Del optimismo a la realidad en la lucha contra la corrupción en México

El caso en México. Un país donde se respira la corrupción ha permanecido incrédulo al júbilo de los funcionarios, periodistas y políticos por la reforma constitucional que ha dado lugar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en cuanto se dice: representa un extraordinario avance; un enorme esfuerzo legislativo que sienta las bases; un cambio paradigmático de todas las instancias para prevenir, detectar y sancionar la corrupción; y, “es la iniciativa más importante en el ámbito de la auditoría gubernamental en México (…) esto solamente constituye la base sobre la que será necesario echar los cimientos del Sistema, es decir, la legislación secundaria que lo hará operativo y definirá las competencias, responsabilidades y esquemas de coordinación para las instituciones que lo integran” (Juan Manuel Portal, Sistema Nacional Anticorrupción: proyecto en construcción, www.eluniversal.com.mx, 28 de mayo de 2015). Y “confió en que las leyes secundarias la doten de suficientes atribuciones para que funcione el sistema, porque de lo contrario sería una decepción y algo que la propia ciudadanía va a reprochar” (La Voz de Michoacán, 23 de abril de 2015, p. 4 B). Pero, los ciudadanos no tenemos que esperar para ver si funciona o no el sistema anticorrupción para decepcionarnos. No, desde ahora nos decepcionamos de los legisladores, funcionarios de la fiscalización, especialistas de la academia, de la sociedad civil y del sector público que intervinieron en las mesas de trabajo del dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales, de anticorrupción y participación ciudadana, de gobernación y de estudios legislativos que dieron lugar a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.

El hilo conductor para analizar el tema lo constituyen las declaraciones del Auditor Superior de la Federación, su elección es por su papel preponderante y la exposición de su pensamiento, lo cual ha colocado sus ideas en la cuerda floja y al convertirse en acróbata es cuando su verdad se puede juzgar.

En el principio todo era armonía, “Existen momentos en la vida pública en los que todos los factores y las voluntades parecen coincidir en el tiempo para alcanzar los acuerdos necesarios que permiten un cambio cualitativo en la gestión gubernamental y por ende, en la relación entre el Estado y los ciudadanos: tal es el momento respecto a la integración de un Sistema Nacional Anticorrupción (…) Esta iniciativa nace con buenos augurios, representados por la adhesión prácticamente total” (Sistema Nacional Anticorrupción: proyecto en construcción, ídem). Pero casi seis meses después el Auditor Superior, alerta del peligro para que cumpla con su cometido, “No se trata de adoptar una actitud catastrofista que acabe por paralizar cualquier iniciativa o espontaneidad, sino de poner los pies en la tierra” (Riesgos en el horizonte, La Voz de Michoacán, 12 de noviembre de 2015, p. 22 A) y aborda dichos riesgos:

“En primer lugar, si asumimos que el Sistema se basa en elementos técnicos para alcanzar sus metas, debemos estar especialmente alertas a cualquier intento de politizar su funcionamiento (…) Un segundo factor a tomar en cuenta está representado por la participación ciudadana en el Sistema. La intervención de distintos sectores sociales y grupos organizados en la lucha anticorrupción podría burocratizarse o verse inmersa en incentivos que son los que originalmente, se está luchando por evitar (…) En tercera instancia, es preciso hacer una distinción entre someter al Sistema a evaluaciones para mejorarlo y convertirlo en foro enfocado a cuestionar a las instituciones encargadas de administrarlo (…) Finalmente, hay que tener mucha cautela respecto a atribuir en exclusiva la corrupción y su solución al ámbito gubernamental”.

Resulta más que significativa la advertencia de Juan Manuel Portal a los ejecutores que están llevando a cabo la etapa de análisis previo a la emisión de la legislación secundaria. No obstante que el SNA aprobó que el Comité de Participación Ciudadana, “constituirá un ámbito de actuación que no cancele ni disminuya la acción ciudadana de denuncia o las actividades de contraloría social que se han realizado desde hace varios lustros para dar cauce al control ciudadano sobre la gestión pública”. Se intenta imponer a la fiscalización como eje directriz y rector en el SNA y en forma disminuida, la participación ciudadana, “Para que la participación de la sociedad sea efectiva en este proceso se requiere que sus organizaciones cuenten con mayor información y solidez técnica para abordar el tema, no basta enarbolar una superioridad moral adquirida por ostentar una etiqueta ciudadana” (Juan Manuel Portal, Cambiemos y mejoremos todos, www.eluniversal.com.mx, 25 de junio de 2015). Luego, dónde quedó el enorme agradecimiento a la Red por la Rendición de Cuentas y organizaciones ciudadanas por haber contribuido a  hacerlo realidad, si ahora se alerta de que su participación podría constituir un riesgo, que la Auditoría Superior de la Federación no está dispuesta a que se le cuestione, porque los cuestionadores carecen de la información y solidez técnica. Un debate que en la contraloría social no ha sido del todo resuelto, si los ciudadanos deben contar con los conocimientos de auditoría, administración, contaduría, presupuestos, entre otros, para llevar a cabo su función o no. Y evidentemente el Auditor Superior ha tomado partido  al afirmar que deben contar con la solidez técnica, pero ¿a cuál solidez técnica se refiere?.

Sí de entrada el Auditor Superior de la Federación confunde base con cimientos, cuando son sinónimos. Por ello, se ha trasladado la responsabilidad a las leyes secundarias de definir y precisar el objeto del Sistema Anticorrupción, cuando debió de haberse determinado en la base, en los cimientos y fundamentos, es decir, en las reformas que dieron lugar al SNA.

Sí se encuentra la falta de rigurosidad en el manejo y concepción de la teoría de la fiscalización, y por ende, de la auditoría, Y es la causa  de la evasión de la evaluación en el pensamiento de la fiscalización, no acepta se le cuestione, menos en foros. Porque su saber se presenta fuera de duda, plenamente legitimado por instituciones y organizaciones internacionales de la auditoría y fiscalización, y entonces, bajo el amparo de la falacia de autoridad, se ha impuesto y continua imponiéndose como los detentadores de la verdad de su saber.

Y no, no resulta extraño que el Auditor Superior acepte que, “el ejercicio profesional de la auditoría es una disciplina que debe estar alejada como elemental sentido de subsistencia, de la parte emotiva del debate público y del sentir social. Dos son las herramientas con las que cuenta un auditor para poder desempeñar sus funciones cabalmente: independencia y autonomía. La independencia del auditor radica, esencialmente, en la necesidad de que sea ajeno al ente auditado, a la contienda política e, inclusive, a las corrientes de opinión pública, con el fin de realizar su trabajo sobre la base de la veracidad e imparcialidad. Por su parte, la autonomía es una condición indispensable para que la labor de la institución que fiscaliza, se efectúe al margen de presiones e influencias externas” (Juan Manuel Portal, El informe de la auditoría: objetividad versus emotividad, www.eluniversal.com.mx, 05 de febrero de 2015).

Lo anterior pareciera la verdad en la auditoría. Porque ciertamente, los auditores están alejados del debate público, pero no debe ser motivo de reconocimiento sino de reproche. Sí la auditoría fuera efectivamente una disciplina, se reformularía permanentemente, sobre todo, después de los numerosos escándalos donde ha estado bajo sospecha su actuación u omisión. Pero permanece impasible, incólume, a los nuevos tiempos que reclaman que, no basta con enarbolar una pretendida superioridad intelectual ostentada  en el conocimiento técnico proveniente de una enseñanza universitaria, actualizaciones y certificaciones en auditoría o fiscalización, que le han conducido  a creer que su conocimiento es la verdad. Por esto permanecen incuestionables e infranqueables los supuestos o mitos de la autonomía y objetividad.

¿Cómo puede estar alejado un auditor del sentir social o ser ajeno a las contiendas políticas y corrientes de opinión pública? No es posible, aceptarlo es una falsedad, una hipocresía. Pero el mundo de la auditoría y fiscalización es un mundo de apariencias, de ilusiones. Se acepta en el SNA el principio de la fiscalización superior de la gestión y de los recursos públicos en las instituciones concurrentes “tienen la capacidad técnica y objetiva para medir y evaluar el desempeño del servidor público en el marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia”. Sin embargo, se afirma que para llevar a cabo las ‘auditorías en tiempo real’ se derivarán de denuncias. Por esto, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública (órganos rectores) “promueven que se impulse dentro de las leyes secundarias del SNA la figura del informante protegido y anónimo para detectar la corrupción y otras irregularidades”. Luego entonces, se carece del método o procedimientos para detectar los delitos de corrupción. No existe en el SNA un principio de detección, de establecer, de poner en marcha medidas efectivas y proporcionadas contra cada uno de los delitos de corrupción. Definiendo no sólo con la ayuda de diccionarios jurídicos, lo qué es la corrupción sino abordándola desde la auditoría, cómo se investiga y prueba. Qué sistemas deben implementarse para garantizar procedimientos de detección de posibles actos de corrupción. Sí, efectivamente las guías para detectar e investigar posibles delitos de corrupción, en cuanto a operatividad deberán de formularse en las leyes secundarias. Pero, es en la base, en los fundamentos o cimientos donde se determina el objeto de la fiscalización, qué debe entenderse por corrupción e irregularidad. Asimismo se deberá reformular su terminología.

¡Basta ya de utilizar nociones como las de aparecieren o hallazgos! Porque denota que la detección resulta de acciones casuales o fortuitas. Decía el maestro Hegel que ‘a una búsqueda azarosa sólo le corresponde resultados azarosos’. Así,  entre el azar y la denuncia (de emplear informantes protegidos, quien desde la operación detecta la existencia de irregularidades y está dispuesto a darlas a conocer a las autoridades) se intenta resolver el problema de la detección en el SNA, de hacer de cada servidor público un delator. Una forma cómoda de evadir el problema, pero sí realmente se plantea la lucha contra la corrupción, solamente es posible mediante su búsqueda, determinando las medidas efectivas contra cada uno de los delitos de corrupción, de la posible sospecha de casos y su investigación, de los mecanismos de notificación, información y seguimiento.

Y el punto que pone en entredicho el discurso de impulsar la idea de “Gobiernos Abiertos”. Cómo se podrán generar gobiernos abiertos, si la auditoría y la fiscalización no son abiertas. De nueva cuenta el Sistema Nacional Anticorrupción privilegia la secrecía en la actividad de la fiscalización. Luego entonces, para qué se aprobó un Sistema Nacional de Transparencia y un Sistema Nacional de Fiscalización, si el principio constitucional de máxima publicidad, de optar por el mayor interés público, de que las ciudadanas y los ciudadanos puedan ver y examinar los procedimientos, de incluir la realización de reuniones abiertas, de emitir declaraciones al público y de examinar no sólo el informe final sino la totalidad del proceso.

Pero en tanto, el Auditor Superior de la Federación, afirma que el SNA “representa una herramienta hasta ahora inédita en nuestro país, para atacar el fenómeno de la corrupción, desalentar su permanencia y ofrecer nuevas vías de participación a la sociedad, para que ésta no sea una simple espectadora, sino que asuma la responsabilidad que le corresponde y actúe en consecuencia” (Sistema Nacional Anticorrupción: proyecto en construcción, ídem).

¿Una herramienta inédita que convierte a los servidores públicos en informantes? O ¿Ciudadanos convertidos en vigilantes pero no de las instituciones de control y fiscalización? Sí en verdad se ofrecen nuevas vías para participar a los ciudadanos, el Auditor Superior de la Federación y todos los responsables de los órganos de control y fiscalización, así como las asociaciones e institutos de auditores y contadores deberían despojarse de los mitos que anidan en el pensamiento de la auditoría y fiscalización, y abrirse a un nuevo camino, condición sine qua non para luchar verdaderamente contra la corrupción, pero esto es más que optimismo, la realidad es que la participación social continuará como simple espectadora porque el Sistema Nacional Anticorrupción es sólo una lucha quijotesca.

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Gómez Maldonado Mario Alberto. (2015, diciembre 1). Del optimismo a la realidad en la lucha contra la corrupción en México. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/del-optimismo-la-realidad-la-lucha-la-corrupcion-mexico/
Gómez Maldonado, Mario Alberto. "Del optimismo a la realidad en la lucha contra la corrupción en México". GestioPolis. 1 diciembre 2015. Web. <http://www.gestiopolis.com/del-optimismo-la-realidad-la-lucha-la-corrupcion-mexico/>.
Gómez Maldonado, Mario Alberto. "Del optimismo a la realidad en la lucha contra la corrupción en México". GestioPolis. diciembre 1, 2015. Consultado el 10 de Diciembre de 2016. http://www.gestiopolis.com/del-optimismo-la-realidad-la-lucha-la-corrupcion-mexico/.
Gómez Maldonado, Mario Alberto. Del optimismo a la realidad en la lucha contra la corrupción en México [en línea]. <http://www.gestiopolis.com/del-optimismo-la-realidad-la-lucha-la-corrupcion-mexico/> [Citado el 10 de Diciembre de 2016].
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