Voluntad política e instrumentos de mercado

27-01-2006

Hace 30 años (1972), la ONU designó el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente.

Próximamente se realizará la Cumbre de Johannesburgo (diez años después de la Cumbre para la Tierra), para impulsar el desarrollo sostenible. En ese marco, el Secretario General de la ONU señala que los objetivos fijados en aquella Cumbre se están logrando con mayor lentitud que la prevista y que con una voluntad política decidida, medidas prácticas y asociaciones fuertes es posible superar varios obstáculos.

Kofi Annan indicó que la voluntad política era “la clave del éxito” y que hay que procurar una renovada cooperación internacional y solidaridad en pro del financiamiento y la aplicación de los principios del desarrollo sostenible (Agenda 21).

Hay 1,100 millones de personas que carecen de acceso al agua potable y 2,400 millones al saneamiento adecuado. Agua contaminada, saneamiento inadecuado y falta de higiene causan más del 80 por ciento de todas las enfermedades en los países pobres. En los próximos 20 años el mundo necesitará un 17 por ciento más de agua dulce para cosechar alimentos y satisfacer el aumento poblacional.

La utilización del agua aumentará 40 por ciento en los países pobres.

El Primer Informe del Estado del Medio Ambiente en El Salvador subrayó que más de la mitad del territorio es utilizado en forma inapropiada. La erosión causada principalmente por prácticas agrícolas no adecuadas en cuencas hidrográficas, provocan el arrastre de suelo fértil, contribuyendo a la sedimentación y asolvamiento de las presas hidroeléctricas. La deforestación amenaza las fuentes de agua v.g. los recursos forestales proveen la generación de más del 53 por ciento del consumo nacional de energía. Por otra parte, la situación del agua se resume en la paradoja de abundancia y escasez. El consumo humano de agua representa apenas el 4.4 por ciento de la disponibilidad hídrica potencial; sin embargo, la cobertura nacional de agua potable es del 56 por ciento, con sólo 25 en el área rural. Es decir, conviene aumentar la cobertura vegetal y considerar el reconocimiento de sus servicios ambientales por nutrir mantos acuíferos (externalidad positiva). Esta no es una solución rápida, ni total; es una medida complementaria que requiere de una institucionalidad capaz de gestionar mecanismos financieros efectivos y transparentes, así como de generar sinergias con iniciativas de desarrollo local.

Conviene, entonces, impulsar el Principio 16 de la Declaración de Río, promoviendo la internalización de costos ambientales y la aplicación de instrumentos de mercado. Una forma de hacerlo es: 1) integrándolos en propuestas de ley presentadas por ENADE y retomadas por el Gobierno, para promover instrumentos económicos como medios de regulación indirecta, que inducen -pero no obligan- a los actores a tomar nuevas opciones, adoptando una actitud social y ambientalmente deseable; y 2) poniéndolos en práctica en áreas piloto para implementar -de manera demostrativa y progresiva- sistemas locales de cobro y pago de servicios ambientales.

Este esquema es parte de la responsabilidad social empresarial. Ya que, por una parte, facilita que usuarios de servicios ambientales (empresas, instituciones y consumidores) asuman estos costos en proporción directa con los beneficios que reciben de los recursos naturales y por otra, compensa a agentes privados por cambiar o mejorar sus sistemas de producción y reforestar microcuencas de interés para usuarios intensivos de agua (pago por labor adicional y sostenible).

Otro factor positivo es que la contribución es localizada, es decir, quien aporta los fondos sabe el lugar exacto al que serán destinados v.g. pago por contribuir a recuperar la cobertura vegetal del acuífero que nutre de agua a una empresa manufacturera. En síntesis, es una fórmula gana-gana.