PROGRAMAS SOCIALES ¿DE LUCHA CONTRA LA POBREZA?: CASOS EMBLEMÁTICOS

Autor: Enrique Vásquez

Política económica

06-2006

En el período comprendido entre los años 2000 y 2005, el gasto social en el Perú representó aproximadamente el 25% del presupuesto público y registró una tasa promedio de crecimiento anual de 8%. Sin embargo, este esfuerzo no se ha visto reflejado en resultados tangibles, pues los niveles de pobreza se han mantenido relativamente constantes (perjudicando a más del 50% de la población) y el malestar percibido se ha incrementado durante dicho período. En este sentido, es legítimo preguntar a qué se debe esta situación para que sea posible buscar soluciones que puedan ser implementadas en el corto plazo.
 
En el Perú existen alrededor de cuarenta programas de lucha contra la pobreza, los que están adscritos a los distintos sectores como el Ministerio de Salud, de Educación, de la Mujer, de Trabajo, de Agricultura, de Vivienda, de Transporte, de Economía y Finanzas y de Energía y Minas.
 
Si consideramos la manera cómo se han manejado estos programas a partir del año 2000, se observa que las mejoras en capital humano no son tan visibles porque el elemento político se ha superpuesto al elemento técnico calificado.
 
De esta manera, si bien se ha observado un incremento importante en el gasto destinado a esos programas, esto no se ha traducido en resultados concretos ni en cambios en el bienestar de la población objetivo.
 
La presente investigación argumenta que estos resultados pueden deberse a una gestión deficiente de los recursos públicos destinados a los distintos programas sociales. En consecuencia, surgen problemas tales como filtración (la población beneficiaria no es la población objetivo), subcobertura (población objetivo que no está siendo atendida), politización del gasto e incremento del gasto corriente (planillas y obligaciones sociales). Ante estas dificultades, se propone dejar atrás el enfoque asistencialista predominante en la década de 1990 y pasar a uno orientado al desarrollo de capacidades de la población, que refuerce la gestión social de riesgo.

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Enrique Vásquez – CIUP

 

 

 

 

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