Parece ser que la financiación de los proyectos por parte de los
estados latinoamericanos no es un problema de voluntad a secas como
generalmente se ha hecho ver. Es mas, no se trata de un problema de
financiación crediticia. Es un problema de políticas respaldadas por una
normatividad concordante con las necesidades.
La afirmación anterior no pretende ser una defensa. De hecho es una
denuncia aún peor de lo que en realidad pasa con el acceso al crédito
por parte de las llamadas pequeñas y medianas empresas ( no se diga el
gran problema de las Micro- empresas).
Hagamos un recorrido por la política de desarrollo para luego evaluar
las condiciones competitivas de las PYMES para terminar con los
problemas institucionales.
La región de América Latina pasa por un momento crítico en su historia
comercial. Por un lado, los paradigmas de la industrialización protegida
se han roto y por el otro el mercado globalizado es el nuevo escenario
donde se nos obliga a actuar.
La competitividad de las empresas está condicionada a su independencia
del estado y el mercado sanciona positiva o negativamente los
emprendimientos. Sin embargo esto no es aplicable a la región donde el
fomento de la industria nacional no puede abandonarse por unos
dictámenes externos y desviados de la realidad.
Hace poco tiempo que los estados han retomado su iniciativa de fomento
de las nuevas empresas nacionales, destinando recursos para aquellas que
se ajustan al tipo exportador. Sin embargo estas empresas presentan
problemas de financiación y de acceso al crédito que merecen un estudio
mas detallado e inversiones de gran escala para poder sobre llevar la
situación.
En primer lugar las PYMES son percibidas como entidades de alto riesgo,
por lo que los bancos prefieren desviar sus recursos a organizaciones de
mayor tamaño que puedan cumplir con sus obligaciones.
La heterogeneidad de las PYMES es un problema mayúsculo cuando tratamos
de dirigir el crédito y esto hace que los estudios de crédito sean más
costosos. Esto hace que automáticamente se reduzcan las posibilidades
que un banco se interese siquiera por adelantar este proceso de
selección con solicitudes de montos pequeño que son los que las PYMES
solicitan.
Una dificultad más está en el poco desarrollo del mercado de capitales
(capitales de riesgo) del que tanto se habla en la academia. La región
muestra una marcada tradición al financiamiento con deuda por parte de
las mismas empresas, lo que es un grave problema de democratización de
los recursos.
En gran parte de los países de América Latina aún hoy se pretenden
cubrir estas falencias en crédito y recursos con organizaciones de
fomento de segundo piso. Esta afirmación de por sí parece
contradictoria. Los bancos de segundo piso no cumplen con la verdadera
función de fomento, ya que pasan por el intermediario de primer piso y
este a su vez busca maximizar su beneficio y no brindar un servicio a la
sociedad.
Además de los anteriores existen también problemas de tipo tributario.
En lugar de adelantar exenciones para las empresas nacientes los
gobiernos no diferencian, ni brindan incentivos apropiados para estas
empresas lo que lleva al debilitamiento de la red productiva.
Parece que los banqueros del continente no mostraran agradecimiento por
el sacrificio que los estados han tenido que hacer para salvar los
sistemas financieros, sus negocios. Parece que los banqueros no
comprendieran que no solo están para exportar capitales sino para lo que
deben estar, para prestarle plata a la gente; el riesgo no es disculpa,
ese es su negocio.
Frente a esta situación tan difícil de falta de garantías por parte de
la empresa, de falta de crédito por parte del sector financiero y de
falta de políticas aplicables a nuestra realidad es preciso que exijamos
del estado y de la banca regional mayor transparencia en el manejo de
los recursos para poder acceder a ellos a costos mas razonables y que
iniciemos un desmantelamiento de las leyes obsoletas que amarran los
recursos y adoptemos en cambio leyes que utilicen las nuevas
herramientas de control para que los recursos lleguen a su destino como
inversión y no como préstamo.
En pocas palabras, si el sistema financiero prefiere seguir con las
empresas grandes debemos obligarlos por medio de mecanismos de cuotas
para que una parte llegue a las pequeñas empresas. Y si para eso deben
implementar herramientas de evaluación mas modernas que disminuyan
costos entonces se los debe obligar a hacerlo para que presten un mejor
servicio.
Si se trata de capital semilla, entonces es hora para que el plan de
negocios del que tanto se habla sea de verdad considerado como un activo
y quienes mejor para canalizar estos recursos que las llamadas
Incubadoras De Empresas.
Todo esto es posible solo si dentro de la rama legislativa de los países
se adelantan procesos serios de renovación política y normativa. Parece
que hace falta que los jóvenes tomemos la vocería en estos temas a nivel
continental y que se muestren los nuevos líderes.
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