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En Argentina no es una novedad que la situación de la seguridad y el
estado de violencia desde hace muchos años pasa por una crisis, sin
resolución desde lo institucional, que diariamente impone muertes y
colocan a las personas en un estado de miedos zozobra que no les
permiten disfrutar del conjunto de los derechos y libertades públicas
que se merecen.
Para muchos miembros de nuestra sociedad se hace imprescindible aumentar
la acción del Estado para terminar con el flagelo a través de una mayor
actuación de las fuerzas del orden público, incrementando las sanciones
penales, disminuyendo la edad de imputabilidad por los delitos cometidos
y otras medidas orientadas en el sentido represivo. Además de algunos,
muy pocos, matices en las acciones preventivas.
Para otros muchos la cuestión encontraría su solución cuando se acaben
las causas, que llevan a que los delitos se extiendan por doquier, que
determinan la inseguridad del ciudadano sin distinción de situaciones
personales, sociales y económicas. Ahí tenemos el problema que genera el
desempleo, la falta de viviendas o la precariedad de las existentes, las
inocuas políticas sociales, la drogadicción y el alcoholismo más la
prostitución organizada, la falta de perspectivas y de un futuro
previsible para nuestros más jóvenes y de un futuro digno y humano para
todos en general, entre otras dentro de la economía de mercado y del
capitalismo reinante e impuesto a rajatabla sin miramientos.
Por un lado aparecen los damnificados y víctimas de la inseguridad, a
los cuales se suman los sectores más reaccionarios de la vida social,
política, económica y uniformada de nuestro país que tienen una
responsabilidad muy importante en las causas del problema. Convirtiendo
la cuestión en un asunto político, partidario y especulativo que no hace
más que deteriorar, o beneficiar según como se mire, la comprensión y
atención del tema.
Por otro lado están aquellos que con base en los oportunismos pretenden
acallar cualquier demostración de preocupación y búsqueda de soluciones,
sin permitir generar los debates y discusiones necesarias para atender
las causas que sabemos son perfectamente corregidas de implementarse,
claro está, aquellas políticas estatales que permitan desvanecer la
exclusión social generada por la indigencia y la pobreza.
Nadie puede negar que en Argentina existen grupos, sectores y
organizaciones delictivas perfectamente organizadas para llevar delante
de diferente forma los delitos contra la persona humana. Estos tienen
siempre la complicidad y actividad de personajes relacionados,
componentes también, de las mismas instituciones que deberían actuar en
la prevención y en contra del delito. Además padecemos como sociedad de
un sistema correccional perverso y deficiente con un actuar de la
justicia que por lo general impide el debido castigo y la conveniente
investigación en las causas procesales, junto a la falta de vocación de
subir la escalera de las responsabilidades habidas.
No existe sociedad en el mundo que no esté amenazada por los delitos que
conllevan al quebrantamiento de la seguridad y la paz, o a la sensación
de un estado de inseguridad colectiva. Pero ello no es justificación en
lo más mínimo para pretender convertir al Estado en un represor
público-institucional permitiendo los excesos y pérdidas de libertades y
derechos, como tampoco del proceso judicial justo y debido.
Los Derechos Humanos de todos es una materia de altísima consideración y
de permanente lucha de las mujeres y hombres comprometidos en la defensa
de la vida y de los derechos individuales y colectivos del género
humano. Entre esos derechos están los concernientes a las libertades de
expresión y de información, como asimismo los de peticionar a las
autoridades públicas, los cuales están particular, expresa y tácitamente
establecidos tanto en la Constitución Nacional como en los Tratados
Internacionales con igual jerarquía con ésta.
Que nadie se equivoque en el camino por buscar las imperiosas y
necesarias soluciones, porque ello nos conducirá a que nada pueda ser
corregido, nuestro sistema democrático con todas las falencias propias
de su falta de participación y con las representaciones diseñadas e
impuestas para la conveniencia de las políticas de turno debe hacerse
cargo del problema en forma integral. Es necesario un debate abierto,
sin mezquindades ni excluidos, donde se permita oír todas las voces; y
donde desde cada postura ideológica se aporte todo aquello que sea
necesario.
No será negando el problema de la violencia y de la inseguridad, y menos
minimizándolas a meras estadísticas, como se resolverá la cuestión
tratada.
Será posible solamente si desde las políticas de los distintos gobiernos
se solucionan los problemas de las necesidades básicas y humanas
insatisfechas, porque ahí es justamente donde veremos cumplidos todos
nuestros anhelos de una sociedad justa, libre y fraternal que termine
con las violencias y violaciones de cualquier tipo.
En el día de hoy los que marchen en uno u otro sentido por las calles y
plazas no deberían desconocer estas cuestiones mínimas, para no caer así
en estériles enfrentamientos que conducen inevitablemente a que en el
mañana el problema siga sin resolverse.
La sociedad imperiosamente debe saber marchar y luchar por una vida
mejor.
31 de agosto del 2006
Hugo Alberto de Pedro - hugoalbertodepedroarrobalafogata.org
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