Doctrina del Levantamiento del Velo en sociedades mercantiles del Sistema Jurídico Español

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La Doctrina del Levantamiento del Velo en las sociedades mercantiles: Origen, Aplicación
y Práctica en el Sistema Jurídico Español.
ÍNDICE
1. DEFINICIÓN. …………………………………………………………..………. 2
2. ORÍGENES DE LA DOCTRINA: COMMON LAW Y DERECHO
CONTINENTAL, POSTERIOR DESARROLLO EN ESPAÑA ……..…….. 2-3
2.1. Origen estadounidense (COMMON LAW)…………………….....….. 2
2.2. Origen británico (COMMON LAW)……………………………..…… 3
2.3. Origen alemán (DERECHO CONTINENTAL)……………..…….….. 3
2.4. Origen en el derecho español……………………………………..……. 3
3. APLICACIÓN EN EL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL………………...… 3-5
4. PRESUPUESTOS Y CASOS DONDE SE APLICA LA DOCTRINA EN EL
ESPAÑOL…………………………………………………………………….….. 5-10
4.1. Confusión de patrimonios y esferas………………………………….… 6-7
4.2. Infracapitalización………………………………………………......…... 7
4.3. Dirección externa……………………………………………………..…. 7-9
4.4. Abuso de la personalidad jurídica………………………………………. 9
4.5. Defensa de una acción de tercería de dominio………………………….9-10
5. CRÍTICAS A LA DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO:
PRINCIPIOS CONTRAPUESTOS, ALTERNATIVAS A LA DOCTRINA.. 10-11
5.1. Conflicto entre seguridad jurídica y justicia; equidad y buena fe….… 10
5.2. Alternativas a la doctrina……………………………………………...… 11
6. CONCLUSIONES…………………………………………………….………… 11-12
7. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………..…. 13
A.
1. DEFINICIÓN:
Es muy complicado obtener una definición que englobe la totalidad del ámbito y las funciones
de esta doctrina; como veremos a continuación, la jurisprudencia y la doctrina se han encargado
de definir, explicar, delimitar y aplicar el levantamiento del velo, creando así un mare
magnum” de conceptos y casos casi imposibles de simplificar en un pequeño párrafo.
Diversos autores definen la doctrina:
Para Ángel Yágüez, es la actuación encaminada a prescindir de forma externa de la
persona jurídica y, a partir de ahí, penetrar en la interioridad de la misma, levantando su
velo y así examinar los reales intereses que existen o laten en su interior”.1
Para Antonio Embid Irujo, “es un instrumento para evitar el fraude e impedir que, a
través de un mecanismo formalmente correcto, se produzca un resultado materialmente
antijurídico”2.
La profesora Boldo Rodá se aleja de las definiciones formales y lo define como” una
expresión metafórica bajo la que se agrupan un conjunto de sentencias en las que se
resuelven casos de fraude de ley caracterizados por su norma común de cobertura
relativa a la persona jurídica”3.
Como definición intuitiva, podemos partir de que la desestimación de la personalidad jurídica o
desestimación del velo societario, es la doctrina jurídica llevada a cabo por los tribunales
destinada a penetrar en el sustrato de la sociedad en cuestión para corregir los usos fraudulentos
que pueden producirse para dañar a terceros apoyándose en la personalidad jurídica de una
sociedad.
2. ORÍGENES DE LA DOCTRINA: COMMON LAW Y DERECHO CONTINENTAL,
POSTERIOR DESARROLLO EN ESPAÑA.
2.1 Origen estadounidense (COMMON LAW):
Aunque su origen está prácticamente considerado como anglosajón, con casos primitivos
encontrados tanto en Estados Unidos como Inglaterra. le corresponde a Estados Unidos el
mérito de ser primer estado en aplicar el disregard of legal entit. En el caso de Bank of the
United States Vs. Deveaux en 1809 dirigido por el célebre Juez Marshall (case Marbury Vs.
Madison)4 en la que se presentaba el problema desde el punto de vista procesal: Devaux
demandó al banco estadounidense, el caso ascendió al tribunal federal dirigido por dicho
ponente, el banco demandado alegó que el presente tribunal no era competente, ya que sólo
podía resolver casos cuando las partes litigantes pertenecían a diferentes estados. El Juez
Marshall, realizando una interpretación expansiva del art. 3 de la Constitución Federal la cual
dice que “su competencia quedaba limitada a los problemas entre ciudadanos de varios
estados”. Extrapolando y ampliando la aplicación de la palabra “ciudadanos” y observando que
los socios pertenecían a varios estados, el juez decide saltarse la personalidad Jurídica del banco
alegando que se debía entender la realidad de los socios como personas físicas y no como una
sociedad, partiendo de la primera premisa, y complementándolo con el hecho de los diferentes
orígenes de los socios, decidió estimar el recurso. En otro caso posterior, el de Harris Vs.
Youngstown Bridge Co. Destaca la responsabilidad de la empresa dominante respecto a la
subsidiaria (Parent-subsidiary Situations)
Yágüez Ángel. R; 1997. La doctrina del levantamiento del velo corporativo de la persona jurídica en la
jurisprudencia. Madrid, Editorial Civitas. Pp 44
Embid Irujo J.M, el levantamiento del velo una vez mas. La ley 11 de febrero de 1992
Boldó Roda. C, Levantamiento del velo de la persona jurídica en un caso de responsabilidad contractual, 1996;
pp. 250.
Marbury v. Madison, 5 U.S. 1 Cranch 137 137 (1803): creó la doctrina del constitucionalismo moderno, al declarar
que una norma contraria a la constitución es nula.
2.2.Origen británico (COMMON LAW)
En el origen británico, encontramos el caso Salomon Vs. Salomon & Co Ltd, de 1897 caso en el
cual hace por primera vez distinción entre una persona Jurídica y una persona física: el artesano
Aron Salomon constituyó una compañía mercantil que posteriormente vendió, la sociedad tenía
deudas pendientes tras la venta, y la compañía (en manos de otra empresa) decide demandar a
Aron Salomon por aquellas deudas. Los dos primeros tribunales a los que se apeló dieron la
razón a la sociedad, pero no fue hasta que The House of Lords recibiese el caso para cambiar la
resoluciónde los tribunales anteriores y adoptar la decisión de que una sociedad y una persona
natural son dos entes completamente diferentes. La resolución no aplica la doctrina llevada a
cabo en EEUU, ni siquiera una solución similar pero establece 2 principios importantes que aun
siguen vigentes: la separación de la personalidad de la sociedad y la persona física y la
responsabilidad limitada del patrimonio. Otra situación que completa y sienta un cambio de
postura en los tribunales ingleses es el caso Adams Vs. Cape Industries Plc. Fue la sentencia que
más se profundizó la doctrina del levantamiento del velo, creando criterios para su aplicación
futura.
2.3. Origen continental: Alemania (DERECHO CONTINENTAL)
Las primeras teorías continentales sobre el levantamiento del velo societario surgen en la década
de 1920 por Rolf Serick con el término Durchgriffshaftung5 (literalmente penetración del velo
societario) basándose en la aplicación de esta doctrina en un caso de dominación de una
compañía matriz sobre otra compañía subsidiaria, en caso de descapitalización o confusión de
activos, obviando las formalidades corporativas. Los autores Muller- Freienfels y Rehbinder
desarrollaron la teoría opuesta de la interpretación finalista.
Los tribunales alemanes ya reconocieron la posibilidad de desestimar la personalidad jurídica de
una sociedad, aunque eran reacios a aplicarlo, no considerándose en Alemania como una
doctrina de derecho, esto refuerza el concepto de aplicación como ultima ratio que defiende
nuestra jurisprudencia, además de los supuestos previamente comentados6.
2.4.Origen en el derecho español
Conforme avanzaba la complejidad de las sociedades y con ello su posible uso como
instrumento para cometer ilegalidades amparándose en una forma jurídica, hizo surgir la
cuestión a nuestro Tribunal Supremo sobre cómo mirar más allá de la forma de la persona
jurídica. En un primer momento, el Alto Tribunal no aplicó la doctrina del levantamiento del
velo, sino que aplicaba la denominada “teoría de terceros”.7
La teoría presente no era equiparable a la del levantamiento, pero compartían el fundamento de
observar lo que había detrás de una sociedad. Se aplicó esta doctrina por primera vez en la STS
de 7 de junio de 1927 pero la más destacada es la del 12 de diciembre de 1950, basándose en la
falta del principio de buena fe entre las partes de los socios tras la adquisición de un inmueble,
posterior liquidación de la sociedad y la adjudicación de ese inmueble a uno de los socios.
La doctrina continuó aplicándose hasta la 1984, año donde se aplica por primera vez en España
la doctrina del levantamiento del velo con la STS del 28 de mayo de 1984 en un supuesto de
responsabilidad contractual y de dualidad de personas jurídicas.
3. APLICACIÓN EN EL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL
En nuestro Ordenamiento jurídico no existe ningún concepto o previsión legal sobre la posible
aplicación de esta doctrina en cualquier caso que sea presentado. En vista de tal déficit, la
Rolf Serick, Rechtsform und Realität Juristscher Personen (1980)
Carsten Alting, 1995; Piercing the Corporate Veil in American and German Law- Liability of Individuals and
Entities.
Casado Andrés, B; la doctrina del levantamiento del velo; 16/1/2013; noticias Jurídicas. Y Pérez Bernabeu. B;
2012. levantamiento del velo y responsabilidad tributaria. Pp 38.
doctrina y la jurisprudencia han elaborado conceptos y pautas a seguir para poner en practica el
levantamiento de velo.
La primera aproximación se encuentra en la STS de 1984 en la que el tribunal admite penetrar
en es sustrato personal de las entidades con personalidad jurídica propia con el fin de evitar el
daño de intereses privados o públicos o pueda ser aplicado como fraude o un mal uso de la
personalidad: Que ya, desde el punto de vista civil y mercantil, la más autorizada doctrina, en
el conflicto entre seguridad jurídica y justicia, […] se ha decidido prudencialmente, y según
casos, por aplicar por vía de equidad y acogimiento del principio de la buena fe, la tesis y
práctica de la tesis y práctica de penetrar en el «substratum» personal de las entidades o
sociedades, a las que la ley confiere personalidad jurídica propia, con el fin de evitar que al
socaire de esa ficción o forma legal se puedan perjudicar ya intereses privados o públicos o
bien ser utilizada como camino del fraude, admitiéndose la posibilidad de que los jueces
puedan penetrar «levantar el velo jurídico» en el interior de esas personas cuando sea preciso
para evitar el abuso de esa independencia en daño ajeno o de «los derechos de los demás» o
contra el interés de los socios, es decir, de un mal uso de su personalidad, en un «ejercicio
antisocial
De esta definición sacamos varios requisitos para su aplicación, que en sentencias posteriores
serán matizados y aumentados para una correcta aplicación, los cuales comentaremos a lo largo
del trabajo debido a la influencia de estos apartados en toda sentencia:
oConflicto entre seguridad jurídica y justicia.
oAplicación por la vía de la equidad y según la buena fe.
oPerjuicio de intereses y Fraude de ley.
oAbuso del derecho y ejercicio antisocial del mismo.
En materia doctrinal, debemos destacar la aportación de la profesora Carmen Boldó Rodá en su
libro “Levantamiento del velo y persona jurídica en el Derecho privado español” donde toma
como caso aplicables los descritos en la doctrina del Durchgriffshaftung aplicando la
jurisprudencia y casuística española 8:
A. Confusión de patrimonio y esferas, que supone que el patrimonio de los socios no pueda
distinguirse de la sociedad en casos de la sociedad unipersonal
B. Insuficiencia de capital, casos en los que los socios no dotan a la sociedad de los
recursos patrimoniales necesarios. Se distingue la infracapitalizacion material y nominal
C. Dirección externa cuando la voluntad de la sociedad depende de otra sociedad que
participa mayoritariamente de su capital con la problemática de los grupos de
sociedades.
D. Abuso de personalidad jurídica en fraude de ley o incumplimiento de obligaciones.
La STS 18 mayo 2006 estipula el uso de la doctrina en los presupuestos de la actuación de una o
varias personas físicas bajo la apariencia formal de una persona jurídica. Posteriormente asume
que la constatación de la falsedad de una personalidad jurídica, por tratarse de una situación no
pública, resulta siempre compleja y para precisar si nos encontramos con una personalidad
jurídica para esos fines, deben utilizarse los indicios que permitan llegar a esa conclusión, la de
que se ha utilizado la personalidad jurídica para un uso fraudulento, una confusión de
personalidades y patrimonios entre persona física y jurídica en la STS 7769/2007.
En posteriores SSTS de 2005 y 2009 lo consideraban un instrumento para reprimir el dolo o
abuso cometido con apoyo en la autonomía jurídica de una sociedad.
En definiciones ulteriores, la STS 718/2011 lo define como “instrumento para corregir el uso
fraudulento de la personalidad jurídica”, a la vez que recuerdan las SSTS 19 de septiembre de
Boldó Roda. C: “Levantamiento del velo y persona jurídica en el D. Privado español. 4ª ed. (2006) pp. 268 y ss.
Recogido en: El levantamiento del velo como mecanismo impeditivo de la elusión de la responsabilidad civil. Jose
Luis Seoane Spiegelberg. Revista de responsabilidad civil y seguro. (2013) pp. 13 y 14
2007, 28 de febrero de 2008, 14 de octubre de 2010 y la 326/2013, es también un “instrumento
jurídico que se pone al servicio de una persona jurídica o física para hacer efectiva una
legitimación pasiva distinta de la que reside la relación contractual o extracontractual…
convirtiendo a los que serían los terceros-los socios- en partes responsable a partir de una
aplicación ponderada y restrictiva de la misma, que permita constatar una situación de abuso de
la personalidad jurídica perjudicial a los intereses públicos o privados, que causa daño ajeno,
burla los derechos de los demás o se utiliza como un medio o instrumento defraudatorio, o con
un fin fraudulento y que se produce, entre otros supuestos, cuando se trata de eludir
responsabilidades personales, y entre ellas el pago de deudas”.
En la misma STS 7769/2007, cita a otras anteriores en el tiempo como las SSTS 18 de mayo
2006, 27 diciembre 1997, 19 de abril 2006, 29 julio 2005).
En la sentencia de 2007 anteriormente comentada, declara el uso de la doctrina porque se
comprobó el abuso de la personalidad sobre la base de la infracapitalizacion, apariencia de un
contrato de arrendamiento y patrimonio negativo de la sociedad en el momento de los hechos.
Confirmándose estos supuestos en la STS 718/2011 cuando estipula que son supuestos de
infracapitalizacion, confusión de personalidades, dirección externa y fraude o abuso.
En otra STS de 30 de mayo de 2012, matiza a la sentencia de 2007 y exige que se acrediten
aquellas circunstancias que ponen en evidencia de forma clara el abuso de la personalidad de la
sociedad, esto genera un amplio tipo de casos que posibilitarían el levantamiento del velo, sin
que se constituyan como numerus clausus. Esta STS deriva de la tendencia del TS en continuas
sentencias anteriores como la STS de 1 de junio de 2011, junto con otra del 27 de octubre del
mismo año, las cuales exigen una prueba cumplida de que se utiliza la personalidad jurídica
para eludir el cumplimiento de obligaciones legales, contractuales o extracontractuales, incluso
el carácter familiar de una sociedad o grupo de sociedades bajo una familia no determinan razón
suficiente para aplicar el levantamiento.
En la STS 497/2013 delimita la función completa basándose en definiciones de anteriores
sentencias a lo largo de los años quedando como: “cuya función es evitar el abuso de la fórmula
jurídica de la separación de patrimonios de las personas jurídicas para conseguir un uso
fraudulento con el fin de evitar que al socaire de esta ficción o forma legal, se puedan perjudicar
ya intereses privados o públicos, aplicándose tal doctrina cuando consta probado que la
sociedad en cuestión carece de funcionamiento real e independiente respecto de la otra persona
que la controla. No cabe la alegación de separación de patrimonios de la persona jurídica
cuando tal separación resulta una ficción, calificándola de ingeniería societaria, comunicación
de responsabilidad, abuso de personalidad jurídica y apariencia formal o la cobertura legal de
una persona jurídica”.
Se exige su invocación para que lo apliquen los tribunales, si no lo hiciesen, incurrirían en una
incoherencia en su argumentación, según la STS 28 febrero 2008 en la que por respeto al
principio de la justicia civil rogada, y por el principio de tutela judicial efectiva,
El tribunal de primera instancia no podrá aplicar el levantamiento del velo si las partes no
argumentan el uso fraudulento de una empresa.
Como casos más recientes del trato sobre esta doctrina, destacan las SSTS 80/2014 y 101/2015:
en la primera sentencia declara que no se puede aplicar el levantamiento del velo a diferentes
sociedades, ya que cada una representa sus intereses y no los de las demás filiales, no siendo
considerados como instrumentos al margen de la ley para conseguir fines ilícitos.
La STS del 2015 estima el levantamiento del velo a una productora que era deudora de antena 3,
y cuando empezó a caer su negocio e incrementar la deuda, fue descapitalizándose poco a poco
la empresa, aunque en un primer momento no tuviese finalidad instrumental.
4. PRESUPUESTOS Y CASOS DONDE SE APLICA LA DOCTRINA EN EL
ESPAÑOL
Tras un análisis de los apartados anteriores, podemos ver que prácticamente todos los casos
en los que se plantea la practica de la doctrina mencionada, son los sintetizados por la
doctrina alemana, influenciada por la doctrina estadounidense. En la doctrina española,
desarrollada por la profesora Boldó Rodá. Destacan tres los presupuestos para aplicarla9:
Dominio de la sociedad por parte de otra persona, ya sea física o jurídica: consiste
en el control de la sociedad por parte de personas ajenas, anulando la voluntad de la
sociedad y sustituyéndola por la de la persona controladora. Este requisito está
recogido en la mayoría de la doctrina jurisprudencial y se engloba dentro del grupo
de casos “control o dirección efectiva”
Perjuicio de terceros o fraude de ley: se trata de llevar a cabo una operación que
dañe los derechos o intereses legítimos de terceras personas o se incumple el art. 4.4
del Código Civil. Es considerado como condición indispensable para aplicarlo y es
reiterado en toda la jurisprudencia como en las SSTS 7769/2007, 718/2011,
497/2013 por citar algunas.
Prevalencia del principio de subsidiariedad: los tribunales deben aplicar la doctrina
del levantamiento del velo bajo el principio de subsidiariedad, defendiendo así el
concepto de ultima ratio que esgrimía Serick en la teoría alemana, y defendida por
varias sentencias como las SSTS 326/2013, 28 de febrero de 2008 y 14 de octubre
de 2010. El uso de este principio, desata la aplicación restrictiva del TS por la
colisión de otros principios como el de la seguridad jurídica y la justicia
4.1. Confusión de patrimonios y esferas (origen derecho comparado):
Esta situación deriva del problema jurídico del autocontrato, que consiste en que las dos partes
del contrato existen pero en la que sólo uno es el actor jurídico.
Para empezar, el autocontrato está prohibido por los art. 1459 del CC y 267 del Código
Mercantil, pero el Tribunal Supremo en la STS 23/5/1977 y 29 de noviembre de 2001 admite su
uso siempre y cuando no incurra en incompatibilidad de intereses y exista el poder expreso para
autocontratar.
La doctrina realizada por la Dirección General de los Registros y del Notariado a partir de las
resoluciones del 27 de febrero de 2003, 18 de julio de 2006, 21 de junio de 2013
En las que estipulan que el administrador de una sociedad no puede auto otorgarse el poder de la
autocontratación, esta facultad debe de ser otorgada expresamente por las Juntas Generales de
ambas sociedades y una vez haya sido eliminada cualquier situación de conflictos de intereses.
Planteando un ejemplo típico, tenemos a una persona nombrada administradora de una sociedad
dedicada a la venta de materiales de construcción; a la vez que es socio único de una empresa
dedicada a la construcción de vivienda: la persona nombrada administradora realiza una venta
de materiales a precio de coste a la empresa que él regenta a través del administrador de su
propia sociedad. Aunque a simple vista parece que se trata una simple compra-venta entre dos
administradores diferentes, podemos observar que la persona que administra la primera empresa
está beneficiando con la operación a la empresa que él dirige, ya que es socio único.
En los supuestos de autocontrato, la jurisprudencia ha sido más clara a la hora de aplicar la
doctrina del levantamiento del velo; en la STS 83/2011 especifica los requisitos que se deben
dar para la aplicación de la doctrina como son: a) control total de ambas sociedades, b)
operación entre ambas sociedades, c) no justificación económica en la operación.
Comprobando que se cumplen los requisitos, se aplica la doctrina alegando toda la
jurisprudencia anterior relativa a “instrumento para corregir el uso fraudulento de la
personalidad jurídica” por la violación del 6.4 del CC respecto del fraude de ley, porque
encontramos el acto objeto de estudio, la norma de cobertura que es el art 1452 CC que permite
la compraventa, y la norma prohibitiva que son los art. 1459 del CC y el art 267 del Código de
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comercio que prohíben tanto al mandatario y al depositario comprar para ni para otro que se
le haya mandado vender.
Como consecuencia, y según la STS 30 de septiembre de 2004, se harán responsables a los
administradores que contrajesen la deuda a los socios y sociedad, pudiendo incurrir en delitos de
administración desleal y societarios.
Otra situación de confusión patrimonial surge cuando una persona crea dos sociedades (como el
ejemplo anterior) y debido a la constante venta de activos a muy bajo precio, la empresa
proveedora acaba erosionando los fondos propios y contrayendo deudas con los acreedores.
Aquí ocurre una “comunicación empresarial” que defiende la jurisprudencia y no cabe la
separación de patrimonios por razón de ser persona jurídica, cuando tal separación es una
ficción para conseguir un fin fraudulento según la SSTS 500/2004, 5289/2006 y 4449/2007 y
cuando “quien maneja internamente y de modo unitario y total un organismo, no puede invocar
que existen varias organizaciones independientes y menos cuando esta en manos de una sola
persona sea directamente o a través de testaferros u otra sociedad” según la STS 28 de mayo de
1984 y ss.
Aunque muchos casos de fraude son tratados en la unipersonalidad, no significa que cuando esté
involucrada una sociedad de estas características, se haya de aplicar la doctrina, es necesario
que se utilice de forma fraudulenta según la STS del 5 de junio de 1990.
4.2 Infracapitalización. (origen derecho comparado)
Es la situación que ocurre cuando la sociedad cuenta con un nivel de fondos propios
manifiestamente insuficiente para el riesgo asociado al desarrollo de la actividad a la que se
dedica.
Se distinguen dos tipos de infracapitalizacion: la material, cuando los socios no dotan a la
sociedad de los recursos patrimoniales necesarios para efectuar el objeto social, ni por la vía de
un capital de responsabilidad ni por la de créditos otorgados por ellos mismos; y nominal,
cuando la sociedad resulta dotada de medios financieros para el desarrollo del objeto social,
pero las necesidades de fondos propios se financian con créditos provenientes de los socios.
Según la RDGRN de 22 de junio de 1993, no es posible un control a priori de la “buena” o
“mala” capitalización de la empresa.
La cuestión de la infracapitalizacion es un tema que ha sido tratado extensamente, pero en la
práctica existen pocos casos relacionados con la infracapitalizacion y la doctrina del
levantamiento. Destacándose así las SSTS 7769/2007 y 101/2015, en la que la primera, una
sociedad contrae una deuda por responsabilidad extracontractual y es obligada a pagar una
indemnización, la sociedad, al carecer de suficientes fondos propios y demostrarse la
infracapitalizacion, el TS extiende la responsabilidad a los socios (la doctrina y la STS
5437/2001 defiendeN que es posible extender la responsabilidad a los socios mediante el
levantamiento del velo si el acreedor no pudo verificar el estado de la sociedad a la hora de
contraer una deuda, como es el caso. Si una entidad financiera quisiera dar un préstamo a una
empresa con un patrimonio neto muy reducido, la responsabilidad llegaría hasta la sociedad por
no poner la suficiente diligencia y una vez comprobado que el balance de situación no estuviese
falseado10).
La última sentencia que habla de la infracapitalizacion es la STS 101/2015, por la que una
empresa, tras contraer la obligación de pagar una deuda, fue descapitalizándose paulatinamente
hasta no poder hacer frente la sociedad, por lo que el TS decidió extender la responsabilidad a
los socios.
& César Roy. Levantamiento de la persona jurídica III: infracapitalizacion. Qué Aprendemos Hoy. También Arturo
Puig Sanfiz; Algunas consideraciones sobre la doctrina del levantamiento del velo (2013). Elderecho.com
4.3 Dirección externa. (origen derecho comparado)
Consiste en que unas sociedad se encuentra participada por otra de forma mayoritaria o total,
minimizando la voluntad de la sociedad dominada y sustituyéndola por la de la dominadora. En
este sentido no sólo se ha pronunciado la Sala de lo Civil del TS, sino también la de lo Social.
Pero como hemos visto tras analizar la STS 80/2014, no se puede aplicar la doctrina del
levantamiento del velo simplemente porque exista un grupo de empresas controladas por otra,
mientras esas empresas tengan un objeto propio y su voluntad permanezca autónoma. No
siempre que se cumpla el art. 42 del CCOM se aplica la doctrina.
La jurisprudencia de la Sala de lo Social11 ha añadido varios supuestos en los que es posible
aplicar el levantamiento del velo en los grupos de empresas y extender las responsabilidades
laborales a las demás sociedades:
Fundamento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo (8 de
octubre de 1987).
Prestación de trabajo común, simultanea o sucesiva a favor de varias empresas del
grupo (SSTS 4 de marzo de 1985 y 7 de diciembre de 1987).
Creación de empresas aparentes sin sustento real, determinantes de una exclusión de
responsabilidades laborales (SSTS 3 de marzo 1987, 8 de junio de 1988 y 24 de julio de
1989).
Confusión de plantillas y patrimonios, apariencia externa de unidad empresarial y
unidad de dirección (SSTS 19 de noviembre de 1990 y 30 de junio de 1993).
Para determinar el grado de control de una sociedad, podemos someter el caso a un test
indiciario establecido por la doctrina del disregard:12
oLa sociedad dominante posee la totalidad o la mayor parte del capital de la subsidiaria.
oLa sociedad dominante y la dominada tienen los mismos administradores y gerentes.
oLa sociedad dominante financia a la subsidiaria.
oLa sociedad dominante ha suscrito todas las acciones de la subsidiaria o es la
responsable de llevar a cabo su constitución.
oLa sociedad subsidiaria esta fuertemente descapitalizada.
oLa sociedad dominante paga los salarios y otros gastos o perdidas de la subsidiaria
oLa subsidiaria dedica toda su actividad a la dominante, o no tiene otro patrimonio que el
que traspasa a la dominante
oEn los documentos de la sociedad dominante se describe a la subsidiaria como un
departamento o división de la dominante o se hace responsable de su actividad
financiera a la dominante
oLas administradores o ejecutivos no actúan independientemente en beneficio de la
subsidiaria, reciben ordenes de la dominante para actuar en su favor
oNo se observan los requisitos formales de la sociedad subsidiaria la sociedad dominante
utiliza las propiedades de la subsidiaria como suyas propias.
La STS de 17 de octubre de 2000 desestima la aplicación del levantamiento del velo porque no
encontraba indicios de fraude debido a: 1) no se había acreditado que los accionistas de las
compañías fueran los mismos 2) no se había demostrado la coincidencia de administración
única [test nº 2]; 3) no había coincidencia de domicilios sociales y 4) no se constato el hecho de
que una sociedad hubiese asumido las deudas de otra [test nº3]. Por lo que no se probó de que la
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José Luis Seoane Spiegelberg. Revista de responsabilidad civil y seguro. (2013) pp. 13 y 14
sociedad carecía de funcionamiento real e independiente respecto de la otra que la controla,
convirtiéndose en un simple instrumento de otra u otros para actuar en el tráfico mercantil”.
De manera menos extensa, el art. 42 del CCOM estima que existirá un control de empresas
cuando una sociedad, calificada como dominante, se encuentre en relación con otra, calificada
como dependiente, cuando:
oPosea la mayoría de los derechos de voto.
oTenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de
administración.
oPuedan dispones, en virtud de acuerdos con terceros, de la mayoría de los derechos de
voto.
oHaya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de
administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las
cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En
particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del
órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de
administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta.
4.4. Abuso de la personalidad jurídica (origen derecho comparado)
Considerado como una clausula residual, se tratan de supuestos en los que se utiliza la
personalidad jurídica separa de la sociedad como vehículo para evadir las obligaciones
contractuales, extracontractuales e incluso familiares para originar un daño a terceros. Según
Fuentes Naharro,13 se distinguen el abuso institucional y el personal, el primero trata de ejercitar
un derecho recogido en el ordenamiento jurídico pero buscando un fin ilícito. El personal surge
cuando en el ejercicio de un derecho, se perjudica a un tercero faltando a la buena fe.
Nombrando las SSTS del 14 de abril de 2004 y 20 de julio e 2006, se recurre a la doctrina del
levantamiento del velo para exigir la responsabilidad a quien resulte ser el verdadero
responsable sin que sea licito, sin que sea ilícito usar la forma societaria como mero instrumento
de elusión de responsabilidades y evitando que se utilice la personalidad como mero
instrumento de fraude (art 6.4 CC), tratando de evitar que el abuso de la personalidad pueda
perjudicar intereses privados o públicos, causar daño ajeno, o burlar los derechos de los demás
(art. 7.2 del CC).
4.5. Defensa de acción de una tercería de dominio (origen español)
Como último supuesto, debemos nombrar los casos en los que se trata una tercería de dominio,
en la que la STS 21 de diciembre de 2000, y complementadas por posteriores SSTS 19 de mayo
de 1997, 16 de julio de 1997, 11 de marzo de 1998, 28 de octubre de 1998 y 7 de abril del 2000
expresan que la acción de tercería de dominio, regulada en los artículos 1532 y ss. de la Ley de
Enjuiciamiento civil, tiene el objeto de que, “ante el embargo de un bien, el tercero que alega ser
propietario -y que no lo es el demandado embargado- la interpone para que declare que él es el
titular verdadero del derecho de propiedad y se alce el embargo trabado sobre su cosa”. La
naturaleza de la accion no es realmente reivindicatoria, es la de declaración de propiedad a favor
del tercerista; y es condicion indispensable que el demandante sea verdaderamente un tercero.
La doctrina jurisprudencial niega la cualidad de tercero en las tercerías de dominio cuando hay
coincidencia de intereses, o confusión de patrimonios o personalidades entre el demandante
tercerista y el ejecutado (SSTS 22 febrero, 30 mayo, 11 octubre y 31 diciembre 1999, 31 enero y
22 noviembre 2000 , y las que citan, entre otras)
La práctica de la doctrina se produce en los casos en los que se crea una sociedad destinada a la
transmisión de los bienes que iban a ser embargados, como demuestran los hechos de la STS
7100/2008, una los socios de la empresa con bienes embargados crean otra sociedad y venden el
 6/!718El levantamiento del velo en los grupos de sociedades como instrumento tuitivo de los
acreedores. 9#13#%núm. 28, año 2007. Pag 352
bien el cuestión. Se desestima el recurso de casación porque se demostró que los socios de
ambas empresas eran los mismos y, aprovechando la personalidad separada que se les
otorgaban, deciden ejercitar una acción de tercería de dominio, la cual es desestimada. Situación
análoga ocurre en la STS 4144/2008.
5. CRÍTICAS A LA DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO: PRINCIPIOS
CONTRAPUESTOS, ALTERNATIVAS A LA DOCTRINA
Como hemos visto, el uso de la doctrina está enfocado a desestimar la personalidad jurídica de
una empresa y extender la responsabilidad a los socios. El uso de esta práctica desata diversos
puntos de opiniones, ya que el objetivo es eliminar (temporalmente) los institutos jurídicos de
la separación de personalidades y patrimonios y la responsabilidad limitada, y cediendo por lo
tanto en el principio de la seguridad jurídica, ideales muy tenidos en cuenta por los juzgadores a
la hora de aplicar el levantamiento, de ahí que en prácticamente todas las sentencias, especifique
que es una práctica restrictiva y subsidiaria.
En la STS de 1984 establecía cuatro supuestos para aplicarlo (aparte de los nombrados por la
doctrina), que son:
oConflicto entre seguridad jurídica y justicia
oAplicación por la vía de la equidad y según la buena fe
oPerjuicio de intereses y Fraude de ley
oAbuso del derecho y ejercicio antisocial del mismo
Después de tratar a lo largo del trabajo los dos últimos requisitos, trataremos de explicar los
principios rectores de esta doctrina:
5.1 Conflicto entre seguridad jurídica y justicia, equidad y buena fe
transponiendo los principios al caso, trata de la preponderancia de la justicia (derivada de un
hecho fraudulento y abusivo del derecho a la que se le exige una correcta aplicación del
derecho) por la seguridad jurídica que otorga el Ordenamiento jurídico respetando la
responsabilidad limitada y la separación de personas. La Constitución española refleja ambos
principios y hay que ponderarlos.
La seguridad jurídica lo ha definido el Tribunal Constitucional como “el principio del Estado de
Derecho de que cada uno conozca con certeza sus derechos y obligaciones y pueda prever las
consecuencias de sus actos”.
Como ha vislumbrado la STS de 1984, este principio ha sido limitado por el valor de la justicia,
por lo que no es un valor absoluto y debe ponderar su uso.
Para limitar y tratar salvaguardar los dos principios. La jurisprudencia reitera continuamente su
carácter restrictivo y como ultima opción, tal como advierte la STS 874/2011 en la que si todo
caso de incumplimiento contractual respondiese automáticamente el socio o administrador,
supondría el quebrantamiento legal del régimen de la responsabilidad limitada y la existencia de
las sociedades unipersonales (apoyándose en la STS 5 de junio de 1990).
Para la superación de la seguridad jurídica por parte de la justicia, aplica la equidad del 3.2 CC,
que estipula que las normas deben ponderare y fundarse las resoluciones sobre la base de la
equidad cuando la ley lo permita, llevando al tribunal a resoluciones de acuerdo al valor de la
justicia en contraposición a resultados donde la mera aplicación de la ley habría llevado a lugar
a sentencias de muy dudosa moralidad, tal como es el caso de la extensión de la responsabilidad
a una persona oculta tras la personalidad jurídica, por el cual de haber incurrido en una
ilegalidad, no seria justo que la parte demandada del conflicto pueda seguir estando oculta tras
las ventajas de una sociedad y quedar exonerado la persona verdaderamente responsable; y
perjudicada la parte afectada, no cumpliéndose el fin máximo de la definición de justicia que es
el “dar a cada uno lo suyo”.
La buena fe del art. 7 CC siempre está presente en todas las sentencias, en lo referido en que
todos los actos deben hacerse de acuerdo al principio de buena fe, por lo que si no existe , y por
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ende, daña a terceros, se incurre en antijuridicidad del acto y se obliga a indemnizar a la parte
afectada.
5.2 Alternativas a la doctrina.
Tras el apartado anterior, hemos descrito el problema de principios a la que se enfrenta la
doctrina del levantamiento, pero hay un sector doctrinal que apuesta por otra solución que no
produzca un daño al principio de seguridad jurídica, defendiendo que toda la casuística anterior
se solventaría con una interpretación finalista de la norma o un sector doctrinario más reducido
en España defendida por la profesora Ruiz-Rico Ruiz14, apuesta más por la responsabilidad
solidaria entre el socio y la sociedad, ya aplicándose por la Jurisprudencia de la Sala de lo
Social relativa a los casos de dirección externa.
Centrándonos en la alternativa de la interpretación finalista desarrollada por Muller-Freinfels y
Rehbinder debido al problema que propuso Kübler15 en la que la persona jurídica puede usarse
como escudo consiste en que el juez deba aplicar una determinada norma a una persona jurídica
interpretando si esa norma debe alcanzar al socio, la sociedad o a los dos a la vez16. Resumiendo
que los problemas de la seguridad jurídica pueden ser solventados interpretando las normas de
forma finalista, fundándose en la finalidad desarrollada por el legislador.
El autor Paz Ares ha intentado reconstruir la casuística de los casos trasladados del derecho
comparado a la doctrina finalista sobre dos principios: la extensión de la imputación y la de la
responsabilidad de los socios por las deudas sociales distinguiéndose los siguientes casos:17
La infracapitalización, postulando una tesis restrictiva sobre la responsabilidad.
Confusión de patrimonios, creando una infracción de los deberes contables que impida
una reconstrucción formal de los patrimonios del socio y la sociedad
Confusión de esferas, limitando la aplicación a los supuestos en los que el acreedor no
haya podido identificar a la contraparte o cuando haya sido a pensar que es el socio la
contraparte
Dirección externa o dominación societaria cuando se traslada a la sociedad dominante la
responsabilidad de una sociedad dependiente.
6. CONCLUSIONES
Han pasado ya 32 años desde la primera vez que se aplicóó la doctrina del levantamiento del
velo en España y desde entonces, sigue rigiéndose por la jurisprudencia y definiciones
doctrinarias originadas en derecho comparado anglosajón (Common Law) y alemán, pero
aplicando y adaptándose a la realidad española.
Actualmente se sigue aplicando con gran éxito en la jurisprudencia española, matizando los
supuestos en los que se puede aplicar, adaptándose a la realidad compleja y demostrando la
característica restrictiva de la doctrina como solución de ultima ratio.
Aun así, padece de dos problemas: 1) la conflictividad con los principios de seguridad jurídica
y la justicia y 2) la reiteración conceptual, ambigüedad y falta de regulación específica que
aparecen con la práctica, habiendo ya suficientes casos y tiempo como para poder pensar en una
posible regulación de la doctrina o “reglamentación de los supuestos de extensión de la
responsabilidad contraída hacia los socios”.
En la ley 7/2012 de 29 de octubre, introduce un apartado en el art. 170 de la LGT que permite a
la administración establecer la prohibición de enajenar los bienes inmuebles de una sociedad
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Liability of Individuals and Entities.
 Paz-Ares, C; sobre la infracapitalizacion de las sociedades.

sin la necesidad de que el procedimiento recaudatorio se dirija contra ella. Podemos tomar esta
modificación como un posible punto de partida a la regulación de esta doctrina. Para este
cambio doctrinario podríamos apoyarnos en la teoría finalista de la interpretación de las normas.
En Hispanoamérica se han redactado varias leyes con el fin de regularizar la doctrina del
levantamiento del velo. Encontramos algunos ejemplos como la ley de Sociedades Comerciales
argentina de 1972, la Ley 16060 de Sociedades de 1989 uruguaya y, en especial, el Proyecto de
Decreto sobre la Ley de Desestimación de la Personalidad Jurídica Societaria Mexicana. En la
que la propia ley estipula el respeto por la personalidad juridical y su aplicación restrictiva.
Podríamos entender que, plasmando toda la casuística y jurisprudencia llevada a cabo durante
este tiempo y estableciendo en un texto legal los supuestos materiales en los que se desestima la
personalidad jurídica de las sociedades, no haríamos más que socavar el principio de la
seguridad jurídica; pero no se daría tal caso, sino que se reforzaría y permitiría a las partes
conocer si están actuando contrario a derecho, aparte de realizar una optimización del
ordenamiento jurídico y jurisprudencial de la doctrina, evitando posibles abusos en la práctica
(S.A.P Santander de 24 de mayo de 1993, en apelación a la sentencia del juzgado de 1ª instancia
de Santoña de abril de 1990)18, pudiendo por primera vez realizar un concepto legal de la
doctrina que pueda apoyarse en la jurisprudencia, sin tener que reformular en cada sentencia los
fundamentos, funciones y supuestos de la doctrina, repitiéndose continuamente y realizando un
“copia y pega” en cada sentencia sin prácticamente aportar algo nuevo, y creando definiciones
doctrinales de una pagina entera de una sentencia con conceptos ya formulados y en el que
previsiblemente aumente con el paso de los años la realidad compleja tanto de los casos
formulados como el de la sociedad, a la vez que avanza y se innova en la práctica societaria para
la evasión de las leyes; motivos suficientes como para incluir la doctrina en un texto legal.
7. BIBLIOGRAFÍA
Ruiz-Rico Ruiz. C, el levantamiento del velo en las sociedades mercantiles:
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

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Gonzalo Domenech Juan José. (2015, octubre 20). Doctrina del Levantamiento del Velo en sociedades mercantiles del Sistema Jurídico Español. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/doctrina-del-levantamiento-del-velo-en-sociedades-mercantiles-del-sistema-juridico-espanol/
Gonzalo Domenech, Juan José. "Doctrina del Levantamiento del Velo en sociedades mercantiles del Sistema Jurídico Español". GestioPolis. 20 octubre 2015. Web. <http://www.gestiopolis.com/doctrina-del-levantamiento-del-velo-en-sociedades-mercantiles-del-sistema-juridico-espanol/>.
Gonzalo Domenech, Juan José. "Doctrina del Levantamiento del Velo en sociedades mercantiles del Sistema Jurídico Español". GestioPolis. octubre 20, 2015. Consultado el 4 de Diciembre de 2016. http://www.gestiopolis.com/doctrina-del-levantamiento-del-velo-en-sociedades-mercantiles-del-sistema-juridico-espanol/.
Gonzalo Domenech, Juan José. Doctrina del Levantamiento del Velo en sociedades mercantiles del Sistema Jurídico Español [en línea]. <http://www.gestiopolis.com/doctrina-del-levantamiento-del-velo-en-sociedades-mercantiles-del-sistema-juridico-espanol/> [Citado el 4 de Diciembre de 2016].
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