Después de casi 70 años de gobierno Priista y a 12 años de que el poder paso por manos del gobierno panista caracterizado por un congreso dividido y una izquierda disgustada llegamos al umbral del 2014 ante una serie de reformas estructurales y administrativas; entre estas la reforma fiscal nuevamente puestos en manos del Gobierno Priista representado en el Ejecutivo el por Lic. Enrique Peña Nieto en el marco del pacto por México con el slogan “Un México Incluyente” y “Un México Prospero” después de una larga negociación y discusión en todos los sectores tanto sociales, económicos y políticos se apunta a lograr el progreso de nuestro país ya de por si rezagado ante otras potencias mundiales.
En el caso de México que no ha tenido una reforma tan importante después de la llevada acabo en los años 80 cuando se estableció el impuesto al valor agregado, hoy es necesaria para el país ante las necesidades actuales y la ineficiencia del sistema tributario y fiscal una reforma que signifique la mejora y renovación del sistema impositivo.
Si bien es sabido que cada año se realizan parches en la política fiscal a través de la miscelánea fiscal hoy es necesario no solo la modificación de las leyes fiscales vigentes si no de crear nuevos ordenamientos que a simple vista prevén un sacrificio fiscal para los ya incautos contribuyentes pero que sin embargo representa la única vía para evitar el endeudamiento Nacional.
Sin embargo parte de la discusión ha sido originada al observar la misma dinámica a lo largo de la historia entre las finanzas públicas y las políticas del estado que siempre repercuten en la estabilidad social y en el nivel de vida de la ciudadanía en relación a los factores recurso y gasto; en este orden de ideas el principal cuestionamiento por parte de los sectores es que esta reforma también deberá contribuir a mejorar el gasto público, hablamos entonces de Asuntos como la transparencia y rendición de cuentas en Estados y Municipios.
Como ya lo mencione con anterioridad a partir de los años 80 México a presentado una evolución en las políticas impositivas tanto en impuestos directos como indirectos y el sistema tributario se ha ido conformando por leyes como el Código fiscal de la federación que establece la clasificación de los ingresos tal y como sigue; impuestos, contribuciones de seguridad social e ingresos no tributarios.
La constitución política en su artículo 31 su fracción IV establece son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del distrito federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; como se puede observar este articulo sustenta la esencia del sistema tributario en la capacidad de pago para mantener el estatus quo a mayor riqueza mayor pago de impuesto en esta línea los impuestos deben de ser suficientes para cubrir los gastos públicos mismo de los que se beneficia cada contribuyente logrando equidad social aumentando el poder adquisitivo del salario y de las clases más necesitadas, a través de una política que abarca ingresos y gastos.
Sin embargo en base a lo anterior en México la recaudación es insuficiente ante las imperantes necesidades de gasto público destinado a desarrollo social, y se recauda mucho menos que en otros países similares, la reforma fiscal para 2014, se vuelve claramente recaudatoria y busca ampliar la base tributaria reduciendo así la dependencia del sector publico de los ingresos del petróleo.
Dentro de los principales cambios o ajustes al sistema fiscal tenemos en relación a la Ley del IVA tributo que se causa por el porcentaje sobre el valor adicionado a un bien o servicio terminado se configura como uno de los impuestos más fáciles de cobrar y que casi todos los ciudadanos pagan, independiente de su status de formalidad o no ya que los impuestos indirectos al consumo y el IVA, principalmente, tienden a ser la fuente de ingresos más importante.
Dentro de la reforma fiscal se aprobó la desaparición de la tasa del 11% para la llamada “región fronteriza”
Actualmente la franja fronteriza goza de un IVA del 11 por ciento, cuando en el resto del país es del 16 por ciento.
El incremento real para los residentes de la franja fronteriza recaerá en un efecto inflacionario, ya que este impuesto se traslada a los precios del consumidor además de otro efecto negativo es que va a afectar el consumo de la entidad, por dos vías en la capacidad de compra de los ciudadanos en la franja fronteriza, van a tener menos ingresos para gastar en bienestar y, por otro, se va a causar un desplazamiento del consumo de bienes y servicios del mercado interno al mercado externo sin dejar a un lado las maquilas que están en la franja fronteriza y que tendrían problemas y perderían competitividad al tener que adquirir bienes y servicios en México a un mayor costo.
Los habitantes del estado de Quintana Roo también gozan de un IVA del 11 por ciento por tener una frontera con Belice al sur, y pese a estar alejados geográficamente los centros turísticos de Cancún, Playa del Carmen o la isla de Cozumel, el beneficio se hace extensivo a todo el estado. En esta región del país los que más se quejan por la homologación del impuesto al valor agregado son los empresarios hoteleros, que ven en este aumento la pérdida de competitividad, ya que sus clientes son extranjeros y se tiene que competir con otros centros turísticos del Caribe.
Lo aprobado por la Cámara de Diputados como lo hemos analizado consiste en una reforma recaudatoria, que se recarga en todos los grupos de contribuyentes cautivos; no necesariamente completa un cambio institucional y mucho menos mejora la estructura y esquema de los ingresos públicos a través ; no pretende eficiente el ejercicio del gasto, ni mucho menos mejorar los esquemas de transparencia y rendición de cuentas en los tres niveles de gobierno de manera directa con instituciones fuertes manifestando limites y facultades del sector publico.; no atiende el problema de la baja recaudación de los gobiernos locales; ni puntualiza las atribuciones sobre el gasto publico en los tres niveles de gobierno que obligue a la transparencia tanto en recaudación como asignación y desempeño del gasto, además de que no parece tener herramientas adecuadas para combatir la informalidad así como el incumplimiento de obligaciones en el pago de impuestos.
Podemos decir entonces que la modernización administrativa del sistema tributario podría lograrse mediante una simplificación de las reglas tributarias que permita desburocratizar y descentralizar los procesos administrativos, lo que a su vez facilitará el pago de impuestos de los contribuyentes además de que se requiere invertir en innovación tecnológica profunda del sistema de información como requisito indispensable para mejorar la eficiencia y bajar los costos de colección de los impuestos y por ultimo buscar mecanismos de mejora para lograr la confianza al conferir certidumbre favoreciendo el logro de tres objetivos fortalecer la recaudación, lucha contra la evasión y simplificación de los gravámenes.
Independientemente del escenario la eficiencia de la reforma fiscal también dependerá sobre todo de las condiciones que den curso a un proceso político que realmente permita a los grupos llegar a un buen arreglo institucional es decir, se considera que el compromiso fiscal existente deberá en esencia ser suficiente para garantizar modificando los acuerdos sociales básicos que han permitido hasta ahora mantener runa notable y atípicamente baja carga fiscal, en comparación con países de similar o incluso menor desarrollo.
Ésta es la condición no sólo para repartir costos y beneficios, sino también para establecer compromisos fiscales buenos y creíbles.
Aunque tenga un carácter regresivo, la tendencia actual es que la redistribución del ingreso se realice por medio del gasto social focalizado, utilizando los ingresos adicionales disponibles.
