Chico Mendes y el BID: una lección para El Salvador

27-01-2006

Los retos que enfrenta la nación salvadoreña son en materia de crecimiento económico, equidad social, institucionalidad democrática y sostenibilidad ambiental. La pregunta obvia es ¿debemos cambiar de rumbo? En mi opinión, se debería adoptar el camino hacia el desarrollo sostenible.

Ello significa pasar de un modelo economicista y excluyente a un modelo de desarrollo integral e integrador.

El deterioro ambiental y la pobreza rural en El Salvador, hacen que se requiera un papel más activo del Estado, favoreciendo la inversión en capital físico, humano, social y natural.

En este sentido y para aprender de un caso de la vida real, a continuación se destaca cómo la tragedia de Chico Mendes ha generado cambios en pro de un desarrollo sostenible. Una síntesis del relato de David Atkinson, se presenta a continuación para aprender de ese caso.

Chico Mendes fue asesinado de una ráfaga en el pecho en 1988, cuando abría la puerta trasera de su casa en Xapurí, en el estado de Acre. Su defensa contra la apropiación de las tierras de los caucheros y la influencia del alcohol en su asesino fueron las causas de la tragedia. En aquella época, a esta zona de Brasil sólo se podía llegar por río o por tierra, era casi infranqueable durante los cuatro meses de la estación de lluvias.

En 1985, Mendes ayudó a fundar el Consejo Nacional de Seringueiros y ganó respaldo internacional por su lucha por promover el desarrollo sostenible de la amazonia brasileña. En 1985, el BID había aprobado un préstamo de 58,5 millones de dólares para financiar una estrategia de desarrollo regional, incluyendo la parte este de Acre. La estrategia contemplaba la construcción de una carretera pavimentada de 502 kilómetros, la cual era bien recibida por los lugareños porque brindaría a sus productos mayor acceso a los mercados y los comunicaría con el resto del país. Sin embargo, los colectores de caucho temían que abrir acceso a la región traería aún mayores amenazas a sus bosques. Y los grupos indígenas que vivían en el área de influencia de la futura carretera corrían riesgo de invasión de sus tierras y de exponerse a enfermedades desconocidas.

El diseño original del préstamo condicionó sus desembolsos a la ejecución de un Plan de Acción para proteger los recursos humanos y naturales de la región. Pero dos años después, el programa había quedado distorsionado. Para principios de 1987, una gran parte de la carretera ya estaba pavimentada y las niveladoras preparaban el resto del camino. Pero se había hecho poco para implementar las medidas de mitigación del impacto de la carretera.

Consciente de esta situación, Chico Mendes optó por llevar sus preocupaciones ante la comunidad internacional. En 1987, salió de Brasil para asistir a la Reunión Anual del BID en Miami y atraer así la atención pública a sobre dicho caso.

Posteriormente, el BID suspendería los desembolsos del préstamo, una medida que por cierto tenía implicaciones financieras, pero más importante aún, dio el apoyo oficial de una organización internacional a la causa de Chico Mendes.

En 1989 (al año siguiente de la muerte de Mendes), el BID comenzó a facilitar reuniones entre las partes en conflicto y se confirmó la validez del argumento de delegar al Estado y a las ONG locales la responsabilidad básica de la ejecución de los componentes sociales y ambientales del programa. El Plan de Acción original había dado demasiada responsabilidad a una distante burocracia federal que consideraba a Acre una prioridad menor. Es decir, el ejemplo de Chico Mendes sirvió para demostrar la pertinencia de favorecer la descentralización, la responsabilidad compartida y el capital social a nivel local.

Al poner en práctica el enfoque del desarrollo sostenible, 15 años más tarde, las condiciones de vida en Acre han mejorado. Hace falta mucho, pero se terminó la carretera Porto Velho–Río Branco y un viaje que 10 años atrás tomaba semanas ahora es sólo cuestión de horas. La creación de áreas protegidas tales como la Reserva Extractiva Chico Mendes, con casi un millón de hectáreas alrededor de su aldea, ha contribuido a reducir conflictos sobre la tenencia de tierras. Los servicios de salud y de educación a las comunidades indígenas han mejorado.

El panorama sociopolítico ha cambiado. Marina Silva, activista que luchó junto a Chico Mendes, ha continuado trabajando hasta llegar a ser la Ministra del Ambiente de Brasil. Jorge Viana ha cambiado los pantalones vaqueros que usaba como director de una ONG para asumir sus funciones como gobernador de Acre. Julio Barbosa, ex presidente del Comité Local, es el alcalde de Xapurí. En conclusión, conviene creer en los lugareños (capital humano) y en sus organizaciones (capital social), y construir una institucionalidad que permita conciliar el interés económico con la conservación del medio ambiente.