En algunos países de América Latina, como es el caso de Colombia y Argentina, no se permite que las instituciones educativas superiores tengan ánimo de lucro, al menos en teoría son instituciones que pertenecen a la sociedad, pero que tienen por lo general órganos de control en su mayoría colegiados.
El debate sobre que tan eficiente seria la libre competencia en la Educación Superior pasa necesariamente por los indicadores que por años hemos aceptado para determinar que es educación de calidad. Se teme que al permitir el lucro para accionistas de una universidad el enfoque económico lleve a un control excesivo de gastos que impida por ejemplo liberar presupuestos para investigación, profesores reconocidos o publicaciones, ya que esas son algunas de las mas importantes métricas aceptadas a la hora de decidir si universidad de alta calidad. Sin embargo no se tiene en cuenta en realidad cuanto están aprendiendo los estudiantes y una vez graduados y transferidos al mercado laboral, como es su desempeño.
Más allá de entrar en ese debate nos vamos a centrar en la realidad financiera de una institución de educación superior típica con algunos años de actividad. Esa realidad es simple: una universidad tiene los ciclos de efectivo que soñaría cualquier vicepresidente financiero en otra actividad económica, los estudiantes en su mayoría pagan los servicios por anticipado, los márgenes son amplios (en ocasiones 25% de margen de Ebitda en educación presencial y más de 40% en virtual una vez diluidos los fijos), esto lleva a que la mayoría de universidades, acumulen cantidades excesivas de efectivo en caja o inversiones de portafolio, en Colombia por ejemplo no es extraño encontrar universidades con más de 5 años de Ebitda atrapados en la caja, simplemente la actividad genera una cantidad de excedentes de efectivo que no alcanzan a ser reinvertidos en proyectos académicos, y permanecen en títulos de depósito a término en bancos, o en fondos de comisionistas y otros intermediarios financieros, asimismo se va generando en quienes controlan la institución el deseo de buscar mecanismos poco eficientes, y en el margen de lo legal para extraer esa caja de la institución.
En el caso Colombiano los movimientos estudiantiles han sido supremamente activos en proteger el carácter no lucrativo de las universidades, en parte para proteger lo que entienden como educación de calidad, pero también llevados por un discurso populista que la verdad no ayuda a nadie.
¿A quién le sirve que una institución tenga 5 años de utilidad invertidos en Certificados de Deposito a Termino o fondos de inversión?, tal vez a los bancos y algunos afortunados comisionistas de bolsa que los operan ganando astronómicas comisiones de intermediación, ¿no veo mucho de socialista en eso?
Con los millones de dólares de caja que están atrapados en la actividad educativa, se podrían ejecutar cientos de proyectos productivos empleando miles de personas, eso si sería incluyente y de tinte social, dispararía cambios en calidad de vida, y con seguridad ofrecería más oportunidades a los mismos estudiantes que con información a medias critican el ánimo de lucro en a educación.
Por que no permitir que los excedentes generados por las universidades sean utilizados en proyectos productivos en asociación con inversionistas privados que provean el conocimiento y proyectos a cambio de compromisos firmes de generación de empleo?, que importa si esos inversionistas son los fundadores o directivos, se genera riqueza para el agregado de la economía, se crean plazas de empleo, sería una oportunidad de oro para jóvenes emprendedores y la sociedad al final gana.
Sería viable el lucro?
El mayor peligro en el modelo de educación con animo de lucro, dada la experiencia de los países que la permiten como los Estados Unidos, es cuando a la ecuación se añade el crédito estudiantil y los subsidios públicos, se corre el enorme peligro que la universidad se enfoque en reclutar cientos de alumnos que apliquen a subsidios y créditos, sin tener en cuenta su capacidad de repago, en Estados Unidos han salido a flote practicas como el incentivo a estudiantes a mentir en sus aplicaciones de crédito, la financiación para programas cuya empleabilidad es bajísima, o casos extremos como reclutar en carreras de ingeniería a veteranos de guerra con daño cerebral, simplemente por que tienen acceso a subsidios del 100% del valor de la matrícula.
Estas prácticas han despertado la ira de congresistas y otros oficiales públicos quienes ven como la deuda estudiantil creció por encima que las tarjetas de crédito y automóviles y comienza a perfilarse como la siguiente gran burbuja para la economía de EE.UU., muy al estilo de la crisis de lo títulos inmobiliarios del 2008.
Estas lecciones, al igual de la de la crisis inmobiliaria, no deben generar pánico, sino aprendizaje, al igual que muchos países latinoamericanos, como Colombia, que tuvieron sus propias crisis inmobiliarias en los 90, tomaron las medidas necesarias para robustecer su sistema financiero y hacer entrar en cintura a sus banqueros, se puede aprender lecciones del caso Estadounidense, condicionar la entrega de créditos (de hecho cualquier operación crediticia la precede un análisis de riesgo), y controlar las prácticas por parte de las universidades de asesoría en la aplicaciones para financiación.
El objetivo de este artículo es simplemente resaltar una realidad, la actividad educativa acumula una cantidad enorme de recursos dado su impresionante ciclo de liquidez, ¿por qué no nos tomamos el tiempo de buscar una forma para que esos fondos puedan ser inyectados a la economía productiva, convertirse en riqueza sostenible, y una fuente de inversión demandante de mano de obra?
1. EBITDA: Por sus siglas en inglés, es la utilidad antes de depreciaciones, amortizaciones e impuestos (Earnings Before Inteterest, Taxes, Depreciaciton and Amortization).
