El holocausto colombiano. Un croquis para reflexionar

Autor: Nicolás Zea

ECONOMÍA POLÍTICA

05 / 2004  

"La verdad es la acción de eliminar engaños" (Erich Fromm) En Colombia, la situación es tan grave, que la realidad supera cualquier ficción. Llegar hasta este punto no ha sido gratuito, ni caprichoso. Se gestaron una cantidad de circunstancias, en las que las causas y los efectos se han mezclado como un remolino sin fin. 

Desde la conquista de América se han vivido varias épocas de violencia. La conquista misma ha sido una de ellas, seguida por la Inquisición, las rebeliones de esclavos y la lucha por la Independencia. 

Esta continuó en los tiempos de la Republica con “La guerra de los mil días” y luego con la denominada “Época de la violencia”, desatada en 1.948 tras el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, la cual se suponía, acabo en el “Frente Nacional” en 1.958.

Durante esta época, la guerra fue particularmente cruel y sangrienta. Fue una guerra civil, en la que se enfrentaron los partidos políticos oficialistas Liberal y Conservador; los primeros, partidarios del candidato presidencial asesinado y los últimos, miembros del partido gobernante.

 Esta confrontación se caracterizo por la realización de masacres, emboscadas, linchamientos y asesinatos selectivos. 

No hubo familia en la que no se hablara de como alguno de sus miembros, vecinos o conocidos fuera asesinado, descuartizado, mutilado o despellejado estando vivo.
Como es de suponerse, el rencor y el odio engendrados con estos actos, no fueron borrados por los acuerdos de paz.

Nunca hubo un juicio por crímenes de guerra.

Muchos de los lideres de estas operaciones de exterminio se convirtieron en los pilares de una nueva sociedad, pues también se apropiaron de los bienes de sus victimas, creándose una nueva oligarquía de posguerra, principalmente en los pueblos y provincias donde se constituyeron como los nuevos terratenientes, mientras otros asumieron cargos como alcaldes, gobernadores, jueces, notarios, etc. 

Lo que hizo el “Frente Nacional” entre 1.958 y 1.974 fue alternar el poder cada cuatro años entre los dos partidos políticos oficialistas, quedando la democracia reducida a la elección directa del presidente entre una baraja de candidatos del mismo partido en turno.

A los gobernadores los nombraba el presidente y estos a su vez nombraban a los alcaldes, estos a los jueces, notarios, etc.

Colombia fue un país, donde el genocidio, no solo, no se castigó, si no que se premió. 

Estas injusticias hicieron que un sector de los alzados en armas del partido liberal no formaran parte de los acuerdos de paz, convirtiéndose en una tercera fuerza disidente liderada por Guadalupe Salcedo, quien después de muchas negociaciones y promesas, aceptó desarmarse junto a sus treinta mil hombres, para luego ser asesinado en la capital con sus compañeros más cercanos, en un acto del que se culpó a la alianza Liberal-Conservadora montada en el gobierno.

Por ese entonces surgió un pequeño grupo de campesinos que se unieron para luchar por la recuperación de sus tierras, una reforma agraria, la defensa y el reconocimiento de sus derechos y el desarrollo del campo, constituyéndose como unas autodefensas campesinas, lideradas desde ese entonces por el hoy guerrillero más antiguo del planeta: “Tirofijo”.

Su vacío ideológico fue fácilmente llenado a través de un largo proceso por las ideas Comunistas, aportadas por intelectuales, estudiantes y sindicalistas, convirtiéndose en lo que hoy son las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC)". 

Estas circunstancias se dieron a la sombra de “La guerra fría”, en la que los sucesivos gobiernos y el ejercito han co-gobernado a través de la figura del “Estado de Sitio”, hoy llamada “Conmoción Interior” (con algunas limitaciones desde la constitución de 1.991), alejando la posibilidad de un Golpe de Estado, aun en los momentos más críticos, al compartir el poder soterradamente, adjudicando el monopolio de la administración de justicia en el orden público al fuero militar, la que se fortaleció al amparo del proteccionismo del gobierno de los Estados Unidos, dentro de su doctrina Anticomunista, estimulada entre otras por la “Escuela de las Américas”. 

Las injusticias sociales y la falta de una verdadera democracia representativa, permitió que surgiesen nuevos y diferentes movimientos políticos clandestinos y otros grupos guerrilleros, quienes alentados por el triunfo de la revolución Cubana, vieron como única alternativa de éxito, la insurrección armada. 

Los grupos guerrilleros no fueron ajenos a los enfrentamientos coyunturales que se dieron en el ámbito mundial, convirtiéndose en fieles reflejos de estos.

 El Ejercito Popular de Liberación (EPL) contó con el respaldo de China, El Ejercito de Liberación Nacional (ELN) con el de Cuba, Las FARC con el de la Unión Soviética, etc.

Enfrentándose a veces entre ellos mismos, con algunos periodos de tregua y otros de alianzas, al mismo tiempo que se enfrentaban contra el gobierno y sus fuerzas militares. 

A pesar de que la lucha por el respeto a los derechos humanos ha sido una de sus banderas más preciadas dentro de la llamada “Moral Revolucionaria”, se cometieron muchas acciones denominadas “ajusticiamientos” de sus desertores, de los informantes (muchas veces supuestos, por delirios de guerra o por purgas políticas internas, etc.) así como también de los agentes del orden publico, responsables de causar la muerte o captura de sus compañeros de lucha. 

Por su parte, algunos miembros de la fuerza publica recurrieron a la tortura, la violación, el homicidio y la desaparición de algunos elementos capturados, algunos espontáneamente y otros participando de las políticas anticomunistas nacionales y continentales, llegando a formar parte entre otros del “Plan Cóndor”, etc.

Recibiendo el auxilio de militares y torturadores Argentinos y Chilenos dentro del territorio nacional, contribuyéndose a la corrupción de la lucha contrainsurgente.

 Todo esto ayudó a generar entre los bandos en conflicto un mutuo desgaste en la “moral” de la guerra, potenciándose la rebeldía y la crueldad de las acciones, desatando una guerra sucia, la cual ha llegado hasta los niveles hoy vistos. 

Durante el gobierno del presidente Belisario Betancourt se inicio un proceso de paz con las FARC, del cual surgió el movimiento político “Unión Patriótica” (U.P.) como un intento de desmovilización de la guerrilla para la participación en los procesos electorales, reclutando nuevos militantes y simpatizantes, muchos de los cuales no eran guerrilleros y quienes a pesar de la ruptura de las negociaciones intentaron convertirse en una opción política diferente, siendo asesinados casi en su totalidad por algunos miembros de los organismos de seguridad, por grupos de sicarios al servicio del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha y de los jefes paramilitares Fidel y Carlos Castaño, enterrando físicamente a este Partido. 

En Colombia, a pesar de los nexos de los guerrilleros con algunos grupos terroristas internacionales, el uso del terrorismo estuvo descartado hasta que fue estrenado en los años 80’s por algunas acciones aisladas del M-19, el cual fue predominantemente un grupo de guerrilla urbana con una gran influencia “Tupamará” y “Montonera”, fundado por Jaime Bateman Cayón y conformado por algunos disidentes de los otros grupos y de algunos ex-integrantes de la ANAPO, un partido político divergente de los tradicionales, fundado por el ex-dictador militar Gustavo Rojas Pinilla, quien gobernó durante parte de la “época de la violencia” siendo muy apreciado por el pueblo, y quien fuera derrotado en una segura victoria electoral por un probable fraude al final del “Frente Nacional”. 

El M-19 se caracterizó por tener una estructura más democrática que las demás organizaciones guerrilleras, con un perfil más nacionalista y populista, con una gran audacia en su accionar. Usó por primera vez los “carros bomba” contra objetivos infraestructurales durante los procesos electorales y en algunos casos recurrió al atentado directo contra algunos funcionarios del gobierno.

 Por los duros golpes sufridos en las ciudades, se convirtió en una guerrilla predominantemente rural y después de un proceso de paz consolidado durante el gobierno de Virgilio Barco, se convirtió en el partido político “Alianza Democrática” siendo un elemento muy determinante en la redacción de la nueva Constitución Política de 1.991.

 Perdió la posibilidad de ganar las elecciones presidenciales de 1.990 al ser asesinado su candidato presidencial Carlos Pizarro, su último comandante, quien según las encuestas era el seguro ganador. 

Carlos Castaño, comandante de las anticomunistas “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC), asumió su responsabilidad por el asesinato de Pizarro años más tarde. 

Otros candidatos presidenciales asesinados en Colombia fueron Luis Carlos Galán (Liberal) y Jaime Pardo Leal (de la Unión Patriótica), supuestamente por orden de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, respectivamente;

Álvaro Gómez Hurtado (Conservador), supuestamente por un convenio entre algunos miembros del Ejercito, del Gobierno y de algunos Narcotraficantes; Bernardo Jaramillo (de la UP), supuestamente por orden de Fidel Castaño.

 Durante esta época, el terrorismo fue literalmente explotado hasta su máxima expresión por Pablo Escobar, quien gracias a él obtuvo algunas victorias contra el Estado, mostrándole con ello un nuevo camino a los grupos insurgentes, quienes hoy hacen uso de él, como una de sus principales estrategias de guerra. 

La relación guerrilla-narcotráfico también tuvo un largo proceso de gestación.
Los primeros narcotraficantes Colombianos de importancia fueron los Guajiros, quienes se destacaron por su infraestructura marítima en la importación de mercancías de contrabando, a la que luego le sumaron la exportación de marihuana, con la cual obtuvieron un enorme poder económico, sentando las bases de una de las técnicas de lavado de activos más efectivas aun hoy muy utilizada.

 Mientras tanto, Colombia, se convirtió en un punto de transito para el flujo de la cocaína entre Bolivia y los Estados Unidos, a la que se le adhirieron nuevos traficantes Colombianos, quienes pronto se convirtieron en los lideres de nuevos “Carteles” más poderosos, disputándole la supremacía a los guajiros, aun en los territorios por ellos controlados, tales como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta; llegando incluso a desplazarlos fuera de ellos con algunas excepciones.

 Estos narcotraficantes inicialmente se dedicaron a establecer pistas clandestinas en los lugares más remotos posibles, donde inicialmente recargaban de combustible a los aviones en transito.

En la misma medida en que fue creciendo el negocio, establecieron laboratorios para procesar la pasta de coca en cocaína y así poder tener un mejor control en su calidad y en su homogeneidad, convirtiéndolos luego en centros de acopio, una vez que implementaron el cultivo de la materia prima. Con esto se abrió “la caja de Pandora”, pasando Colombia de ser un puente, a un procesador y luego a un país productor de Cocaína y años más tarde, de heroína. 

La gran mayoría de campesinos Colombianos, no han tenido tierra, ni acceso a los centros de salud, ni de educación, ni de transporte para sus insumos y productos. Durante décadas, los que no trabajan en tierra ajena como jornaleros en condiciones verdaderamente miserables, se internan en las selvas como colonos estableciendo “Chagras”.

 Para ellos fue muy fácil sembrar algo que no conocían y aun sabiéndolo, tampoco tenían más alternativa, pues los narcotraficantes les llevaban hasta la puerta de sus ranchos los insumos necesarios y así mismo recogían sus cosechas, las cuales les generaban más ingresos que los cultivos tradicionales, a pesar de ser infamemente explotados, al percibir una ganancia irrisoria en relación con las generadas por el trafico de sus derivados.

 Al igual que las “mulas” (personas que se prestan para transportar narcóticos en sus cuerpos o en sus equipajes) se les ha perseguido y castigado con penas que triplican la mayoría de las que han recibido los grandes “capos”, quienes no solamente han percibido millones de dólares por su negocio, si no que además han sido los autores intelectuales y materiales del homicidio de miles de personas, los cuales han quedado en su gran mayoría en la impunidad. 

Como la prioridad para la guerrilla era la defensa y el desarrollo del campesinado, no actuó contra los narcotraficantes, al considerar que estos estaban beneficiando de alguna manera a los campesinos. 

Para esa época, los narcotraficantes que enviaban sus aviones cargados con Cocaína y los regresaban vacíos, descubrieron que el negocio seria el doble si los traían cargados con armas, les vendían estas a la guerrilla o con ellas les pagaban por su protección.

 Ante estas circunstancias, surgió en algunos sectores de la izquierda Colombiana, la idea de que el narcotráfico podría ser una fenomenal arma “anti-imperialista”, capaz de enfrentar al arrogante poderío Norteamericano, con un equivalente, a la inversa, de la “Guerra del Opio”, cumpliendo con los axiomas de que “el enemigo de su enemigo podía ser su amigo” y de que “el fin justifica los medios”. 

Nunca se les ocurrió pensar que esta seria la mejor puerta de entrada para el intervensionismo internacional, con justificadas razones y con las actuales consecuencias. 

Los narcotraficantes eran muy ostentosos y pronto se convirtieron en las nuevas víctimas de la extorsión y del secuestro por parte de la delincuencia común y por algunos sectores de los grupos guerrilleros, quienes no tenían un criterio unificado respecto a estos, llamando también la atención de las fuerzas policiales de los países involucrados, por lo que pronto estuvieron acosados en medio de varios fuegos. 

Con el poder económico adquirido se podían dar el lujo de comprar el amparo de algunos políticos y agentes del orden, el de algunas células de los grupos subversivos o el de ambos al mismo tiempo, corrompiendo desde ese entonces las bases mismas del Estado como las de la revolución.

Con el crecimiento de los conflictos y el poder de los narcotraficantes, muchos de los cuales eran o terminaron siendo anticomunistas, prefirieron crear sus propios ejércitos particulares de guardaespaldas, quienes en la mayoría de los casos tuvieron muy buenas relaciones con algunos cuerpos policíacos y militares, operando conjuntamente en algunas acciones anti-extorsión y anti-secuestro, donde los organismos policiales hacían el trabajo investigativo y los pistoleros actuaban como verdugos.

Entre estos grupos se destacó el “MAS” (Muerte A Secuestradores), surgido a partir del secuestro de Marta Nieves Ochoa por parte del M-19, la cual fue liberada después de mucha presión, tras la muerte de por lo menos unas trescientas personas y una negociación en la que intermedió hasta el gobierno Cubano.

Este grupo siguió actuando un tiempo después, aniquilando a todo lo que les pareciera “rojo”, sin importar si realmente tenían una vinculación guerrillera o no, para luego desaparecer sin que se haya procesado a nadie por estos hechos.

Con este tipo de campañas, sus patrocinadores se granjearon la simpatía de algunos sectores del “Establecimiento” nacional y foráneo, creyendo que con esto comprarían la benevolencia de la justicia Colombiana y Norteamericana en el caso de que algún día fuesen procesados. 

Antes del narcotráfico, la guerrilla usaba otros recursos de financiamiento suficientemente efectivos, entre los que se contaron donaciones voluntarias, asaltos bancarios y comerciales, la extorsión y el secuestro. 

Con este ultimo llegaron a tener tan alto grado de rentabilidad, que hicieron de él una industria, olvidando que esa es una de las formas más infames de violación de los derechos humanos. 

Al interior de sus filas se justificaban con el argumento de que si el sistema tiene cárceles para sus compañeros, ellos tienen “cárceles del pueblo” para los oligarcas, de las que podrían salir pagando una “multa” por su libertad. 

El dinero obtenido se invertiría en la revolución, en el sostenimiento de sus combatientes, la adquisición de pertrechos y la financiación de nuevos operativos.
Ante el exagerado incremento de los secuestros, la forma inhumana en que han tenido a los secuestrados, el asesinato de muchos de estos, aun a pesar de haber recibido el pago por su liberación, hizo que se conformaran nuevos grupos de autodefensas, encontrando la justificación para constituirse en verdaderos ejércitos como lo son ahora las “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC), conocidos como los “paramilitares”, con miles de hombres entre sus filas, entrenados por algunos militares Colombianos y mercenarios Israelíes, Británicos, Norteamericanos e incluso Rusos; siendo apoyados por algunos miembros de los batallones del ejército y alimentando sus filas con soldados y oficiales retirados, como también con ex-guerrilleros, delincuentes comunes, etc.

 Creciendo a tal punto, que se convirtieron en una nueva fuerza desestabilizadora del Estado, pues no solamente se dedicaron a combatir a la guerrilla en su propio terreno, si no que además, adoptaron las masacres de trabajadores, indígenas y campesinos, como un arma de disuasión política, utilizando a los medios de comunicación para difundirlo espectacularmente, como parte de la “guerra psicológica”, suicidándose moralmente como alternativa para enfrentar los excesos de la guerrilla.

Muchos integrantes de estos grupos han llegado a cometer los mismos abusos que buscaban combatir en la guerrilla, como son el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, además de dedicarse a la realización de homicidios selectivos de periodistas, candidatos presidenciales, activistas de los derechos humanos, políticos, religiosos, etc.

Llegando a producir una capacidad de desestabilización tan grave como la guerrilla misma, en una tercera parte del tiempo de su existencia y lo que es peor, se han convertido en un verdadero obstáculo para una salida negociada al conflicto, incrementando la intensidad y el salvajismo de este.

Todas estas circunstancias han hecho que en Colombia se pierda el derecho a ser comunista, socialista, liberal, conservador, o de cualquier otra ideología, pues se corre el riesgo de ser automáticamente señalado de subversivo o paramilitar; olvidándose que una cosa es la expresión democrática de las ideas en un Estado de Derecho y otra es el promover el uso de la violencia, para imponer a estas.

Defender los principios políticos, promover la paz o la protección de los derechos humanos, puede significar la muerte. 

Prácticamente todos los derechos contemplados en la carta de las Naciones Unidas han sido violados, siendo por demás aberrante el reclutamiento de hombres, mujeres y niños por parte de los grupos armados, bajo la amenaza de muerte.

Practica muy común en las zonas rurales donde es más fuerte su presencia y en donde se exige a cada hogar el aporte de uno o más de sus hijos para la guerra, convirtiendo estas áreas en sus “Estados”, donde si no se está con ellos es como estar en contra de ellos. 

A esto se debe en gran parte su velocidad de crecimiento y el soporte logístico por parte de la población, quienes si no colaboran por convicción, resentimiento u oportunismo, lo hacen por la protección de sus familiares, siendo esta otra forma de secuestro. 

No olvidemos además que en Colombia el servicio militar es obligatorio. Si esta es una práctica legal del Estado, es de esperarse que también lo considere así su enemigo.

Por esta razón no es moralmente “festejable” el éxito en las operaciones de los aviones fantasmas que con visores nocturnos e infrarrojos, con tecnología usada en la invasión de Irak, matan de un solo bombazo a decenas de guerrilleros, como muy espectacularmente lo han exhibido en los noticieros, como si las bombas pudieran diferenciar entre quienes están obligados a combatir o no, entre quienes creen en sus ideales o son manipulados etc.

Lo más grave de estos bombardeos es que con ellos también se impacta a campesinos e indígenas, sin contar además con la destrucción continuada de la biodiversidad.

Esto es tan deleznable como los atentados terroristas de la guerrilla y los paramilitares, quienes llegan a extremos tan infames, como el de masacrar a combatientes, policías, militares y civiles en estado de indefensión, rematando muchas veces a los heridos, asesinando a los capturados o secuestrándolos para confinarlos en campos de concentración establecidos en la selva.

Ante estas circunstancias, es muy preocupante el que se haya prohibido a la prensa cubrir las áreas de confrontación sin autorización expresa de la Presidencia de la Republica y de sus Altos Mandos Militares, pues, desde cualquier punto de vista que se mire, el pueblo es el que más muertos está poniendo y la verdad ha sido la primer víctima en ser sacrificada. 

Otro factor que ha permitido el exagerado incremento en la “criminalización” de la sociedad, es la implacable persecución a las personas que cumplen funciones que, por su misma naturaleza, son consideradas como baluartes de la moral y la salud pública, como son los abogados, los médicos, los agentes del orden publico y de justicia, los socorristas, los periodistas, los sacerdotes y las religiosas de las diferentes comunidades, quienes ejercen su oficio en los terrenos más golpeados por los intereses del conflicto, convirtiéndose en verdaderos mártires de sus causas, salvo algunas excepciones en los que se han lucrado de alguna forma de este, han hecho apología de él, o han sido sus más fieles representantes. 

Como si no fuera suficiente con todas estas desgracias, nuestras relaciones en el plano internacional se han envilecido, principalmente en nuestra relación con los Estados Unidos, que sólo nos ven a través de la óptica de la guerra contra el “narcoterrorismo”. 

Por un lado, se han confundido los intereses de algunos ciudadanos, de algunos empresarios, de algunas instituciones, de algunas ONG’s y de algunos grupos ecologistas y religiosos, etc. Con una “infiltración imperialista” de las políticas del Departamento de Estado o como aliados de la subversión. 

En muchas ocasiones seguramente habrá sido así, gracias a la ineptitud del mismo Estado o al servilismo de algunos de sus funcionarios, quienes, en su afán de lucrarse, han favorecido estos intereses en detrimento de la nación. 

Peor aun, ha sido el que algunos agentes de los organismos de seguridad han exagerado, maquillado o hasta inventado casos, con el fin de promoverse en sus cargos, lograr recompensas, bonificaciones o un reconocimiento público por sus acciones. 

Otros incluso han llegado a crear sus propias organizaciones de narcotráfico, secuestro y sicariato o, se han asociado con estas, aprovechando su capacidad investigativa para conocer los recursos de sus victimas o han tomado fondos de programas financiados internacionalmente como “El plan Colombia”, etc.

para su propio beneficio e, incluso, hay quienes realizan operativos exclusivamente para lucrarse con los decomisos, la venta de estos o su devolución a cambio de una remuneración.

 Dándole un gran desprestigio a las instituciones y generando confusión y desconfianza entre la misma población, “justificando moralmente” para algunos su participación en alguna de las formas del delito, por lo cual este ha terminado siendo otra forma de “Subversión Social y Económica”. 

Por el otro lado, está la percepción por parte del gobierno de los Estados Unidos de que las luchas internas que se han generado contra las diferentes formas de injusticia social se pueden convertir en factores de riesgo para su propia seguridad nacional, lo cual no necesariamente es así. 

Sin embargo en esto hay un alto grado de responsabilidad de los mismos grupos al margen de la ley, quienes con sus acciones han golpeado a intereses, a instituciones y a ciudadanos norteamericanos como también de otros países, provocado desconfianza y posiciones defensivas, limitando la posibilidad de rectificación de muchas políticas que han quedado obsoletas desde el fin de la guerra fría y que hoy se han radicalizado con los atentados del 11 de septiembre.

No se puede descartar que en el interior de la fuerza pública, los grupos armados, asesores y proveedores de armas, etc. hayan elementos con intereses creados a favor de situaciones que promuevan el armamentismo, el intervensionismo y el terrorismo. 

Como consecuencia de esto, también se ha causado una gran pérdida de turistas e inversionistas internacionales, además de dársenos un trato discriminatorio y a veces aberrante, en nuestros viajes por el exterior, en la forma de presentar las noticias, etc. 

Hoy, al igual que hace cincuenta años, no hay familia en la que no se hable de cómo uno de sus miembros o conocidos ha sido asesinado, masacrado, torturado, descuartizado o desaparecido. 

Hoy también como antes, sus bienes han sido arrebatados por la guerrilla, los paramilitares, algunos agentes del Estado o los delincuentes comunes amparados en el terror que genera el conflicto. 

Es incalculable la cantidad de empresas y negocios que han sido cerrados, la cantidad de empresarios, inversionistas y capitales que han abandonado el país, haciendo que hoy Colombia tenga aproximadamente el diez por ciento de su población viviendo fuera del país; que casi tres millones de personas sean desplazadas dentro del propio territorio nacional como consecuencia directa de la violencia; *que veinticinco millones de personas, vivan con menos de dos dólares al día;

 que once millones vivan con menos de un dólar al día; que tres millones no tengan empleo; que siete millones estén subempleadas; que dos millones y medio de niños están trabajando; que un millón de campesinos no tenga tierra; que el 1,1 por ciento de los propietarios posea el 55 por ciento de la tierra en el país;

que la gente de altos ingresos gane 26,3 veces lo que ganan quienes devengan el salario mínimo o menos; que el 75 por ciento de todo el crédito comercial está prestado a 2 mil empresas o personas naturales, a pesar de que existen más de un millón de negocios informales, 12 mil fábricas formales, y 208.659 establecimientos comerciales; que los ingresos saláriales se han reducido en una quinta parte en los dos últimos años (*El Tiempo, Octubre 27 del 2002, “Colombia, un Estado lamentable”).

Aunque parezca increíble, el numero de combatientes armados, no supera a más de 30.000 guerrilleros y unos 10.000 paramilitares.

Todo esto en un País con cuarenta y dos millones de habitantes; con un territorio dos veces más grande que España o Francia; con una geografía que varía desde el desierto, hasta los picos y volcanes cubiertos con nieves perpetuas, pasando por todos los climas, con montañas, selvas y llanuras; un país con costas en los océanos Atlántico y Pacifico;

 autosuficiente en recursos hidroeléctricos y petroleros; con una cantidad de recursos naturales y humanos que podrían garantizar un desarrollo social y económico sostenible. 

Independientemente de que en el mundo seamos tratados como parias; de que ya prácticamente no existe país donde no se nos exija visa con una infinidad de requisitos y de que a pesar de estos, también se nos discrimine por nuestro origen, con lo cual además se ha “elitizado” la posibilidad de la migración y el refugio en contra-vía de los derechos contemplados en la carta de las Naciones Unidas;

 independientemente de que el país tenga hombres y mujeres que se destacan en el ámbito mundial, como el Dr. Rodolfo Llinás, miembro de la Academia de las Ciencias de Francia y quien preside el Neurolab de la NASA; independientemente de que cuente con escritores como el premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez o Álvaro Mutis; o que tenga pintores tan famosos como Fernando Botero;

 o un campeón de Formula 1, como Juan Pablo Montoya; o una periodista estrella en CNN, como Ángela Patricia Janiot; o cantantes ganadores de los premios MTV, y los Grammys Latinos, como lo son Shakira, Juanes, Carlos Vives, Kike Santander; Independientemente de que tengamos Cineastas laureados como John Leguízamo, Jorge Ali Triana, Sergio Cabrera, Patricia Cardoso, etc. 

Independientemente de todo esto, es necesario proteger los derechos de todas las personas, sin distinguir su condición social, política, religiosa o de género; es necesario que los niños se formen en una cultura diferente a la del genocidio;

 es necesario desarrollar una cultura de la paz; es necesario que el Estado pueda garantizar el sano desarrollo legal, comercial, tecnológico, político, cultural y religioso de todos sus pobladores, sin discriminación y sin que las armas y la barbarie sean su mecanismo de expresión;

 es necesario que se entienda que no todo activista político o gremial, independientemente de su orientación, es un promotor de la violencia; es necesario que el mundo entienda que la situación de Colombia no es exclusivamente de nuestra responsabilidad absoluta; es necesario que se entienda que tanto los países productores y consumidores de drogas y armas forman parte de la misma cadena de problemas y soluciones;

 es necesario que todos entendamos que en el mundo actual, no existen situaciones aisladas y que estas puedan tener consecuencias globales en mayor o menor grado; es necesario que entre todos desarrollemos la capacidad de producir soluciones a los problemas surgidos en cualquier lugar del mundo, inclusive en Colombia, pues este es el único mundo que tenemos y todos somos ciudadanos de él. 

Así como los Estados globalizan sus intereses, tienen que globalizar la búsqueda de soluciones de forma democrática y respetuosa. 

Existen muchas alternativas para lograr esto, más allá que la exclusiva represión y “unilateridad” de sus políticas. 

Los Colombianos, al igual que cualquier habitante del planeta, somos mucho más que una estadística o un gran negocio para las agencias de noticias y los proveedores de armas.
 

 

Nicolás Zea

zoocietyarrobayahoo.es   zeanikolayarrobayahoo.com  

 

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