Decisiones ambientales y liberalismo

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La primera versión de este libro surgió de un requerimiento académico del curso internacional sobre Gestión política y socio ambiental de los recursos naturales. Este curso fue auspiciado por NUFFIC, institución holandesa que promueve un sistema de becas para la formación de técnicos en diferentes partes del mundo.

Fue ejecutado en Ecuador en una alianza entre el Consorcio CAMAREN y el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), conjuntamente con la Universidad de Tilburg de Holanda y la Universidad de Campinas del Estado de Sao Paulo en Brasil. El título, Decisiones ambientales y liberalismo, enfoca los tres elementos principales sujetos a análisis: las decisiones de los individuos, los problemas ambientales derivados de estas decisiones y el tipo de determinaciones que surgen del contexto liberal. El acercamiento teórico al tema se realiza desde la filosofía política y la ética, con una mirada cualitativa y especulativa apoyada en la matemática.

La publicación está dirigida, prioritariamente, a los académicos interesados en la ética ambiental.

Sin embargo, su público puede ser más amplio e incluir a personas ocupadas en temas filosóficos, de ecología política y de ecología económica.

El contenido está organizado en cuatro partes. En la primera, la introducción, se establece el trazado de cancha de la investigación filosófica, la hipótesis principal, así como el alcance y los límites del estudio partiendo de las fuentes bibliográficas usadas por el autor. La segunda parte presenta el concepto principal del libro, esto es, los campos de decisión ambiental. Se argumenta sobre su sentido y capacidad heurística y se caracterizan los campos de manera cualitativa con ayuda del lenguaje matemático.

En la tercera parte se analizan las implicaciones de los campos de decisión ambiental y su relación con las teorías de la elección racional y con la ética utilitarista. Finalmente, en la cuarta parte, se aborda el tema de las decisiones de consumo y de producción.

La aspiración es ambiciosa y modesta. Ambiciosa porque pretende aportar con un marco interpretativo original. Modesta, porque este marco interpretativo se propone como una hipótesis que requiere validación.

El libro que el lector tiene en sus manos postula que las decisiones individuales que afectan al ambiente, deben incorporarse al contrato, como una forma de reconciliar la racionalidad con la moralidad. Para esto se presenta el concepto de “los campos de decisión ambiental”.

Gracias a este concepto se busca transparentar la relación de responsabilidad ambiental del individuo, en la ocurrencia de los problemas ambientales.

1. Introducción

Sentido y trayectoria

Esta investigación filosófica evolucionó desde el estudio de los umbrales éticos en las políticas públicas ambientales, hacia el análisis más acotado de las decisiones individuales que afectan al ambiente, tema también de la razón práctica o de la ética.

Evolucionó de esta manera por los aportes de las lecturas de John Rawls y David Gauthier. En efecto, para considerar con alguna profundidad el tema de las políticas públicas ambientales, había primero que trabajar el concepto de las decisiones ambientales. ¿Cómo funcionan las decisiones ambientales, cómo interactúan, desde dónde se construye la responsabilidad ética sobre una decisión ambiental? Si se clarifica el panorama acerca de las decisiones, entonces puede darse un salto mayor en la discusión de las políticas públicas y sus umbrales éticos, pero esto es parte de un programa que el libro no pretende cubrir.

Y si acordamos una nomenclatura o un código para una ética ambiental, ¿cómo puede ejercerse esa ética en la determinación de decisiones ambientales éticas? ¿Cómo hacerlo en el contexto de la sociedad moderna?

Así, se analiza la tesitura ética de las decisiones ambientales individuales. Y el problema abordado se sintetiza en la siguiente pregunta orientadora del trabajo: ¿Qué tipo de relación significativa se puede establecer entre las decisiones ambientales racionales y autónomas de los individuos y la ocurrencia o no ocurrencia de los problemas ambientales? El fundamento conceptual está basado en los siguientes autores y en unos pocos textos: David Gauthier, Alipio Sánchez, John Rawls, Laura Rival, Bruno Latour, Bourdieu, Michel Serres, Paulette Dieterlen, Rom Harré, Abitbol y Botero, Patricia Gualdoni y Elizabeth Errazti. Sin embargo, se ingresa a los temas con gran libertad por parte del autor.

La pregunta a su vez alude con tópicos relacionados con las teorías de la elección racional y del llamado individualismo metodológico. Un acápite trata estas relaciones tan complejas y que son motivo de arduos estudios en las ciencias sociales actuales.

La hipótesis conceptual de fondo

“Hay quienes sostienen que, así como el razonamiento sobre qué pensar o creer debe responder a un criterio objetivo de verdad, el razonamiento sobre qué hacer debe responder a un criterio objetivo de bondad (…) El problema principal de la ética moderna es la reconciliación de la moralidad con la racionalidad”1.
Como se verá a lo largo del texto, existe una hipótesis negativa que fundamenta el análisis:

Las decisiones ambientales individuales, especialmente las de consumo, no se conectan, desde el punto de vista de la responsabilidad ética, en forma transparente con la ocurrencia de los problemas ambientales, y esto produce que dichas decisiones en su mayoría no formen parte del contrato social liberal.

Se podría decir, con mucha razón, que todos sabemos que la decisión individual, por ejemplo, de consumir sopa de aleta de tiburón produce un serio impacto en el equilibrio ictiológico, pero el problema se enfoca en que dichas decisiones no han sido analizadas en forma suficiente ni por la teoría económica, ni por la ecología política, ni por la ética, sino solo parcialmente.

Para profundizar el análisis sobre las decisiones ambientales individuales y sus implicaciones, el trabajo postula el concepto de los “campos de decisión ambiental”. Se considera que este concepto es un aporte original del texto.

El marco de análisis

El problema propuesto atañe a la filosofía política y a la ética filosófica. Pues trata de indagar en torno a las relaciones entre las decisiones ambientales y la ética.

¿Cómo puede construirse una decisión ambiental éticamente calificable como tal? Pero para responder esta pregunta, conviene establecer ciertas nociones a modo de marco de referencia: ¿desde dónde se plantea esta pregunta?, ¿desde qué marco de organización política y social?

El texto se ubica en los límites de una sociedad democrática liberal, es decir, de aquella que es producto de un proceso contractualista, en la que se parte de la noción de individuos racionales y autónomos, que toman decisiones en un marco de libertades básicas. Se trata entonces de mirar las decisiones ambientales como un caso particular de decisiones en las que incurre la sociedad democrática liberal. En cierto sentido se inscribe en las teorías de la elección racional. Por tanto, la noción de mercado y de interacción libre de los individuos en el mercado, constituye piedra angular de esta reflexión, en torno a las posibilidades de las sociedades para generar decisiones ambientales éticamente justas, o, si se quiere, se trata de indagar las posibilidades de decisiones ambientales buenas, entendiéndose por buenas, aquellas que precautelan la sostenibilidad ambiental y que evitan o mitigan la degradación de la naturaleza.

La pregunta busca indagar la posibilidad de decisiones individuales éticas en el marco de las sociedades de mercado, más allá de los arreglos que puedan lograrse desde los sistemas de precios.

Todo esto quiere decir que el texto no profundiza el análisis sobre opciones de decisión ambiental bajo una organización social distinta.

Por ejemplo, una sociedad con una organización colectivista o comunitarista o teocrática, que podría organizar las decisiones sobre política ambiental de una manera que no sea el contrato social entre individuos libres, autónomos y racionales.

Se da por supuesto que los individuos en el contrato, toman decisiones “racionales”, es decir, que sus decisiones obedecen a ciertas lógicas admisibles por una gran mayoría, como decisiones plausibles en determinado marco. En otras palabras, se espera la racionalidad típica de un consumidor.

Así por ejemplo, no sería una decisión racional que todos los individuos en una sociedad democrática liberal, decidan dejar de invertir sus ahorros en bienes privados en el planeta Tierra y, más bien, tomen la decisión de destinar todo el dinero en compras de tierras en Marte. O que un decisor2 económico opte por un producto más caro, cuando puede conseguir en el mercado un producto exactamente igual a menor precio.

Se parte también de decisiones de individuos informados, o que tienen acceso a información veraz sobre el problema ambiental en mención. En otras palabras, toman decisiones racionales, autónomas y con base en información fiable.

Todo esto puede ayudar a la construcción de estrategias para evitar catástrofes ambientales. Después de todo son estas mismas sociedades de mercado las generadoras de los mayores problemas ambientales.

Si las sociedades democráticas liberales son buenas o malas, es un tema que no se discute. El texto parte de la constatación de que ésta es la forma dominante de organización social y que vale la pena analizar las posibilidades que brinda esta forma de organización para, ajustando el contrato, preservar el ambiente natural.

Como en el intento de Rawls para atar los principios de justicia con la libertad, aquí se enfrenta la opción de acondicionar un contrato natural3, de forma que el mundo al decir de Serres, este socio global, sea parte fundamental del contrato.

Rawls, desde una hipotética situación original, imagina a los seres humanos amparados bajo un velo de ignorancia. Desde esta situación los individuos adoptan normas racionales de justicia bajo el entendido de que no saben de su propia circunstancia vital individual. Desconocen si tienen atributos especiales de nacimiento, no saben tampoco de sus creencias, desconocen si son ricos o pobres, etc. En tales circunstancias y erigidos como potenciales sujetos legisladores, parten en la situación original de una posición de imparcialidad para emitir las normas básicas de justicia.

De algún modo, se postula la posibilidad de un marco de decisiones ambientales sostenidas tanto desde una situación original hipotética, como desde las decisiones libres y racionales de los individuos, de forma que estas no atenten al medio ambiente. ¿Es esto posible?

Racionalidad y moralidad

“El problema del orden social y de los principios que deben regular la vida política se subsume dentro de los requerimientos de la legitimidad racional moderna: sólo son legítimos aquellos principios que pueden ser racionalmente aceptados por todos los ciudadanos a los que han de vincular”4.

La aceptación libre y racional está en la base de los principios. Entonces, los códigos éticos dependen también de una racionalidad contractual.
El relativismo moral, extremo para muchos, deviene de la modernidad. Si se analiza la ética filosófica de la época medieval, el fundamento racional podía encontrarse en la ley natural, en la ley eterna o en la ley divina. Una norma ética es válida si su fundamento racional está determinado por los preceptos divinos. Un código dogmático, fundado en la fe, no deja lugar para el relativismo. Y tampoco su construcción puede ser entendida como un acuerdo democrático.

La modernidad, al presentarse como un desencanto del fundamento religioso, convierte al ser humano en la “medida de todas las cosas”. Y este giro copernicano introduce la duda y la incertidumbre en la ética. La búsqueda kantiana de un imperativo categórico universal que brinde un fundamento a priori a la razón práctica, es un intento por reemplazar la base teológica de las viejas éticas.

Aquellas realizaron esfuerzos intelectuales colosales por armonizar la razón con la fe y la filosofía con la teología, mientras que la modernidad surgirá, justamente, de su diferenciación. Y resulta fascinante observar que en esa diferenciación, la razón humana no solo pierde su reconocimiento en Dios, sino también se rompe el vínculo con el mundo natural. La libertad se enseñorea en la razón y la razón en la libertad, y entre los firmantes del contrato no lo suscriben ni Dios, ni la naturaleza: la creación pierde su estatuto divino y su capacidad legisladora, y la criatura se erige como el juez de todo lo civil o mundano.

Para Santo Tomás de Aquino el contenido de la ley natural parte de tres principios: “hacer el bien y evitar el mal; preservar la vida y evitar cuanto la amenace; buscar la verdad y huir de la ignorancia”5.

“La ley no es otra cosa que un dictamen de la razón práctica existente en el príncipe que gobierna una comunidad perfecta. Pero, dado que el mundo está regido por la divina providencia (…), es manifiesto que toda la comunidad del universo está gobernada por la razón divina. Por tanto, el designio mismo de la gobernación de las cosas que existe en Dios como monarca del universo tiene naturaleza de ley. Y como la inteligencia divina no concibe nada en el tiempo, sino que su concepto es eterno (…), síguese que la ley en cuestión debe llamarse eterna. (…) Por otra parte, como el bien tiene razón de fin, y el mal, de lo contrario, síguese que todo aquello a lo que el hombre se siente naturalmente inclinado lo aprehende la razón como bueno y, por ende, como algo que debe ser procurado”6.

El fundamento racional de la ley natural Santo Tomás lo edifica desde una lectura cristiana y religiosa de la metafísica y de la lógica aristotélica. Buscar este fundamento racional resulta relevante pues uno de los temas polémicos es el de la acción libre. Si no hay libertad, entonces no hay responsabilidad y si el individuo no es responsable todo el tema de la salvación pierde sustento.

Santo Tomás y muchos otros escolásticos encontrarán el siguiente argumento: la acción libre existe y es autodeterminación racional. La razón me indica lo que es bueno hacer, pero solo el don de la gracia me brinda la fortaleza para tomar la mejor opción. En otras palabras, en toda disyuntiva ética, Dios con su infinita sabiduría sabe bien que existe una sola opción.

Si la persona se encuentra en estado de gracia con Dios, entonces tendrá la voluntad para escoger la opción predeterminada. En cambio, en la modernidad con todo su enorme potencial y en esta liberación del espíritu tan magnífica, se esconde un malestar que puede sintetizarse en la frase: “si Dios ha muerto, entonces todo me está permitido”7. Y si todo está permitido, también lo están el mal, la muerte y la ignorancia.

¿Debe entenderse que el destierro de Dios es a la par el ocultamiento del mundo? No debería ser así y el desafío de una ética humanista es el de reconciliar al ser humano con el mundo. La posibilidad de un encuentro de la razón con la ética de forma que no quepan dudas sobre el valor intrínseco de la naturaleza. Pero en nuestro instrumental intelectual no podemos contar con dios para esta construcción, tenemos que construir esta ética desde la razón moderna. Al deslindar la teología de la filosofía, la pregunta, “¿podía haber actuado de otro modo?”, queda suspendida en la voluntad humana. Se incrementa la responsabilidad, pero al mismo tiempo la autodeterminación racional al no depender de un código divino, queda librada (y liberada) a los designios exclusivos de la razón. Y es la razón de los individuos que suscriben un contrato y lo adoptan como ley, ley mundana, que puede ser cambiada si así lo deciden las personas. La expansión actual de los derechos subjetivos de los individuos y la ampliación de los derechos de segunda y tercera generación, son a la larga un producto de aquella revolución moderna.

El contrato y los arreglos económicos

“En las cercanías de Goteborg, Suecia, se construyó una planta de automóviles cerca de una refinería de petróleo. El fabricante de automóviles se encontró con que, cuando se refinaba petróleo de inferior calidad y el viento soplaba en dirección a la planta de automóviles, se producía un considerable aumento de la corrosión en sus existencias de metal y en la pintura de los vehículos recientemente terminados. La negociación entre estas dos partes se produjo.

Se llegó al acuerdo de realizar las actividades corrosivas solamente cuando el viento soplase en dirección contraria, hacia el gran número de habitantes de las inmediaciones que, naturalmente, no tomaron parte en la negociación”8.

En la sociedad moderna estamos tentados a interpretar los fenómenos desde una visión económica. El concepto mismo de contrato parecería indicar que los acuerdos entre las personas se establecen como una medida racional de mercado.

Ciertamente, en un contrato se fija cuánto coloca cada parte y si la negociación es conveniente para los involucrados, entonces se procede a la firma del contrato, el mismo que vincula a las partes. Opera una racionalidad económica instrumental accionada por el interés de quienes hacen parte del acuerdo. Toda transacción en el mercado es el producto de contratos. Pero este modelo democrático liberal no se agota en meras transacciones económicas. Todos sabemos que la organización social es mucho más compleja y que intervienen innumerables factores. De lo contrario solo se necesitaría de economistas y de calculadoras para dirimir las diferencias, pero, precisamente, quienes ayudan en este trabajo no son los economistas, sino los abogados. Esto porque la organización social no se agota en medidas económicas trantomóviles, saccionales, ni siquiera en la sociedad liberal contemporánea.

Este trabajo muestra que la relación de las decisiones individuales con los problemas ambientales, no siempre puede ser interpretada desde la economía y que más bien se requiere de una interpretación ética. Para este análisis resulta indispensable abordar, aunque en forma breve, los alcances del enfoque económico en el tratamiento del tema ambiental. Así, Luis Corral, en una apretada síntesis de otros autores y desde la economía neoclásica, evidencia que las funciones de la naturaleza se convierten en bienes y servicios transables, por medio de la creación de derechos de propiedad sobre estas funciones. Y esto se presenta como una respuesta frente al sobre uso de este tipo de bienes: “se sugiere la necesidad de dar un título de propiedad privado a dicho bien con el fin de que haya una responsabilidad directa sobre su cuidado”.

Los ambientalistas consideran que esta forma de interpretar los problemas ambientales derivados de la actividad económica liberal, al poner valor y derechos de propiedad a las externalidades, no hace sino producir a la larga mayor deterioro ambiental, pues los agentes económicos no son abstractos y entre ellos existe gran asimetría.

La economía ecológica es crítica a la visión de la economía neoclásica, pues postula que los derechos de propiedad sobre estos bienes conducen a la concentración de la riqueza y que se requiere de decisiones políticas para intervenir en el mercado10. Otra opción, cercana a la economía ecológica, según Corral es la economía institucional, que postula la emergencia de instancias de la sociedad que realicen contrapesos y controles. Por ejemplo con Organizaciones de Usuarios de Recursos Compartidos.

En el texto “Impactos ambientales e instrumentos de política ambiental” para hacer un ingreso crítico al tema, se parte de la noción clásica: “Adam Smith se refirió a las fuerzas del mercado como una mano invisible que regulaba las actividades económicas, de manera que la búsqueda del propio interés por parte de empresarios, trabajadores, consumidores, llevaría a un resultado social deseable”. Esto lleva a uno de los supuestos básicos de la economía clásica:

“Las decisiones de los agentes individuales sólo les afectan a ellos mismos. En otras palabras, costes y beneficios privados coinciden con costes y beneficios sociales”. Pero está demostrado que costes privados y costes sociales no siempre coinciden14. “Jacobs ya planteó en 1991 en “La economía verde” que cuando uno se mueve para buscar sus intereses da golpes a otros en forma consciente, pero en otras ocasiones puede ser inconsciente esta afectación como cuando la decisión de un individuo afecta mínimamente a agravar un problema ecológico global”. O como ha indicado Joan Martínez Alier, las externalidades no son fallos del mercado sino más bien grandes éxitos competitivos pues se transfieren los costes a otros16.
Coase ofrece una parte del fundamento económico para crear mercados de los bienes ambientales.

Según este autor, cuando hay conflictos de intereses entre dos agentes económicos se presenta una relación recíproca del valores económicos: por ejemplo, relacionando el valor que se pierde al dejar de utilizar una tecnología, respecto del valor que corresponde al malestar que el uso de esa tecnología produce.

“Todo esto lleva a medir el valor monetario de una externalidad por el coste de restauración o depuración o descontaminación”18. Coase aporta el concepto de que la negociación entre los agentes económicos se da por una racionalidad económica que expresa los costos de transacción o los costos sociales, y que esto se realiza independientemente de los dictámenes de jueces o de intervención de la autoridad. También es un aporte de Coase el análisis según el cual las firmas o las empresas constituyen islas de planificación que permiten una disminución de los costes de transacción, incluyendo en los costes de transacción los de negociar, redactar un contrato, asegurar su cumplimiento, etc19.

Pero, “la valoración monetaria de externalidades según el coste de restauración es aplicable solamente en el caso de externalidades reversibles”. Por otra parte, “en el mercado solo cuentan las demandas solventes”21. “Si a una persona (de escasos recursos) se le pregunta cuánto dinero pagaría para evitar que se construya una presa hidroeléctrica que inundará su casa, o se le pregunta, en cambio, cuánto aceptaría para dar su aprobación al proyecto, es posible que la persona no acepte la primera pregunta y responda que tiene un derecho por el que no tiene que pagar”. En todo esto, según el autor falla el supuesto habitual de racionalidad de los agentes económicos.

“Pero, además, cuando introducimos medidas de pérdida de bienestar, las complejidades aumentan, porque toda medida monetaria de excedente del consumidor está mediatizada por la distribución de la renta, de manera que lo único que cuenta son las demandas solventes. Por otro lado, si consideramos las preferencias como algo dinámico, los interrogantes aumentan: si para reducir un determinado impacto, por ejemplo, se requiere cambiar el hábito mayoritario de desplazamiento del hogar al trabajo promoviendo el transporte público en detrimento del privado, ¿podemos medir en dinero el supuesto sacrificio que ello finalmente supondrá para los ciudadanos? ¿No es posible que el bienestar acabe aumentando y que lo que se percibía (quizás ayudado por la campaña de los intereses económicos perjudicados por el cambio) como un sacrificio se acabe experimentando como un beneficio?”.

En el análisis de estos textos se pueden observar algunas críticas al método de asignación de derechos de propiedad para tratar las externalidades ambientales. Puesto que sobre este tema Ronald Coase realiza un aporte sustancial, conviene referirse en forma adicional a algunos aspectos de su teoría.

En el párrafo introductorio a “El problema del costo social”, el editor plantea una síntesis de la tesis del académico: “Coase argumenta que, en la medida que los costos de transacción sean bajos o inexistentes y que los derechos de propiedad establecidos en los fallos judiciales no permitan una solución económica eficiente, se producirá una reasignación de estos derechos hacia aquellos que los valoran más, aunque las cortes fallen en contra de éstos”25. Como anuncia Coase su trabajo se refiere a las actividades de una empresa que tiene efectos perjudiciales en otras. Y plantea que la forma habitual de tratar este problema es responsabilizar al dueño de la fábrica o a la misma empresa, generando por ejemplo un impuesto variable.

Coase sostiene que ese camino es inadecuado. Lo primero que argumenta es que la relación económica entre el que afecta y el afectado es recíproca. “Evitar daño a B infligiría un perjuicio a A”. Según Coase la cuestión es evitar un daño mayor. Pone el ejemplo ahora ya famoso del panadero y el médico. La maquinaria del panadero perturbaba el trabajo del médico: pero evitar daños al médico ocasionaría perjuicios al panadero.

La mejor prueba de la necesidad de un argumento ético para las decisiones ambientales es la misma presentación de Coase: la lógica económica neutraliza las culpas, o estas son reducidas a su expresión matemática en las transacciones económicas. Si la relación económica entre el que afecta y el afectado es recíproca, entonces se elimina la culpabilidad en las relaciones sociales, y el problema puede resolverse con un equilibrio en la transacción o en la negociación.

Como plantea Habermas, en la negociación se instrumentalizan los agentes y no se busca un objetivo superior o universalizable, sino que prima el interés de una u otra de las partes. Si aplicamos la ética kantiana, bien pueden existir imperativos éticos ambientales que para su construcción exigen no tanto de un contrato crematístico, sino de un acuerdo sobre un objetivo universal o sobre un bien superior. El párrafo que abre este capítulo es un buen ejemplo de los límites de las negociaciones fundamentadas en meras transacciones económicas. En efecto, la solución adoptada entre las partes fue la más perniciosa para la gente, en este sentido, fue la menos ética. ¿Acaso no vemos que todos los días se toman decisiones individuales eficientes en lo económico, pero éticamente condenables en lo ambiental? Si consideramos que la sociedad de mercado lleva intrínseco un fatalismo de una anti ética ambiental, entonces es probable que no encontremos salida global. Pero, conviene analizar que el contractualismo liberal no se agota en los cálculos de transacción, sino que bien puede incorporar la dimensión ética, de hecho en múltiples ámbitos así lo hace.

Incluso desde la crematística los impuestos ecológicos en ocasiones superan el análisis meramente transaccional y abordan el problema ambiental desde una complejidad sociológica en la que sin duda entran dimensiones éticas: “en el área metropolitana de Barcelona existe una tasa ambiental metropolitana de gestión de residuos municipales que se cobra por el peculiar sistema de fijar una cantidad por metro cúbico de agua consumida; la razón que se alega es que existe una relación comprobada estadísticamente, entre el consumo de agua y la cantidad de residuos que se generan”26. Pero este es más bien un buen ejemplo de impuesto “ético”, pues la racionalidad del impuesto no ha sido calculado por una relación de transacción, pues, ¿qué tiene que ver realmente el agua con los residuos sólidos? Más bien la medida, gracias a su efecto indirecto27, incentiva la disminución del consumo de agua. Por todo lo indicado, parece clara la necesidad de una racionalidad ética estratégica para abordar el tema de las decisiones, en contraposición al abordaje limitado a una racionalidad económica instrumental.

2. Los campos de decisión ambiental. Caracterización del campo de decisión ambiental

Un concepto que pretende ser un aporte es el de “campo de decisión ambiental”. La idea es la siguiente: indagar las diferencias entre “campos de decisión ambiental” distintos, entendiendo por campos los ámbitos de decisión que cubren un determinado problema ambiental.

Por ejemplo, si el problema ambiental es la “contaminación del Río Cutuchi en su trayecto por la ciudad de Latacunga producido por las curtiembres”, entonces el campo de decisión ambiental peina, desde el punto de vista de los sujetos, a los diversos agentes sociales que trabajan en el cuero y que depositan los efluentes sin tratamiento alguno en el curso del río.

El campo de decisión ambiental cubre un ámbito geográfico o territorial más o menos de- 36 terminado y directo. En este caso, podría ser considerada la cuenca media del río en la que se contempla una determinada área de influencia del problema ambiental, que incluso puede calcularse en términos de superficie. Pero también el campo de decisión ambiental está determinado por relaciones de índole supra territorial y que dependen de dinámicas políticas, sociales, económicas y comerciales más amplias.

Por ejemplo, si la causa de la contaminación del río son las curtiembres, y el principal mercado de los cueros está en la ciudad de Quito, entonces se tiene una relación indirecta con decisiones ambientales ocasionadas de manera racional, pero lejana, por un número más amplio de personas.

Así, un campo de decisión ambiental, tendría múltiples círculos territoriales y de agentes decisores que no necesariamente constituyen un continuo ni geográfico ni social. La idea es estudiar las imbricaciones entre decisiones ambientales con relación a campos de decisión que se ubican en escalas distintas.

¿Qué posibilidades tienen los decisores ambientales de cambiar el curso de la contaminación o degradación ambiental cuando el campo de decisión es micro, o cuando el campo de decisión es macro? ¿Qué lógicas operan cuando el campo de decisión si bien es macro, depende de decisiones micro para su resolución?

Supongamos el siguiente campo de decisión ambiental: “La ampliación del agujero en la capa de ozono debido al uso extendido de desoterminado dorantes en aerosol”. En este campo de decisión ambiental se supone (suposición falsa) que la única causa de contaminación son los aerosoles provenientes de desodorantes de extendido uso personal.

En este campo, el problema es global y macro, las consecuencias del problema también son globales, sin embargo el campo de decisión está bastante acotado a la decisión de un individuo: usar o dejar de usar desodorantes en aerosol.

Si un solo individuo toma esta decisión, no se afecta sino en términos infinitesimales a la solución del problema global. Pero si son cientos de millones de individuos los que cambian su pauta de consumo y toman la decisión de evitar los desodorantes en aerosol, entonces el problema se soluciona.

En este caso, tenemos una posibilidad de cambiar una situación global y crítica, desde la decisión autónoma, racional e informada de individuos tomados en forma aislada o atómica. Incluso, podría darse el caso de no requerir de decisiones corporativas (las empresas) o de coacción de autoridad alguna para que se elimine la producción de aerosoles. Bastaría con la decisión racional de individuos informados. Sería como un caso paradigmático de las posibilidades que ofrece la organización democrática liberal, para la toma de decisión de individuos racionales y autónomos.

Pero qué pasa en otros casos. ¿Se puede postular una tipología de campos de decisión ambiental que puedan ser útiles para diseñar estrategias de remediación ambiental? Entre el campo de decisión involucrado en el problema ambiental “contaminación del río Cutuchi” y el campo que tiene que ver con el mega problema del cambio climático, qué tipo de relación se establece en cuanto a las decisiones de las personas.

¿Las primeras son conmensurables y las segundas inconmensurables? ¿Si son inconmensurables, podríamos llegar al extremo y a la paradoja de que los seres humanos podamos destruir el planeta sin sentir responsabilidad individual alguna?

Elementos principales de los campos de decisión ambiental

El concepto de campo de decisión ambiental establece una correlación entre un problema ambiental dado y el ámbito de decisiones individuales que sobre ese problema los sujetos están en posibilidad de tomar, tanto para generarlo, como para mitigarlo o solucionarlo. Y lo que más caracteriza al campo de decisión ambiental es la distancia entre la acción humana y su efecto en el ambiente. Distancia de efecto entre la generación, mitigación y la solución del problema ambiental, con la capacidad del individuo para que con su decisión pueda afectar de una u otra manera al problema ambiental considerado.

Así, por ejemplo, un campo también podría ser el siguiente: “la contaminación del aire dentro de la vivienda X ocasionada por el uso de cocinas tradicionales de leña (suponiendo que la conversión a cocina a gas no constituye un problema de orden económico y que la familia tampoco extrañará el calor generado por la cocina a leña)”. En este campo de decisión la distancia es mínima: se trata de la decisión de una familia, la familia de la vivienda X, que para solucionar el problema puede tomar la decisión (suponemos que está en capacidad económica para hacerlo) de cambiar a una cocina a gas. Para tomar esta decisión no depende de otros individuos, ni de grupos o corporaciones. Es una decisión se diría unidireccional e inmediata, entre un conjunto mínimo de individuos (la familia) y el problema. Pero el campo de decisión ambiental establece una relación numérica en la que la unidad considerada es la decisión de un individuo sobre una determinada acción descrita en el campo. Así, por ejemplo, si la familia considerada tiene 7 miembros (se supone que todos los miembros tienen capacidad de decisión sobre el tema en mención) entonces el número total de individuos involucrados en la decisión sería de: Podría considerarse un campo de menor distancia: la contaminación del aire en una habitación X por la práctica de fumar cigarrillos del individuo Y. Aquí la correlación no es ni siquiera entre las decisiones de una familia y el problema. Sino que todo depende de la decisión autónoma, racional, informada y libre de un solo individuo.

Pero, por otra parte, puede considerarse un campo de distancia de efecto que podría llamarse intermedia: la contaminación del aire en la 40 ciudad X debida a los gases provenientes del uso de vehículos a combustión que circulan por dicha ciudad. En este problema la distancia se incrementa e intervienen miles de decisiones de individuos y de grupos e incluso de corporaciones.

Pero, ¿en qué sentido se incrementa la distancia de efecto?, pues podría afirmarse que la distancia del efecto también es pequeña: la relación entre un conductor X y la emisión de gases de su automotor Y. Pero resulta que este no es el campo: el campo es la contaminación del aire en la ciudad, de forma que el ámbito de efecto o impacto de la decisión de un individuo es muy distante en función de la capacidad que por sí solo tendría este individuo para generar, mitigar o solucionar el problema.

Si se analizan los ejemplos expuestos se puede determinar que además del factor distancia de efecto3, el otro factor que caracteriza al campo de decisión ambiental es el del número de decisores involucrados en la ocurrencia del problema.

Así, entre mayor es la capacidad de un solo individuo para producir, mitigar o solucionar un problema ambiental dado, menor es la distancia del efecto. O también, si la suma de los decisores involucrados toma la opción de actuar, entonces la distancia del efecto disminuye. Pero si en un número alto de decisores involucrados en el problema, solo uno actúa, entonces la distancia de efecto es muy grande.

Ahora bien, si se considera el tamaño del área a la que el problema atañe, entonces se opta por la noción de gravedad o con más precisión de amplitud física del campo, porque podría suceder que la distancia de efecto entre el problema y la capacidad del individuo para producirlo es mínima, pero resulta que la amplitud física del campo es enorme, y por ende la gravedad del problema. Por ejemplo, el operario de una planta nuclear que tiene a su cargo un elemento crítico acerca de la seguridad.

Con estos dos factores, la gravedad o amplitud física (la superficie o el área que el problema ambiental considerado en el campo, peina o barre) y el número de decisores, se encuentran dos magnitudes que podrían ayudar a caracterizar los campos de decisión ambiental y a identificar las interacciones4. Se coloca en el eje de ordenadas la amplitud física del campo y en el eje de las abscisas el número de decidores:

Se establece, así, una correlación entre la huella ecológica y las decisiones de los individuos. Con los ejes de coordenadas, se pueden agrupar los campos de decisión ambiental en 4 categorías o zonas:

Zona 1: Campos de baja amplitud y bajo número de decidores

Zona 2: Campos de alta amplitud y bajo número de decidores

Zona 3: Campos de alta amplitud y alto número de decidores

Zona 4: Campos de baja amplitud y alto número de decidores

Ejemplo de campo de zona 1: “contaminación de la vivienda por uso doméstico y familiar de leña para la cocina”.

Ejemplo de campo de zona 2: “contaminación radioactiva por el uso de bombas atómicas por parte del gobierno del país X”.

Ejemplo de campo de zona 3: “disminución de la capa del agujero de ozono por el uso de aerosoles”.

Ejemplo de campo de zona 4: “contaminación del aire en las ciudades por el uso de vehículos particulares”.

La función de distancia de efecto

Hasta ahora se ha analizado el concepto de campo de decisión identificando tres elementos: la distancia de efecto, la amplitud física y el número de decisores. Por una parte, la amplitud física y el número de decisores constituyen magnitudes matemáticas bastante claras, aunque en la amplitud física entra la consideración de la gravedad del problema ambiental, lo cual plantea un problema de cuantificación.

Por otra parte, la distancia de efecto que establece la relación con la capacidad de las decisiones individuales requiere de una mayor precisión.

Para esto se propone asociar un campo a una función de distancia de efecto.

Esta función de distancia de efecto tendría dos parámetros relativamente fijos y que dependen esencialmente del campo considerado:
El tamaño del área a la que el problema atañe, o el área física que el problema ambiental “peina”, que se denominará como amplitud. Y, el número total de decisores involucrados en la ocurrencia del problema, por tanto, con capacidad para mitigar o solucionar el problema. La entrada de la función de distancia de efecto es el número de decisores que toman una decisión ambiental dada, y la salida de la función sería la distancia de efecto percibida por un decisor cuando n de ellos actúan.

Los símbolos de los parámetros, las variables y la función serían los siguientes:

• La función de distancia de efecto como d.
• El parámetro de gravedad y de amplitud física del problema, sería A.
• El parámetro de el número total de decidores sería N.
• La variable, la capacidad efectiva de los decidores considerados para solucionar individual o colectivamente el problema ambiental considerado sería n, esto es, el número de decidores que toman la decisión de actuar.

Relacionando entonces los términos se dirá que: dado una campo de decisión ambiental, digamos el campo C, nos será de interés estudiar la distancia de efecto entre la generación, mitigación y la solución del problema ambiental, con la capacidad del individuo o de un grupo de individuos, para que con su decisión o decisiones puedan afectar de una u otra manera al problema ambiental considerado. Esta distancia tiene como variable el número de individuos que deciden actuar, pero también de parámetros propios al campo: el número total de decisores concernidos, digamos N, y una medida de la gravedad y extensión del problema ambiental, A. Así pues, tenemos una función de distancia, que denotaremos por d. El argumento de esta función es el número de decisores que toman la decisión de actuar, digamos n, y la función estaría dada por: d = d (n, N, A)

De la función de distancia de efecto de un campo de decisión ambiental pueden realizarse algunas inferencias:

• La distancia de efecto, en la mayor parte de casos, que percibe un solo individuo es muy grande, tanto más cuanto mayor sea el número total de decisores.

• Sin embargo, al evaluar la distancia en la población entera se debe tener una aproximación a 0: en efecto, si todos toman acciones la distancia para mitigar el problema es pequeña.

• Los puntos anteriores se resumirían diciendo que la función es decreciente como función de n.

• La función de distancia de efecto del campo es probable que muestre una curva poco decreciente al inicio (para valores pequeños de n), y luego es previsible una tasa de variación más grande. Simétricamente, “al final”, es decir para valores de n cercanos a N la curva debería volver a ser poco decreciente. La interpretación de esto es que daría casi lo mismo que un 90% o un 95% de la población considerada decida actuar. Una curva que hace esto es lo que se llama una sigmoide.

Asociada al modelo logístico de crecimiento de poblaciones, por ejemplo. La sigmoide o curva logística, producto de la función de distancia de efecto de los campos de decisión, sería la siguiente:

En torno al modelo logístico

Una justificación cualitativa de la utilización de la curva logística (la curva sigmoide) proviene de los modelos de poblaciones, lo cual lleva a un desvío hacia los modelos exponenciales. Estos funcionan relativamente bien en contextos en los que la población estudiada tiene condiciones sumamente favorables para crecer (recursos ilimitados). Como esto no es muy realista, se perfecciona el modelo introduciendo un nuevo término. Esto da lugar a la curva logística. Así, se trata de estudiar la evolución de una población p en términos del tiempo t. Pensemos ahora que se trata de una población de bacterias, que cuenta con condiciones estables: recursos de comida, oxígeno, y espacio ilimitados.

En estas condiciones una bacteria simplemente se duplica en un tiempo dado (este período dependerá de la especie, y de otros parámetros, como la tasa de mortandad, pero estos parámetros, se parte del supuesto, están fijos). Así, y esto es lo esencial: mientras más grande es la población, más rápido crece. Las decisiones ambientales individuales y masivas, por ejemplo de consumo, ¿pueden crecer de manera exponencial? Partiendo de la sigmoide, esta curva más bien corrige las tendencias asintónicas irrealistas de los modelos exponenciales. En efecto, existen sobradas razones para considerar que el consumo, en términos, por ejemplo, de biomasa neta consumida, no puede crecer al infinito.

Si el consumo físico no puede crecer en forma exponencial, ¿las decisiones de consumo deben autolimitarse?

Si la población se duplica cada hora y el proceso se inicia con una bacteria, a la hora 3, habrán 4 bacterias, pero al pasar de la hora 10 a la hora 11 se crearán 1.024 bacterias (= 210). Esto conduce a lo que se llama una ecuación diferencial: es una relación entre la tasa de variación de p(t). Esto es, la derivada p’(t), y la función p(t). La ecuación diferencial que se obtiene aquí tiene la forma siguiente: p’(t)=ap(t) donde a es una constante estrictamente positiva que depende de los parámetros mencionados antes.

La solución de esta ecuación es de la forma: p(t)=K • exp(at) La constante K depende básicamente de la Población inicial, y de los otros parámetros. La primera observación es que el límite de una tal población es el infinito: esto es consecuente con el presupuesto de que los recursos son ilimitados.

Pero, ¿y si se acaba la comida?

Como vemos, este modelo no es muy realista, sobre todo no a largo plazo. En realidad llega un momento en que el suministro de alimentos empieza a no ser suficiente para mantener este ritmo de crecimiento. También puede haber otro tipo de restricciones: espacio, por ejemplo. Así, el ritmo de crecimiento de la población no puede ser más y más grande. Debemos entonces introducir un nuevo término en la ecuación diferencial original. Éste deberá hacer que si p(t) es muy grande, el ritmo de crecimiento, esto es la tasa de variación, o sea p’(t), disminuya. Interpretación: mientras más bacterias hay, más bacterias para reproducirse hay, pero adicionalmente, hay menos alimento proporcionalmente, lo que hace que no todas puedan reproducirse.

La ecuación a la que se llega es la ecuación diferencial del modelo logístico, que por cierto se usa en muchas áreas, por ejemplo en el esparcimiento de un rumor o en la expansión de las innovaciones tecnológicas.

Si se relaciona el modelo logístico con los campos de decisión ambiental, puede decirse que cuando hay poca gente que toma una decisión de conducta respecto a un problema, el efecto que esto produce es más bien reducido, casi nulo. El efecto crece en la medida en que la gente va actuando cada vez más masivamente.

Pero esto tiene un límite: que queden algunos pocos automóviles contaminantes o que no quede ninguno da más o menos lo mismo. La curva modela esto. Pero entre el crecimiento poblacional de una bacteria y la tendencia probable de un cambio masivo de decisiones individuales, por ejemplo, de consumo, existe además de los problemas de espacio y de stock, un problema de libertad en la decisión. Claro que se puede postular que cuando la situación sea dramáticamente insostenible, la gente se verá obligada en forma masiva a cambiar su pauta de conducta, a riesgo de perecer. Pero, esto no sucede con las plagas. Las plagas mueren en forma masiva. ¿Debe suponerse que el ser humano correrá similar suerte y que no tendrá tiempo siquiera para ejercer su libertad y cambiar de decisión?.

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