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El enfoque macroeconómico predominante se centra en grandes agregados
promedio (inflación, déficit fiscal, PIB, balanza comercial y otros),
olvidándose de que la realidad no es igual en todas las localidades. Hay
una diferencia marcada entre la infraestructura socio-económica a que
tiene acceso un residente en San Salvador a la de un habitante de San
Francisco Gotera. Son distintas las oportunidades educativas que tiene
un joven que vive en Antiguo Cuscatlán a las de otro que reside en
Apopa. En este sentido, conviene incorporar a la discusión nacional, lo
específico, que es el ámbito territorial. El desarrollo local sostenible
se orienta hacia las necesidades y aspiraciones de la gente a nivel
territorial, a través de su potenciación y de la ampliación de sus
oportunidades socioeconómicas como parte integrante de la política
nacional de desarrollo.
El desafío está en fortalecer la capacidad de gestión local para
estimular la inversión productiva, mejorar la infraestructura,
salvaguardar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las
familias que allí habitan. Hoy nadie pone en duda la importancia de la
participación ciudadana en la solución de los problemas y de las
relaciones entre las actividades socioeconómicas y el medio ambiente. La
gestión terrritorial es lo que permite articular y armonizar los
aspectos económicos, sociales y ambientales.
De ahí que el financiamiento para el desarrollo local sostenible sea un
tema de interés. La gama de mecanismos y modalidades de financiamiento
es amplia y evolutiva. Este artículo sólo se refiere a la dimensión
fiscal del financiamiento, partiendo de que la descentralización
contribuye a aumentar la eficacia y la cobertura de los servicios
sociales básicos, y que las disparidades territoriales tienden a
aumentar cuando el financiamiento de los servicios descentralizados
provienen de transferencias no relacionadas con el aporte local (Iván
Finot, ILPES/CEPAL, 1997).
La descentralización fiscal ocurre cuando los ingresos y gastos públicos
se desplazan del nivel superior o central hacia el inferior o local.
José Antonio Ocampo, Secretario Ejecutivo de CEPAL, afirmó que “la
descentralización resulta poco efectiva si los gobiernos locales no
cuentan con los recursos financieros adecuados que les permitan
adelantar, de manera responsable, la gestión y provisión de los
servicios asumidos”. El traspaso de mayores responsabilidades y recursos
a los niveles locales, ya sean estos municipales y/o departamentales es
un proceso complejo, más aún cuando buena parte de los agentes locales
no cuentan con la capacidad gerencial ni con los recursos
institucionales y materiales para progresar. Por ello, los procesos
locales deben estar vinculados con los programas nacionales de
desarrollo, a fin de que los esfuerzos sean duraderos en térmimos
fiscales.
Ocampo subraya que muchos países latinoamericanos siguen
caracterizándose por una escasa autonomía en la determinación de los
impuestos locales, una alta participación de las transferencias
intergubernamentales, un bajo acceso y utilización del endeudamiento y
una generalizada carencia de mecanismos de coordinación con los otros
niveles de gobierno. Lo anterior da como resultado una permanente brecha
financiera a nivel local que limita la consolidación de los procesos de
descentralización, lo cual se refleja en la reducida participación de
las finanzas locales en el consolidado nacional. La participación de los
gobiernos municipales en el total de ingresos públicos sigue siendo baja
en la región, oscila entre 10 y 15%. En El Salvador es aún más baja. En
algunos países desarrollados la participación municipal en el ingreso
público total es entre 30 y 35%.
Harry Jager, director de RTI, destacó en el XIV Congreso Nacional de
Alcaldes de El Salvador que antes de la reforma a la Ley FODES (1997),
las municipalidades recibían en 1995 por concepto de tranferencia un
estimado de 4.10 colones por habitante. En 1996 la transferencia se
incrementó a 20 colones por habitante. Para el año 1998 se
presupuestarón cerca de 121 colones per cápita. A pesar de este
incremento, las transferencias resultan ser insuficientes para hacerle
frente a los crecientes problemas socio-económicos y ambientales de las
localidades. Ello quiere decir que es conveniente que los gobiernos
municipales hagan esfuerzos adicionales en aumentar sus ingresos,
mejorando el sistema de recaudación y/o de impuestos locales. Prueba de
ello es que a pesar de que la Ley General Tributaria Municipal haya sido
aprobada en 1991, los ingresos tributarios promedio son inferiores al 20
% del total de ingresos de los modestos presupuestos municipales. Hay
cerca de cien anteproyectos de ley pendientes.
En síntesis y con el objeto de evitar que miles de salvadoreños tengan
que optar entre ser parte de una mega-ciudad contaminada y violenta, o
abandonar el país en busca de una vida más próspera, sana y segura, es
que la descentralización se convierte en un medio efectivo para ampliar
las oportunidades socio-económicas a nivel territorial. En este sentido,
conviene promover una mayor cultura del esfuerzo fiscal local, a fin de
que el proceso de descentralización no se convierta en un simple
ejercicio burocrático-administrativo; sino todo lo contrario, en
impulsor del desarrollo local sostenible. También es crucial que el
gasto local sea administrado de manera eficaz, eficiente y transparente.
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