¿Cómo combatir la pobreza?

Autor: Rafael Ernesto Góchez

Política económica

12-09-2007

Uno de cada dos salvadoreños vive en la pobreza. El enfoque macroeconómico predominante se centra en grandes agregados promedio (inflación, déficit fiscal, balanza comercial y otros), olvidándose de que la realidad no es igual en todos los territorios. Hay una diferencia marcada entre la infraestructura socio-económica a que tiene acceso un empresario de San Salvador a la de un productor de Sensuntepeque y Ciudad Barrios. Hay diferencia entre las oportunidades educativas que tiene un joven que vive en Antiguo Cuscatlán a la de uno que reside en Atiquizaya.

En este sentido, conviene incorporar a la discusión nacional, lo específico, que es el ámbito territorial. El desafío está en fortalecer las capacidades de los territorios en estimular la inversión productiva, crear empleos, salvaguardar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las familias que allí habitan. Hoy nadie pone en duda la importancia de la participación ciudadana en la solución de los problemas y de las relaciones entre las actividades económicas y el medio ambiente. La dimensión territorial es lo que permite articular y armonizar los aspectos económicos, sociales y ambientales.

Mario Ossandón, de la Asociación Chilena de Municipalidades, plantea que la provisión de mejores servicios públicos, la disponibilidad de suelos para actividades productivas, las condiciones de las viviendas, la recreación, la seguridad y la movilidad pueden crear un ambiente positivo en la realidad económica de cada zona. Arturo Núñez del Prado, de ILPES/CEPAL, afirma que si la forma más correcta de consolidar la democracia es construyendo sociedades más justas, y la pobreza y la exclusión social se contrarrestan mejor con la generación de empleos, no cabe duda que este es un tema central. Por ello, el tema de la expansión productiva, del desarrollo económico local es de gran importancia.

De ahí la relevancia de la voluntad de los agentes públicos nacionales y locales de promover la construcción de un entorno positivo de servicios territoriales que, de forma sistémica, haga posible el desarrollo económico local. Esto quiere decir que el Estado debe descentralizarse y fortalecerse la formación e inversión en recursos humanos e institucionales a nivel local.

También conviene crear mecanismos de coordinación entre los agentes públicos y privados locales en pro de un objetivo común. Esto es posible debido al avance tecnológico y a los esquemas actuales de producción (economías de variedad y de calidad), caracterizados por la demanda segmentada y el constante cambio. Por ello, la existencia y el acceso a instrumentos de progreso económico a nivel territorial es lo que hará posible que El Salvador se inserte inteligentemente al mercado mundial del siglo XXI.

La globalización de la información y la economía están enviando mensajes claros v.g. los tratados comerciales son efectivos para competir e integrarse al mercado mundial. Lo que no se dice con claridad es que para que esos acuerdos sean efectivos y duraderos, se requiere de un entorno territorial favorable. Un producto que lleve “desnutrición, analfabetismo y contaminación” correrá el riesgo de ser rechazado por las normas de calidad que regularán el mercado mundial del siglo XXI. En este sentido, uno de los grandes desafíos es que la nación salvadoreña invierta más en ciencia y tecnología, y que la empresa privada mejore su relación con las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos municipales, a fin de incrementar la productividad y la inversión a nivel territorial y de esta manera promover el desarrollo económico local.

El enfoque macroeconómico predominante se centra en grandes agregados promedio (inflación, déficit fiscal, PIB, balanza comercial y otros), olvidándose de que la realidad no es igual en todas las localidades. Hay una diferencia marcada entre la infraestructura socio-económica a que tiene acceso un residente en San Salvador a la de un habitante de San Francisco Gotera. Son distintas las oportunidades educativas que tiene un joven que vive en Antiguo Cuscatlán a las de otro que reside en Apopa. En este sentido, conviene incorporar a la discusión nacional, lo específico, que es el ámbito territorial. El desarrollo local sostenible se orienta hacia las necesidades y aspiraciones de la gente a nivel territorial, a través de su potenciación y de la ampliación de sus oportunidades socioeconómicas como parte integrante de la política nacional de desarrollo.

El desafío está en fortalecer la capacidad de gestión local para estimular la inversión productiva, mejorar la infraestructura, salvaguardar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las familias que allí habitan. Hoy nadie pone en duda la importancia de la participación ciudadana en la solución de los problemas y de las relaciones entre las actividades socioeconómicas y el medio ambiente. La gestión territorial es lo que permite articular y armonizar los aspectos económicos, sociales y ambientales.

De ahí que el financiamiento para el desarrollo local sostenible sea un tema de interés. La gama de mecanismos y modalidades de financiamiento es amplia y evolutiva. Este artículo sólo se refiere a la dimensión fiscal del financiamiento, partiendo de que la descentralización contribuye a aumentar la eficacia y la cobertura de los servicios sociales básicos, y que las disparidades territoriales tienden a aumentar cuando el financiamiento de los servicios descentralizados provienen de transferencias no relacionadas con el aporte local (Iván Finot, ILPES/CEPAL, 1997).

La descentralización fiscal ocurre cuando los ingresos y gastos públicos se desplazan del nivel superior o central hacia el inferior o local. José Antonio Ocampo, Secretario Ejecutivo de CEPAL, afirmó que “la descentralización resulta poco efectiva si los gobiernos locales no cuentan con los recursos financieros adecuados que les permitan adelantar, de manera responsable, la gestión y provisión de los servicios asumidos”. El traspaso de mayores responsabilidades y recursos a los niveles locales, ya sean estos municipales y/o departamentales es un proceso complejo, más aún cuando buena parte de los agentes locales no cuentan con la capacidad gerencial ni con los recursos institucionales y materiales para progresar. Por ello, los procesos locales deben estar vinculados con los programas nacionales de desarrollo, a fin de que los esfuerzos sean duraderos en términos fiscales.

Ocampo subraya que muchos países latinoamericanos siguen caracterizándose por una escasa autonomía en la determinación de los impuestos locales, una alta participación de las transferencias intergubernamentales, un bajo acceso y utilización del endeudamiento y una generalizada carencia de mecanismos de coordinación con los otros niveles de gobierno. Lo anterior da como resultado una permanente brecha financiera a nivel local que limita la consolidación de los procesos de descentralización, lo cual se refleja en la reducida participación de las finanzas locales en el consolidado nacional. La participación de los gobiernos municipales en el total de ingresos públicos sigue siendo baja en la región, oscila entre 10 y 15%. En El Salvador es aún más baja. En algunos países desarrollados la participación municipal en el ingreso público total es entre 30 y 35%

En síntesis y con el objeto de evitar que miles de salvadoreños tengan que optar entre ser parte de una mega-ciudad contaminada y violenta, o abandonar el país en busca de una vida más próspera, sana y segura, es que la descentralización se convierte en un medio efectivo para ampliar las oportunidades socio-económicas a nivel territorial. En este sentido, conviene promover una mayor cultura del esfuerzo fiscal local, a fin de que el proceso de descentralización no se convierta en un simple ejercicio burocrático-administrativo; sino todo lo contrario, en impulsor del desarrollo local sostenible. También es crucial que el gasto local sea administrado de manera eficaz, eficiente y transparente.
 

Rafael Ernesto Góchez

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