Hace algunas semanas, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida
como “la Chilindrina” (por su personaje de la célebre serie cómica de
televisión “Chespirito”), anunciaba inesperadamente que se iba a vivir a
los EUA. La razón de esta decisión no era ninguna oferta de Hollywood,
la Chilindrina se largaba del país porque estaba harta de la continua
piratería y las falsificaciones que se hacen de su personaje.
La aparición de 20 clones de la Chilindrina en diferentes circos a lo
largo y ancho del país, por supuesto sin la autorización
correspondiente, terminaron por encolerizar a la señora. La Chilindrina
finalmente decidió partir a otro lugar donde sí se respeten los derechos
de propiedad en lugar de perder su tiempo levantando 20 demandas penales
y más dinero del que ya le han robado los circos.
En esa ocasión le tocó pasar corajes a la Chilindrina, ahora la pregunta
es ¿Quién sigue? Ayer se fue una señora enojada y decepcionada por el
débil Estado de Derecho que impera en nuestro país, mañana van a ser los
grandes capitales e inversiones, las plantas y empresas enteras.
La piratería es definitivamente una ratota inmortal y enorme. El
problema se presenta en cualquier rincón del planeta, en países ricos y
también en pobres, sin embargo las dimensiones del problema son
distintas en cada caso. Erradicarla parece imposible, sin embargo mucho
se puede hacer para reducirla.
En México la piratería golpea a un sin fin de industrias: software,
música, cine, video, libros, ropa, calzado, vinos y licores, juguetes,
perfumes, medicinas, televisión por cable, etc. En fin, hasta taxis
piratas tenemos.
De acuerdo al último Informe Global sobre Piratería de Software, que
publica la Business Software Alliance (BSA), México tiene un índice de
piratería del 56% (1.5 veces la media mundial del 37%). Esto es, por
cada 10 programas de software instalados en el país, cerca de 6 son
copias piratas. Las pérdidas en México para la industria del software
por piratería ascienden a más de 180 millones de dólares. A nivel
regiones, América Latina ocupa el segundo lugar de piratería de software
con un índice del 58% sólo detrás de Europa Oriental con el 63%.
En la industria fonográfica, aquí no se salvan ni Chente, ni Juanga,
Banda El Recodo, Luis Miguel o Shakira. La industria discográfica en
nuestro país reportó pérdidas por 2,700 millones de pesos el año pasado.
El 65% del material musical que se vende en el país es pirata. México ya
tiene medalla de bronce al ubicarse como el tercer país más pirata del
mundo con ganancias ilícitas que llegan a los 220 millones de dólares
por concepto de CDs y casetes piratas. El oro y la plata corresponden a
China y a Rusia respectivamente según cifras de la Federación
Internacional de la Industria Fonográfica.
Otros industriales como los fabricantes de bebidas alcohólicas calculan
sus pérdidas por vino pirata en más de 500 millones de dólares al año en
México. Los textileros, por su parte, se quejan de que el 45% de la ropa
que se vende en el mercado mexicano es de fayuca, es decir,
importaciones ilegales que entran al país sin pagar impuestos. Y así, le
podríamos seguir enumerando datos y cifras pero no acabaríamos en buen
rato.
El gran problema de todo esto es que la piratería se vuelve cada vez más
competitiva; ofrece lo último y lo más novedoso a los mejores precios.
Siempre va un paso adelante de la industria, el comercio legal y las
autoridades. Podría pensarse que un producto pirata tiene una calidad
más baja en comparación a un producto original, sin embargo, en
industrias como la del software la calidad de un CD pirata es
exactamente la misma que la de un CD legal. ¿A poco no prefiere la
última versión de Microsoft Office a tan sólo 80 pesos?
Además artículos como videojuegos o programas de aplicación para la PC,
al igual que películas en DVD (formato que también ya se puede
falsificar gracias a la astucia y el equipo tecnológico con el que
cuentan los "ingenieros" piratas) llegan al mercado negro mucho antes de
que sean lanzados oficialmente al mercado legal o de que se estrenen
incluso en cartelera.
Muy comentado ha sido en Guadalajara, cuidad donde vivo, el caso del
Xbox, la más reciente consola de videojuegos de Microsoft, que compite
directamente con la Play Station 2 de Sony o el Game Cube de Nintendo.
Pues resulta que a principios de este año la consola ya se encontraba a
la venta en el Mercado de San Juan de Dios (corazón del mercado negro,
pirata y todo lo que huela a fayuca en el Estado) cuando Microsoft ni
siquiera había decidido la fecha de lanzamiento del producto en México.
Casi puedo asegurarle que el éxito que tuvo en México a finales de los
90s el Play Station de Sony, primer consola de videojuegos en formato
CD, se debió en gran parte a que la piratería derrumbó los precios de
los juegos al ofrecer copias de CDs piratas en menos de 100 pesos cada
una. Los consumidores ya no tenían que ahorrar 400 o 500 pesos por un
juego original, mejor se compraban 7 copias piratas por esa misma
cantidad de dinero y, lo mejor de todo, con la misma calidad.
Desgraciadamente este lío pirata es un problema que se ha tolerado y
dejado crecer a enormes dimensiones desde hace décadas. La incompetencia
histórica de las autoridades en el manejo político y económico del país
podría ser uno de los principales motores de la plaga pirata. La
sucesión de crisis sexenales en el último cuarto del siglo pasado fue
amontonando a miles y miles de desempleados que no tuvieron otra opción
más que meterse de lleno a la economía informal. Al no tener soluciones
concretas que ofrecer a una sociedad de bajos ingresos y sin trabajo, el
gobierno permitió que ese sector ilegal, nido de la piratería y el
contrabando, operara a lo lindo y sin preocupaciones.
Al hacerse de la vista gorda en cada tianguis, bodega, fábrica, aduana o
mercado ilegal del país, el gobierno sabía que a cambio aseguraba votos
y simpatías de la robusta comunidad pirata. De haber bloqueado con mano
dura estos ilícitos quizá un abrupto estallido social se hubiera
presentado hace años, lo cual evidentemente no le convenía al gobierno
de entonces. Además hay que tomar en cuenta que nuestro antiguo esquema
de economía cerrada era el incentivo más jugoso para fomentar el
contrabando de productos extranjeros.
Hoy en día el problema acumulado es del tamaño del Sol y empieza a
quemar: según analistas, cerca de 19 millones de personas se empleaban
en actividades informales al final del 2001, lo cual equivale a afirmar
que el sector informal representa más del 46% de la población ocupada de
México. Simplemente el año pasado la economía informal absorbió a casi
600 mil personas ante el decrecimiento de las plazas de trabajo formales
y el imparable crecimiento natural de la población económicamente activa
(PEA). De este modo y al pasar de los años y los gobiernos, parece ser
que la economía informal sigue siendo el salvavidas en el que descansa
la generación de empleos en este país. Mientras el sector informal siga
salvando el pellejo del gobierno al evitarle mayores protestas sociales
por la falta de oportunidades laborales, la ilegalidad seguirá
imperando. No todo lo informal es precisamente piratería y contrabando,
sin embargo parientes sí son. En el sector informal se arraigan
profundamente esas actividades y eso no es ningún secreto para nadie.
Hasta ahora la administración del Presidente Fox ha realizado fuertes
operativos antipiratería y contrabando al confiscar toneladas de
mercancía ilegal en tianguis, mercados, fábricas y bodegas. Se calcula
que el incremento en el número de decomisos de mercancía pirata y de
contrabando en el último año fue de más del 1,500%. También se han
realizado profundas auditorías al interior de las aduanas del país que
han permitido despedir y consignar a más de mil funcionarios chuecos.
Las cámaras industriales de los sectores más afectados han reforzado la
vigilancia de las mismas autoridades en puertos, fronteras y
aeropuertos. Incluso se maneja tecnología de punta y controles más
modernos en algunos puertos para revisar la mercancía de los
contenedores. Se habla ya de un programa a nivel nacional contra la
piratería que involucrará a diferentes dependencias públicas y que se
llamará "Cero Tolerancia". En fin parece que el ataque al comercio
ilegal ahí la lleva, sin embargo, los piratas y contrabandistas siguen
siendo más competitivos que las autoridades. ¿Por qué será?
La Ley de la Propiedad Industrial anota a la piratería como un delito
grave que se persigue bajo denuncia. No hay libertad bajo fianza y el
castigo va de 3 a 10 años de prisión más una multa de 2 mil a 20 mil
días de salario mínimo vigente en el D.F.
Como puede ver el castigo es severo, sin embargo, la ley no es el
problema; el punto débil está en la aplicación de la ley. Todos sabemos
donde están las bodegas y los centros principales de venta de la
mercancía pirata en el país, el hecho es que las autoridades federales,
estatales y municipales no jalan parejo en esta labor de aplicar la ley
por encima de compromisos personales, mordidas, promesas y presiones
políticas. Tenemos leyes contundentes y a pesar de eso los piratas y
contrabandistas parecen intocables. Así es que mientras no se aplique la
ley como debe ser, de nada servirán los operativos, los programas y las
buenas intenciones del gobierno.
Decía en alguna ocasión en una ponencia el Ministro Genaro D. Góngora
Pimentel, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
"las leyes no son socialmente útiles si no existe un organismo que las
aplique con eficacia". El Ministro sin duda tenía razón y añadía que
"sin un Estado de Derecho no puede concebirse la expansión de los
mercados".
A final de cuentas, si no gozamos de autoridades comprometidas con el
cumplimiento de la ley por encima de todo (incluyendo aquí el derecho
constitucional de que la ley sea pronta, completa, imparcial y
gratuita), careceremos eternamente de un verdadero Estado de Derecho y
seguiremos en un Estado Pirata o Contrabandista. Esa situación generará
día con día mayor desconfianza y expectativas dudosas sobre el futuro
del país que impedirán la creación de mercados sólidos a falta de
seguridad, certidumbre, capitales, inversión y ahorro. Sin mercados
sólidos, sin mayor competencia, sin mayores fuentes de trabajo y sin
mejores salarios, definitivamente la gente seguirá aferrada y obligada a
comprarse sus pantalones "Yani Versánchez" en el tianguis de los
jueves.
Mientras los piratas se sigan pasando tranquilamente por el arco del
triunfo los derechos de propiedad privada y de paso al poder judicial,
seguirán sin llegar al país los capitales, las inversiones, las fuentes
de trabajo y la infraestructura que tanto necesitamos para crecer.
Mientras a oferentes como a demandantes les resulte más caro entrarle a
la legalidad (unos vendiendo copias baratas y altamente rentables sin
que nadie les diga nada y los otros comprando productos de segunda
obligados por su golpeado poder adquisitivo), la informalidad seguirá
siendo la madre de todas las formas de comercio.
En fin, resulta paradójico pedirle al Estado que elimine la piratería
cuando el Estado mismo es el primer pirata en incumplir y saltarse la
ley más importante de todas: la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESM
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