La capitalización, paradigma del nuevo estado boliviano 1

Autor: Boris Gómez Úzqueda

ECONOMÍA PÚBLICA

10 / 2001  

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La primera pregunta que se hacen los ciudadanos de nuevas generaciones, es ¿qué es la capitalización? ¿qué significa para nuestro país? ¿cómo contribuirá a la edificación de la Bolivia del nuevo tiempo?

Capitalización es un paradigma/respuesta a un modelo de Estado liquidado. Surge a partir de la situación de quiebra institucional -y en muchos casos financiera- de empresas públicas estatales, y por la marcada incapacidad del Estado en liderar la Nación por rumbos de la modernidad.

En ese momento, determinado no habían respuestas a la situación de emergencia de las empresas del Estado. Si bien habían cumplido un primer rol de integradoras y articuladoras del desarrollo territorial de la Nación, por otro lado se relegaron a tal punto que eran cargas insoportables para el Estado que -entrada ya la década del noventa- recibía los ventarrones de un nuevo modelo comercial, económico, político, social y de integración regional y subregional: la globalización y los mecanismos impuestos por capitalismos a gran escala que no hubieran permitido, de todos modos, la subsistencia de empresas estatales tal y como se las conocía/concebía antes de la capitalización.

En esa nueva lógica la falta de capitales del Estado, cuyas arcas se habían agotado prácticamente tras serios procesos no-responsables de "modernización" y "privatización" de empresas estatales, imposibilitaba a que sea el propio Estado el que responda a la crisis de ENDE, LAB, ENFE, YPFB y ENTEL.


En el lado privado nacional, de igual forma, los siempre mal apoyados empresarios no podían hacerse cargo de esas empresas estatales que si bien es cierto prometían rentabilidad a largo plazo, exigían la inyección inmediata de dineros frescos no sólo para rehabilitarlas y relanzarlas como competidoras en el mercado interno, sino para hacerlas atractivas a ojos de empresarios extranjeros interesados en inversiones en rubros emergentes: exploración de hidrocarburos, comercio de aeronavegación y telecomunicaciones.

Por tanto: ni el Estado ni los privados podían, en ese momento, y en un escenario de desesperación nacional tras un manejo discrecional del aparato estatal que ahogaba a Bolivia y la constreñía a encerrarse en un siglo XX amargo y atrasado, dar respuestas técnico/políticas a una realidad concreta: el aparato estatal productivo y de servicios estaba a puertas de su propia muerte.

La capitalización surge, entonces, como el paradigma que en el siglo XXI rescata las otrora poderosas empresas estatales nacionales y las convierte en eficientes, eficaces y altamente competitivas empresas de servicios al ciudadano administradas con modelos de gerencia de fuerte liderazgo sinérgico y proactivo.

Lógicamente de no haberse puesto en marcha la capitalización y al gozar los capitales extranjeros de suficiente racionalidad y movilidad jamás hubieran dirigido sus inversiones a empresas estatales en condiciones deficitarias. Ni menos invertir en empresas sin posibilidad de rentabilidad mediata.

Para entender y aprehender el proceso de capitalización en Bolivia es necesario, comprender el entorno social, político y particularmente económico en el que se encontraba la República antes de la capitalización.

La crisis del aparato productivo boliviano junto al agotamiento de su modelo agrícola de explotación, además de la virtual quiebra del sistema de mono-producción de minerales no competitivos para mercados internacionales, y sin que existiera la posibilidad de diversificarlos, configuraron un escenario con indicadores macroeconómicos en negativo. Acorralando de esta forma cualquier iniciativa que no parta por una profunda reforma del propio Estado.

A ello se sumó la crisis del sistema privado de producción, por la paralización del aparato institucional estatal que fungía como principal demandante de bienes y servicios. La reforma al Estado introducida en 1993 redujo fundamentalmente la concepción de Estado prebendal/consumidor, dando así los primeros pasos de lo que años más tarde -hacia fines de 1995- se consolidaría como Estado normador y regulador.

Otro de los factores que aceleró la inserción del proceso de capitalización como instrumento económico-político de transformación del Estado boliviano fue la galopante globalización y especialización de la economía, devastadores en un país sin "modelos" modernos en gerencia, administración, gestión de las finanzas y de larga tradición burocrática

La inercia en mecanismos de integración regionales y subregionales y los obsoletos niveles de tecnología y competencia de la información forzaron a re/pensar la marcha de la sociedad a partir de una profunda revolución propiciada, cabalmente, por la capitalización que permitió desechar el modelo de Estado que desde 1952, alentaba: una política de intervención estatal a la producción, anulando así la imaginación privada y dando pié a una gama de "empresas" del Estado, manejadas con criterios sectarios antes que técnicos.

Las economías a escala propiciadas por el paternalismo estatal configuraron un cuadro situacional donde la economía se centraba únicamente sobre la base de producción y servicios a empresas estatales, manejadas sin criterios de rentabilidad, mucho menos de responsabilidad.

Con la -a la larga- irreal "soltura" financiera propiciada por largos años por principales empresas del Estado que mantuvieron por décadas a ineptos gobiernos de turno, la presión tributaria sobre la sociedad civil decayó virtualmente a nivel "cero", dejando de lado esa fuente principal como son los tributos para el sostenimiento del Estado, generándose un discrecional manejo de excedentes de entidades públicas.

En ese proceso de irresponsabilidad y dilapidación de fondos, COMIBOL e YPFB absorbieron la insolvencia de todo el aparato estatal, lo que a llevado a una casi quiebra técnica/financiera de COMIBOL y en el atraso en investigaciones y desarrollo de exploraciones en YPFB.

No es falso destacar un pernicioso crecimiento vegetativo de la administración pública pero sin instrumentos de competitividad y liderazgo.

Ante la desintegración de la otrora poderosa CBF y la inviabilidad de las corporaciones de desarrollo en los departamentos unidos a la polaridad social entre un claro planteamiento de retorno a las dictaduras, y la incapacidad de los partidos en llevar adelante modelos de Estado que respondan requerimientos ciudadanos de nuevo tiempo, surge el proceso de capitalización como modelo-respuesta y paradigma del nuevo Estado boliviano.

¿CAPITALIZACIÓN ES PRIVATIZACIÓN?

La capitalización se contrapone a aquellos criterios que la tildan de privatización en razón a que el Estado, en ese momento, garantizó a las nuevas generaciones de bolivianos/as poder contar con empresas "estratégicas" en un porcentaje que promueva una soberanía moderna y viable, porque la inversión en capitalización es en paquetes accionarios compartidos entre inversores internacionales con el Estado.

La privatización es, por el contrario, un procedimiento en el que el Estado vende sus empresas consideradas estratégicas y administre -de la noche a la mañana- un capital gigantesco por el valor de venta de las empresas estatales y que ese capital sea despilfarrado en gasto social no sostenible en un lapso muy corto, produciéndose entonces un efecto devastador para la República: deshacerse de empresas monopólicas fundamentales (hidrocarburos, transportes, telecomunicaciones) e inviabilizar el futuro de nuevas generaciones por falta de recursos financieros.

En todo caso, en Bolivia se ha intentado hacer procesos de privatización de empresas estatales, entre el periodo gubernativo 1989-1993, mismo que no sólo ha generado profundas insatisfacciones ciudadanas, sino que se han cubierto de un velo de corruptela repudiable.

La principal característica de la capitalización es la asociación de esfuerzos: por un lado capitales extranjeros, frescos, y en base a inversiones planificadas y en búsqueda de rentabilidad. Por otro lado la sociedad civil, los propios ciudadanos que se han convertido en actores del proceso por primera vez en la historia de la República, al ser considerados accionistas de las empresas capitalizadas.

Hoy existen idóneos mecanismos de administración de esas acciones manejadas por Administradoras de Fondos de Pensiones, cuya responsabilidad es cuidar el dinero de las acciones que representa casi 1500 millones de dólares, mismos que por el efecto multiplicador de economías de escala en servicios y productos de las capitalizadas pueda multiplicarse, fácilmente, en un capital de 5000 millones de dólares en los próximos seis años.

Con la capitalización el Estado no ha vendido nada. No se ha deshecho de ninguna de sus empresas estatales estratégicas -como hubiera ocurrido en una venta o "privatización", lo que hizo fue adquirir nuevos capitales internacionales, conservando las empresas, incrementando sus patrimonios y relanzándolas como empresas competitivas en sus respectivos rubros.

LA LEY DE CAPITALIZACIÓN

Varios han sido los ciudadanos que han liderado movimientos para descalificar la Ley de Capitalización, y el proceso mismo, llegándola a tildar de "ley maldita", cabalmente porque no comprendían que la capitalización no significa la enajenación de empresas estatales.

La capitalización no sólo ha dado resultados en empresas sujetas al proceso, sino que ha permitido al Estado realizar una tarea que hasta ese momento la mantenía adormilada: la recolección de tributos, y el ajuste de las altas cotas de evasión tributaria. Lógicamente, es un proceso y como tal sujeto a perfección. Pero antes de la capitalización era muy fácil para los gobiernos de turno echar mano de fondos de empresas estatales sin siquiera fijarse el nivel de tributos que recaudaba, habiendo generado un círculo vicioso que -como ya se analizó- derivó en la práctica quiebra y auto-inviabilización de las empresas estatales y a exasperantes niveles de evasión fiscal.

La ley No 1544 sancionada por el Presidente de la República el 21 de marzo de 1994, básicamente otorgó al Poder Ejecutivo el derecho de administrar activos de las empresas citadas como parte de una sociedad anónima mixta.

Permitió que el Estado se quede con el 50 % de las acciones producto de las empresas sujetas al proceso y el resto del paquete accionario las puso a la venta a interesados del mundo entero, previa determinación en valor en libros del patrimonio de las empresas y reestructuración jurídica de las mismas tornándolas en sociedades de economía mixta con participación accionaria libre, en donde los propios trabajadores se convirtieron en accionistas (caso concreto de YPFB donde ex asalariados son accionistas de empresas capitalizadas) hasta el 50 % del paquete accionario, y la emisión y venta del resto del 50% de las acciones a inversores cuyas empresas hayan resultado seleccionadas en un proceso de licitación internacional.

Los inversionistas que resultaron adjudicados con el paquete del 50 % de las acciones de cada una de las empresas estatales pagaron el capital de las acciones al contado por un valor de casi 1670 millones de dólares que a ojos de analistas financieros constituyó el mayor flujo de dineros privados al tesoro nacional en toda la historia de Bolivia.

El proceso de capitalización se completó cuando el 50 % de las acciones correspondientes al Estado en cada una de las capitalizadas pasó a ser administrado directamente por un banco internacional de inversiones, el Cititrust Limited, en tanto duró el plazo de ingreso en Bolivia de las Administradoras de Fondos de Pensión.

Lógicamente los inversionistas internacionales recibieron la administración gerencial de cada una de las capitalizadas, la garantía de sus inversiones para evitar que el proceso se distorsione y además el Estado legisló un sistema de regulación sectorial [SIRESE] creando a ese efecto superintendencias de regulación normativa en los sectores de telecomunicaciones, hidrocarburos, electricidad, transportes, agua, recursos naturales y medio ambiente.

Ese paso significativo rompió definitivamente el esquema de Estado/empresario en Estado estrictamente normador y regulador, garantizando tanto a inversionistas cuanto a usuarios/ciudadanos que productos/servicios de empresas capitalizadas sean elaborados bajo la égida de la competitividad y criterios de calidad total.

La regulación sectorial ha roto los esquemas arcaicos de una frágil "institucionalidad" gubernamental, logrando -como efecto colateral de la capitalización- mediante la Ley 1600 de 28 de octubre de 1994 que tanto la estructura de tarifas en servicios y estándares de los mismos sean decididos con un nivel de racionalidad técnica, en contraposición al "sistema" de caprichos y paternalismos que había en época de subvención de tarifas.

Además, por vez primera, el rol del Estado está direccionado a la supervisión como nuevo elemento que redunde en la confianza de inversores internacionales, y el relanzamiento del propio Estado por el que empezó a dedicarse a lo que siempre debió haber hecho: atender a sus ciudadanos.

La capitalización incentivó también a viejas generaciones de bolivianos/as con el pago del bono solidario [BONOSOL], un monto anual y perpetuo pagaderos a mayores de 65 años, en cantidad de 220 dólares que en su primer pago alcanzó a cubrir la cantidad de casi un cuarto de millón de ciudadanos/as. Para la memoria social colectiva no sólo significó una reivindicación sino un claro efecto de un proceso hasta ese momento renovador y desconocido.

Siguiente: Las empresas estatales antes y después de la capitalización

 

Boris Gómez Úzqueda

Boris es postgraduado en Maestría de Administración de Empresas y formado en Derecho, fue asesor de una empresa petrolera estatal. Es consultor en negocios y contratos de empresas del sector. Catedrático universitario y codirector de un estudio de servicios en bienes raíces

gomezuzquedaarrobahotmail.com 

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