El Estado Mexicano hoy en día vive una de la crisis en materia de seguridad más severas o mejor dicho más informada de los últimos años. El uso de las tecnologías nos acercan en tiempo real a los ciudadanos a las noticias e información de todos los lugares del país.
El hecho está en que el estado mexicano, con su política de no difundir por los medios oficiales, televisión local y nacional, los hechos de violencia, no ha podido detener la difusión del verdadero estado que guardamos en materia de seguridad. En ese tener de ideas los ciudadanos tenemos que preguntarnos cuál es la principal función de un país, sin duda alguna responderíamos que brindarnos seguridad, si es así, entonces cual sería el comportamiento o postura que debemos adoptar.
Por otra parte la situación económica del país no está nada bien, con el aumento de los impuestos, la falta de empleo, una política económica nacional que no se ha materializado al cien por ciento, son factores que influyen a un rezago económico. Aunado a esto, el empresario pequeño, mediano o grande, se enfrenta a un burocratismo enorme de trámites, ya sea en el ámbito municipal, estatal o federal.
Puede ser normal escuchar a algunos empresarios que para abrir una empresa tienen que enfrentarse a un sin número de trámites y obstáculos, sin embargo en los últimos años, el tema de la competitividad, se ha tornado como un factor o política de los países. Hoy en día la competitividad es un indicador que incide en la atracción de inversiones para los países que tienen una política de esta naturaleza.
En México desde el año 2000 con el Presidente Vicente Fox, entramos a una fase más agresiva en materia de simplificación administrativa, se realizó una modificación a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual rige los actos administrativos de la Administración Pública, en dicha ley se adiciono el tema de la mejorar regulatoria, la cual se puede entender como una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.
La Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece o mejor dicho crea a una Comisión Federal de Mejora Regulatoria, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, promoverá la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Para ello la Comisión contará con autonomía técnica y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones:
- Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al Titular del Ejecutivo Federal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos;
- Dictaminar los anteproyectos a que se refiere el artículo 69-H y las manifestaciones de impacto regulatorio correspondientes;
- Llevar el Registro Federal de Trámites y Servicios;
- Opinar sobre los programas de mejora regulatoria de las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal;
- Brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, así como a los estados y municipios que lo soliciten, y celebrar convenios para tal efecto;
- Celebrar acuerdos interinstitucionales en materia de mejora regulatoria, en los términos de la Ley sobre Celebración de Tratados; y
- Expedir, publicar y presentar ante el Congreso de la Unión un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión y los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus programas de mejora regulatoria.
Como podemos observar la naturaleza jurídica – administrativa de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, es ser un órgano desconcentrado de la Secretaria de Economía, lo cual le otorga una pequeña autonomía de gestión, sin embargo no ha podido realizar al cien por ciento su función de impactar en la disminución de tramites a nivel federal.
A nivel federal, el Congreso de la Unión ha tenido a bien durante estos últimos años en crear y conformar los denominados Organismos Autónomos Constitucionales, los cuales en esencia cuentan con tres características principales:
- Son creados en el texto constitucional;
- Sus principales funciones y atribuciones, se establecen en el texto constitucional.
- No dependen de ninguno de los tres poderes tradicionales, o sea, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La naturaleza de estos denominados organismos autónomos constitucionales, estriba en que su funcionamiento tenga una plena efectividad constitucional, su autonomía les permitiría en una primera fase, realizar de una manera más eficiente y efectiva sus funciones y atribuciones, en una segunda fase, explorar la posibilidad de extender y reaccionar de una manera más rápida los cambios y decisiones pertinente en cada caso. Hoy en día tenemos algunos organismos autónomos constitucionales que realizan una función extraordinaria, como lo son:
- El Banco de México;
- La Comisión Nacional de Derechos Humanos;
- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía;
- El Instituto Nacional Electoral, entre otros.
Una de las ventajas que tienen los organismos autónomos constitucionales, es la desvinculación política de estos, con cualquiera de los tres poderes; este elemento les ayuda a no ser influidos en sus decisiones, es por ello que el presente ensayo trata sobre la posibilidad de dotar de dicha autonomía constitucional a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
La política de mejora regulatoria, es indispensable para el desarrollo nacional, esta política ayudaría en gran medida a elevar la competitividad del país, al tener un organismos facultado para intervenir en la simplificación administrativa, eliminación de trámites, reestructura de procedimientos y fomento en la creación de empleos. Una política de impulso a la productividad y eficiencia sin duda laguna contribuiría a elevar la competitividad del país, y sin duda alguna tendremos que ir pensando en crear nuevos organismos autónomos constitucionales, que no tengan vinculación política para que logren impactar de una manera positiva en el engrandecimiento del país.
