El hambre en el mundo está mucho más relacionada con las políticas
comerciales, la escasez de recursos económicos y el colapso del Estado,
que con el fracaso en las cosechas obtenidas en regiones eminentemente
agrícolas. Las hambrunas no están determinadas por la escasez global,
sino por falta de acceso a los alimentos. Cuestiones macro-económicas
quitan lugar a problemas en la producción local.
El término Seguridad Alimentaria ha sido utilizado en diferentes
sentidos a lo largo del tiempo. En los años setenta la atención mundial
se enfocaba fundamentalmente en la oferta y almacenamiento de alimentos.
Durante la Conferencia Mundial Alimentaria de 1974 se contemplaba la
oferta alimentaria global como factor esencial para responder a la
escasa disponibilidad de alimentos en algunas regiones de Africa y otros
países con problema de hambrunas.
En los años ochenta resultó evidente que la oferta no bastaba por sí
sola para asegurar el acceso de la población a los alimentos. Quedó
demostrado que las hambrunas ocurren si que exista déficit de alimentos
a nivel mundial, y que el acceso a los alimentos depende de los ingresos
y derechos que individuos y familias puedan tener en el entorno social e
institucional donde se desarrollan.
A comienzos de los años noventa se incorporó el término Seguridad
Nutricional, considerando que las condiciones de desnutrición no
obedecen únicamente al escaso consumo de alimentos, sino también a las
condiciones de salud en la población. Es decir, deficientes condiciones
sanitarias propician infecciones y diarreas que impiden la ingesta y
aprovechamiento de los alimentos, lo cual se suma a la inadecuada
distribución global de los mismos.
Durante muchos años el concepto básico de Seguridad Alimentaria
consistió en controlar las fuentes de alimentos dentro de una visión
mundial centrada en el conflicto bélico. La preocupación inmediata se
centraba en el abastecimiento de alimentos durante la guerra. En efecto,
las políticas agroalimentarias durante la Guerra Fría, fueron concebidas
en términos de autosuficiencia nacional en materia de alimentos,
mediante la protección económica al sector agropecuario. La cuestión
fundamental radicaba en no depender de las importaciones para cubrir las
necesidades alimenticias. Según ésta visión hay que producir localmente
todos los alimentos que requiere un determinado país, lo cual no
significa que un sector agrario nacional pueda persistir sin divisas de
otros sectores para financiar la producción agropecuaria.
Un sector agrario exportador puede verse en necesidad de importar
alimentos que no produce, pero goza de autosuficiencia económica
sectorial cuando el dinero recibido por las exportaciones alcanza para
solventar los costos de producción y la importación de alimentos. La
promoción de la autosuficiencia alimentaria se basa en la idea
subyacente de que depender del exterior es peligroso porque en cualquier
momento puede haber problemas en los países exportadores de alimentos,
desde un bloqueo en los medios de transporte, hasta un colapso del
mercado en caso de guerra, lo cual provocaría escasez de alimentos, e
inesperado incremento en el precio de los mismos.
Lo cierto es que un esquema que descansa en la autosuficiencia
alimentaria total, enfrenta fuertes problemas, pues en ocasiones una
parte de la producción nacional resulta más costosa que la importada, y
generalmente el sector agrario requiere de maquinaria, equipo,
tecnología y materias primas importadas, lo que genera gasto en divisas,
que se acentúa entre más se expande el mercado interno. La producción
local no deja de ser insegura por estar expuesta a sequías, inundaciones
y contingencias, mientras que la producción mundial de alimentos es más
estable que cualquiera de los sectores agropecuarios que la integran.
Para algunos, el propio concepto de autosuficiencia alimentaria deja de
tener sentido cuando las economías se abren y permiten el comercio
internacional. De éste modo, las exportaciones de un sector podrían
cubrir las importaciones de otro sector dentro del contexto
macroeconómico abierto, lo cual haría menos probables las situaciones de
emergencia. El déficit inesperado en la producción nacional agropecuaria
de un determinado sector, puede compensarse aumentando la importación de
alimentos en el mediano plazo, pero en el largo plazo, un incremento
sostenido de las importaciones debe compensarse con incrementos
similares en las exportaciones agrarias y de otros sectores.
El riesgo de una crisis alimentaria nacional puede presentarse debido a
una fuerte disminución en la producción agropecuaria de los países
exportadores de alimentos. Un constante aumento en los precios del
petróleo haría más costosa la producción y transporte de los alimentos,
lo cual limitaría la disponibilidad y el acceso. Veríamos escasez de
alimentos en caso cambien las políticas comerciales en Estados Unidos
donde mantienen existencias de alimentos para situaciones de emergencia.
El concepto Seguridad Alimentaria no se coloca en las circunstancias
actuales, sino en la posibilidad de que se presenten situaciones futuras
y se ha ido alejando de la noción de autosuficiencia para desempeñar
importante papel en el comercio internacional, donde el régimen
cambiario liberalizado y flujos financieros internacionales benefician a
las grandes empresas. Los exportadores que mantienen grandes excedentes
de alimentos para vender en México, tienen su atención enfocada en la
demanda que proviene de la insuficiencia en la producción nacional.
Según FAO la tendencia global en la producción de alimentos ha crecido
más rápidamente que la población mundial, por lo que cada vez es menor
el sector de población que se dedica directamente a la producción
agropecuaria. Lo cierto es que las estadísticas no resultan del todo
exactas, y enmascaran desequilibrios mundiales, en algunos casos
sumamente graves. Evidentemente la producción agropecuaria no es igual
en todo el mundo. Algunos sectores agropecuarios en México
particularmente, se paralizan frente a las importaciones de alimentos, y
no por razón de excedentes en la producción local. Es bien sabido que
cada día hay menos mexicanos dedicados a la producción de alimentos,
pero no por exceso en la producción nacional, sino por el abandono en
que se encuentra desde hace décadas el campo mexicano.
El concepto Seguridad Alimentaria encuentra uno de sus límites en la
creciente urbanización, porque el acceso a los alimentos en las ciudades
no depende de poder producirlos, sino del precio de los mismos. La
defensa de un libre mercado internacional de alimentos, forma parte del
discurso oficial externo que pronuncian los grandes actores en el área
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
pero los planteamientos distan de ser aplicados en muchos sectores
agrarios de países que los pregonan. Habrá que contrarrestar el doble
mensaje de los países desarrollados que, por un lado mencionan las
ventajas de una economía abierta, y por otro sus políticas comerciales
no permiten el desarrollo ni la incorporación de los países en vías de
desarrollo.
Nuevas formas de protección agraria están siendo aplicadas en países
ricos, algunas de ellas distorsionan el mercado y afectan a los países
en desarrollo que comparten la necesidad de crear oportunidades en el
mercado internacional de productos agrarios. La FAO en su análisis del
año 2002 indica que la balanza comercial agropecuaria de los países en
desarrollo ha ido empeorando, desde un superávit récord de 17 mil
millones de dólares en 1977, a un déficit neto de 6 mil millones de
dólares en 1996. El mismo informe señala que a pesar de las reformas
internacionales para intercambio agroalimentario, las importaciones
netas de cereales en países menos desarrollados aumentaron a 100
millones de toneladas entre 1997 y 1999, e indica que ésta cantidad
podría aumentar hasta 190 millones de toneladas para el año 2015, y a
265 millones de toneladas netas de cereales para el año 2030.
Esta evolución en la importación de cereales tendría una connotación
positiva si pudiera reflejar mejoría en los niveles de ingreso
poblacional, pero sabemos que existe un número alarmante de personas
desnutridas en los países menos desarrollados, cuyo problema básico
radica en superar la pobreza para adquirir capacidad y estabilidad en el
acceso a los alimentos. Las importación de alimentos en gran escala,
provenientes de países con medios para subvencionar fuertemente su
producción agraria, socavan las posibilidades de muchos países en
desarrollo que desean fomentar su producción interna para satisfacer
parte de la creciente demanda. Además, subsiste incertidumbre sobre la
capacidad de los países en desarrollo para continuar obteniendo divisas
suficientes que permitan sostener en el largo plazo, las importaciones
de alimentos subsidiados provenientes de países desarrollados.
Para obtener divisas se requiere de una base exportadora diversificada
que, por un lado depende de las políticas domésticas, y por otro de la
existencia de un mercado internacional amplio y estable. Sin mercado
internacional las oportunidades para los países en desarrollo quedan
restringidas.
Sabemos que un sistema de reglas resulta esencial para que el libre
comercio internacional funcione y pueda ser administrado, pero hemos
visto que el conjunto de reglas actuales no evita el doble mensaje al
que aludimos previamente en relación con el proteccionismo en los países
desarrollados. Evitar el doble mensaje parece estar fuera de alcance en
la agenda de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En México, los funcionarios más optimistas vieron en el Acuerdo sobre
Agricultura un proceso que a mediano plazo conllevaría reformas
sustanciales en la política agraria que permitirían vincular mercados
domésticos con internacionales. En la Agenda para el Desarrollo de Doha,
las negociaciones se exhibían como momento oportuno para hacer reformas
sustanciales al Acuerdo sobre Agricultura, pero fue evidente la
resistencia a las reformas por parte de países que otorgan mayor
protección a sus sectores agrarios. Incluso algunas negociaciones
comerciales multilaterales actuaron como factor de restricción en la
autonomía de los países menos desarrollados, y las formas de actuación
pública dejaron escaso margen de idoneidad a los sectores no se
identifican con el libre comercio. La liberalización comercial no
debiera aparecer como un fin en sí mismo, sino como resultado de
negociaciones guiadas por el principio de reciprocidad.
Alejandro De la Vega Lozano. - jdelavegalarrobahotmail.com
Ciudad de México.
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