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SECTOR SALUD EN EL PERÚ
Aportado por:
CONSORCIO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (CIES)
http://www.consorcio.org
REVISTA ECONOMÍA Y SOCIEDAD
http://www.consorcio.org/bol.asp

El propósito del Consorcio de Investigación Económica y
Social (CIES) es fortalecer la comunidad
académica peruana, para producir y diseminar conocimiento útil para los
analistas y agentes de decisión en el sector público, la sociedad civil
y la academia. En última instancia, su misión es contribuir al
desarrollo del Perú, elevando el nivel del debate nacional sobre las
opciones clave de política económica y social.
postmaster@consorcio.org
PRESENTACIÓN
Durante la década de los noventa la infraestructura pública de salud
se amplió de manera considerable, especialmente en lo que se refiere a
los establecimientos de primer nivel. En efecto, los puestos de salud
pasaron de 3.163 en 1990 a 5.085 en el año 2000. Sin embargo, los
avances fueron menores en términos de eficiencia y equidad en la
provisión de los servicios. También quedaron pendientes reformas básicas
en el terreno institucional, como por ejemplo la integración, o por lo
menos la coordinación, entre el ministerio de salud y la seguridad
social. Así, a pesar de la ampliación de la cobertura, las brechas de
salud entre los diversos estratos sociales y regiones geográficas
continúan siendo enormes. La subsistencia de estas brechas y los agudos
problemas de eficiencia y equidad en el sector, hacen necesaria una
reforma global de la salud pública en el país. En este contexto, el CIES
busca contribuir al diseño y ejecución de la reforma, aportando
conocimientos útiles para tal efecto.
La presente edición de Economía y Sociedad resume ocho estudios que
presentan información y análisis sobre la salud de la población, la
oferta respectiva del sector público y recomendaciones de política para
el mediano plazo.
El artículo de Bardález analiza la evolución de los problemas de salud
de la población peruana para identificar cuáles deben ser las
prioridades de las nuevas políticas de salud. El autor considera que la
efectividad del modelo de atención actual ha llegado a su límite. En las
dos últimas décadas ha habido una importante mejoría en la esperanza de
vida y la mortalidad infantil, pero las tasas de mortalidad materna y
perinatal no se han reducido de manera significativa, a la vez que se
han incrementado rápidamente la morbilidad y mortalidad por enfermedades
no transmisibles, acciden- tes y violencia. Por otro lado, los
indicadores de salud muestran grandes brechas entre regiones y grupos
sociales. El diagnóstico permite identificar varios retos, como por
ejemplo la cobertura del parto, el saneamiento básico y los sistemas de
red en las zonas rurales; y la promoción de estilos de vida saludables
en las ciudades más grandes.
Existe un consenso acerca de la necesidad de reducir las iniquidades
existentes en la prestación de los servicios estatales. Algunos
economistas han planteado la posibilidad de mejorar el acceso y la
calidad de los servicios de salud en establecimientos públicos mediante
el cobro de tarifas a los grupos de mayores ingresos. El trabajo de
Valdivia (GRADE) encuentra que, en efecto, la utilización de servicios
médicos está concentrada en los estratos socioeconómicos más altos,
incluso en el caso de los servicios públicos. Sin embargo, ello no abre
necesariamente un espacio para una política de tarifas. El autor muestra
que el principal efecto podría ser el desvío de la demanda de los
proveedores públicos hacia los privados, lo cual impediría elevar los
ingresos de los establecimientos públicos. El texto de Dammert (GRADE)
encuentra que el acceso a los servicios de salud Œmedido a través de la
atención del parto por profesionales Œs uno de los principales
determinantes de la mortalidad infantil. La autora descubre que las
variables relevantes para explicar el acceso no son solamente las
referidas a la infraestructura de salud, sino también el nivel de
educación y la lengua matern a, factores que pueden constituir
impedimentos socio culturales, y generar desconfianza hacia médicos y
obstetrices. Así, las diferencias en el acceso entre zonas urbanas y
rurales obedecen no sólo a factores de oferta (infraestructura), sino
también a los de demanda (nivel educativo y barreras culturales).
La investigación de Cueto (UPCH) analiza las políticas de lucha contra
el Sida. Desde que apareció el primer caso en 1983, varias han sido las
instituciones creadas para combatir la enfermedad. El pánico moral, que
generó su llegada, motivó la aparición de políticas desordenadas para su
control.
Este estudio de caso permite entender cómo las políticas de salud suelen
ser formuladas en nuestro país: surgen generalmente por la combinación
de una crisis local, la iniciativa de un grupo de personas u organismos,
y la influencia de agencias de cooperación internacional. Ello tiende a
crear soluciones temporales y de corto plazo, poniendo en riesgo los
avances que puedan darse. Para superar este problema, según el autor, es
necesario democratizar las decisiones, aumentar la participación de la
sociedad civil y distribuir coherentemente las responsabilidades. El
trabajo de Francke proporciona un marco orientador para la reforma de la
salud pública.
Ella requiere de consenso social, así como revisión y ajuste permanente.
El objetivo primordial debe ser establecer el derecho universal a la
salud. En ese sentido, el autor plantea tres reformas fundamentales: a)
la democratización del Estado, para que sea permeable a las demandas y
propuestas de la sociedad; b) la priorización del acceso universal a
servicios básicos de calidad, para lo cual debe establecerse un conjunto
de atenciones básicas que sean de cobertura universal; y c) la
reorganización de los sistemas de salud, para lo cual es necesario pasar
de sistemas segmentados y centralizados (Minsa y EsSalud) a un sistema
descentralizado con planeamiento estratégico.
El artículo de Johnson plantea una reestructuración global del sector.
El autor identifica una serie de problemas institucionales que generan
ineficacia e ineficiencia en el empleo de los recursos, así como mala
calidad de los servicios: la falta de coordinación entre los subsectores;
el carácter cerrado, tradicional y vertical del ministerio; la mezcla de
funciones de gobierno con la administración del financiamiento y la
prestación de los servicios; entre otros. La propuesta de
reestructuración define al Minsa como un organismo de gobierno que se
debe retirar de la administración financiera y de la provisión directa
de los servicios. Además, plantea integrar los establecimientos a cargo
del sector público en redes de servicios de salud descentralizadas y con
autonomía de gestión.
El estudio de Palomino examina el sistema hospitalario peruano,
subrayando la falta de unidad de gobierno y de planeamiento estratégico.
Por un lado, el Minsa asigna recursos de manera aislada para cada
hospital, bajo su jurisdicción, en Lima. Por el otro, cada Consejo
Transitorio de Administración Regional (CTAR) negocia individualmente
con los Ministerios de la Presidencia y de Economía los recursos que les
serán asignados. Tampoco existe vinculación alguna con los sistemas
hospitalarios de EsSalud, ni de las fuerzas armadas o policiales, ni del
sector privado. Esta situación genera irracionalidad e iniquidad en la
situación hospitalaria de los distintos departamentos. El autor
documenta estos problemas y propone líneas de acción para superar el
desorden institucional existente.
Por último, el trabajo de Arroyo (UPCH) realiza tres estudios de caso
sobre acuerdos de gestión en el sector salud, realizados en la década de
los noventa: el Sistema de Pago por Valor Bruto de Producción
establecido en el Seguro Social entre 1993 y 1999; el Programa de
Administración de Acuerdos de Gestión de 1998 en el Ministerio de Salud;
y el convenio entre el FONAFE del Ministerio de Economía y EsSalud,
establecido en 1999. El autor analiza los factores que contribuyeron a
su éxito o fracaso. Entre otras cosas, constata que se aplicaron en
forma subsectorial o parcial, sin una reforma global que los enmarque, y
que su línea de fuerza fue siempre aumentar la productividad, mas no la
calidad. La evaluación de estas experiencias apunta a la necesidad de
una reforma global de la salud para que las políticas sectoriales sean
eficientes, equitativas y sustentables.
| Carlos E. Aramburú Director Ejecutivo
|
Javier Portocarrero Maisch
Director Adjunto |

CONTENIDO
Salud de la Población
Carlos Bardalez
Sensibilidad de la demanda por servicios de salud ante un sistema de
tarifas en el Perú: precio vs. calidad
Martín Valdivia
Acceso a servicios de salud y mortalidad infantil: 1991-1996
Ana C. Dammert
Políticas públicas y acciones privadas contra el VIH/SIDA
Marcos Cueto
Lineamientos de políticas en salud 2001-2006
Pedro Francke
Reestructuración institucional del sector salud
Jaime Johnson
Los servicios hospitalarios en el Perú
José Palomino
Acuerdos de gestión y nuevos mecanismos de pago en los noventa
Juan Arroyo
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