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Estas líneas invitan a los tomadores de decisión a cambiar el rumbo del
país hacia un desarrollo que sea sostenible. Es preciso incluir a los
amplios sectores marginados de la población e integrar los objetivos
ambientales, socio-económicos y políticos.
FUSADES/CEDES concluyeron en 1997 que El Salvador está degradando su
medio ambiente con demasiada rapidez y está ahorrando e invirtiendo muy
poco, y creciendo demasiado lentamente para satisfacer el desafío que
enfrenta de manera efectiva y sostenible. Una estimación del daño
ambiental se aproxima al 5 por ciento del PIB.
Ingvar Anderson, asesor en aguas dulces del PNUD, destaca que en el 95
por ciento de los países en desarrrollo, los desechos se vierten a los
ríos, lagos y océanos sin previo tratamiento. Se requiere con urgencia
una solución al problema. El medio ambiente sólo puede absorber una
cantidad finita de desechos, y un inadecuado sistema de saneamiento
puede propagar enfermedades diarreicas, hepatitis y otras enfermedades.
Cada año, debido al deficiente saneamiento y a la contaminación del agua
se registran casi 2.000 millones de casos de diarrea y 900 millones de
casos de parásitos intestinales.
En El Salvador, se calcula que doce mil niños mueren cada año debido a
enfermedades diarreicas.
El Informe del Estado de la Nación 1999, refleja desigualdades de acceso
a servicios básicos en la zona rural de El Salvador. Sólo el 56 por
ciento tiene acceso a la electricidad, casi el 40 por ciento de los
hogares pobres rurales recurren al uso de kerosene para alumbrarse.
Unicamente el uno por ciento accesan a inodoros privados con
alcantarrilla. Más de la mitad de viviendas rurales tienen piso de
tierra. Estas condiciones de vida tienen serias consecuencias para la
salud y la productividad, y potencian el impacto de los desastres
naturales.
Veamos un ejemplo. Fenómenos similares en países desarrollados,
ocasionan serios daños en viviendas e infraestructura, pero el número de
muertes es más reducido. El huracán Andrés destruyó parte de la Florida,
EUA, en 1992, murieron 62 personas. En Centroamérica, Mitch cobró cerca
de diez mil vidas.
Algunos pueblos sirios aún no conectados a la red nacional de energía
obtienen electricidad de la energía solar, mientras que algunos
mauritanios están reemplazando las velas, la leña y el petróleo por la
energía eólica. Tecnologías nuevas y limpias -que van desde los pequeños
sistemas hidroeléctricos hasta la energía producida por viento, el sol,
la biomasa y las celdas de combustible de hidrógeno- están ayudando a
los países en desarrollo a proveer energía a más gente sin generar gases
de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático mundial
(Opciones, PNUD, abril de 1999).
Los cambios climáticos que afectan la producción de alimentos
probablemente repercutan primero y con más intesidad en los países en
desarrollo. El año pasado, dos terceras partes de Bangladesh se
inundaron y dejaron 21 millones de personas sin hogar. En China, la peor
inundación en 44 años afectó a 223 millones de personas. Mitch destruyó
localidades y obras de infraestructura vitales en C.A., cuyos costos se
estiman en 5.300 millones de dólares, lo cual puso de manifiesto la
necesidad de reducir la vulnerabilidad ecológica y social. Ello implica
trabajar en la parte preventiva y reforzar las estructuras de gobierno a
nivel nacional y local para hacerle frente a los desastres y a la lucha
contra la pobeza, causa básica de la vulnerabilidad (Trygve Olfarnes,
1999).
Lo anterior nos invita a leer la realidad nacional y a superar los
obstáculos del progreso de una manera más integral y responsable.
Después de varios años de ajuste estructural, sería difícil pedirle a
los pobres que sigan esperando turno. Existiendo una creciente brecha
entre gobernantes y gobernados, sería ilógico suponer que el sistema
político vigente pueda soportar cualquier crisis económica.
Dentro de un proceso de transición, sería poco probable que las
instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, FMI y BID)
optaran por continuar aplicando un enfoque economicista, sin arriesgar
el avance democrático.
Conviene, entonces, avanzar y redoblar esfuerzos para impulsar un
proceso participativo de descentralización, gestión territorial y
animación económica local.
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