Momento de la verdad

Autor: Rafael Ernesto Góchez

Política económica

27-01-2006

Esta es una invitación al Gobierno para que salga al encuentro de la sociedad a través de la reconstrucción nacional, mejorando las condiciones de vida de la gente a nivel local. En Centroamérica existen 1,185 municipalidades. El Salvador tiene 262, de las cuales sólo once superan las cien mil personas.

Las municipalidades en C.A. realizan una limitada recaudación fiscal. La carga tributaria es del 0.6 por ciento (ingresos tributarios municipales en relación al PIB) y la presión tributaria del 3.5 por ciento (ingresos tributarios municipales en relación al total de ingresos tributarios).

Esto señala insuficiencia de recursos para satisfacer las necesidades básicas y dependencia de las municipalidades del gobierno central, para prestar los servicios a las comunidades.

Un estudio de SACDEL sobre las finanzas municipales en El Salvador, evidencia que las alcaldías tienen finanzas muy débiles, tasas por servicios que no cubren sus costos e impuestos municipales regresivos. Ello limita las posibilidades de elevar la calidad de los servicios locales.

Ninguno de los municipios estudiados puede financiar sus gastos corrientes con sus ingresos corrientes. Por ello, conviene recordar lo dicho por Enrique Iglesias, BID: la transferencia de responsabilidades a los municipios constituye una tendencia positiva en la medida que las entidades públicas que se hagan cargo de esas responsabilidades estén preparadas para ello y puedan movilizar nuevos recursos propios. Este es un tema controversial que requiere gradualidad (puede iniciarse con los principales centro urbanos), pero debería ser parte del programa nacional de reconstrucción y desarrollo local. En otras palabras, es importante combinar los criterios de responsabilidad compartida y equidad.

Hoy día, la gente quiere acción y participar en la solución de sus problemas cotidianos. La ciudadanía no quiere saber nada de luchas políticas partidarias, ni de protagonismos institucionales. Por su parte, los cooperantes externos quieren comprobar que los gobernantes escuchan a sus electores y que sus aportes son bien utilizados. Conviene, entonces, estructurar el programa de reconstrucción en base a la demanda local y ejecutarlo de forma descentralizada. Afortudamente, hay avances. Las transferencias (Ley FODES) a las alcaldías han pasado de 20 colones por habitante a más de 130, y su monto acumulado 1998-2000 superó los dos mil trescientos millones de colones. El reto está en complementar esfuerzos, evitar duplicaciones, reducir costos y ejercer la auditoría social.

La reconstrucción nacional debería tener expresión presupuestaria territorial, para crear sinergias y animar las economías locales. En concreto, se recomienda que: (a) los recursos sean invertidos prioritariamente en las localidades más vulnerables, a través de emprendedores locales, (b) se incorpore la gestión de riesgos dentro de los planes de desarrollo local, (c) se incentive la asociación municipal, (d) se promueva el intercambio comercial y la transferencia de tecnologías entre los salvadoreños que viven dentro y fuera del país, (e) se abran líneas de financiamiento para municipalidades con capacidad de contraer obligaciones y de invertir a largo plazo, y (f) se de asistencia técnica y capacitación a los municipios, bajo el criterio de subsidio a la demanda local.

El momento de la verdad ocurre cuando los gobernantes (Estado) contactan e interactúan con los gobernados (ciudadanía). Ello implica orientar la reconstrucción hacia el desarrollo del interior del país, a través de la unión de esfuerzos del gobierno central, gobiernos municipales, sector productivo, organizaciones de la sociedad y comunidades de salvadoreños en el exterior. Para sacar adelante al país, se requiere de energía, compromiso y solidaridad, por lo que, el involucramiento de la juventud, las mujeres y los salvadoreños que viven en el exterior hará la diferencia en tiempo, costo y calidad.

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Rafael Ernesto Góchez

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