OBRAR DE BUENA FE

Autor: Carlos Barneda

ECONOMÍA PÚBLICA

03 / 2004  

Desde que tengo uso de conciencia recuerdo haber sido educado en el respeto de principios básicos de convivencia entre los que se cuenta “el obrar de buena fe”. El sentido común me indica que el mismo encierra un contenido moral orientado hacia la lealtad, hacia la generación de confianza en el otro.

El crédito es también una cuestión de confianza. Entre sus principios básicos de análisis se encuentra el carácter.

 Ello no es otra cosa que el estudio de la trayectoria de pagos del deudor, cuestión que tiene que ver con su integridad, su solvencia moral, su capacidad de honrar. Un banco no prestaría dinero si esa cualidad no existiera en el deudor.

Asimismo, se verificará la capacidad de pago (cash flow libre), condiciones para el cumplimiento, fortaleza de capital y calidad de las garantías ofrecidas.
 
Cabe preguntarse entonces porqué el FMI y el G-7 nos piden obrar de buena fe. Básicamente porque hemos roto esa premisa básica: la confianza.
 
El primer paso dado en relación a tal ruptura ha sido el establecimiento del “default”, ello es “el no pago de la deuda”, lo cual constituye una decisión unilateral  en respuesta a una deuda que por otra parte, no es un imposición de acreedores, sino la consecuencia de una decisión, de una voluntad expresada en forma libre por un gobierno para financiar gastos o inversiones de orden público.
 
Dicha deuda tampoco supone que un país democrático haya concurrido al mercado de la usura para hacerse de la misma sino a mercados de capitales donde los prestadores se encuentran conformados tanto por países como por organismos internacionales, tomadores institucionales e inversionistas privados.

Todos ellos suponen haber prestado a la República Argentina, un país, hasta ese momento, con una adecuada trayectoria de pagos.
 
Tampoco cabe pensar que las tasas pactadas hayan respondido al concepto de usura sino más bien al concepto de riesgo país transparentado a través del uso de diversos indicadores que colocaban al país en un determinado nivel de riesgo.
 
El segundo paso ha sido dado el año pasado en Dubai donde Argentina presentó una propuesta de negociación basada en una quita de capital del 75 %, lo cual generó desconfianza por:

la magnitud de la quita.
la inexistencia de fundamentos del porcentaje ofrecido.
la falta de aclaración respecto de las deudas garantizadas incluidas en el paquete.
la indefinición del tratamiento de los intereses vencidos desde el default.
 
El tercer paso se ha dado al adoptar una postura de dureza extrema para la negociación en el sentido que pese a recibir un rechazo absoluto a la propuesta de Dubai, nuestros negociadores se han mantenido indiferentes sosteniendo la ofrecida quita, sin siquiera explorar otras salidas relacionadas con plazo, tasas de interés, amortización, premios o garantías ofrecidas.
 
Ello ha dado lugar a dos consecuencias:

Diez bancos presentados a la licitación del gobierno para sindicar la reestructuración de la deuda pública han retirado su oferta.
Un juez, en Maryland (USA), dió lugar a embargos contra bienes pertenecientes al Estado Argentino en respuesta a demandas entabladas en ese fuero.
 
Ambas cuestiones, que si bien no tendrán consecuencias ni inmediatas ni de orden práctico, constituyen cuestiones de principios y colocan a la Argentina en una posición de mayor debilidad relativa: menor capacidad de negociación y amenaza patrimonial.
 
El costo del dinero no sólo retribuye el riesgo asumido sino también compensa al acreedor por no disponer del dinero durante el plazo del préstamo. Los pasos enumerados representan, ante todo tiempo, transcurrido.

 Ello, en finanzas, implica dinero devengado (no se ha parado el contador de intereses)
 
Este comportamiento, unido a: 

declaraciones indebidas (“no pagaremos la deuda a costilla del hambre del pueblo”) como si los acreedores fueran culpables de dicha hambre y no las malas políticas aplicadas.

frases desubicadas del contexto como  no diferenciar a inversores de apostadores de casinos.

confundir la deuda del País con la deuda tomada por anteriores gobiernos como si la deuda fuera de otros y no producto legítimo de actos de gobiernos representativos.  
no haber congelado el gasto público como primera medida orientada a generar una capacidad adicional de repago, incluso más allá del superávit fiscal proyectado.

no hacer una reestructuración del gasto público orientándolo eficientemente a las necesidades más urgentes, tal como generar un sistema de seguros de desempleo, medicina social,  y sistema previsional más justos, sin dejar de considerar el gasto político.

Colocar como premisa principal la generación de estabilidad jurídica, cuestión esencial para recuperar la confianza perdida. (pesificación de los contratos, atropello a la ley de tangibilidad de los depósitos, retroactividad de leyes fiscales, etc.).
 
Es por ello que estamos deshonrando nuestro crédito externo e interno. Estamos mancillando nuestro carácter. Estamos perdiendo la confianza. Estamos aislándonos. Y este aislamiento condiciona nuestro futuro de crecimiento.

Es la inversión la que no se deja ver por temor y desconfianza. Sin ella es imposible el crecimiento real y genuino. Por eso debemos “obrar de buena fe”, de manera tal que lo que se beneficie no sea intereses particulares sino el bienestar general.
 

 

Carlos Barneda

Licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Rosario; Consultor de Empresas y Bancos especializado en temas de Riesgo. Profesor de los postgrados de Finanzas en Universidad de Belgrano en las cátedras de Evaluación del Riesgo de Crédito y Evaluación de Proyectos de Inversión.  Ex Vicepresidente de Riesgos PYME en Citibank

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