LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN YUCATÁN

Autor: LAE Lucía Pérez Cervera y  LAE Antonio Aranda Correa

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO

11 / 2004  

La materia educativa en el estado es un tema tan amplio y difícil de abordar, que al hacerlo es posible omitir varios aspectos y áreas de influencia, es por esto que esta propuesta se concreta en el mejoramiento de la calidad de la oferta educativa de nivel superior en Yucatán, por ser ésta la antesala al desarrollo profesional del individuo, y las escuelas de educación superior del estado, los pilares de esa formación profesional.

El hacer un diagnóstico objetivo de este nivel educativo implica un grado muy amplio de apertura a nuevas ideas y conceptos, algunos de los cuales nos podrán parecer revolucionarios; sin embargo, la imperante necesidad de transformar nuestro estado debe, entre otras cosas, dar pie al inicio de una revolución en materia educativa si es que no queremos seguir en esa equivocada idea de que hemos avanzado mucho con la creación y construcción de escuelas e infraestructura suficiente para albergar la creciente demanda educativa.

Otra idea errónea que hay que hacer un lado, es la de que con la concesión de permisos a particulares se han logrado subsanar las deficiencias en materia educativa, ya que estos no cargarán con los vicios y los problemas burocráticos de las instituciones y universidades públicas.

Tampoco hay que perder de vista que en recientes evaluaciones a nivel mundial dadas a conocer en los medios de comunicación, los resultados (ocultados por el gobierno federal anterior) son dramáticos, y aunque la evaluación fue realizada en los niveles primaria y secundaria, en nivel medio superior y superior, sin lugar a dudas, los resultados que arrojarían serían similares.

 Lo anterior nos lleva a tener que aceptar que en nuestro país se ha equivocado totalmente el rumbo en materia educativa, y esto a la vez a entender que la mayoría de los métodos de enseñanza-aprendizaje y administración de las instituciones (públicas y privadas) no son los correctos.

Bajo esta base, parece que ha llegado el momento y la oportunidad de que Yucatán sea considerado como vanguardista y pionero de este cambio o revolución educativa, sentando las bases para el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones de nivel superior y por ende, de la formación integral de profesionistas que logren el máximo desarrollo de sus habilidades y valores morales, herramientas que les permitirán servir y enorgullecer a nuestra entidad y a nuestro país.

La filosofía en la cuál radica este cambio, se establece en la Teoría de Howard Gardner, neuropsicólogo estadounidense de origen judío, quién en 1996 formuló su libro titulado “las ocho inteligencias”, en el cuál plantea que -la inteligencia ya no puede seguir percibiéndose como una medida unitaria arrojada por el I.Q.

 (coeficiente intelectual), si no como una variedad de habilidades o potencialidades que el individuo tiene que desarrollar durante su proceso de aprendizaje. 

Con esta nueva percepción de la inteligencia humana se responde a la cuestión sobre cómo diversos personajes, en diferentes medios: artístico, deportivo, negocios, artes, ciencias, etc., alcanzan el éxito aprovechando sus habilidades, pese a que poseían un coeficiente intelectual que muchas veces no superó la media.

 La razón es que el I.Q. sólo mide un tipo de inteligencia, la lógico-matemática, y no las otras siete que el hombre posee: cinestésico-corporal, espacial, interpersonal, intrapersonal, musical, lingüística-verbal y naturalista.

El ser humano posee cada una de ellas y depende de las instituciones educativas, y del perfil académico de sus egresados, el grado de desarrollo que el futuro profesionista deberá adquirir en su formación.

La fundamentación de esta propuesta radica también en el enfoque moderno de la Administración Científica, el cuál debe ser aplicado en las instituciones de enseñanza, principalmente para combatir la creencia de que los aspectos administrativos ( llámese papeleos, trámites, elaboración de documentos, programas académicos, control escolar) implican el uso efectivo del proceso administrativo (planeación, organización, integración de personal, dirección y control).

El principio que nos compete es el que establece la interrelación entre las funciones de planeación y control, que son el principio y el final de todo el proceso: para que la planeación sea efectiva deberán establecerse los mecanismos adecuados para medir (control) el grado de avance de los planes, para así poder corregir desviaciones o replantear nuestras metas (reingeniería).

No podemos pasar por alto que el profesionista de hoy, además de una formación integral requiere de ciertas habilidades especiales a desarrollar, tales como el aprendizaje de otra lengua, el uso de la tecnología, la transmisión de ideas, el estudio y apreciación de otras culturas, la autocrítica, el diagnóstico, la flexibilidad laboral y un liderazgo visionario.

Como comenta el maestro Fernando Arias Galicia, en su obra “Administración de Recursos Humanos para el Alto Desempeño”, corresponde a las instituciones educativas el adecuar sus planes de estudio para que el alumno adquiera tal formación, y a las autoridades educativas el control de la calidad de la enseñanza en estas instituciones.

Sin olvidarnos del objetivo básico de esta propuesta, que es el mejoramiento de la calidad en la enseñanza de nivel superior, cabe hacer notar que las instituciones y las personas existen con una finalidad: trascender.

 La elaboración de un modelo educativo que satisfaga plenamente las demandas de nuestro entorno cambiante y globalizado, no es sólo una necesidad, si no “la maravillosa oportunidad para trascender y ser recordado”.
 
La problemática en las instituciones de educación superior debe abordarse desde tres áreas de competencia: Académica, Administrativa y Operacional.

En relación al área académica el problema primario radica en que se han descuidado los tres elementos básicos del proceso de aprendizaje: el conocimiento, el profesor y el alumno.

En cuanto al conocimiento, en la mayoría de las instituciones (sobre todo en las privadas) existentes, los planes de estudio fueron autorizados sin verificar que cumplan con el objetivo de lograr el desarrollo de las habilidades necesarias para la formación profesional del estudiante, de acuerdo a un perfil previamente establecido -además de la formación integral-, y peor aún, no son actualizados con oportunidad, por lo que quedan obsoletos con prontitud; es decir, son examinados en cuanto a requisitos de forma y no de fondo (contenido).

No es posible que el alumno adquiera una formación integral cuando los programas de estudio denotan una gran ausencia de contenido formativo en cuanto a valores, deporte, artes, desarrollo de habilidades (como el desenvolvimiento ante público por ejemplo), ética y responsabilidad social.             

Otro grave problema es que en la actualidad para ser profesor de educación superior sólo se necesitan cubrir dos requisitos: contar con título y cédula profesional.

 En pocas palabras, cualquier individuo que por necesidad económica u otro motivo quiera dedicarse a la docencia puede hacerlo. Además el profesionista que incursiona en educación superior es visto como un profesional fracasado, quién cómo última opción incursiona en esta área.

 El 90% de los actuales profesores de nivel superior toman la docencia cómo una última oportunidad para no quedarse desempleado y, en el mejor de los casos, cómo un “hobbie” o pasatiempo.

 Entonces ¿que podemos esperar con profesores de este tipo?, quiénes en “complicidad” con las autoridades y directivos utilizan las aulas para descargar frustraciones y satisfacer sus deseos reprimidos.

Aunque por otra parte, aquellos profesores que tienen en la educación su vocación, que rinden un cien por ciento, se preocupan por el alumno, que preparan sus cátedras a conciencia, son vistos cómo “un peligro” (por aquello de despertar conciencias y por ende motivar al alumno a exigir sus derechos) en la mayoría de las instituciones que han hecho de la educación superior un negocio redondo.

En el gobierno anterior se otorgaron autorizaciones y permisos por doquier para impartir educación superior , la mayoría de las veces a institutos que carecen de instalaciones y personal calificado para ofrecerla, bajo el supuesto de que, al crear más escuelas, estas ayudarían al gobierno a satisfacer la demanda en este nivel .

El actual gobierno parecía decidido a enderezar el rumbo, sin embargo, se enfocó únicamente a la verificación algunos aspectos (como instalaciones) y la proliferación de instituciones continúa, sin aún controlar si las existentes cumplen con los requisitos en capital humano (docente y administrativo).

Lo peor es que quienes obtuvieron estos permisos, son amigos cercanos al anterior régimen y por ende, saturaron su planta docente con “amigos de partido”, constituyendo en estas escuelas bastiones potenciales de un régimen en decadencia, donde con asombro, los alumnos son preparados y adoctrinados (por parte de los pseudoprofesores) en el conocimiento de todas las artimañas, formas de infringir la ley y modelos de corruptelas, característicos del período de gobierno anterior.

Esto bajo la complacencia de las autoridades y supervisores que se “hicieron de la vista gorda”, recibiendo prebendas a cambio.

 Actualmente, si bien es cierto que no se escucha hablar de corrupción, también es verdad que el influyentismo sigue haciendo de las suyas en los procesos de selección y autorización de permisos.

El sistema utilizado en la educación privada ha permitido que varios “benefactores de la sociedad” –así dicen las autoridades de quienes invierten en educación- hayan amasado enormes fortunas aprovechando las bondades de nuestro sistema tributario (no pagan muchos impuestos), lagunas en la ley federal de trabajo (no otorgan seguro social a sus trabajadores) y cobrando colegiaturas “módicas” (entre 800 y 2000 pesos mensuales) al alumnado, además de incorporaciones, exámenes (especiales, ordinarios, bimestrales y extraordinarios), inscripción, mantenimiento, constancias, boletas, credenciales, etc. , mientras que por otra parte a los catedráticos los contratan a través de regímenes fiscales (asimilados a salarios, honorarios, socios, asociados y demás inventos) por unos cuantos pesos (de 40 a 70 la hora) sin las menores prestaciones.

 No se necesita ser un experto matemático o contador para hacer cuentas de este escandaloso negocio.

Pero lo más preocupante es que en este caudal de errores se ha perdido de vista al elemento básico del proceso de aprendizaje: el alumno, en quién debería recaer la mayor parte de la responsabilidad de este proceso, ya que es -o por lo menos debería serlo- el más beneficiado por consecuencia.

No es posible que para lograr sus objetivos tenga que enfrentar una interminable serie de problemas en nuestras instituciones (aulas en malas condiciones, la falta de laboratorios o talleres, ineptitud de los profesores, burocracia, carencia de espacios deportivos, y hasta sufrir acoso sexual), las cuáles, en múltiples ocasiones, se convierten en causantes directas de la pérdida o desperdicio del potencial enorme de un alumno, en vez de asumir su papel como facilitadoras del aprendizaje.

Si realmente queremos mejorar, las autoridades educativas están obligadas a propiciar un mayor contacto con el alumno, y a verlo como un cliente, cuyas necesidades hay que satisfacer, y para lograrlo -cómo cualquier individuo con las más elementales nociones de Mercadotecnia propondría- necesitan obtener información directa de él.

Los tres puntos revisados anteriormente también son de la competencia de la ciencia de la Administración, y en este ámbito cabe señalar que la función de Control es el eslabón débil de la cadena, pues aunque la planeación se realiza, se crean estructuras organizacionales, se integra al personal y se ejecutan los programas, ¿todo esto se controla adecuadamente?.

 Las escuelas de nivel superior ¿son sujetas a un proceso de verificación? . Hasta la fecha no se sabe de alguna institución educativa de nivel superior a la que se le haya retirado el permiso por no cumplir con los requisitos básicos para su funcionamiento; ¿o acaso todas son un modelo a seguir? ¿sin errores?; algo sumamente difícil de creer

.Es ahí donde entramos al último punto del análisis: el ámbito operacional.
 
El control que las autoridades educativas han ejercido hasta ahora se basa en un 95% en la revisión de documentos y aspectos puramente administrativos. Paquetes de inicio de cursos, documentación de catedráticos, programas de estudio, planes anuales de actividades, etc.

Y en dónde queda el funcionamiento? Es decir, la operatividad de las instituciones: el vigilar que los planes y programas efectivamente se desarrollen, que los docentes estén capacitados y preparados para dar su cátedra, para elaborar un examen, que tengan las habilidades requeridas para poder estar frente a un grupo, eliminando esa errónea idea de que “cualquiera lo hace”.

Habría que verificar si las escuelas cuentan físicamente con las instalaciones que dicen tener, si realmente promueven la educación con valores, si hacen deporte, si realizan actividades extraescolares, si realizan investigación, si los catedráticos están bajo un proceso de actualización contínuo, si invierten en tecnología, y sobre todo ¿cuál es el estado actual del capital humano de estas instituciones?.

El salario percibido por un docente en educación superior es proporcional y realmente menor al de un maestro de educación básica. Ya mencionamos anteriormente que casi no hay prestaciones en la educación superior privada y cuando las hay, el salario es ínfimo (entre 40 o 45 pesos la hora).

El profesor -explotado inmisericordemente ante la complacencia de las autoridades- no está en posición para rendir, por mucho, lo que se podría esperar de él . 

Ante este panorama, no es concebible una buena educación superior si no se contemplan soluciones para todos los problemas anteriores.

Con aproximadamente 65 escuelas de nivel superior en el estado, ¿es esta una tarea titánica?, ¿difícil de realizar?, o que acaso requiere de mucho personal. Ninguna de las anteriores parece una buena justificación al respecto. Hay mucho por hacer. Y eso que Yucatán es considerado uno de lo estados del país con mayor riqueza educativa
 
Pero todo lo expuesto anteriormente no sería de utilidad si no se aportaran las estrategias de solución para cada uno de los problemas señalados, las cuales, para finalizar dejo a su inteligente consideración.
 
1)   Diseñar un sistema de calificación y evaluación de las instituciones educativas de nivel superior, las cuáles deberán de reunir una puntuación mínima para mantener su registro tomando en cuenta diferentes aspectos cómo:

2)  Realizar consultas directas (encuestas) mediante técnicas de muestreo a los alumnos de dichas instituciones para evaluar la calidad del servicio recibido, por lo menos una vez al año, utilizando para ello a alumnos de las escuelas de Mercadotecnia incorporadas que deseen realizar su servicio social.

3)  Realizar una evaluación del desempeño a los docentes ya autorizados, la cuál deberá hacerse bajo parámetros e información obtenida directamente de los alumnos y autoridades académicas de la institución y deberá repetirse por lo menos cada tres años, y no ser únicamente un exámen de conocimientos. Además de la homologación de un salario digno en función de las colegiaturas que se cobran en educación privada.

4)  Diseñar e impartir un curso preparatorio (obligatorio) para aquellos profesionistas que deseen incursionar en docencia.

5) Transformar los programas de estudio y métodos de enseñanza de tal manera que hagan al alumno responsable directo de su aprendizaje y no al profesor, con cátedras que fomenten un mayor grado de participación de ellos y para eso:

6) Hacer de carácter obligatorio la creación en cada institución, de un Comité de Planeación para la revisión periódica (anual) de los planes y programas de estudio cuya reunión deberá presidir un representante del gobierno. que dependerá de una Comisión Revisora creada ex profeso.

7)  Fomentar el desarrollo de la investigación científica por medio de la creación de un Foro Anual o Congreso, en el cuál se mostraran los avances de cada institución y que otorgará puntos para las instituciones participantes.

8) Hacer obligatoria en el nivel superior la promoción deportiva y cultural, dadas sus funciones de carácter integrador y formativo.

9)  Cambiar radicalmente los métodos de evaluación tradicionales (exámenes ) que no permiten al alumno desarrollar sus habilidades de razonamiento, diagnóstico y solución de problemas, por otros que sí lo hagan.

10)  Profesionalizar a las instancias del gobierno a través de la contratación de personal que desarrolle funciones administrativas de control y auditoría externa, o capacitando en esas áreas al personal existente.

11)  Crear una estructura organizacional que brinde a la educación superior un mayor grado de independencia de la educación básica, controlada por profesionistas expertos no sólo en docencia, sino en las áreas de influencia como pueden ser: Ciencias de la salud, Ciencias sociales, Ciencias económico-administrativas, Ingeniería, Ciencias de la Información, etc.

12) Homologar y vigilar los procesos de titulación de las escuelas incorporadas, de tal manera que cumplan con su cometido, y no sólo sean motivo de lucro.

13)  Crear una comisión para la aprobación de nuevas escuelas, en base a un nuevo perfil de requisitos que satisfagan las demandas actuales en educación superior
 
Mérida, Yucatán, México, Noviembre de 2004
 
Esperando que estas aportaciones sean de utilidad para el mejoramiento de la educación en el estado.
   
LAE Lucía Pérez Cervera y LAE Antonio Aranda Correa
 

 

LAE Lucía Pérez Cervera y  LAE Antonio Aranda Correa ESTUDIANTES DEL CUARTO SEMESTRE DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA . consultoarrobaprodigy.net.mx