Introducción
La gestión del riesgo requiere identificar la relación entre el crecimiento de la población, las exigencias físicas de los asentamientos humanos, la planificación económica y el uso apropiado de la tierra disponible (ONU, 2004).
Para reducir al mínimo la posible pérdida de activos físicos y capital ambiental es fundamental aplicar prácticas de planificación informadas y coherentes. Ellas comprenden el uso de herramientas y documentos guía. A manera de ejemplo, cabe citar los planes maestros, los planes de desarrollo, de gestión de los recursos hídricos, de recreación y de turismo, así como otros instrumentos de planificación, tales como los planes detallados de uso o zonificación de la tierra, y los reglamentos de ordenamiento territorial.
El propio paisaje debe tratarse como un recurso valioso para la gestión del riesgo. No aplicar este principio es invitar al desastre.
Un contexto conflictivo puede concitar al descuido o abandono de las actividades productivas en una región y, por ende, al desabastecimiento alimentario, lo cual es un ejemplo de cómo el hombre puede hacer vulnerable un territorio (Muñoz y Brunet (2006).
En el caso de la agricultura, estos principios enunciados antes, son claves para lograr reducir vulnerabilidades en el proceso de desarrollo agrario local y regional.
Una planificación acertada del uso de la tierra destinada a las actividades agropecuarias, presupone que exista una correspondencia absoluta entre la vocación mostrada por los tipos de suelos para asimilar disímiles prácticas agrarias y las asignaciones reales o tipos de usos de suelos que se les confieren a aquellas. Si este principio se viola, pues se rompe el justo equilibrio entre capacidad y necesidad y se estaría favoreciendo la procreación de un escenarios de riesgos, por cuanto van a ir apareciendo condiciones de vulnerabilidad que hacen que el tipo de uso de la tierra asignado, digamos un tipo equivocado de cultivo, sea más susceptible de fenecer ante una determinada amenaza de tipo atmosférico o climatológica, por solo citar un ejemplo.
Pues bien, en la práctica esta armonía entre vocación-asignación, suele romperse, bien debido a causas objetivas y/o sujetivas, creándose condiciones favorables para la exacerbación de condiciones de riesgos. Cuando esta ruptura aparece en el escenario de un territorio, se hace necesario crear las condiciones adecuadas mediante una política de ordenamiento territorial que justifique los usos pertinentes del suelo. Un ejemplo de la situación descrita, es la que se produjo en Cuba, a raíz de haberse llevado a cabo el redimensionamiento de la agricultura cañera. Como consecuencia de esta medida, muchas de las tierras destinadas al cultivo de la gramínea, pasaron a tener otros usos, pero en la práctica, esos nuevos usos en muchos casos no estuvieron hechos sobre la base de la vocación de esas tierras, Por otra parte, transcurrieron muchos años después de implementada la tarea y muchas de las áreas liberadas, quedaron en barbecho, siendo objeto de otros usos informales. De esta manera, se creó un complejo cuadro de usos del la tierra, que no respondían a las exigencias vocacionales de los suelos, ni a su aptitud.
Esta situación ha prevalecido en gran medida hasta nuestros días, donde se hace evidente la necesidad de aplicación de una política coherente y actualizada de ordenamiento territorial que ponga fin a las contradicciones manifiestas en los usos del suelo. Y con ello a la reducción de las vulnerabilidades ambientales, ecológicas, físicas y sociales que les son inherentes. Esto contribuirá significativamente a reducir los riesgos de posibles desastres.
En resumen el estudio de ordenación del territorio, considera que el desarrollo integrado es la vía idónea para potenciar socio-económicamente una zona, debiéndose prevé las consecuencias del desarrollo en el medio natural y buscando siempre la viabilidad en el tiempo (Brunet y col, 1998).
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