Trabajadores latinoamericanos residentes en el extranjero enviaron un
récord de 45.800 millones de dólares a sus países en el 2004. Las
remesas superan a la suma de la cooperación externa y la inversión
extranjera directa recibida por la región. Casi el 75 por ciento de
estas remesas provinieron de E.U.A. Europa le sigue en orden de
importancia. Japón es una fuente para Brasil y Perú. México fue el
principal destino, superando los 16.613 millones de dólares. Le
siguieron Brasil con 5.624 millones y Colombia con 3.857 millones.
El impacto de las remesas es mayor en las economías más pequeñas.
Haití, el país más pobre de la región, recibió remesas equivalentes a
una cuarta parte de su PIB. El Salvador superó los dos mil quinientos
millones de dólares, aproximándose al 16 por ciento del PIB. Se estima
que una cuarta parte de los salvadoreños vive en un país desarrollado y
envían regularmente remesas y otros activos. Estudios indican que sus
aportes exceden los 3.000 dólares anuales por remitente (suma
equivalente a recibir uno y medio salario mínimo por mes durante un año)
y que el 20 por ciento de los hogares salvadoreños reciben remesas
regularmente. La mayoría de las familias receptores son pobres y las
transferencias recibidas llegan a representar hasta la mitad del ingreso
familiar.
Las migraciones y remesas reflejan varias cosas. Una, la solidaridad de
los salvadoreños. Dos, la creciente desintegración familiar y sus
efectos socioculturales (pérdida de valores). Tres, la progresiva
dependencia económica de divisas no generadas por el sistema productivo
nacional. Cuatro, la transformación institucional que están generando
las novedosas y múltiples relaciones entre los que viven dentro y fuera
del país (nuevos mercados, normas y actores).
Las migraciones y remesas son analizadas desde diferentes ópticas. Para
unos, reflejan la ineficacia de la política económica implementada para
ampliar las oportunidades de trabajo a los lugareños. Ya que la mejor
opción para miles de compatriotas es emigrar (sacrificando sus raíces en
pro del futuro de sus hijos).
Para otros, estos hechos hacen que un alto porcentaje de salvadoreños le
deje de apostar a su país, generándose una actitud pasiva hacia la
realidad nacional. En contraposición, hay quienes consideran que este
fenómeno es una oportunidad para que el país se conecte e inserte en el
mercado internacional (superando de esta forma la limitación territorial
y poblacional).
El lento crecimiento económico, el deterioro ecológico y la violencia
social son factores que impiden que el desarrollo nacional sea
sostenible. He ahí el desafío.
Prueba de ello es la pregunta que se hacen miles de padres de familia
¿qué futuro tienen nuestros hijos en el país? Las respuestas se
relacionan con las pocas oportunidades de trabajo y la inseguridad
ciudadana. Numerosos padres de familia piensan que –de seguir esta
tendencia- sus hijos vivirán hacinados en una megaciudad sucia y
peligrosa. Es de suponer, entonces, que numerosos padres de familia
creen que lo mejor es que sus hijos emigren. ¿Usted qué piensa?
La desaceleración económica -por casi 10 años- hace que miles de
compatriotas vivan en la rebusca (ampliación del sector microempresario
informal). Esta situación va modificando, silenciosa e implacablemente,
la actitud de la gente. Al grado que un alto porcentaje de salvadoreños
relaciona cada vez menos su futuro con el progreso de su país. Ello hace
que miles de compatriotas prefieran asumir los riesgos y costos de
emigrar hacia el norte. Esta actitud ayuda a explicar que -a pesar de la
difícil situación económica- la presión sociopolítica sea baja. Otro
hecho que se suma a esta tendencia son las considerables inversiones que
los principales grupos empresariales realizan fuera del país. En
síntesis, la población y el capital salvadoreño están emigrando.
Paradójicamente, los tomadores de decisión se aferran a un modelo
centralista de desarrollo que –de no ser por las migraciones y remesas-
la estabilidad sociopolítica estaría en aprietos. Ya que las demandas
sociales habrían superado la capacidad nacional de atenderlas.
Igualmente importante es la superación de los obstáculos para el acceso
ciudadano a la justicia y la inclusión social. Tal como lo constatan los
costos de la violencia y delincuencia en El Salvador (11.5 por ciento
del PIB). He ahí la encrucijada. Se continúa favoreciendo la expansión
de los microempresarios urbanos informales y de los hermanos cercanos o
se adopta un modelo de desarrollo sostenible. En resumen, el sistema
democrático de libertades no está en duda, lo que debería discutirse es
la manera que los tomadores de decisión conciben y procuran el progreso
del país.
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