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La primera pregunta que se hacen los ciudadanos de nuevas
generaciones, es ¿qué es la capitalización? ¿qué significa para nuestro
país? ¿cómo contribuirá a la edificación de la Bolivia del nuevo tiempo?
Capitalización es un paradigma/respuesta a un modelo de Estado
liquidado. Surge a partir de la situación de quiebra institucional -y en
muchos casos financiera- de empresas públicas estatales, y por la
marcada incapacidad del Estado en liderar la Nación por rumbos de la
modernidad.
En ese momento, determinado no habían respuestas a la situación de
emergencia de las empresas del Estado. Si bien habían cumplido un primer
rol de integradoras y articuladoras del desarrollo territorial de la
Nación, por otro lado se relegaron a tal punto que eran cargas
insoportables para el Estado que -entrada ya la década del noventa-
recibía los ventarrones de un nuevo modelo comercial, económico,
político, social y de integración regional y subregional: la
globalización y los mecanismos impuestos por capitalismos a gran escala
que no hubieran permitido, de todos modos, la subsistencia de empresas
estatales tal y como se las conocía/concebía antes de la capitalización.
En esa nueva lógica la falta de capitales del Estado, cuyas arcas se
habían agotado prácticamente tras serios procesos no-responsables de
"modernización" y "privatización" de empresas estatales, imposibilitaba
a que sea el propio Estado el que responda a la crisis de ENDE, LAB,
ENFE, YPFB y ENTEL.
En el lado privado nacional, de igual forma, los siempre mal apoyados
empresarios no podían hacerse cargo de esas empresas estatales que si
bien es cierto prometían rentabilidad a largo plazo, exigían la
inyección inmediata de dineros frescos no sólo para rehabilitarlas y
relanzarlas como competidoras en el mercado interno, sino para hacerlas
atractivas a ojos de empresarios extranjeros interesados en inversiones
en rubros emergentes: exploración de hidrocarburos, comercio de
aeronavegación y telecomunicaciones.
Por tanto: ni el Estado ni los privados podían, en ese momento, y en un
escenario de desesperación nacional tras un manejo discrecional del
aparato estatal que ahogaba a Bolivia y la constreñía a encerrarse en un
siglo XX amargo y atrasado, dar respuestas técnico/políticas a una
realidad concreta: el aparato estatal productivo y de servicios estaba a
puertas de su propia muerte.
La capitalización surge, entonces, como el paradigma que en el siglo XXI
rescata las otrora poderosas empresas estatales nacionales y las
convierte en eficientes, eficaces y altamente competitivas empresas de
servicios al ciudadano administradas con modelos de gerencia de fuerte
liderazgo sinérgico y proactivo.
Lógicamente de no haberse puesto en marcha la capitalización y al gozar
los capitales extranjeros de suficiente racionalidad y movilidad jamás
hubieran dirigido sus inversiones a empresas estatales en condiciones
deficitarias. Ni menos invertir en empresas sin posibilidad de
rentabilidad mediata.
Para entender y aprehender el proceso de capitalización en Bolivia es
necesario, comprender el entorno social, político y particularmente
económico en el que se encontraba la República antes de la
capitalización.
La crisis del aparato productivo boliviano junto al agotamiento de su
modelo agrícola de explotación, además de la virtual quiebra del sistema
de mono-producción de minerales no competitivos para mercados
internacionales, y sin que existiera la posibilidad de diversificarlos,
configuraron un escenario con indicadores macroeconómicos en negativo.
Acorralando de esta forma cualquier iniciativa que no parta por una
profunda reforma del propio Estado.
A ello se sumó la crisis del sistema privado de producción, por la
paralización del aparato institucional estatal que fungía como principal
demandante de bienes y servicios. La reforma al Estado introducida en
1993 redujo fundamentalmente la concepción de Estado
prebendal/consumidor, dando así los primeros pasos de lo que años más
tarde -hacia fines de 1995- se consolidaría como Estado normador y
regulador.
Otro de los factores que aceleró la inserción del proceso de
capitalización como instrumento económico-político de transformación del
Estado boliviano fue la galopante globalización y especialización de la
economía, devastadores en un país sin "modelos" modernos en gerencia,
administración, gestión de las finanzas y de larga tradición burocrática
La inercia en mecanismos de integración regionales y subregionales y los
obsoletos niveles de tecnología y competencia de la información forzaron
a re/pensar la marcha de la sociedad a partir de una profunda revolución
propiciada, cabalmente, por la capitalización que permitió desechar el
modelo de Estado que desde 1952, alentaba: una política de intervención
estatal a la producción, anulando así la imaginación privada y dando pié
a una gama de "empresas" del Estado, manejadas con criterios sectarios
antes que técnicos.
Las economías a escala propiciadas por el paternalismo estatal
configuraron un cuadro situacional donde la economía se centraba
únicamente sobre la base de producción y servicios a empresas estatales,
manejadas sin criterios de rentabilidad, mucho menos de responsabilidad.
Con la -a la larga- irreal "soltura" financiera propiciada por largos
años por principales empresas del Estado que mantuvieron por décadas a
ineptos gobiernos de turno, la presión tributaria sobre la sociedad
civil decayó virtualmente a nivel "cero", dejando de lado esa fuente
principal como son los tributos para el sostenimiento del Estado,
generándose un discrecional manejo de excedentes de entidades públicas.
En ese proceso de irresponsabilidad y dilapidación de fondos, COMIBOL e
YPFB absorbieron la insolvencia de todo el aparato estatal, lo que a
llevado a una casi quiebra técnica/financiera de COMIBOL y en el atraso
en investigaciones y desarrollo de exploraciones en YPFB.
No es falso destacar un pernicioso crecimiento vegetativo de la
administración pública pero sin instrumentos de competitividad y
liderazgo.
Ante la desintegración de la otrora poderosa CBF y la inviabilidad de
las corporaciones de desarrollo en los departamentos unidos a la
polaridad social entre un claro planteamiento de retorno a las
dictaduras, y la incapacidad de los partidos en llevar adelante modelos
de Estado que respondan requerimientos ciudadanos de nuevo tiempo, surge
el proceso de capitalización como modelo-respuesta y paradigma del nuevo
Estado boliviano.
¿CAPITALIZACIÓN ES PRIVATIZACIÓN?
La capitalización se contrapone a aquellos criterios que la tildan de
privatización en razón a que el Estado, en ese momento, garantizó a las
nuevas generaciones de bolivianos/as poder contar con empresas
"estratégicas" en un porcentaje que promueva una soberanía moderna y
viable, porque la inversión en capitalización es en paquetes accionarios
compartidos entre inversores internacionales con el Estado.
La privatización es, por el contrario, un procedimiento en el que el
Estado vende sus empresas consideradas estratégicas y administre -de la
noche a la mañana- un capital gigantesco por el valor de venta de las
empresas estatales y que ese capital sea despilfarrado en gasto social
no sostenible en un lapso muy corto, produciéndose entonces un efecto
devastador para la República: deshacerse de empresas monopólicas
fundamentales (hidrocarburos, transportes, telecomunicaciones) e
inviabilizar el futuro de nuevas generaciones por falta de recursos
financieros.
En todo caso, en Bolivia se ha intentado hacer procesos de privatización
de empresas estatales, entre el periodo gubernativo 1989-1993, mismo que
no sólo ha generado profundas insatisfacciones ciudadanas, sino que se
han cubierto de un velo de corruptela repudiable.
La principal característica de la capitalización es la asociación de
esfuerzos: por un lado capitales extranjeros, frescos, y en base a
inversiones planificadas y en búsqueda de rentabilidad. Por otro lado la
sociedad civil, los propios ciudadanos que se han convertido en actores
del proceso por primera vez en la historia de la República, al ser
considerados accionistas de las empresas capitalizadas.
Hoy existen idóneos mecanismos de administración de esas acciones
manejadas por Administradoras de Fondos de Pensiones, cuya
responsabilidad es cuidar el dinero de las acciones que representa casi
1500 millones de dólares, mismos que por el efecto multiplicador de
economías de escala en servicios y productos de las capitalizadas pueda
multiplicarse, fácilmente, en un capital de 5000 millones de dólares en
los próximos seis años.
Con la capitalización el Estado no ha vendido nada. No se ha deshecho de
ninguna de sus empresas estatales estratégicas -como hubiera ocurrido en
una venta o "privatización", lo que hizo fue adquirir nuevos capitales
internacionales, conservando las empresas, incrementando sus patrimonios
y relanzándolas como empresas competitivas en sus respectivos rubros.
LA LEY DE CAPITALIZACIÓN
Varios han sido los ciudadanos que han liderado movimientos para
descalificar la Ley de Capitalización, y el proceso mismo, llegándola a
tildar de "ley maldita", cabalmente porque no comprendían que la
capitalización no significa la enajenación de empresas estatales.
La capitalización no sólo ha dado resultados en empresas sujetas al
proceso, sino que ha permitido al Estado realizar una tarea que hasta
ese momento la mantenía adormilada: la recolección de tributos, y el
ajuste de las altas cotas de evasión tributaria. Lógicamente, es un
proceso y como tal sujeto a perfección. Pero antes de la capitalización
era muy fácil para los gobiernos de turno echar mano de fondos de
empresas estatales sin siquiera fijarse el nivel de tributos que
recaudaba, habiendo generado un círculo vicioso que -como ya se analizó-
derivó en la práctica quiebra y auto-inviabilización de las empresas
estatales y a exasperantes niveles de evasión fiscal.
La ley No 1544 sancionada por el Presidente de la República el 21 de
marzo de 1994, básicamente otorgó al Poder Ejecutivo el derecho de
administrar activos de las empresas citadas como parte de una sociedad
anónima mixta.
Permitió que el Estado se quede con el 50 % de las acciones producto de
las empresas sujetas al proceso y el resto del paquete accionario las
puso a la venta a interesados del mundo entero, previa determinación en
valor en libros del patrimonio de las empresas y reestructuración
jurídica de las mismas tornándolas en sociedades de economía mixta con
participación accionaria libre, en donde los propios trabajadores se
convirtieron en accionistas (caso concreto de YPFB donde ex asalariados
son accionistas de empresas capitalizadas) hasta el 50 % del paquete
accionario, y la emisión y venta del resto del 50% de las acciones a
inversores cuyas empresas hayan resultado seleccionadas en un proceso de
licitación internacional.
Los inversionistas que resultaron adjudicados con el paquete del 50 % de
las acciones de cada una de las empresas estatales pagaron el capital de
las acciones al contado por un valor de casi 1670 millones de dólares
que a ojos de analistas financieros constituyó el mayor flujo de dineros
privados al tesoro nacional en toda la historia de Bolivia.
El proceso de capitalización se completó cuando el 50 % de las acciones
correspondientes al Estado en cada una de las capitalizadas pasó a ser
administrado directamente por un banco internacional de inversiones, el
Cititrust Limited, en tanto duró el plazo de ingreso en Bolivia de las
Administradoras de Fondos de Pensión.
Lógicamente los inversionistas internacionales recibieron la
administración gerencial de cada una de las capitalizadas, la garantía
de sus inversiones para evitar que el proceso se distorsione y además el
Estado legisló un sistema de regulación sectorial [SIRESE] creando a ese
efecto superintendencias de regulación normativa en los sectores de
telecomunicaciones, hidrocarburos, electricidad, transportes, agua,
recursos naturales y medio ambiente.
Ese paso significativo rompió definitivamente el esquema de
Estado/empresario en Estado estrictamente normador y regulador,
garantizando tanto a inversionistas cuanto a usuarios/ciudadanos que
productos/servicios de empresas capitalizadas sean elaborados bajo la
égida de la competitividad y criterios de calidad total.
La regulación sectorial ha roto los esquemas arcaicos de una frágil
"institucionalidad" gubernamental, logrando -como efecto colateral de la
capitalización- mediante la Ley 1600 de 28 de octubre de 1994 que tanto
la estructura de tarifas en servicios y estándares de los mismos sean
decididos con un nivel de racionalidad técnica, en contraposición al
"sistema" de caprichos y paternalismos que había en época de subvención
de tarifas.
Además, por vez primera, el rol del Estado está direccionado a la
supervisión como nuevo elemento que redunde en la confianza de
inversores internacionales, y el relanzamiento del propio Estado por el
que empezó a dedicarse a lo que siempre debió haber hecho: atender a sus
ciudadanos.
La capitalización incentivó también a viejas generaciones de
bolivianos/as con el pago del bono solidario [BONOSOL], un monto anual y
perpetuo pagaderos a mayores de 65 años, en cantidad de 220 dólares que
en su primer pago alcanzó a cubrir la cantidad de casi un cuarto de
millón de ciudadanos/as. Para la memoria social colectiva no sólo
significó una reivindicación sino un claro efecto de un proceso hasta
ese momento renovador y desconocido.
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Boris es postgraduado en Maestría de Administración de Empresas y formado en Derecho, fue asesor de una empresa petrolera estatal. Es consultor en negocios y contratos de empresas del sector. Catedrático universitario y codirector de un estudio de servicios en bienes raíces
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