Desarrollo sostenible: iniciativas locales

Autor: Rafael Ernesto Góchez

Política económica

27-01-2006

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su documento “Erradicar la pobreza: marco general para la elaboración de estrategias nacionales”, plantea que la promoción del desarrollo sostenible exige la adopción de un programa integrado y multisectorial encaminado a la superación de la pobreza. Los programas exitosos apoyados por el PNUD a nivel mundial indican que entre las prioridades están las siguientes: (1) inversión en recursos humanos con el fin de mejorar las aptitudes y la productividad de la población; (2) creación de empleos y apoyo a la microempresa; (3) promoción de la equidad de género y la participación plena de la mujer en la sociedad; (4) conservación y regeneración de recursos naturales y medio ambiente; (5) fomento de la participación ciudadana, descentralización y fortalecimiento de las capacidades locales.

El desarrollo sostenible se destaca por priorizar y responder a las necesidades humanas básicas, respetando las leyes de la naturaleza. La clave está en que la población limite tanto su consumo de recursos naturales como la generación de desechos a niveles que le permitan a la naturaleza reponer y asimilar dichos recursos. Para ello es preciso tomar en cuenta de manera equilibrada y complementaria las variables sociales, económicas y ambientales a nivel local. En este sentido, se necesita que el sector privado modernice sus modalidades de producción y gerencia, y que los gobiernos locales modifiquen sus formas tradicionales de organización y funcionamiento. Por lo que, el uso de instrumentos tales como el ordenamiento territorial, manejo de conflictos, gestión ambiental y gerencia participativa adquieren actualidad, particularmente los que utilizan metodologías aplicadas al desarrollo y prestación de servicios descentralizados.


De acuerdo a datos disponibles, el sector de la microempresa representa el 25% del PIB y le da ocupación al 30% de la población económicamente activa en El Salvador. Se estima que funcionan 397,500 microempresas, de las cuales el 72% está en áreas urbanas. Alrededor del 22% de los microempresarios son analfabetas y más del 70% sólo tiene educación primaria. El 33% de los microempresarios considera que su principal problema es la falta de clientes.

Estas cifras reflejan que un amplio segmento de la sociedad salvadoreña no ha podido ser absorbida por el mercado de trabajo. Así también lo demuestra el hecho de que el 63% de las microempresas son de subsistencia, las cuales tienen tan baja productividad que sólo buscan generar ingresos para consumo inmediato del trabajador (venta de comida y comercio al por menor).

Este fenómeno de informalidad económica urbana también sucede por que las condiciones socio-económicas que ofrecen las grandes ciudades son “mejores”que las del área rural. Prueba de ello es que sólo La Libertad y San Salvador son receptores de población, los 12 restantes departamentos son expulsores de población; 4 de los 12 restantes tienen tasas netas de migración superiores al 12%.

El modelo actual de crecimiento ha sido de naturaleza urbano-financiero-industrial y lidereado por las grandes empresas, asignándole una suficiente y automática ampliación de las oportunidades de empleo e ingreso hacia el interior del país. Sin embargo, los datos disponibles no permiten comprobar tales suposiciones. Lo que hace dudar de los efectos del “rebalse” de dicho modelo en el conjunto del territorio y de la sociedad salvadoreña.

Lo anterior adquiere relevancia dado que el 20% de salvadoreños ha optado por vivir en otros países, que arriba del 50% de los municipios no tendrá próximamente disponibilidad de agua y que más de 4 millones de pobres urbanos podrían vivir en El Salvador al inicio del siglo XXI. Estas cifras dan una idea de las perspectivas que tienen muchos adultos acerca del futuro de sus hijos y nietos en El Salvador, y explican las razones que lleva a un creciente número de compatriotas a buscar mejor suerte en las ciudades de EUA.

Las políticas y programas de desarrollo sostenible buscan mejorar los servicios sociales básicos, el saneamiento ambiental, las oportunidades de empleo y las capacidades de gestión local, conduciendo necesariamente al fomento de la organización y participación social en la toma de las decisiones que les afectan sus vidas. Es por eso que la medición y determinación geográfica de la pobreza, del desempleo y del deterioro ambiental ocupan un lugar destacado en el desarrollo sostenible. La atención integral de los problemas exigen estrategias de desarrollo que van más allá de la simple estabilización macroeconómica. Además del balance de las cuentas nacionales y de las políticas sectoriales, se requiere de la potenciación de las capacidades social, empresarial, institucional y política del nivel local.

Por otra parte, la realidad muestra que los efectos esperados del “rebalse” macroeconómico, son claramente desiguales e insuficientes para eliminar la situación de pobreza en que vive más de la mitad de salvadoreños. La lógica del planteamiento económico-financiero se orienta esencialmente hacia el mercado mundial y desde luego, no asume compromisos con las tareas de superación socio-económica y ambiental en los diferentes departamentos y municipios del país. Lo dicho anteriormente no niega la importancia que posee el logro de un clima de estabilidad macroeconómica, sino el rechazo del enfoque estrictamente económico. Lo que se propone es complementar el esfuerzo de las políticas macroeconómicas, asignándole similar atención a las políticas dirigidas a los niveles microeconómicos y a la concertación de las políticas sectoriales del gobierno central con los actores e instituciones locales, dada la dificultad de los planteamientos centralistas y sectoriales de adaptarse a las realidades municipales.

El desarrollo sostenible busca potenciar las capacidades e iniciativas locales de desarrollo. La cercanía a los problemas, necesidades y recursos permite un diseño de políticas más realistas y sobre todo, concertadas con los diferentes actores y sectores, estimulando de esta manera una cultura local de desarrollo. El desafío del siglo XXI es que además de las entidades estatales centrales y la gran empresa, los actores públicos y privados del nivel local se organicen y conviertan en protagonistas del desarrollo nacional. Es evidente, por tanto, que los mecanismos de participación ciudadana y de coordinación entre el Estado y la sociedad civil resultan decisivos para avanzar hacia el desarrollo sostenible.
 

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Rafael Ernesto Góchez

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