La descentralización peruana: una agenda para relanzar un proceso impostergable
Autor: Comité Operativo Grupo Propuesta Ciudadana
Política económica
06-2006
El retorno a la democracia, a inicios de este siglo, abrió las puertas
para la expresión de diversas opciones y demandas de reforma, tanto en
lo político como en lo administrativo, lo económico y lo social. El país
esperaba no solamente la recuperación de las formas y los contenidos de
la democracia, sino también —y quizá principalmente— reformas
sustantivas en la gestión macroeconómica que impacten positivamente en
las condiciones de vida, la superación de la pobreza, el desarrollo
equitativo y la igualdad de oportunidades.
Asimismo, se esperaba una reforma del Estado que involucre al Poder
Ejecutivo, al Congreso de la República, a la administración de justicia,
a la seguridad ciudadana y al papel que desempeñan las Fuerzas Armadas.
Lamentablemente, cinco años después, constatamos la frustración de las
que fueron las promesas de la transición democrática y de las
expectativas que ellas generaron. La única excepción es la
descentralización, que se inició en el año 2001 y que —con todas sus
limitaciones— es el único proceso de cambio sustantivo en marcha.
El objetivo de la descentralización es generar un modelo de desarrollo territorial que satisfaga las legítimas expectativas de inclusión, prosperidad y acceso a mejores oportunidades para el ejercicio de derechos.
La transferencia de capacidades y recursos hacia las regiones y localidades —aspecto central de la descentralización— tiene, pues, el propósito de crear condiciones apropiadas para la competitividad y la equidad, así como el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en cada uno de los niveles de gobierno, superando de esta manera el centralismo que ha caracterizado históricamente al Estado peruano.
Ciertamente, durante los últimos años, los indicadores macroeconómicos del país han observado un importante crecimiento. Este se ha debido, fundamentalmente, al desarrollo de la agroexportación, la inversión en actividades extractivas como la minería y, en algunos casos, a la prestación de servicios. Al respecto, debemos señalar que los temores que algunos sectores expresaron al inicio del proceso de descentralización, respecto de que la gestión de los gobiernos regionales podría afectar negativamente el crecimiento económico, no han sido verificados.
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