Incorporar al agro Boliviano al competitivo mercado agrícola en el contexto del ALCA requiere de políticas estatales que fomenten inversiones en ese sector
Existen nuevos paradigmas económicos impuestos por el nuevo capitalismo globalizado y cibernetizado. Siendo así, los Estados continuarán –más que antes- moviendo destinos basados en la economía, antes que en consideraciones de corte social. Es obvio que aquellos aspectos inherentes al quehacer societal referente a producción, industria, comercio, manufactura y por supuesto la tierra están siendo analizados permanentemente no sólo por estadistas, merecen la atención de quienes reconocen que el mercado, al imponer sus lineamientos estrictos a la marcha social, ha logrado establecer nuevas directrices para el agro, en lo agrícola, agroindustrial y también agrosocial. Por tanto, la cuestión agraria en Bolivia es permanente y debe ser atendida con urgencia, periódicamente.
Esa cuestión agraria latente nos empuja a pergeñar consideraciones de orden jurídico y social, que de la mano de lo económico, aporten a discutir y debatir bases que sustenten Políticas de Estado coherentes y funcionales.
¿Qué es lo que se debe hacer con nuestro agro, por ejemplo, en los próximos 15 años? Pregunta fundamental que nunca nos hicimos para definir lo que se hará con el sistema de producción a emplearse, que reemplace al actual de corte semifeudal en donde el campesino solamente es parte superficial del tramado productivo, no habiendo sido tomado en cuenta para incrementar/eficientizar modelos de producción agropecuaria y el inversionista empresario del agro no es apoyado ni menos patrocinado en sus iniciativas. La tan mentada mecanización del agro concebida en 1953 jamás llegó por haber sido truncada la Revolución a causa del militarismo emergente, primaron conceptos políticos antes que socioeconómicos.
En fin, no es tiempo de lamentaciones. Con la Ley INRA aquellos dedicados al agro, en gran escala o propiedad individual o comunitaria, estarán sujetos a determinaciones del modelo de libre mercado, muchas veces drástico porque desde el Estado aún nada se tiene definido para fomento a la de por sí ruda actividad agrícola. ¿Hasta cuándo el agroempresario será dejado a su suerte en su labor económica, soportando ventarrones de aquella “mano invisible” de Adam Smith configuradas por el nuevo capitalismo?
Se debe tomar en cuenta el comentario del experto agrarista boliviano Luis Antezana Ergueta, quien afirmó que la Ley INRA tiene por bases aquellos estudios realizados por el político Kelly Sánchez [1940] y en caso de no realizar inmediatos ajustes para la formación de Políticas de Estado directoras del tema agrario «recorreremos el camino del fracaso porque los actuales conceptos principales de propiedad y tenencia de la tierra así como los actuales métodos productivos conservan características feudales…» (1), irreconciliables, lógicamente, con el modelo económico imperante en la actualidad.
Definitivamente se impone la urgencia de estructurar bases para que mediante nuevas Políticas de Estado se proponga a los agroempresarios de normatividad especializada que patrocine, desde el Estado, facilidades y subvenciones tributarias fiscales, apertura de líneas de crédito al desarrollo, reposición de bancos de desarrollo de segundo piso, fomento a la transferencia tecnológica, arancel cero en importación de maquinaria, insumos, repuestos y tecnología agrícola, por ejemplo, que permita insertar a nuestros productores al cada día más competitivo mercado agrícola internacional, además de ejercer dinámicas negociaciones en mercados de integración para nuestros productos agrícolas con valor agregado. Esa es la tarea estatal fundamental: potenciar al agro, sacarlo de su estancamiento y su nivel de productividad “cultural” y catapultarlo, vía convenientes Políticas de Estado, a mercados internacionales y nacionales.
En ese nuevo contexto, de relanzar el agro para potenciar nuestra desacelerada economía nacional, campesinos y pueblos originarios deben ser integrados inmediatamente a la producción urgiendo formar y con patrocinio financiero estatal de cooperativas agrícolas. No sería locura pensar en que anualmente el uno por ciento del presupuesto general de la nación de cada gestión fiscal se programe íntegramente a actividades promoción de inversión, refinanciamiento y soporte crediticio y extensión de la labor agroempresarial.
Siendo la propiedad agraria derecho fundamental ligado universal e históricamente al bienestar, a lo económico, la actuación de los bancos de segundo piso y desarrollo social debe dirigir acciones para mejoramiento genético de semillas, investigación técnica especializada y a la promoción y extensión de la labor agrícola como el medio más eficaz -en este siglo- para combatir a la pobreza. La seguridad alimentaria tan profundamente cuestionada en Bolivia por la FAO por la subutilización de tierra cultivable ya que en nuestro suelo patrio apenas existen un millón de hectáreas cultivables (2), es objetivo fundamental que se debe superar, a través de una norma agraria que plasme en forma coherente y taxativa las tan mentadas Políticas de Estado para el agro que permitan surgimiento de nuevas iniciativas e inversiones para el sector. La Ley INRA de nada sirve si en la actualidad lentos procesos de saneamiento y perfeccionamiento del derecho propietario de la tierra duermen en las oficinas del INRA en todo el país. ¿Cuántas hectáreas fueron legalmente saneadas? Pocas con relación al coste de oportunidad financiera que se perdió por no tener los papeles de nuestras tierras al día para que nos sirvan de instrumento de garantía bancaria, por ejemplo, que sean utilizadas para mejorar nuestras siembras de algodón, soja, sorjo, maíz y trigo.
La tierra no solamente es un bien económico, pese a que está inmersa dentro de los constantes cambios impuestos por el mercado, constituye mucho más que el mero concepto económico. La tierra es el bien social imprescindible históricamente para cumplir función dirigida al desarrollo de la sociedad en su conjunto, tal y como señala la Carta Constitucional. Probablemente los momentos históricos que sirvieron de marco al nacimiento de la ley 03464 (en 1953) como de la ley INRA (1996) han estado precedidos de profundas presiones sociales, impregnadas de matices sociológicos.
Al nacimiento de la Reforma Agraria se anota como antecedente el profundo cambio revolucionario que rompió viejos esquemas de pensamiento político e incorporó a las dinámicas centrales del Estado al hasta ese momento paria, como lo fue el indio antes del 52. Para el nacimiento de la Ley INRA convergieron nuevas motivaciones sociológicas como actores sociales: presiones de grupos comunitarios, originarios y el peso internacional del declarado decenio de los derechos de los pueblos originarios. Es tiempo que en la búsqueda de nuestra segunda Reforma Agraria se elaboren Políticas de Estado conducentes a dirigir/gerenciar el agro y su producción, desechando aquella falsaria costumbre hecha realidad para muchas miles de hectáreas en el país de que “la tierra es de quien no la trabaja pero sí la posea” y más bien se revitalice el mandato social la tierra es de quien la trabaje, con eficientes métodos productivos, postulado fundamental de la Reforma Agraria, principal hecho histórico de cambio socioeconómico de nuestra patria.
La apertura de caminos vecinales y provinciales, la comercialización de productos agrícolas en mercados de gran consumo, los créditos para la inversión, contratos de joint venture agrario de tanto éxito en la minería y otras actividades comerciales, la legalización de la tenencia de la tierra son factores que deben ser incorporados y tomados en cuenta en nuestra infatigable marcha a la segunda Reforma Agraria.
Así deben ser esas Políticas diseñadas para el agro: fomentar agresivamente a quienes incursionen como agroempresarios, que patrocinen seguridad en inversiones sobre la tierra, que den seguridad a los bancos para que reciban en garantía hipotecaria, prendaria o como título valor no solamente el título de derecho propietario sobre la tierra, también los productos agrícolas y con valor agregado. El Estado tiene la obligación de no dejarnos ingresar al nuevo milenio con el agro olvidado, organizando para ese efecto incorporación de capitales privados, inclusive internacionales con las excepciones constitucionales obvias, a favor de la tierra; que se manejen nuevos criterios y lineamientos para que aquellas tierras declaradas TCO (tierras comunitarias de origen) sean insertas a la dinámica de producción con destrezas señaladas por aquellos conceptos de newmanager y alta gerencia agrícola, respetando creencias y culturas pero con la ayuda de la tecnocibernética.
Porque los indios y comunidades originarias con el paso del tiempo y generaciones no dejarán de ser originarios pero tendrán que subir al carro del ritmo de producción que los empujará a ser competitivos y empresarios.
Aquellas Políticas necesarias para la tierra con las que Bolivia podrá insertarse a mercados internacionales de integración deben contemplar aspectos jurídicos de formalización/legalización de la tenencia de la tierra: respetando, por ejemplo, el principio de unicidad jurisdiccional, fortaleciendo para ese fin a los nuevos juzgados agrarios, como tribunales de primera instancia; creando la sala de asuntos agrarios dentro las cortes superiores de distrito y que tengan como última instancia por la vía contenciosa al Tribunal Agrario hoy en funciones en Sucre. Tampoco se puede, vía revisiones administrativas de procesos sociales agrarios y de títulos ejecutoriales revertir la tierra por falta de pago de impuestos. El pago del impuesto sobre la tierra debe ser medida de prevención del uso eficiente no satanización y método para correr capitales y trabajadores.
La búsqueda de criterios que concilien preceptos macroeconómicos con intereses microeconómicos será fundamental para acoplar al país a la mentada globalización. Normas contra el dumping, de estrategias decenales de producción, inserción de capitales para investigación de suelos, financiamiento de consultorías para ordenamiento/clasificación de tierras que sean aptas para cultivo, pastizales, agroindustria, agroganadería y el permanente reagrupamiento y redistribución de la tierra tomando en cuenta parámetros de producción, criterios sociales y jurídicos deben ser objetivos permanentes del Estado, que recibiendo asesoramiento de entidades sociales como la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Confederación de Ganaderos, los inversionistas del agro, campesinos y pueblos originarios, coloquen a Bolivia en situación de competitividad internacional, previamente habiendo fortalecido mercados agrícolas interiores.
Aquí los municipios seccionales desempeñarán tarea fundamental: articular lo rural con lo urbano, conjuncionar en armonía dos mundos hasta hoy de espaldas. No es posible que existan ciudades “eje central” y poblaciones rurales sin servicio de agua potable. El municipio, como entidad autónoma, no sólo dirigirá planes de potenciamiento de mercados campesinos, será motor para consolidación de inversiones en la tierra y coordinando con el INRA velará porque todos los procesos de saneamiento y formalización de la tierra sean verificados con prontitud.
Con esas bases para la formación de Políticas de Estado se logrará empujar a la sociedad boliviana rumbo aquellos umbrales del próximo siglo, siguiendo postulados internacionales que señalan al recurso tierra como el arma/instrumento más poderoso de lucha contra la pobreza, principio de todos los males y lacras que las civilizaciones modernas soportan día a día por la carencia de alimentos. Si en el siglo pasado la minería fue puntal del desarrollo nacional, en el siglo XXI corresponde al agro, generando desde el verde trópico y oriente riqueza y dignidad para todos los bolivianos.
Ese cambio de estructura, de pensamiento y de corriente servirá, además, para ir forjando en el país un derecho agrario boliviano, con matices y brillos propios, en permanente evolución/revolución conforme al atropellado devenir impuesto por el sello diario de la historia que nos plantea una verdad innegable: potenciar al agro es combatir la pobreza y subdesarrollo.
(1) Luís Antezana E. La ley INRA,
(2) Carpeta Ejecutiva de información sobre seguridad alimentaria FAO.