Indicadores: ¿para qué y para quiénes?

27-01-2006

Estas líneas plantean que para avanzar hacia un desarrollo incluyente e integral es preciso que los indicadores macroeconómicos tradicionales dejen de ser los únicos parámetros para la toma de decisiones, destacando el índice de desarrollo humano (IDH) y la incorporación del criterio ambiental en el sistema de cuentas nacionales.

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998, inicialmente le expresó escepticismo a Mahbub ul Haq (creador del Informe sobre Desarrollo Humano), acerca del intento del IDH de captar en un simple número la realidad compleja del desarrollo. El IDH ha tenido éxito en servir de medición alternativa del progreso, complementando al Producto Interno Bruto (PIB). El IDH se basa en tres componentes: longevidad, educación e ingreso per cápita. Mahbub se convenció de que el predominio del PIB no dejaría de existir por un conjunto de cuadros. La gente los miraría respetuosamente, pero cuando se tratara de usar una medición que resumiera el progreso volverían al PIB.

Por ello, optaron por un sólo número, pero que no fuera ciego a los aspectos humanos como lo es el PIB.

El Gobierno de El Salvador y el PNUD realizaron el primer estudio sobre el nivel de desarrollo humano de los departamentos en 1996, desagregando los datos por área geográfica y por sexo, esperando de esta manera contribuir a la definición y ejecución de políticas nacionales de descentralización y combate a la pobreza, así como a la creación de un sistema de información geográfica que identifique y monitoree las necesidades y el nivel de desarrollo humano a nivel local. Uno de los datos más reveladores fue la diferencia en cada uno de los componentes del IDH (esperanza de vida, educación e ingreso ) a nivel urbano y rural v.g. el ingreso per cápita en las áreas urbanas es tres veces mayor que el de las área rurales.

Los departamentos de la zona norte y oriental son los que tienen los IDH más bajos; sólo San Salvador y La Libertad están por encima del promedio nacional.

Marcel Claude, en su libro Cuentas Pendientes, subraya que la política económica adoptada por la mayor parte de los gobiernos e institutos monetarios del mundo durante las últimas cuatro décadas, se ha apoyado -entre otras cosas- en el sistema de información derivado de los métodos cuantitativos que contiene el sistema de contabilidad macroeconómica (agregados como el consumo, ahorro y producto interno bruto). En este tipo de variables se han basado los tomadores de decisión para promover el desarrollo a nivel mundial y para hacer comparaciones internacionales sobre el desempeño de los países. A partir del surgimiento de los problemas ambientales globales y su agudización a nivel local, juntamente con la promoción de un enfoque integral de desarrollo, los indicadores macroeconómicos tradicionales, están siendo revisados y complementados.

Una de las críticas al actual sistema de cuentas nacionales es que el agotamiento de los recursos naturales aparece contabilizado en la producción v.g. la tala de bosques se contabiliza como producción silvícola. Por lo tanto, la explotación de recursos naturales y su agotamiento tienen el efecto de aumentar el PIB y de allí que, mientras más se exploten tales recursos, mayor será el éxito y el bienestar asociado a los indicadores de crecimiento económico. Es decir, el agotamiento de los recursos naturales no es considerado como depreciación. Claude propone contabilizar la utilización de recursos naturales a fin de ajustar las cuentas nacionales, tratando los recursos natuales como bienes de capital fijo. En América Latina, a pesar de tener la capacidad técnica requerida, aún es muy poco lo que se ha avanzado y se está lejos del día en que los ministros de finanzas acepten regirse por indicadores en un sistema de cuentas nacionales corregido por consideraciones ambientales.

México, Colombia, Chile, Costa Rica, Argentina, Bolivia y Venezuela están llevando a cabo proyectos pilotos de cuentas ambientales de carácter oficial.

En El Salvador, FUSADES/CEDES plantearon en 1997 que el rechazo a tratar el medio ambiente como un activo económico causa que éste reciba un tratamiento mucho peor que cualquier otro activo económico. Una estimación conservadora del costo económio de la degradación ambiental en El Salvador llegó aproximadamente al 4 por ciento del PIB en 1995. La degradación ambiental impone costos a la economía y a la sociedad que podrían ser significativos, pero que generalmente no se cuantifican, perdiendo los tomadores de decisiones la oportunidad de utilizar este insumo tan esencial para formular políticas.

Partiendo de todo lo anterior y asumiendo de que la fortaleza del país está en su gente y recursos naturales, es que se plantea la necesidad de reunir sistemáticamente más datos y diversos tipos de información en los planos local y nacional que sirvan de base sólida para adoptar decisiones acertadas en todos los niveles. Disponer de información confiable sobre el desempeño y las tendencias de las variables sociales, económicas y ambientales es clave para hacer prevalecer el interés social y garantizar la libertad económica. La elaboración y aprobación del presupuesto nacional y de convenios internacionales serían más efectivas al tener que rendirle cuentas a ciudadanos mejor informados. Una nación consciente de sus desafíos es capaz de impulsar los cambios necesarios para que las presentes y futuras generaciones tengan la oportunidad de vivir en un país más seguro, sano y próspero.