El BID plantea que más de la mitad de las diferencias en los niveles de ingreso entre países desarrollados y latinoamericanos se encuentran asociadas a las deficiencias en las instituciones de estos últimos. Es decir, se requieren buenas instituciones para lograr que el desarrollo sea sostenible.
La pregunta es ¿cómo se cambian las instituciones?
Primero es necesario entender qué determina la calidad de las
instituciones para luego abordar el problema de cómo cambiarlas.
Las instituciones públicas son, por naturaleza, la expresión de fuerzas
políticas a través de las cuales las sociedades intentan resolver sus
problemas colectivos. Por lo tanto, la calidad de las instituciones
públicas es influida por las reglas y prácticas del sistema político.
Ello hace que el desarrollo sostenible requiera de instituciones
políticas que permitan el control público de políticos y gobernantes.
Al analizar los partidos políticos salvadoreños, sus dirigentes y
actuaciones, se encuentra que “desconfianza” es la palabra que mejor
describe la percepción que la ciudadanía tiene de sus representantes. No
obstante, las decisiones de interés nacional siguen siendo adoptadas por
medio de los partidos políticos, sin consultar o representar los
verdaderos intereses de la ciudadanía.
Semejante situación es una amenaza para la gobernabilidad democrática
del país.
Ya que considerar a las municipalidades como simples espacios de poder
y/o control político, es sinónimo de obsolescencia institucional.
La clave está en articular globalización y localización. Pensar que la
globalización es un tema de empresarios y la localización un tema de
políticos, es un grave error. En vista que ello equivale a tratar a las
municipalidades como responsables de cosas menores (pequeñas obras
sociales), dejando por fuera la promoción del desarrollo económico
local. Seguir la senda del municipalismo conduce a la exclusión de miles
de emprendedores y jóvenes del interior del país. El reto está en
vincular las economías locales al mercado, para elevar los niveles de
vida de los lugareños. Esa es una tarea de país.
Adoptar el enfoque del “municipalismo” significa reducir el tema de la
descentralización a la esfera estrictamente política, dejando por fuera
la perspectiva socioeconómica. Ello tiene el riesgo que la
descentralización sea sinónimo de burocratización de la gestión
municipal. Esa posibilidad preocupa. Ya que la mayoría de localidades
requieren de mejores y eficientes administraciones públicas municipales,
capaces además de dinamizar sus economías. Es decir, la
descentralización supone la modificación del sistema de gobierno, la
creación de nuevas instituciones políticas, fiscales y administrativas,
y la innovación tecnológica y de gestión para la generación de empleo a
nivel local.
Urge, entonces, fortalecer la capacidad de gestión y asociación de las
municipalidades para asumir el rol de promotoras del desarrollo
económico local. ¿Con qué enfoque trabajará la Comisión de Desarrollo
Local formada por el actual gobierno? La respuesta a esta pregunta
hablará por sí sola. Si le apuestan al municipalismo, la discusión se
centrará en aspectos legales y el financiamiento a las alcaldías. Si
optan por la localización, la discusión se abrirá a la innovación
tecnológica y de gestión para la generación de empleo a nivel local y
hacia la conservación de los patrimonios cultural y ecológico.
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