Análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua

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Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL
DIVORCIO EN NICARAGUA"
I. INTRODUCCIÓN
Un proceso de Divorcio es traumático tanto para hombres como para mujeres, el cual
involucra no solo a la pareja si no también a los hijos e hijas, los amigos, la familia,
aspectos económicos, entre otros.
El psicólogo de divorcios familiares, Renee A. Cohen, Ph.D., afirma que el dolor y el
estrés que las mujeres encuentran en el divorcio "sólo es superado por el malestar
sufrido por la pérdida de un ser querido a través de la muerte".
Kathleen O'Connell Corcoran profesora de sociología y derecho Lenore Weitzman de la
Universidad George Mason, expresa que “las mujeres tienden a afrontar las
consecuencias del daño financiero y la disminución del estándar de vida en mayor
medida que sus contrapartes masculinas.” Sus estudios encontraron que luego del
divorcio, una mujer experimenta una reducción del 73 % en el estándar de vida, mientras
que el estándar de vida del hombre se incrementa en un 42 %. En el aspecto social,
Corcoran sugirió que las madres solteras tienen una tendencia mayor a ser
estigmatizadas en el lugar de trabajo que sus contrapartes masculinas quienes, con
frecuencia, reciben empatía y asistencia.1 Sin embargo estos son aspectos que requieren
de un análisis más profundo y que deberán ser abordados en otro estudio, pero que nos
dan una idea la magnitud del daño y el perjuicio que sufren las mujeres al momento de
una ruptura en la pareja.
El presente trabajo es una investigación documental comparativa y se plantea el análisis
del sistema normativo de la institución jurídica del Divorcio en Nicaragua desde una
1 Hickson, Anna-Sofie (s.f). Los efectos del divorcio sobre las mujeres y los hombres. Livestrong.com en
español, consulta 15.05.2015, Recuperado de http://www.livestrong.com/es/efectos-del-divorcio-
lista_31425/
Diego Manuel Arana Castillo
perspectiva de género, partiendo de su regulación en el Código Civil de la República de
Nicaragua aprobado el uno de Febrero de 1904, pasando por el salto cualitativo dado con
la aprobación de la Ley 38 del veintiocho de abril de 1988 donde se inicia el
reconocimiento del trabajo no remunerado e invisibilizado que aporta la mujer a la
construcción de patrimonio familiar, sobre el cual los mandatos patriarcales no le
atribuyen un valor de mercado, hasta llegar al análisis del marco normativo establecido
en el Código de Familia vigente.
El análisis normativo realizado, parte no solo del enfoque de género sino también desde
la óptica de los derechos humanos y principalmente los derechos humanos de las
mujeres que son a las que a través de la norma en unos casos, y en otros, por la
incorrecta interpretación o aplicación de la misma, se le vulneran los derechos humanos
y el acceso real a la justicia, al negárseles el reconocimiento de su trabajo no
remunerado y el goce de derechos patrimoniales al momento de disolverse la relación de
pareja, lo que constituye un acto de discriminación y violencia.
Parte de este análisis es comparativo dado que también se establecerá cuanto de los
convenios y tratados ratificados por Nicaragua en materia de género están contenidos en
nuestra legislación y que tienen incidencia directa en la disolución del vínculo
matrimonial por la distribución desigual de poder entre hombres y mujeres dentro de la
relación de pareja, analizando de forma general la condición de los hombres para
establecer en qué condiciones quedan las mujeres después de la separación y de igual
manera comprende un análisis general sobre la no aplicación de los convenios y leyes
contra la violencia hacia las mujeres por algunos operadores de justicia en las
resoluciones de divorcios, a fin de dejar planteado si esto obedece a la falta de formación
de género, a la falta de sensibilización de algunos operadores de justicia, a influencia de
mandatos patriarcales o desconocimiento de la posibilidad de aplicar los convenios y
leyes contra la violencia hacia las mujeres en los casos de divorcio.
El lector debe tener presente, que el tema del Divorcio en Nicaragua desde la perspectiva
de género es algo nuevo y sobre lo cual antes no se había escrito, sobre esa situación de
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
empobrecimiento en que, en la generalidad de los casos, quedan las mujeres después de
la ruptura del vínculo matrimonial, lo cual está estrechamente vinculado a las relaciones
desiguales de poder que prevalecen durante la vigencia de la relación matrimonial; así
como con la autonomía física y económica de que es privada la mujer y la violencia
patrimonial que se ejerce contra ellas, al negárseles el reconocimiento de sus derechos
económicos y por ende una violación a sus derechos humanos, teniendo en cuenta que la
violencia contra las mujeres es un hecho persistente a través de la historia, presente en
todas las sociedades y legitimada por el sistema patriarcal, por lo cual debe excluirse del
Derecho la concepción machista y androcentrista para transformar las relaciones de
poder existentes entre hombre y mujeres, principalmente al momento de disolverse el
vínculo matrimonial, situación en la que la mujer queda en una posición más
desfavorable al haber sido privada durante la relación de su bien más preciado, su
tiempo dedicado por entero al cuidado de otros, no reconociéndose su trabajo no
remunerado en el cuidado del hombre y la familia, cuidado que limita su autonomía
física y económica y si bien la Constitución Política de 1986 sentó las bases para
desterrar del orden jurídico nicaragüense las normas tradicionales civilistas e incorporó
conceptos nuevos y modernos sobre las relaciones de pareja, sustentados en los
principios de igualdad y libertad; la coexistencia de las normas constitucionales y de
leyes especiales como la Ley 38 con normas del Código Civil que no tienen el enfoque
constitucional ni de género, produjo en su momento incertidumbre o confusión en la
práctica jurídica y muchos Jueces y Juezas no aplicaban los convenios en materia de
derechos humanos y de género en sus resoluciones por considerar que son solo para los
casos de violencia física contra la mujer y de orden penal, de lo que se desprende que las
leyes y su aplicación no son suficientes para garantizar los derechos de las mujeres, si se
ignora que las mismas son aplicadas por operadores de justicia que tienen sus propias
creencias, prejuicios, valores e intereses, además de la influencia de los mandatos
patriarcales que influyen en su actitud respecto a la ley en general y en los criterios
empleados en sus resoluciones, por lo que el mero reconocimiento de la igualdad ante la
ley no elimina las desigualdades ni la discriminación y por tanto la violación de los
derechos humanos de las mujeres.
Diego Manuel Arana Castillo
Lo anterior nos plantea las hipótesis de si las normas vigentes relativas al divorcio tienen
vacíos dado lo cual permite que se vulneren los derechos económicos y humanos de las
mujeres; si estas normas no tienen una completa perspectiva de género lo que conlleva la
violación de los derechos económicos de las mujeres o si la normas vigentes relativas al
divorcio requieren para garantizar un acceso real de las mujeres a la justicia en igualdad
y sin discriminación, que se apliquen en conjunto con la normativa nacional los
convenios y tratados ratificados por Nicaragua en materia de género, con sus variables
en las que influyen los medios de prueba que ostenten las mujeres de su derecho, medios
de prueba a los que no pueden acceder por la misma falta de autonomía física y
económica y los criterios de interpretación y aplicación de la norma.
El interés final de este trabajo es dejar planteado que aún bajo la existencia de una
política de Estado con perspectiva de género, una política de género dentro del Poder
Judicial, leyes con perspectiva de género, convenios ratificados para eliminar toda forma
de discriminación y violencia contra la mujer, persisten algunos vacíos en la aplicación
de la Ley que vulneran los derechos de las mujeres y por ende requiere que se apliquen
medidas afirmativas encaminadas a eliminar todo sesgo de desigualdad y discriminación
para alcanzar un acceso real y no solo formal a la justicia con equidad de género, es
decir que este estudio sirva de punto de partida para profundizar el mismo y a partir del
cual los operadores de justicia propicien un cambio que acerque aún más los esfuerzos
del Estado de Nicaragua por lograr una igualdad real en materia de acceso a la justicia
con equidad de género.
“La violencia es el arma por excelencia del patriarcado. Ni la religión, ni la educación,
ni las leyes, ni las costumbres ni ningún otro mecanismo habría conseguido la sumisión
histórica de las mujeres si todo ello no hubiese sido reforzado con violencia” (Varela,
2005: 251)
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
“El matrimonio no es un derecho de cada hombre sobre cada mujer, sino la unión
voluntaria de dos seres de diverso sexo”
JOSE MARTI.
II. CONCEPTO BASICOS
A fin de comprender mejor el desarrollo del tema a la luz de la teoría de género es
preciso conocer algunos conceptos básicos:
PATRIARCADO: concepto utilizado por las ciencias sociales, en especial en la
antropología, sociología y en los estudios feministas. Hace referencia a una distribución
desigual del poder entre hombres y mujeres en la cual los varones tendrían preeminencia
en uno o varios aspectos, tales como la determinación de las neas de descendencia
(filiación exclusivamente por descendencia patrilineal y portación del apellido paterno),
los derechos de primogenitura, la autonomía personal en las relaciones sociales, la
participación en el espacio público -político o religioso- o la atribución de estatus a las
distintas ocupaciones de hombres y mujeres determinadas por la división sexual del
trabajo.
ANDROCENTRISMO: El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre
como centro de todas las cosas. Esta concepción de la realidad parte de la idea de que la
mirada masculina es la única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la
humanidad, sean hombres o mujeres. El androcentrismo conlleva la invisibilidad de las
mujeres y de su mundo, la negación de una mirada femenina y la ocultación de las
aportaciones realizadas por las mujeres.
DIVISION SEXUAL DEL TRABAJO: La división sexual del trabajo es el concepto
utilizado para dar cuenta de la existencia de una peculiaridad social: en todas las
sociedades hombres y mujeres realizan funciones diferentes. Cada sociedad decide qué
tareas son de competencia de los varones y serán consideradas actividades masculinas y
cuáles corresponden a las mujeres, convirtiéndose en funciones femeninas. Las niñas y
los niños son educados y socializados para que aprendan a desempeñar estas tareas y
para que acepten este orden social como "normal". Existen normas que prescriben los
comportamientos aceptables para unas y otros y mecanismos de sanción y control, para
impedir que se produzcan desviaciones en las conductas individuales, dividiendo la
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producción en términos del género y de las esferas pública y privada: a las mujeres se les
asigna principalmente la responsabilidad de la esfera privada, mientas que a los hombres
se les da acceso privilegiado a la esfera pública.
III. EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL
1. Exclusión de la mujer como sujeta de derecho.
Nicaragua emerge como país independiente en 1826, bajo el nombre de Estado de
Nicaragua y en su primera Constitución Política del 8 de Abril de 1826 ya se avizora el
patriarcado y la exclusión de la mujer como ser humano, ciudadana y sujeta activa de
derechos al disponer en la Constitución Política de Nicaragua de 18262 en su Arto. 18
que “Son ciudadanos todos los nicaragüenses naturales o naturalizados que sean
casados, o mayores de dieciocho años, y que tengan una propiedad, o que ejerzan algún
oficio o profesión de que subsistan, calificado con todo en los términos que designa la
Ley.” De tal disposición se desprende que para ser considerada ciudadana una mujer
tenía que adquirir primero el estado civil de casada, es decir estar sujeta a un hombre o
ser mayor de dieciocho años, pero además debía ser propietaria de un bien inmueble o
ejercer una profesión u oficio del que obtuviera remuneración para subsistir, ambas
cosas le estaban vedadas en ese entonces a la mujer quien no poseía propiedades a su
nombre y el ser ama de casa no era considerada una ocupación y mucho menos
remunerada, por lo cual conforme a dicha disposición la mujer no podía alcanzar el
estatus de ciudadana pasando a ser considerada ciudadana de segunda clase o categoría;
así mismo el Arto. 26 de esta Constitución disponía de forma androcéntrica que Todo
hombre es libre en el Estado, y nadie puede venderse, ni ser vendido.” de lo cual se
intuye que la mujer no goza de ese estado y derecho a la libertad y por ende queda
sometida a la esclavitud, en este caso del hombre que si es ciudadano y libre en el
Estado. Y en el Arto. 23 dispone que Solo los ciudadanos en el ejercicio de sus
2 Revista electrónica JUSTIA Nicaragua consulta 08.06.2015 recuperado de:
http://nicaragua.justia.com/nacionales/constituciones-politicas-de-nicaragua/constitucion-del-estado-
de-nicaragua-de-1826-apr-8-1826/gdoc/
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
derechos, pueden obtener los empleos del Estado y el Arto. 32 de esta misma
Constitución Política establecía que Todos los ciudadanos son admisibles a los empleos
públicos del Estado: no hay entre ellos distinciones sociales, sino las que el bien general
exige; no reconocen otra autoridad, ni otra distinción, que la de las virtudes, y los
talentos.” se refuerza el concepto de que solo los hombres son ciudadanos y por ende
solo ellos gozan de los derechos y pueden acceder a empleos remunerados (las mujeres
siempre han tenido empleos sin remuneración ni reconocimiento alguno por su labor).
Igual circunstancia planteo la Constitución Política del 12 de Noviembre de 1838 que es
copia de la de 1826 con algunas modificaciones en su redacción.
Ya en la Constitución del 19 de Agosto de 1858 dispone en el Arto. 8 Son ciudadanos:
Los nicaragüenses mayores de veintiún años o de dieciocho que tengan algún grado
científico o sean padres de familia, siendo de buena conducta y teniendo una propiedad
que no baje de cien pesos o una industria o profesión que al año produzca lo
equivalente.” lógicamente al no ser la mujer padre (jefe de la familia), no poder acceder
a la educación formal no podía obtener un grado académico ni profesión ni industria ni
mucho menos tener propiedades por lo tanto excluida de ser ciudadano.
En la Constitución del 10 de Diciembre de 1893 conocida como la “Libérrima” por
haber sido promovida por el partido liberal dispone en el Arto. 20.- Son ciudadanos
todos los nicaragüenses mayores de dieciocho os, y los mayores de dieciséis que sean
casados o que sepan leer y escribir (lo cual no era permitido en la generalidad de los
casos a la mujer quien era “educada” únicamente para cuidar de su marido y de su
hogar). Igual circunstancia plantea la Constitución del 10 de Noviembre de 1911 la que
en su Artículo 18 refiere que “Son ciudadanos todos los nicaragüenses mayores de
veintiún años, y los mayores de dieciocho que sean casados o que sepan leer y escribir.”
Esta discriminación y exclusión de la mujer como sujeta de derechos, encubierta bajo la
concepción androcentrista de que al referirse al hombre o ciudadano incluye a la mujer,
se refleja más directa y abiertamente en la Constitución del 22 de Marzo de 1939 en el
Arto. 30 se discrimina de una manera expresa a la mujer disponiendo que “Son
obligaciones del ciudadano: 1)- Inscribirse en los Registros o Catálogos Electorales. 2)-
Votar en las elecciones populares. 3)- Desempeñar, salvo excusa o renuncia con causa,
los cargos de elección popular y los concejales. La ley reglamentará estas obligaciones y
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determinará las penas por su infracción. La mujer en cuanto al voto activo, la ley
determinará cuándo ha de ejercerlo, necesitándose para dictar disposiciones a este
respecto, por lo menos, el voto de las tres cuartas parte de los miembros del Poder
Legislativo.” lógicamente nunca se propuso en el congreso ni se reunieron dichos votos
autorizando, valga la redundancia, el voto femenino. En la constitución del 22 de Enero
de 1948 en el Arto. 28 se sigue manteniendo que solo son ciudadanos los que estén
casados o sepan leer y escribir y por primera vez en la Constitución se hace referencia a
la protección de la Familia al disponer en el Arto. 67 que “El matrimonio, la familia y la
maternidad están bajo la protección y defensa del Estado.” y en el Arto. 109 aunque se
dispone que “Todos los nicaragüenses son iguales ante la ley. No hay privilegios por
motivo de nacimiento, nobleza, raza o condición social.” no incluye la igualdad de
género al excluir de la redacción del artículo la discriminación por razón del sexo.
Sólo en la constitución del 6 de Noviembre de 1950 en el Arto. 31 por primera vez en
Nicaragua se refirió “Son ciudadanos: los nicaragüenses varones y mujeres mayores de
veintiún años de edad; los mayores de diez y ocho que sepan leer y escribir o sean
casados; y los menores de diez y ocho que ostenten un título académico.” Aunque si
bien se incluye por fin a la mujer como sujeta de derechos al reconocérsele su
ciudadanía, es un derecho a medias pues en el segundo párrafo del Arto. 32 refiere “La
mujer puede ser elegida o nombrada para el ejercicio de cargos públicos, salvo los casos
expresamente exceptuados por la Constitución.” Violentándose claramente con dicha
disposición el principio de igualdad y los derechos humanos de las mujeres al disponer
condicionantes para las mujeres que no son impuestas a los hombres y en el inciso 2) del
Arto. 33 de dicha Constitución nuevamente se limitan los derechos de las mujeres al
disponer que la mujer ejercerá el sufragio pero de acuerdo con la ley de la materia, Ley
que nunca se promulgo porque nunca se reunieron los dos tercios de los votos de ambas
cámaras para promulgar la referida ley. Nuevamente en la constitución del 14 de Marzo
de 1974 retoma la misma conceptualización en el Arto. 32 de que solo “Son ciudadanos:
los nicaragüenses mayores de veintiún años de edad, los mayores de dieciocho que
sepan leer y escribir o sean casados; y los menores de dieciocho que hayan concluido sus
estudios de educación media.” y en el Arto. 37 también se refiere que no existen
privilegios por razón de nacimiento, condición social o raza, pero no menciona la
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
discriminación por razón del sexo y todo esto a pesar de que Nicaragua ratifico el 22 de
Mayo de 1956 la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos
a la Mujer y la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a
la Mujer publicada en La Gaceta No.153 del 9 de Julio de 1956 y en la cual en sus
considerandos se refiere “que ha sido una aspiración de la comunidad americana
equiparar a hombres y mujeres en el goce y ejercicio de los derechos civiles; que la
Resolución XXIII de la VIII Conferencia Internacional Americana expresamente
declara: que la mujer tiene derecho a la igualdad con el hombre en el orden civil; que la
Mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabido cumplir
noblemente todas sus responsabilidades como compañera del hombre. aunque no deja
de ser discriminatoria dicha convención al considerar a la mujer como simple
compañera del hombre” y no como sujeta activa de cambio y desarrollo, es uno los
primeros instrumentos internacionales que abonaron al reconocimiento de los derechos
humanos de las mujeres; no obstante en Nicaragua, después de más de un siglo de vida
independiente del Estado de Nicaragua, es precisamente el Estado a través de la Ley el
que garantiza la sujeción de las mujeres al padre, al marido, a los hijos y a los varones en
general, impidiendo a la mujer su constitución como sujeta de derechos políticos, de
cambio y de desarrollo, de ser considerada ciudadana y lo que ello implica: tener
identidad, poder votar en las elecciones para elegir a sus representantes en el gobierno,
ejercer plenamente los derechos y deberes ciudadanos, facultad de realizar actividades
con plena autonomía física y política, sentirse parte de una estructura social y política, y
sobre todo, asumir responsabilidades y obligaciones en la construcción de la sociedad.
2. Reconocimiento constitucional de la mujer como sujeta de derecho.
No es sino hasta Julio de 1979 con el ascenso al poder del Gobierno Revolucionario a
través de la Revolución Popular Sandinista que se comienzan a avizorar cambios
radicales desde el punto de vista formal y el inicio del proceso de cambio material de la
opresión del hombre sobre la mujer y el 19 de Noviembre de 1986 se dicta la primera
Constitución que reconoce y promueve la igualdad formal del hombre y la mujer e
impulsa la realización material de este reconocimiento, sentando las bases para desterrar
del orden jurídico nicaragüense las normas tradicionales civilistas e incorporando
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conceptos nuevos y modernos sobre las relaciones de pareja, sustentados en los
principios de igualdad y libertad, estableciendo en el Arto. 27 que dispone que “Todas
las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá
discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social.” y el Arto. 48
dispone más claramente que “Se establece la igualdad incondicional de todos los
nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos; en el ejercicio de los mismos y en el
cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, existe igualdad absoluta entre el
hombre y la mujer. Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de
hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política,
económica y social del país.” y por primera vez en la historia de Nicaragua se establece
en la Constitución todo un capítulo dedicado a la familia en donde en el Arto. 73 se
dispone que “Las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad
absoluta de derechos responsabilidades entre el hombre y la mujer.” y se reconoce no
solo a la unión matrimonial sino también a la unión de hecho otorgándole los mismos
derechos y la misma protección por parte del Estado, enfatizando que la constitución del
matrimonio y la Unión de Hecho entre el hombre y la mujer es voluntaria y también
voluntaria su disolución, privando la autonomía de la voluntad, rompiendo de esta forma
con el esquema patriarcal de más de un siglo en que la mujer nicaragüense fuese vejada,
ultrajada y violentada en sus derechos humanos al no poder divorciarse sino era con la
venia del hombre y la existencia de causales denigrantes, otorgándosele en dicha
Constitución el reconocimiento de su personalidad como sujeta de derechos, rompiendo
con el paradigma de sujeción y subordinación al marido.
Es precisamente gracias a este primer enfoque de género dentro de la norma
constitucional que va a permitir que unos años más tarde (1988) se apruebe la Ley 38
Ley para la Disolución del Matrimonio por Voluntad de una de las partes, que más
adelante estudiaremos y analizaremos a luz de la teoría de género.
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
IV. EL DIVORCIO EN EL CÓDIGO CIVIL DE 19043
1. Cuestiones previas.
El Código Civil de la República de Nicaragua de 1871, antecedente inmediato del
Código Civil de 1904, en su Arto. 25 refiere Las palabras hombre, persona, niño,
adulto, y otras semejantes que en su sentido general se aplican a individuos de la especie
humana, sin distinción de sexo, se entenderán comprender ambos sexos en las
disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto,
se limiten manifiestamente a uno solo. Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y
otras semejantes que designan el sexo femenino, no se aplicarán al otro sexo.” Esta
definición denota la impregnación del androcentrismo en la ley al considerar al ser
humano de sexo masculino como el centro del universo, como la medida de todas las
cosas, se considerada al hombre como el referente de lo humano, reafirmando que la
mujer lo es solo de su sexo; es por ello que como nos dice Alda Facio “nuestros códigos
civiles reservaban a la mujer la calidad de "relativamente" incapaz jurídicamente en
razón de su natural incapacidad para actuar en la vida jurídica, homologándola a los
menores adultos”.4
El Artículo XVI del Título Preliminar del Código Civil 1904 (aún vigente) dispone que
“al aplicar la ley, no puede atribuírsele otro sentido que el que resulta explícitamente de
los términos empleados, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención
del legislador.” y en este sentido establece en el Artículo 153 del mismo cuerpo de ley
que Los cónyuges pueden, antes o después de celebrar el matrimonio, arreglar todo lo
que se refiera a sus bienes. Este convenio deberá constar en escritura pública y estar
debidamente inscrita. Si no hubiere capitulaciones matrimoniales, cada cónyuge queda
3 Promulgado por Decreto del 4 de febrero de 1904 y publicado en el Diario Oficial No. 2148 del 5 de febrero del mismo año.
4 Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho de Buenos Aires, año 3, número 6, Primavera 2005, ISSN 1667-4154, páginas
259-254 recuperado el 23.01.2015 del URL http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/06/feminismo-
genero-y-patriarcado.pdf.
Diego Manuel Arana Castillo
dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio y de los que
adquiera durante él por cualquier título.” precepto bajo el cual la igualdad ante la ley
para la mujer está sujeta a las diferencias que resultan de su naturaleza y la norma que
reflejan el carácter patrimonial del tuyo y lo mío sin tomar en cuenta que por el proceso
de socialización patriarcal, al cual la mujer es sometida desde que es una niña a través de
la tradición, las practicas reiterativas de los estereotipos, se le va construyendo el deber
ser en el otro (el hombre) y por ende ninguna mujer al momento de casarse va a exigir
que se establezca un gimen de comunidad de bienes o de gananciales, teniendo en
cuenta además que la misma ley se encarga de imponerle a la mujer que su marido es el
jefe de la familia y es el que la representa legalmente, dado lo cual todos los bienes que
se van adquiriendo durante la relación matrimonial figuran solamente a nombre del
cónyuge varón y como a la mujer no se le reconoce el trabajo no remunerado y los
servicios prestados durante la vigencia de la relación matrimonial y su contribución a la
formación del patrimonio del hombre sino que todos los bienes que se adquieren durante
el matrimonio figuran en la generalidad de los casos a nombre solo del hombre y en
consecuencia por ser tajante la norma, el hombre recibe un enriquecimiento en su
patrimonio en tanto la mujer sale de la relación aún más empobrecida.
El artículo 100 del Código Civil fija la edad para casarse en 21 años para los hombres y
en 18 para las mujeres, lo que constituye una clara discriminación hacia la mujer y
facilita que se subordine al hombre al impedir que las mujeres puedan terminar su
proceso de formación y desarrollo antes del matrimonio ya que una vez iniciada la
relación matrimonial la mujer pierde su autonomía física al quedar subordinada a las
decisiones del marido como jefe de la familia. De igual manera en el artículo 112 del
Código Civil, se dispone que una mujer divorciada o cuyo matrimonio ha sido anulado
no puede casarse antes de transcurridos trescientos días desde que se divorció o desde
que su matrimonio anterior fuera declarado nulo, condición que no les aplicable al
hombre quien puede de inmediato contraer nuevas nupcias, violentándose el principio de
igualdad con clara discriminación hacia la mujer y detrimento de sus derechos humanos.
El Código Civil de 1904 no ve a las personas como seres humanos, no regula las
relaciones familiares atendiendo a los sujetos que la integran, es decir la norma no se
centra en las personas sino a intereses pecuniarios, considerándose que el trabajo del
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hogar y las actividades de cuidado no aportan valor o ganancias en la formación del
patrimonio familiar y establece claramente en el Artículo 94 que El matrimonio es un
contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen por toda la vida, y tiene
por objeto la procreación y el mutuo auxilio. y en el Articulo 95 todavía es mas
enfático al referir que La ley no considera el matrimonio sino como contrato.dejando
en claro la subordinación de la mujer al hombre y que ésta al firmar el “contrato” acepta
procrear los hijos de su marido y ser su auxilio (ayudante), imponiéndole la Ley a la
mujer la obligación en el Artículo 151 de ser fiel a su esposo y socorrerlo en su
necesidades y deja todavía más en claro que su marido es el jefe y representante de la
familia, a pesar de que el Artículo 73 de la Constitución Política dispone que “Las
relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de
derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer.” No obstante, esta afirmación
queda contradicha en el Artículo 245 del Código Civil, que afirma que “La madre
participa del poder paterno y debe ser oída en todo lo que se refiera a los intereses de
los hijos; pero al padre es a quien especialmente corresponde durante el matrimonio,
como jefe de la familia, dirigir, representar y defender a sus hijos menores, tanto en
juicio como fuera de él.” es decir el padre es el “jefe” el que tiene el poder de decisión
sobre la familia en tanto a la madre se la relega a un estado meramente participativo pero
sin poder de decisión. De igual manera, el Artículo 151 párrafo segundo del Código
Civil establece que El marido es el representante de la familia, y en su defecto la
mujer.” En ambas disposiciones se coloca a la mujer como un ciudadano de segunda
categoría que solo podrá actuar, si y solo si, faltase el hombre a quien la ley le da el
poder absoluto sobre las decisiones familiares en las cuales la mujer solo puede dar su
opinión y solo en ausencia del hombre podía ser tomada en cuenta la mujer como sujeta
de derechos y con capacidad jurídica de representar a su familia, reafirmándose los
preceptos constitucionales antes referidos (hasta 1979) que ubican a la mujer como
ciudadana de segunda categoría, incapaz de representar a sus hijos e hijas sino es ante la
ausencia o falta de un hombre; imponiéndole además en el Artículo 152 la obligación de
seguir a su marido dondequiera que traslade su residencia, privándola de la autonomía
de la voluntad, de autonomía física y del derecho a decidir dónde quiere vivir; no
tomando en cuenta que durante la vigencia de este Código Civil el Estado de Nicaragua
Diego Manuel Arana Castillo
ratifico varias convenciones que establecen el principio de no discriminación por razón
de sexo, las que nunca se aplicaron ni se tuvo en cuenta sus efectos entre hombres y
mujeres, constituyendo una discriminación de facto, legitimada y promovida por la
sociedad patriarcal a través de la Ley que provoca un abandono de la identidad de la
mujer y una violación a sus derechos humanos.
2. Divorcio por mutuo consentimiento
En cuanto al divorcio por mutuo consentimiento, hay que tener en cuenta que de no
aceptar el marido conceder el divorcio, la mujer aunque no quisiera seguir unida a su
cónyuge, debía permanecer atada a éste y para poder salir de la violencia intrafamiliar o
sencillamente terminar con la relación, debía acceder a salir sin bienes o beneficios,
dado que conforme disponía el Artículo 175 del Código Civil era requisito indispensable
para tramitar el divorcio presentar copia autorizada del inventario que confeccionaran,
en el que lógicamente todos los bienes se encuentran a nombre del cónyuge varón por
cuanto uno de los bienes más importantes existentes en los matrimonios es el capital
humano invertido por ambos en el varón, en el enriquecimiento del patrimonio del
varón, activos cuyo beneficio sólo pueden ser disfrutados y aprovechados por el hombre
después del divorcio en tanto la mujer que sacrifico su tiempo y autonomía queda en una
posición más desfavorecida y luego de verse compelida a ceder todos sus derechos
incluyendo los patrimoniales, la mujer además debía pasar por el trámite judicial donde
el juez(a) trataba de disuadirla de que pensara en sus hijos y que le era mejor continuar
al lado de su marido porque que iba a hacer ella sin trabajo, con los hijos y sin bienes; es
decir una nueva revictimización pues primero había comparecido ante un Notario(a) que
le disuadía de que si quería salir del matrimonio tenía que ceder sus derechos
patrimoniales, ceder su derecho a relacionarse con sus hijos o a ostentar la tuición de los
mismos y que tomara en cuenta que ella “no había trabajado” para la adquisición de los
bienes pues “solo se dedicó al hogar”, teniendo además que esperar años para que
después de dictada la sentencia por el Juez(a) de primera instancia se enviara esta
resolución en consulta a la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones donde también pasaba
otro buen tiempo hasta que era confirmada podía inscribirse dicha sentencia y tener por
disuelto el vínculo matrimonial, tiempo durante el cual el hombre podía iniciar nuevas
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
relaciones de pareja porque la ley no se lo impedía, disponía de los bienes por
encontrarse estos a su nombre, en tanto la mujer seguía soportando la violencia en sus
diferentes formas; circunstancias que mantenían más sometida a la mujer, la cual además
no tenía los recursos económicos para sostener un proceso judicial tan largo y las
dificultades que implicaba pagar las pruebas documentales o de otra índole, ya que no
dispone de otros recursos económicos que los que le aporta el marido pues éste nunca le
permitió trabajar ni desarrollar sus capacidades y esto era así por cuanto como se hizo
referencia antes, la ley no miraba las relaciones familiares en función de las personas y
mucho menos a la mujer como grupo vulnerable, sino de los intereses pecuniarios en
juego, un contrato, donde al dueño de dichos intereses no le interesaba, valga la
redundancia, terminar la relación por todo lo que significaba, perder el dominio sobre la
mujer que le atiende, que cuida de su hogar y de sus hijos y que además la terminación
de la relación le implicaría perjuicios pecuniarios pues seguidamente tendría que pagar
una trabajadora doméstica para todos los servicios que antes realizaba su cónyuge sin
remuneración alguna, además de la pensión para los hijos, pues tampoco los hombres
querían hacerse cargo de ellos pues esto les significaba una limitación a su autonomía
física, a la libertad de poder desencadenar sus pasiones y no están dispuestos a renunciar
a ese derecho que les otorga el hecho solo de ser hombres en una sociedad patriarcal.
3. El divorcio causal en el Código Civil de 1904.
El Artículo 161 del Código Civil de Nicaragua disponía una serie causales, solo bajo las
cuales se podía pedir la disolución del vínculo matrimonial sin mediar el mutuo
consentimiento, las cuales eran totalmente denigrantes para la mujer y que atentaban
contra el principio de igualdad al disponer condiciones no semejantes o iguales para los
hombres, así por ejemplo regula a favor del hombre que éste pudiese pedir el divorcio
por preñez de su mujer por consecuencia de relaciones ilícitas anteriores al matrimonio,
ignorándolo el marido, y en este sentido como demostraba la mujer que el hombre era
conocedor de su relación anterior y que aún así decidió casarse, o como demostraba la
mujer que ignoraba estar embarazada al momento de iniciar la nueva relación, sino se le
permitía prueba en contrario, bastaba que el marido dijese que cuando se casó ignoraba
que su cónyuge estaba embarazada para pedir la disolución del matrimonio. Otra de
Diego Manuel Arana Castillo
estas causales era el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro, causal que
era más atendida si la agresión provenía de la mujer, pues si la agresión venia del
hombre siempre era justificada y vista como algo normal porque algo grave debía
haber hecho la mujer para que su marido llegase a tales extremos tan así que el
Código Penal de 1974 en el Artículo 130 disponía para el cónyuge que sorprendiera en
adulterio a su consorte y le daba muerte a éste se le imponía una pena ridícula de 2 a 5
años de prisión (considerado un crimen de honor para lavar la honra del marido) y si
disparaba un arma contra su cónyuge y no lo mataba se le imponía solamente de 15 a 30
días de arresto. Otra causal denigrante era el adulterio de la mujer y vale la pena
preguntarse, porque el adulterio de la mujer y no también el del hombre si en la
generalidad de los casos es el hombre el que por su machismo y la socialización
patriarcal se siente con mayor libertad de ser infiel e incluso le es vitoreado por el grupo
de pares (amigos) con cuantas más mujeres tenga relación y eso nos dice mucho de
cómo la sociedad patriarcal a través de la ley condena y sanciona a la mujer y premia u
omite sanción en contra del hombre quien como actor tiene la carga de probar en el
juicio las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se produjeron los hechos, de los
cuales pretende deducir que su cónyuge es culpable y tuvo relaciones sexuales con
persona distinta a él; igual circunstancia se planteaba en el Código Penal de 1974 en el
Artículo 211 al sancionar por adulterio a la mujer casada que yace con varón que no es
su marido con pena de hasta dos años de prisión, pero no sanciona el adulterio del
hombre, es decir al hombre le es permitido ser adultero pero no a la mujer a quien no
solo la ley sino la sociedad sanciona y condena. Por el contrario, otra de estas causales
era el concubinato del marido, siempre que tenga a la mujer en su propia casa, o
notoriamente en otro sitio, o cuando en el hecho concurran tales circunstancias que
constituyan una injuria grave para la mujer, es decir que al hombre la Ley le permitía el
adulterio al no sancionarlo y el concubinato siempre que mantuviera un bajo perfil, pues
tenía que ser una conducta considerada notoria y escandalosa para que pudiese ser
tomada en cuenta, dicho de otro modo, a la mujer no le quedaba más que aguantar una
relación matrimonial aunque su cónyuge tuviese un sinnúmero de relaciones
extramatrimoniales en tanto no llevase a su otra pareja a convivir bajo el mismo techo.
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
4. Consecuencias del divorcio para la mujer bajo la concepción civilista.
Los principales problemas para las mujeres tras el divorcio abarcan aspectos
económicos, emocionales y los propios de la crianza de los hijos e hijas, así como
también los señalamientos de que son víctimas por la sociedad producto de la
socialización patriarcal y los estereotipos, la falta de apoyo de familiares y amistades, la
necesidad de ayuda psicológica y legal especializada a la que no pueden acceder por la
carencia de recursos económicos pues la mujer queda en la generalidad de los casos en
condición más desfavorable, más empobrecida a la que tenía incluso antes de la relación
matrimonial.
El Código Civil es altamente formalistas, la sentencia de divorcio tenía que basarse
únicamente en lo que constaba por escrito en el expediente judicial (lo que no constaba
por escrito no existía) y esa realidad más que una garantía para la seguridad jurídica
creaba una barrera para las mujeres que reclamaban la tutela de sus derechos ante el
sistema de justicia por cuánto el hombre como “jefe” de la familia tenía bajo su
resguardo todo documento importante atingente a la relación matrimonial (facturas,
escrituras de bienes, contratos, etc.) pero además recordemos que nunca se celebraban
las capitulaciones matrimoniales que establecía el Artículo 153 del Código Civil y por
ende la mujer nunca tenia prueba alguna del régimen económico imperante durante la
relación y al figurar todos los documentos a nombre solo del cónyuge varón éste era
dueño exclusivo de todos los bienes habidos durante la relación, aunque a su adquisición
hubiese contribuido la cónyuge mujer y si bien se aplicaba el principio formal de
igualdad procesal a lo largo del proceso, ello implicaba más que una garantía una
desventaja para las mujeres pues éstas nunca iban a estar en un plano de igualdad ni
siquiera formal al carecer de condiciones materiales para litigar en condiciones de
igualdad con los hombres, partiendo del hecho de no disponer del dinero para pagar un
abogado, para poder proveerse de los medios de prueba necesarios y sobre todo, sostener
un litigio largo y costoso, no restándole más que sujetarse a lo que se resolviera en el
proceso, lo que lógicamente nunca le iba a favorecer dado el modelo patriarcal de
relaciones sociales y económicas imperante sustentado en la desigualdad que la Ley a
través del Código Civil imponía a las mujeres, pues el matrimonio es un contrato y
claramente refiere el Arto. 95 del Código Civil La ley no considera el matrimonio sino
Diego Manuel Arana Castillo
como contrato.” no ve derechos en las relaciones familiares ni mucho menos derechos
fundamentales que tutelar sino simplemente derechos patrimoniales dentro de un
contrato. Consecuentemente, cualquier tribunal ante el cual se ventilara un caso de
divorcio donde se discuta la titularidad de la propiedad, otorgará el derecho de propiedad
sobre el bien inmueble a nombre de la persona que se encuentre como titular en el
Registro de la Propiedad, ya que el criterio es que lo que no consta por escrito en el
expediente no existe, salvo que la mujer cuyos derechos estén siendo vulnerados
demostrara que existía sociedad de hecho, como refiere el Arto. 3178 C. que dispone que
“…, se constituye sociedad de hecho, por juntarse dos personas de diferente sexo y
hacer completa vida marital común, con comunidad de bienes o intereses.” y según el
Criterio de la Corte Suprema de Justicia contenido en el Boletín Judicial 1946 Pág.
13424 Cons. I Para que la Sociedad de Hecho sea reconocida por la Ley se necesita
probar la vida marital común y la comunidad de bienes o intereses, por lo cual este
alegato es un argumento débil frente a la carencia para la mujer de medios probatorios
para demostrar dicha comunidad de bienes y de ley ordinaria específica que regulara ese
tipo de relaciones, dado lo cual el fallo judicial que emanará se dictaría conforme la ley
y a los medios probatorios presentados por el hombre para favorecer única y
exclusivamente a éste.
En la generalidad de los casos las mujeres después del divorcio, además de no haber
podido desarrollar sus capacidades por haber sacrificado su tiempo al cuidado de los
hijos e hijas, afectando su salud, su tiempo de ocio y descanso dedicados a su cónyuge y
el hogar, son las que al disolver la relación matrimonial siempre se hacen cargo del
cuidado de los hijos e hijas al asignárseles judicialmente el cuido y crianza de los
mismos porque a los hombres no les interesa asumir dicha responsabilidad y porque se
ha socializado la idea de que la mujer está mejor adaptada y preparada para el cuidado
de los hijos e hijas porque es “natural en ellas”, lo que implica que los hogares de las
mujeres divorciadas tienden a ser más numerosos que los de los hombres y con
necesidades económicas mayores, de modo que las posibilidades de las mujeres de
acceder o permanecer en la vida laboral se ven mayormente restringidas que las de los
hombres debido a los roles de cuidado y atención de los hijos e hijas y por otro lado,
porque carecen de la autonomía económica para desarrollar cualquier proyecto de vida
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
dada la imposición que el modelo patriarcal a través de la división sexual del trabajo ha
venido obligando a las mujeres a dedicarse por entero a las labores domésticas y de
cuidado, tareas que socialmente carecen de valor de mercado y no son consideradas
como trabajo y aun teniendo un trabajo remunerado las mujeres desarrollan dobles y
triples jornadas para cumplir con estos roles y poder obtener un ingresos remunerado
con el cual salir adelante, a lo que se suma el hecho de que al no haber podido
desarrollar sus capacidades (estudiar y formarse un oficio u profesión) las mujeres
accedan a empleos en condiciones más precarias, a puestos temporales o de medio
tiempo o en el sector informal de la economía limitándolas a poder constituirse en
sujetos de derechos económicos propios e individuales, por lo cual bajo el modelo
civilista y patriarcal las mujeres luego de disolverse el matrimonio quedan mucho más
empobrecidas de lo que ya eran, en tanto los hombres quedan aun en mejor posición a la
que tenía antes del matrimonio pues obtuvieron un enriquecimiento en su patrimonio al
cual contribuyo su cónyuge mujer sin remuneración, sin descanso, sin vacaciones, sin
preaviso, ni indemnización de ninguna especie más que la privación de su bien más
preciado, su tiempo. Cabe entonces preguntarnos: ¿Qué sucede con la mujer después del
divorcio?, ¿cuáles son sus posibilidades para insertarse en el mercado del trabajo
remunerado cuando no pudo formarse capacidades durante la vigencia de la relación?,
¿cuál es su experiencia acumulada? ¿Cuáles serán sus condiciones laborales? Y respecto
de su contraparte masculina ¿cuál es su situación frente al mercado de trabajo?, ¿es
equivalente a la a la situación de la mujer en tanto éste tuvo el tiempo a su disposición
para desarrollarse profesionalmente? ¿Queda el hombre en una posición más
desfavorecida cuando todo el patrimonio formado durante la relación queda a su
resguardo y propiedad? evidentemente que las desigualdades son enormes y la mujer no
solo fue privada de su bien más preciado, su tiempo, sino de su salud, de su posibilidad
de desarrollar sus capacidades y tener una auto sostenibilidad e independencia
económica, una mujer queda después del divorcio mas empobrecida, con mas carga y
menos oportunidades.
Diego Manuel Arana Castillo
V. DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO POR VOLUNTAD DE UNA DE LAS
PARTES (LEY 38)
Hasta antes de la Ley 38 del veintiocho de abril de 1988 el matrimonio era considerado
indisoluble y permanente en el tiempo y solamente se podía disolver bajo las causales
establecidas en la ley antes referidas que eran totalmente denigrantes para la mujer y
atentaban contra el principio de igualdad y no discriminación, constituía un divorcio
sanción pues se fundamentaba en la culpabilidad de uno de los cónyuges del “deber” de
fidelidad y de buen trato (generalmente impuesto a la mujer por la sociedad patriarcal) y
solo podía pedirlo el cónyuge “inocente”; no es sino a partir de la ley 38 que el divorcio
se presenta como una manifestación de la voluntad de las personas que no quieren seguir
ligadas en una relación matrimonial, sin que para ello tengan que oponer causales o
razones, sin más procedimiento que manifestar dicha voluntad ante el judicial
competente y acompañar los documentos que demuestren el vínculo matrimonial, la
existencia o no de hijos así como la existencia de bienes comunes para que la autoridad
judicial declárese disuelto el vínculo matrimonial sin que el Estado pudiese intervenir en
la libre voluntad y decisión de cualesquiera de los cónyuges más que para regular la
protección de los hijos, bajo el principio de que parte de la libertad individual de las
personas esta el derecho fundamental y constitucional de constituir una familia y unirse
en matrimonio y como parte de ese derecho también lo es la decisión de no continuar
unido en una relación matrimonial, reconociéndose de esta forma el libre desarrollo de la
personalidad.
No obstante el salto cuantitativo y cualitativo que significo esta ley a través de la cual se
cumplía el mandato constitucional del predominio de la autonomía de la voluntad
consagrado en el Artículo 72 de la Constitución Política que dispone que “El matrimonio
y la unión de hecho estable están protegidos por el Estado; descansan en el acuerdo
voluntario del hombre y la mujer y podrá disolverse por el mutuo consentimiento o por
la voluntad de una de las partes. hay que tener presente el abuso que de la misma se
hizo en perjuicio principalmente de las mujeres ya que al disponer en su Artículo 3 que
la demanda podía interponerse en cualquier lugar a elección del demandante e incluso
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
conforme disponía su Artículo 20 citarse al cónyuge por edicto alegándose ignorar su
paradero, permitía que muchas veces los demandantes refirieran tener su domicilio en
otro lugar (distinto del cónyuge demandado) o referir que ignoraban el paradero de su
cónyuge para interponer la demanda sin que el otro cónyuge tuviese conocimiento de la
misma, violándose el principio de contradicción y derecho a la defensa, de tal forma que
el otro cónyuge se enteraba que ya estaba divorciado mucho tiempo después de dictada
la sentencia quedándole como único recurso solo comparecer a demandar la pensión
alimenticia para sus hijos e hijas pues de antemano sabia que los bienes figuraban solo a
nombre del hombre y no disponía dicha ley, ni otra semejante, ningún tipo de norma que
le permitiera reclamar sus derechos patrimoniales una vez disuelto el matrimonio.
Por otra parte, si bien el Artículo 11 de la Ley 38 disponía que “Para la distribución de
los bienes comunes y en lo que los cónyuges no se pusieren de acuerdo en su
distribución, el Juez decidirá la forma en que éstos serán distribuidos; esta distribución
de bienes la ordenará el Juez, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: -
El aporte y esfuerzo de cada uno de los cónyuges para la adquisición de los bienes
comunes, tomando en cuenta además del salario, el trabajo doméstico.” significando
un gran salto y un hito en el ordenamiento jurídico nicaragüense en defensa de los
derechos de las mujeres que por primera vez se estableciera el reconocimiento del
trabajo invisibilizado y no remunerado de la mujer en las tareas del cuidado como parte
de su aporte en la construcción del patrimonio familiar, sin embargo no define qué valor
debe atribuírsele a dicho trabajo, es decir no se le asigna un valor de mercado, ni se
establece en dicha disposición que dicho trabajo “domestico” tenga una significación
igual a las aportaciones del cónyuge varón en la formación del patrimonio, valoración
que resulta importante a la hora de liquidar los bienes habidos durante la relación
matrimonial o al menos para la compensación al cónyuge mujer que contribuyo con su
esfuerzo, con la entrega de su tiempo a las tareas del cuidado, sacrificando su autonomía
física y económica; por lo que respecto a dicha valoración, lo lógico sería computar
dicha contribución en función del salario mínimo asignado al sector domestico
multiplicado por los años de convivencia; sin embargo en la práctica los jueces y juezas
atienden solo al sentido literal de la norma y como en la misma habla de bienes
comunes, aplican siempre la concepción civilista de que si no existe documento que
Diego Manuel Arana Castillo
diga que los bienes existentes pertenecen a ambos cónyuges, no hay pronunciamiento al
respecto fallándose basado en la Certificaciones de Negativa de Bienes Comunes para
fundar en las sentencias que no se emitía pronunciamiento sobre distribución de bienes
por constatarse con documento público la inexistencia de los mismos, dejando de esta
forma en completa indefensión a las mujeres y pasando por encima de la norma que
mandata a tomar en cuenta el trabajo domestico, pero como se deja expresado por no
asignarse un valor de mercado ni de comparación quedaba dicho derecho en el limbo.
Así mismo, el Arto. 22 la Ley 38 retoma la concepción civilista de que si el bien
adquirido durante la relación no se encuentra a nombre de ambos, le pertenece a nombre
de quien se encuentre (que en la generalidad de los casos se encuentra a nombre del
cónyuge varón) y el Juez sólo podrá decidir sobre el uso y habitación del inmueble a
favor de los menores si es en el que habita la familia; es decir que se produce una
discriminación de facto contra la mujer por cuanto de la construcción cultural patriarcal
y la imposición de la ley al establecer al hombre como jefe de la familia, típicamente es
el hombre quien aparece como propietario de los bienes inmuebles adquiridos por los
cónyuges durante el matrimonio y aun aquellos asignados o adquiridos bajo el régimen
de núcleo familiar o institución similar, por ser el hombre el representante y jefe de la
familia, también estos figuraban a su nombre y por tanto el Artículo 22 no hace
referencia a que sean comunes los bienes cuya titularidad fuese dudosa o los que aunque
figuren a nombre solo de unos de los cónyuges y el otro u otra hubiese contribuido a su
adquisición, ya que para la ley 38 solo se consideran comunes los adquiridos a nombre
de ambos cónyuges y los bienes muebles y objetos de uso familiar que estén en la
vivienda adquiridos durante la vida en común.
Por otra parte, también hay que tener presente que la Ley 38 no dispuso en su entramado
normativo un periodo probatorio, negándole de esta manera a la mujer principalmente, el
derecho de poder demostrar que contribuyo con su esfuerzo a la adquisición de los
bienes aunque estos figuren solo a nombre del hombre y si bien en el Artículo 12 refiere
que Durante el proceso, las partes podrán presentar en cualquier etapa del mismo y de
previo al vencimiento del plazo otorgado al Procurador Civil y a la Oficina de
Protección a la Familia del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar,
todos los elementos que comprueben o fundamenten sus alegatos. El Juez los valorará
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
conforme la sana critica.” esto no implica que se puedan ofrecer como medios de prueba
testificales, inspección ocular, estudios sociales, u otros elementos probatorios pues
como se ha referido al no disponer de un término probatorio, los únicos elementos que
se podía presentar son documentales y recordemos que todos los documentos se
encuentran a nombre del hombre o en poder del hombre, no pudiendo demostrar la
mujer con testificales que había contribuido con su trabajo y esfuerzo a la adquisición de
los bienes, de tal manera que al disponer la ley del término “bienes comunes” de entrada
cortaba toda posibilidad de reclamo si no existía una escritura pública que estableciera
que el bien era común y al no atribuirse un valor de mercado ni de comparación al
trabajo domestico ni disponer la ley su equiparación a las aportaciones del otro cónyuge,
siempre se seguía aplicando la concepción civilista y patriarcal negándoosle sus
derechos patrimoniales a las mujeres y violentando sus derechos humanos y
fundamentales. Lo antes expuesto se corrobora con un estudio realizado por Wendy
España Cuadra sobre expedientes de casos de divorcio en Managua del año 2004 al 2006
y publicado en http://www.monografias.com/trabajos90/verdades-y-mentiras-aplicacion-
ley-38-1988/verdades-y-mentiras-aplicacion-ley-38-
1988.shtml en el cual se reflejan los siguientes datos
estadísticos:
Esto nos refleja el abuso de la ley al referir los
demandantes que su nyuge era de domicilio
desconocido negándoseles el derecho a la defensa al
no pode contestar la demandan por desconocer la
misma.
Aquí se refleja que el mayor porcentaje de
mujeres demandantes son amas de casa a las
que se les privo de su autonomía para poder
formarse y desarrollar sus capacidades
Diego Manuel Arana Castillo
VI. EL DIVORCIO EN EL CODIGO DE FAMILIA
1. Algunas cuestiones previas.
El Código de Familia de Nicaragua Ley 870 aprobado el veinticuatro de Junio del 2014
y publicado en La Gaceta No. 190 del 8 de Octubre de 2014 con vigencia desde el ocho
de abril de este año 2015 implica un salto gigantesco en materia de familia no solo
porque unifica en un solo cuerpo normativo todo el ordenamiento jurídico disperso en
leyes, decretos, reglamentos y otras normas, sino porque implica un cambio radical en el
ordenamiento jurídico de corte patriarcal por incluir este Código la perspectiva de
género, comenzando por reconocer y sancionar la violencia doméstica o intrafamiliar
como una forma de violación a los derechos humanos y principalmente como una forma
de violencia contra la mujer, entre ellas la violencia patrimonial que se ejerce contra la
mujer al no reconocerle sus derechos patrimoniales a través del desconocimiento del
valor económico del trabajo en las labores propias del hogar y la exigencia para que
abandone o no inicie un trabajo remunerado, incluir el principio de igualdad y no
discriminación en las relaciones familiares, el principio de igualdad de derechos, deberes
y oportunidades en las relaciones entre hombres y mujeres mediante la coparticipación
en las responsabilidades familiares y del hogar, instituye como grupo vulnerable a la
mujer y por ende con especial protección, estableciendo en sus principios la protección
priorizada a la jefatura familiar femenina, en los casos de las madres cuando éstas sean
las únicas responsables de su familia, reconoce la vigencia y aplicación de los tratados
internacionales en materia de género como la CEDAW, la convención Belem Do Para,
las cien reglas de Brasilia, la Convención de los Derechos del Niño y la niña, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros instrumentos
internacionales vigentes en el Estado de Nicaragua.
A pesar de este significativo avance, persisten algunos vacios en el nuevo código de
Familia que vulneran los derechos de las mujeres, así por ejemplo, el Código retoma en
el Artículo 47 inciso d) la definición de violencia patrimonial de la Ley 779
Esta grafico nos demuestra que en la generalidad
de los casos no hay bienes comunes por figurar
todos solo a nombre del cónyuge varón.
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
estableciendo como tal la acción u omisión que implique un daño, pérdida, sustracción,
destrucción, retención o distracción en los bienes muebles o inmuebles, objetos,
documentos personales, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos
destinados a satisfacer sus necesidades, bienes de una mujer y los recursos propios o
compartidos en el ámbito familiar o de pareja. También constituye violencia patrimonial
y económica el control de los bienes y recursos financieros, manteniendo así el dominio
sobre la mujer, la negación de proveer los recursos necesarios en el hogar, el
desconocimiento del valor económico del trabajo en las labores propias del hogar y la
exigencia para que abandone o no inicie un trabajo remunerado”, así mismo dispone el
Código de Familia en el Artículo 82 que Los cónyuges deben sufragar en proporción a
sus recursos económicos los gastos de la familia. Si uno de ellos no tuviere bienes ni
gozare de emolumento alguno, el desempeño del trabajo del hogar o el cuidado de los
hijos e hijas se estimará como su contribución a tales gastos, con el mismo significado
de las aportaciones del otro. pero en la parte final del Artículo 106 el Código de
Familia retoma la concepción civilista y el criterio de que “De no existir capitulaciones o
estas fueren ineficaces, el régimen económico es el de separación de bienes.” en este
sentido tal a como ya se hizo referencia, ninguna mujer producto de la socialización a la
que es sometida por el patriarcado, al momento de casarse va a exigir comunidad de
bienes porque no es “normal” ni socialmente aceptable pues se arriesga a ser tildada de
ser una interesada y como consecuencia, todos los bienes que se van adquiriendo durante
el matrimonio, por las relaciones desiguales de poder entre hombre y mujer, estos
siempre van a figurar solo a nombre del hombre y si se pretendía igualar al hombre y la
mujer dentro de esas históricas relaciones de poder, debió establecerse que se casan en
comunidad de bienes a menos que se establezcan capitulaciones en contrario y que sea al
hombre que le incumba la carga de la prueba de que la mujer no aporto nada a la
formación del patrimonio; de igual manera el Artículo 164 del Código de Familia habla
de la “pensión compensatoria” “para él o la cónyuge que esté imposibilitado para
trabajar por motivos de enfermedad o cualquier causa similar, a juicio de la autoridad
judicial. Esta obligación no se otorgará o cesará cuando el cónyuge favorecido haya
contraído nuevo matrimonio o establezca una unión de hecho estable, trabaje o
llegare a tener solvencia económica.” se deja implícito que solo bajo la sombra de un
Diego Manuel Arana Castillo
hombre puede estar protegida económicamente la mujer y que al salir de esa sombra
debe darse una pensión provisional que cesa cuando nuevamente vuelve a estar
subordinada a un hombre, cuando la finalidad de la pensión compensatoria es resarcir al
cónyuge al que la separación o el divorcio le produzcan un desequilibrio económico en
relación con la posición del otro cónyuge y el resarcimiento a la mujer por haberse
privado de su tiempo y trabajado sin salario ni descanso durante todos los años de la
relación en cuidado del hombre y la familia, violentándose el ejercicio efectivo de los
derechos humanos en la aplicación de la ley, que significa dar un tratamiento
diferenciado en razón de la situación especial de vulnerabilidad en que se encuentran las
mujeres, partiendo del principio de igualdad y no de la igualdad formal por la que debe
tratarse por igual a todas las personas que son iguales, sino de la igualdad material o
real, que se apropia de la condición real de las personas y hace necesario un trato
desigual para lograr un resultado igual.
2. El Divorcio en el Código de Familia
El Código de Familia establece cuatro formas de disolución del matrimonio: a) Por
sentencia firme que declare la nulidad del matrimonio. b) Por mutuo consentimiento. c)
Por voluntad de uno de los cónyuges. d) Por muerte de uno de los cónyuges. de las
cuales solo haremos referencia en nuestro análisis al divorcio por mutuo consentimiento
y al divorcio por voluntad de uno de los cónyuges, siempre en los aspectos que nos
ocupan de las desiguales relaciones de poder y de la violación de los derechos
patrimoniales y humanos de las mujeres.
Algo muy novedoso de este Código es que dispone en el Artículo 110 que En caso de
que no existiere título o factura que acredite la titularidad del bien o derecho, se entiende
que corresponde a los dos por mitades indivisas, salvo que se trate de bienes muebles
que sean de uso personal o estén directamente destinados al desarrollo de la actividad de
uno de los cónyuges o convivientes y no sean de extraordinario valor.lo cual es muy
importante porque a partir de este artículo permitirá a los jueces y juezas reconocer esos
derechos a las mujeres y que antes no podían reclamar porque los documentos figuraban
solo a nombre del hombre o porque no podía proveerse de los medios de prueba
necesarios o como dicta la norma, la titularidad de dichos bienes fuese dudosa. Otro
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
aspecto novedoso es el contenido en el Artículo 131 que refiere que Sin perjuicio del
régimen económico elegido por los cónyuges o convivientes, los enseres del hogar se
destinarán a la madre, al padre o a quien se le confiera el cuido y crianza de los hijos e
hijas que sean niños, niñas, adolescentes o mayores que sean personas con discapacidad.
En caso de no haber descendencia se distribuirán conforme al régimen económico
elegido.
Un aspecto que no es tomado en cuenta en el Código de Familia y que sigue siendo
elemento de controversia y discriminatorio contra las mujeres, es que siempre se hace
referencia al termino “bienes comunes” pero que sucede cuando los bienes figuran solo a
nombre de uno de los cónyuges pero el otro contribuyo ya sea con aportaciones
económicas, con su trabajo o en las tareas de cuidado, a la adquisición de dicho bien y
no tiene un documento para probar dicha contribución; es aquí donde reside la
problemática porque si bien el Código mandata a tomar en cuenta el trabajo domestico
en el Artículo 145 que regula las reglas para la distribución de bienes comunes, inciso c)
dispone que debe tomarse en cuenta El aporte y esfuerzo de cada uno de los cónyuges
para la adquisición de los bienes comunes, tomando en cuenta los ingresos de los
cónyuges y el trabajo del hogar.pero como determinar la comunidad de bienes cuando
no hay capitulaciones matrimoniales y cuando el bien figura solo a nombre de uno de los
cónyuges, porque tenemos la norma de que cuando la titularidad fuese dudosa se
dividirá en partes equitativas entre los cónyuges, pero cuando el bien está claramente
establecido mediante documento público que solo pertenece a uno y no existe contrato
de capitulación que establezca la comunidad de bienes, de que le sirve a la cónyuge
mujer que la norma establezca tomar en cuenta su trabajo a las tareas del cuidado,
quedando al final su derecho desprotegido.
Por otra parte, el Código de Familia establece la figura de la pensión Compensatoria la
que se supone está basada en el principio de prohibición de enriquecimiento injusto y
que tiene como finalidad reparar ese desequilibrio económico que produce la ruptura
de la relación matrimonial o convivencial en uno de los cónyuges o convivientes en
relación con la posición del otro y que implica un empeoramiento de su situación
anterior; no obstante el Código de Familia establece dos supuestos en que se deberá fijar
la pensión compensatoria: el señalado en el Artículo 164 que refiere que Se fijará
Diego Manuel Arana Castillo
pensión compensatoria para él o la cónyuge que esté imposibilitado para trabajar por
motivos de enfermedad o cualquier causa similar, a juicio de la autoridad judicial. Esta
obligación no se otorgará o cesará cuando el cónyuge favorecido haya contraído nuevo
matrimonio o establezca una unión de hecho estable, trabaje o llegare a tener solvencia
económica.y el otro supuesto es el contenido en el Artículo 177 que dispone que La
autoridad judicial podrá ordenar también, una pensión compensatoria, sustitutiva de la
alimenticia, siempre que no exista repartición de bienes entre los cónyuges o
convivientes, a fin de evitar el desequilibrio económico que para uno de los cónyuges
puede significar el divorcio, en relación con la posición del otro cónyuge y un
empeoramiento de la situación que tenía durante el matrimonioLa pensión
compensatoria cesará cuando la o el cónyuge favorecido contraiga nuevo matrimonio,
establezca una unión de hecho estable con otra persona o llegare a tener medios
económicos para su sustentación como puede notarse dicha pensión se establece
cuando el cónyuge está imposibilitado para trabajar y cuando no hay distribución de
bienes, no por reconocérsele e indemnizársele por todo el trabajo no remunerado
realizado y el sacrificios de su tiempo, no por haberse privado de su desarrollo personal
y haber quedado con su salud deteriorada, no porque ya no se encuentra dentro de la
edad laboral y no desarrollo sus capacidades para tener una independencia económica;
no son estas las razones, sino que es una limosna, una pensión temporal y no una
indemnización ni mucho menos un resarcimiento, pues tal beneficio como establece la
norma cesa cuando llegue a constituir una nueva relación o llegue a tener solvencia
económica y vale preguntarse quién le quita al hombre el bien que adquirió producto del
esfuerzo de la mujer cuando éste contrae una nueva relación o adquiere mayor solvencia
económica; es acaso esta regulación igualitaria si a la mujer la ley le dice que solo esta
protegida al amparo de una relación en tanto se produjo enriquecimiento sin causa del
otro cónyuge y una desigualdad patrimonial violentándose así el derecho-principio de
igualdad con el consiguiente mandato de no discriminación plasmado en el Código de
familia y que vino a transformar las relaciones familiares erradicando totalmente la
discriminación directa, entendida esta como un tratamiento jurídico diferenciado a una
persona, pero aun persiste la discriminación indirecta a través de regulaciones en
apariencia neutras como a las que se ha hecho alusión, pero que influyen en los derechos
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
de las mujeres, lo que implica que debemos prestar atención no solo al texto de norma,
sino a los efectos que provoca su aplicación, para que en la práctica no generen impactos
diferenciados no justificados.
3. Incorporación y aplicación de los instrumentos internacionales
En materia de equidad de género y respeto a los derechos económicos de las mujeres, el
Estado nicaragüense ha contraído obligaciones legales de carácter internacional
derivadas principalmente de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre las cuales destacan: Dar los pasos
apropiados para empoderar económicamente a las mujeres, asegurándoles condiciones
de equidad de género en cuestiones como las prestaciones familiares y la consecución de
créditos bancarios, hipotecas y cualquier otra forma de crédito financiero. CEDAW. Art.
13. De igual manera en la declaración y el plan de acción de la Conferencia Mundial
sobre Derechos Humanos (NACIONES UNIDAS. Viena 1993), señala expresamente
que los derechos humanos de la mujer son parte inalienable e indivisible de los derechos
humanos universales por lo que debe concederse “a la mujer el pleno disfrute en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos” y “eliminar los prejuicios
sexistas en la administración de la justicia y a erradicar cualesquiera conflictos que
puedan surgir entre los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas
prácticas tradicionales o costumbres”
“La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente
que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre” (Comité CEDAW,
Recomendación General 19). Para identificar un trato discriminatorio, es necesario
comprobar una diferencia en el trato entre personas que se encuentran en situaciones
suficientemente análogas o comparables (CIDH). Una situación determinada de
discriminación va a implicar siempre una diferenciación de situaciones iguales o una
igualación de situaciones diferentes.
Nicaragua ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (en adelante, CEDAW) el 17 de julio de 1980. Dicha
Convención entró en vigor en el territorio nacional el 27 de octubre de 1981. Sin
embargo, no es sino con la entrada en vigencia del Código de Familia que se incorporan
al derecho interno estas disposiciones y aun Nicaragua no ha ratificado el Protocolo
Diego Manuel Arana Castillo
Opcional, que establece un procedimiento de comunicación y otro de investigación. El
primero permite a mujeres individuales y a grupos de mujeres denunciar violaciones de
derechos al Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. El segundo
permite al Comité iniciar investigaciones sobre la violación grave o sistemática de los
derechos de la mujer. La ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW reviste
una gran importancia porque provee de las herramientas para la exigibilidad del
cumplimiento de los objetivos establecidos en la Convención por parte de los Estados.
No es solamente un asunto formal, sino de justicia y de derechos humanos, puesto que
posiciona el mandato en el mismo nivel de la legislación nacional, y suple el vacío que
existe para la rendición de cuentas más allá del informe periódico, único mecanismo que
tiene la CEDAW para la verificación y el seguimiento del cumplimiento de sus
objetivos. Por lo demás, el Protocolo constituye un mecanismo que posibilita corregir
situaciones discriminatorias y defender los derechos de las mujeres ante situaciones
concretas, ya que permite que las propias mujeres y sus organizaciones denuncien
situaciones anómalas, de exclusión o lesivas a sus derechos como humanas.
No obstante la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de los preceptos de las
convenciones internacionales en materia de equidad de género, persisten problemas con
el reconocimiento de derechos patrimoniales a las mujeres y otros aspectos como por
ejemplo el contenido en el Artículo 319 del Código de familia relativo al derecho de
alimentos para el no nacido que dispone que la madre podrá solicitar alimentos para el
hijo o hija que está por nacer cuando éste hubiese sido concebido antes o durante los
doscientos sesenta días a la separación de los cónyuges o convivientes lo cual además
de violentar el principio constitucional de igualdad de todos los hijos dicha disposición
es discriminatoria y constituye una violación del artículo 16.1.a de la CEDAW, ya que
impone condiciones distintas a hombres y a mujeres en relación con el matrimonio y la
familia, porque esta disposición está ligada a la certeza de la paternidad sobre la cual “El
derecho reconoce y protege la necesidad que tienen los hombres de tener certeza sobre la
paternidad biológica. Para ello, es necesario activar mecanismos de control sobre la
sexualidad y capacidad reproductiva femenina, y por extensión controlar la reproducción
humana. Esto último a pesar de que es en el cuerpo de las mujeres que se realiza esta
importante función. Así, el derecho pretende pasar por universal una necesidad que es de
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
los varones y que además repercute en la restricción del ejercicio de autonomía sexual y
reproductiva de las mujeres Es obvio que ésta no es una necesidad de las mujeres y,
sin embargo, esta situación es regulada por el derecho como si fuera una necesidad de la
humanidad toda. Peor aún, es regulada en detrimento de la libertad de las mujeres de
contraer o no nuevas nupcias. Los legisladores no consideran más relevante, por
ejemplo, que esa certeza se dirija a darle un padre y una madre a la niña o niño y que la
sociedad asuma su responsabilidad en la crianza y desarrollo de ellos. Un derecho con
estas características podría contribuir a llenar una necesidad social que involucra a las
mujeres y de paso promovería el ejercicio de una paternidad responsable más allá de
factores biológicos.” (Alda Facio) Feminismo, género y patriarcado pp 7 pero además
que pasa con las relaciones eventuales, donde no necesariamente la mujer tenga que
estar casada o en unión de hecho, acaso por este hecho deja de existir el hijo o la
necesidad de los alimentos, evidentemente que no y debido a lo cual, cada vez que
encontremos un elemento discriminatorio debemos aplicar un trato diferenciado para
igualar las desigualdades y que exista un real acceso a la justicia.
Diego Manuel Arana Castillo
VII. CONCLUSIONES
El derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación, constituyen los principios
que sustentan todos los derechos humanos y nos obligan como operadores de justicia a
aplicar mejor la especificidad en la protección que precisan quienes sufren desigualdad o
discriminación. El género no es un tema separado, es un enfoque que enriquece el
diagnóstico de una situación, visualiza inequidades entre hombres y mujeres y abre
caminos para su superación, por ello a partir de la especificidad de las violaciones de
derechos humanos que sufren las mujeres en función de su género, de los roles y
estereotipos que la sociedad históricamente les han atribuido, nos marca la necesidad de
conferir un carácter también específico al reconocimiento y sobre todo, a la protección
de sus derechos.
La violación del derecho a la no discriminación, es la base de la vulneración de muchos
otros, todo ello influye en las oportunidades de las personas y por consiguiente, en el
ejercicio de sus derechos y en la realización de sus capacidades y aun existen en nuestro
ordenamiento jurídico derechos que son claramente desiguales en razón del género y que
constituyen un obstáculo que se debe superar para permitirle a las mujeres el acceso a la
justicia en un plano de igualdad, el derecho del acceso a la justicia de la mujer debe
entenderse como el derecho que las mujeres tienen no solo a acceder a los órganos
jurisdiccionales para la tutela de sus derechos, sino que se tome en cuenta su condición
social, económica y cultural, no para discriminarla sino para superar los obstáculos que
puedan enfrentar, no se debe limitar a la aplicación estricta de la norma, sino que debe
trascender esta a la eliminación de tratos discriminatorios en razón del sexo y las
barreras culturales que históricamente le han negado a la mujer su condición de sujeto de
derechos.
En materia de equidad de género en particular, la reforma que ha venido sufriendo en
estos últimos años el marco jurídico interno es significativo pero ello no es suficiente,
dado que la legislación por misma no logra inducir cambios de comportamiento en la
sociedad, por lo que además de contar con las herramientas e instrumentos legales que
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
protejan los derechos de las mujeres, es necesario desarrollar estrategias, programas y
acciones de sensibilización y capacitación dirigidos a todos los operadores y operadoras
de justicia con el fin de que tomemos conciencia y participemos de manera directa en los
esfuerzos para erradicar prácticas discriminatorias (de jure y de facto) en contra de las
mujeres y que el actuar de todos sea acorde con las políticas públicas con enfoque de
equidad de género que desarrolla el Poder Judicial y el Estado de Nicaragua, teniendo
presente que ante los vacios o ambigüedades que se puedan presentar en la norma, ante
todo debemos aplicar la Constitución Política, los principios rectores del Código de
Familia y los instrumentos internacionales vigentes en materia de género evitando las
prácticas discriminatorias al objetivizar con razonabilidad un trato diferenciado,
valorando los hechos y el contexto de las personas, evitando incurrir en estereotipos;
valorando las condiciones materiales y las diferencias para determinar si una persona
está en una condición de igualdad o desigualdad respecto de otras, el objetivo no es
“igualar las diferencias” sino colocar en igualdad de condición a ambas partes para que
haya un verdadero acceso a la justicia.
Diego Manuel Arana Castillo
VIII. BIBLIOGRAFIA
Nicaragua. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Aprobada el 19 de Noviembre de 1986 Publicada en La Gaceta No. 05 del 09 de
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
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Americanos, en su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones del 9 de junio de
1994, en Belém do Pará, Brasil. Entrada en vigor: el 5 de marzo de 1995 de
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Lagarde, M. (2003) “Mujeres cuidadoras: entre la obligación y la satisfacción”
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ac.org/PDFs/bibliovirtual/VIOLENCIA%20CONTRA%20LAS%20MUJERES/Gene
ro,%20Derecho%20y%20Patriarcado.pdf
Dr. Diego Manuel Arana Castillo
Juez de Distrito de Familia de Bluefields
Circunscripción Región Autónoma Costa Caribe Sur
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
TEMA:"DEL CÓDIGO CIVIL AL CÓDIGO DE FAMILIA:
ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL
DIVORCIO EN NICARAGUA"
MAESTRANTE: LIC. DIEGO MANUEL ARANA CASTILLO
JUEZ DE DISTRITO DE FAMILIA DE BLUEFIELDS, NICARAGUA.
TUTOR: DRA. LAURA NUÑO
PROFESORA TITULAR DE CIENCIAS POLITICAS, DIRECTORA DE LA
CATEDRA DE GENERO, EL GRADO EN IGUALDAD DE GÉNERO, EL
MÁSTER DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO DE LA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS.
MANAGUA, AGOSTO 2015
Diego Manuel Arana Castillo
DEDICATORIA
A MI ESPOSA: KATY DEL SOCORRO MARTÍNEZ NARVÁEZ
Incomparable compañera, amiga y esposa, luchadora incansable y quien ha sabido
no solo ser madre sino también padre de mis hijos, supliendo mis ausencias por
razón de trabajo y a quien he privado de mi compañía pero nunca de mi amor.
A MIS HIJOS: DAYANA KRISTHYN, DIEGO MANUEL Y MADISON
ELIZABETH ARANA MARTÍNEZ
El mayor tesoro que Dios y la vida me han podido otorgar, motor y fuente de mi
lucha y anhelo, mi razón de vivir y triunfar, el amor materializado y a quienes he
tenido que privar de mi atención y conducción por la necesidad de trabajar y
espero sepan perdonar mi ausencia involuntaria cuando me han necesitado.
A MI NIETO: ALESSANDRO
Razón de mis alegrías, bendición de Dios.
A MI MADRE: ESPERANZA CASTILLO MEZA (q.e.p.d)
Mujer valiente y aguerrida, bondadosa, desprendida, luchadora, de gran fuerza
moral y dulce carácter quien me enseño a amar y respetar a las mujeres, a luchar
por los niños y niñas y a proteger al débil y desposeído, a quien debo el haber
podido llegar a ser la persona que hoy soy y que engendro en la pasión por el
Derecho y la Justicia.
A MIS HERMANA: DULCE MARIA ARANA CASTILLO Y ALEJANDRA
ARANA CASTILLO
Quienes siempre han estado a mi lado cuando las he necesitado en todos los
aspectos de mi vida.
Del Código Civil al Código de Familia: análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua.
AGRADECIMIENTOS
A LA HONORABLE MAGISTRADA DRA. ALBA LUZ RAMOS VANEGAS
Por haberme dado la oportunidad de cursar este Magister y permitirme cambiar
mi visión del mundo con equidad de género, para ser una mejor persona y un
mejor operador de justicia.
A ROXANA VOLIO MONGE (ROCHI) Y MARIA MARTÍNEZ DE LA COLINA
Mis queridas maestras que con su dinamismo, entusiasmo y mucho cariño
pudieron hacer llorar a “moco tendido” a este hombre, sacando desde “dentro de
las tripas” lo bueno y lo malo, para transformarlo y hacerlo nacer de nuevo en un
hombre comprometido con la equidad de género y uno más que lucha por hacer de
la igualdad formal una realidad.
A LAS DRAS. ANGELA ROSA ACEVEDO, JENNYFER HERNÁNDEZ Y
DEMAS COMPAÑERAS DE LA SECRETARIA TECNICA DE GENERO DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA QUE CON SU APOYO INCONDICIONAL
HICIERON POSIBLE LA LOGISTICA DEL MAGISTER.
A MI TUTORA Y MAESTRA: DRA. LAURA NUÑO QUE TUVO LA
PACIENCIA DE ACOMPAÑARME EN ESTE TRABAJO.
Diego Manuel Arana Castillo
INDICE
I. INTRODUCCIÓN JUSTIFICATIVA……………………………………………....6
II. CONCEPTOS BASICOS………………………………………………………….10
III. EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL…………………………………………….11
1. Exclusión de la mujer como sujeta de derecho……………………………..11
2. Reconocimiento constitucional de la mujer como sujeta de derecho. ……14
IV. EL DIVORCIO EN EL CÓDIGO CIVIL DE 1904…………………………….16
1. Cuestiones previas…………………………………………………………….16
2. Divorcio por mutuo consentimiento…………………………………………19
3. El divorcio causal en el Código Civil de 1904………………………………20
4. Consecuencias del divorcio para la mujer bajo la concepción civilista…..21
V. DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO POR VOLUNTAD DE UNA DE LAS
PARTES (Ley 38 del veintiocho de abril de 1988)...………………………………. 25
VI. EL DIVORCIO EN EL CODIGO DE FAMILIA……………………………….29
1. Algunas cuestiones previas…………………………………………………... 29
2. El Divorcio en el Código de Familia…………………………………………31
3. Incorporación y aplicación de los instrumentos internacionales………….34
VII. CONCLUSIONES………………………………………………………………..37
VIII. BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………..39

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Arana Castillo Diego Manuel. (2016, mayo 12). Análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/analisis-desde-la-perspectiva-genero-del-divorcio-nicaragua/
Arana Castillo, Diego Manuel. "Análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua". GestioPolis. 12 mayo 2016. Web. <http://www.gestiopolis.com/analisis-desde-la-perspectiva-genero-del-divorcio-nicaragua/>.
Arana Castillo, Diego Manuel. "Análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua". GestioPolis. mayo 12, 2016. Consultado el 9 de Diciembre de 2016. http://www.gestiopolis.com/analisis-desde-la-perspectiva-genero-del-divorcio-nicaragua/.
Arana Castillo, Diego Manuel. Análisis desde la perspectiva de género del divorcio en Nicaragua [en línea]. <http://www.gestiopolis.com/analisis-desde-la-perspectiva-genero-del-divorcio-nicaragua/> [Citado el 9 de Diciembre de 2016].
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