Entregar, obsequiar y ceder, es una actitud que insisten en adoptar
algunos sectores, en posiciones desde el gobierno federal hasta
parlamentarias, como si fuera el camino idóneo para abrir las puertas
del futuro, no las de la nación, sino las suyas, las de las agendas
personales y, particulares, en busca del poder presidencial y las
posiciones adyacentes al poder.
No pueden ir en contra de los mandatos de la modernización económica,
argumentar que como si mantener la rectoría económica en manos del
estado mexicano fuera una voz extemporánea, un llamado a renovarse por
los propios imperativos de la globalización y la marcha del tiempo.
No pueden frenar el saneamiento financiero de las empresas públicas del
ramo ni mucho menos poner en riesgo el suministro de los energéticos a
las empresas y a las familias durante las próximas décadas, como si la
eficacia y la competitividad de la industria fueran consecuencia natural
e inevitable del cambio de propiedades.
Como si propiedad privada fuera sinónimo de rendimientos a la alza y la
propiedad pública equivalente a rendimientos decrecientes.
Pero sobre todo, como si fuera en la historia reciente de México la
vía para afirmar la soberanía nacional e impulsar el desarrollo de
nuestro país.
La privatización de la banca, los ferrocarriles y las carreteras, con
sus subsidios y rescates, nada les dice a quienes están obstinados en
entregar el capital trasnacional los escasos espacios y recursos de la
nación.
Los pocos que quedan luego de la larga noche del neoliberalismo
tecnocrático, cuyas sombras se niegan a disiparse.
Nada les dice tampoco a estos de la reforma privatizadora la experiencia
internacional inmediata y sus saldos desastrosos.
En California la venta de la industria eléctrica significó el repunte de los precios en 200% y en Argentina se tradujo en la quiebra del sector y, en su medida, en el desplome de la economía nacional.
No ganó ahí el interés público, el de los consumidores e
industriales, las empresas y, el de los residenciales, los hogares.
Ahí les quedó claro a los destinatarios del servicio que la
desincorporación de las empresas públicas que administraban la energía
no fue la panacea para ellos y su familia y tampoco para el sector
productivo.
La productividad no se elevó y las tarifas no descendieron.
Pero no se quiere experimentar en cabeza ajena ni en la propia.
De nada valen los referentes empíricos del mundo y de casa. Vale más
estar bien con unas decenas del grupo del poder y un puñado de hombres
de empresa que defender el interés de 100 millones de mexicanos, los de
hoy y los de generaciones del mañana.
En todo caso que la nación, en un debate amplio y abierto, no las
cúpulas de los partidos y del gobierno, sea quien defina la suerte de
los energéticos y el rumbo del país.
Los mexicanos, los verdaderos nacionalistas ya no debemos permitir un
despojo más, ya no más entregas del patrimonio colectivo de los
mexicanos.
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