude dolosamente a otro para cometer el delito, o bien, que lo ayude después de haber realizado el delito, cumpliendo una promesa anterior a éste.

Cuando se trate de contribuyentes personas físicas, el tema de la responsabilidad penal se simplifica a determinar quién es el responsable por la comisión de un delito, a diferencia del caso relativo a las personas morales, que al no tener voluntad propia, actúan a través de personas físicas.

Personas morales.

La determinación respecto de la o las personas sobre las cuales recae la responsabilidad penal cuando se trata de un delito relacionado con una persona moral ha sido muy controvertida, debido a que no existe una definición única sobre el tema.

Las personas morales carecen de voluntad propia y actúan a través de personas físicas, por tanto son éstas sobre quien recae la responsabilidad penal en caso de la comisión de un ilícito. Las personas que actúan en nombre de una sociedad son los directores, gerentes, administradores y cualquier representante de ésta. Por tanto, serán éstos quienes respondan en lo personal de los hechos delictuosos que cometan en nombre propio o al amparo de la representación corporativa.

El punto crítico del tema es determinar quién es en concreto responsable por la comisión de un delito fiscal. En este tema deben diferenciarse los delitos que implican la realización de una acción, como es el caso de introducir o extraer mercancías prohibidas, de aquellos que se cometen por la omisión a un deber, como sería no pagar una contribución o no presentar una declaración o aviso al fisco.

Si el delito se comete a través de una acción, queda claro que será responsable penalmente la persona que, representando legalmente a la sociedad de que se trate, haya llevado a cabo dicha acción de manera dolosa. Sin embargo, al tratarse de delitos configurados por una omisión, es necesario determinar qué persona dentro de la sociedad tenía el deber de realizar dicha conducta.

Si nos avocamos al caso de las sociedades mercantiles, en términos de la ley, la representación de dichas sociedades corresponde a sus administradores, salvo lo que expresamente se establezca en la ley o en el contrato social. A partir de este precepto, las autoridades penales supuestamente agraviadas han hecho común la práctica de inculpar como responsables por delitos fiscales, por ejemplo por defraudación fiscal, a todos los miembros del consejo de administración, o por lo menos, a su presidente y secretario.

Conclusiones

Es prioridad del Estado recaudar los créditos fiscales, pues éstos se traducen en los medios para sustentar el desarrollo del país. Pero es también de orden público, y así lo ha resuelto el Poder Judicial Federal, la salvaguarda de las garantías de seguridad jurídica de la población. Lo anterior impide a las autoridades fiscales, por un lado, utilizar la vía penal como la primera opción para hacer efectivos los créditos fiscales y, por otro, pasar por alto los procedimientos administrativos establecidos en ley para verificar y, en su caso, lograr el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Aunque sabemos que la realidad en nuestra actualidad, un gran número de contribuyentes se han visto obligados a enfrentar una investigación o bien un proceso de carácter penal, pues sus conductas, deliberadamente o no, son constitutivas de delitos fiscales. En muchos casos, incluso, como es el de las personas morales, los miembros del consejo de administración u otros directivos se ven involucrados en este tipo de procedimientos aun sin haber participado en ilícitos, en términos de la legislación aplicable.

Como contribuyentes y actores del entorno económico del país, nuestro deber es mantenernos informados sobre las obligaciones tributarias que tenemos a nuestro cargo y, en especial, conocer cuáles son las conductas u omisiones que pueden llegar a constituir un ilícito con consecuencias penales.

Raúl Alejandro Hernández Guillen - ra-guillen@hotmail.com

Licenciado en contaduría pública y estudiante de la maestría en derecho fiscal en la Universidad del Sur.

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