ESTARIOLA
Autor: Alberto Félix Suertegaray
ECONOMÍA PÚBLICA
11 / 2001
Ya B. Russel preguntó: ¿Cómo podemos combinar el grado de iniciativa individual necesario para el progreso con el grado de cohesión social indispensable para sobrevivir? Y A. Hirschman completó: ¿No estamos diciendo que el desarrollo depende de la capacidad y la determinación de un país y sus ciudadanos de organizarse para el desarrollo?
Las perspectivas anti-estatales en boga hoy día, ahistóricas y
empíricamente falsas, se elaboran desde dos ángulos contradictorios. Uno
que afirma la panacea universal del mercado, y el otro un protagonismo
de la sociedad civil que se enfrenta al Estado. Tales visiones se
contradicen, por un lado, con las tendencias observadas en la opinión
pública que rechaza un tipo de Estado burocrático e ineficaz, pero que
le exige un papel activo como agente de distribución y como principio de
unidad nacional, y, por otro, con la debilidad actual de los actores
sociales.
El debate latinoamericano e internacional entorno de la reforma del
Estado ha sido alimentado por diferentes visiones ideológicas que
incluyeron en su inicio la idea de su virtual desaparición, pero que
luego han evolucionado abordando nociones como la jibarización del
aparato estatal o su descentralización administrativa; la reducción de
sus funciones para reemplazarlos por mecanismos de autorregulación - que
corresponden siempre a regulaciones desde los focos de poder en
determinados mercados; la disminución de recursos en aras de la
austeridad fiscal; la necesidad de automatización y tecnologización a
las que se define como la modernización del Estado.
Todas estas visiones abordan solo parcialidades del problema y no
piensan la reforma del Estado con una mirada integral. En los hechos,
las políticas efectivas de modernización del Estado, incluidas las tan
necesarias de atención al usuario, han sido abordadas desde distintas
ópticas, con fuertes sesgos antiestatistas y miradas cortoplacistas.
Así, se puede afirmar que en el continente a primado un proceso de
desarticulación o de reforma administrativa que traslada los criterios
de eficiencia y productividad del sector privado al ámbito público, por
sobre la idea de transformación sustantiva del Estado.
El paso de políticas asistencialistas a políticas focalizadas, opacó la
necesidad de una reforma del Estado integral que permitiera una mejor
combinación de las necesidades emergentes con una mirada de largo plazo
en que, por ejemplo, los efectos redistributivos estructurales de las
políticas sociales estuvieran garantizados. Ello, en gran parte debido a
las críticas anti-estatistas y a las resistencias e intereses que los
sectores empresarios y gremiales manifiestan sobre el tema de la reforma
del estado y, en general, sobre el peligro de aumentar el gasto público
y la aceptación de mayores cargas impositivas. Se da la paradoja
entonces de exigirle responsabilidades sociales al estado sin adecuados
medios de financiamiento, lo que redunda en una crítica a su pesadez e
ineficiencia.
Recordemos que muchas de las reformas políticas hechas bajo el sello y
la ideología de los ajustes pudieron haber tenido un cierto éxito en
resolver los problemas de corto plazo y en reinsertar la economía en el
sistema mundial transnacionalizado. También, en parte, lograron separar
la tradicional relación de subordinación de la economía a la política.
Pero ellas aumentaron enormemente las desigualdades, desarticularon los
mecanismos de protección de los sectores más débiles y de acción de los
trabajadores, aumentaron la pobreza y no lograron restablecer una nueva
relación socialmente regulada entre economía, política y sociedad.
A partir de la necesidad de paliar los negativos efectos sociales y
políticos de los ajustes, por un lado, corregir un modelo económico que
disocia crecimiento de integración social, por otro, y, finalmente, de
reconstruir los sistemas socio-políticos de carácter nacional, se ha ido
planteando una nueva visión de la reforma del Estado que intenta
apartarse de la pura visión instrumental: se trata de reponer y
articular un Estado con injerencia en la orientación del desarrollo y
con real capacidad de asignar recursos y cumplir funciones de
regulación, todo ello en el marco de nuevas relaciones con la sociedad,
especialmente con el sistema de representación y la base de constitución
de los actores sociales o, si se quiere, de la sociedad civil.
Ya B. Russel preguntó: ¿Cómo podemos combinar el grado de iniciativa
individual necesario para el progreso con el grado de cohesión social
indispensable para sobrevivir? Y A. Hirschman completó: ¿No estamos
diciendo que el desarrollo depende de la capacidad y la determinación de
un país y sus ciudadanos de organizarse para el desarrollo?
Notas, fuentes y recursos
De Política y Sociedad entre dos Épocas de M. A. Garretón, Homo
Sapiens, 2000, Rosario, Argentina
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