La problemática ecológica venezolana nos concierne a todos

Autor: Ing. Carlos Mora Vanegas

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD

03-2005

La "problemática ecológica no se resuelve simplemente con acumulación de conocimiento científico, con desarrollo de técnicas ni con leyes de protección ambiental. Todas estas cosas actúan desde afuera, intentando poner diques a la acción destructiva. La solución radical de la problemática ecológica implica una acción desde dentro, desde las motivaciones y actitudes fundamentales de cada individuo humano; mediante la conciencia de los problemas y la aceptación personal de responsabilidades. En otras palabras, lo que está en juego son opciones éticas, y no meramente técnicas o legales.

En este artículo, se analiza la relevancia de la necesidad de proteger el medio ambiente, de lo que ello involucra, su alcance repercusiones.

ASPECTOS BÁSICOS A SER CONSIDERADOS

Venezuela es reconocida como un país megadiverso; con ecosistemas únicos como el llano y el tepuy. Además, es una nación extremadamente rica en diversidad de flora y fauna. Tiene, aproximadamente, 15.500 diferentes especies de plantas: helechos, orquídeas, bambúes, gramíneas, árboles, etc. También, 1200 especies de peces, 300 de anfibios e igual número de reptiles; 1300 especies de aves y 350 especies  de mamíferos, aproximadamente.

Venezuela cuenta con un extraordinario potencial para desarrollarnos en forma sustentable, pero con una contradictoria incapacidad para generar riqueza.

Por ello, se hace necesario impulsar la organización social que promueva la atención de sus propias necesidades, y mejore la crítica situación económica y social del país, superando el centralismo en poder del Estado y el secuestro de oportunidades en las que las comunidades puedan gestar y confiar su propio desarrollo. VITALIS considera que “no se trata de repartir lo que hay, sino de aprovechar de manera sostenible lo que tenemos”.

A pesar de todo ello Venezuela afrontó  una serie de problemas en el 2004,  como lo señala Vitalis a saber:
 
Crecimiento incontrolado de la especie vegetal Lenteja Acuática (Lemna sp.) en el Lago de Maracaibo, reflejo de los procesos de eutrofización que confronta este ecosistema, y que han evidenciado que la proliferación de la Lemna es sólo la “punta del iceberg” de la problemática lacustre.

Inapropiado tratamiento y disposición final de residuos sólidos domésticos (basura), particularmente por parte de los municipios urbanos (p.e. Municipio Libertador en el Distrito Capital).

Aprobación de la minería dentro de las Reservas Forestales, mediante el reciente Decreto 3110 de fecha 07/09/04 con el cual se deroga el Decreto 1850 para la Reserva Forestal de Imataca, con lo cual se debilita la figura de manejo de estas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) destinadas a garantizar la producción permanente de madera, además de otros bienes y servicios ambientales estratégicos para el país como la producción de agua y el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los fenómenos evolutivos.

Contaminación atmosférica debido al poco mantenimiento de los vehículos por parte de la ciudadanía y las empresas transportistas y la deficiente supervisión de las autoridades municipales y nacionales. En especial, preocupa el poco mantenimiento de los transportes públicos y de carga.

“Contaminación Incierta del aire o el agua”, en referencia a lo ocurrido en Higuerote por cuarta vez, y que las autoridades no supieron explicar apropiadamente a las comunidades locales.

Mal manejo de los residuos hospitalarios, tóxicos y peligrosos a nivel nacional. Las empresas operadoras de recolección no poseen la infraestructura necesaria y las autoridades ambientales no realizan la debida supervisión. Muchos residuos como baterías de celulares y de vehículos, por citar solo algunos, son tratados como residuos domésticos.

Expropiaciones con fines agrarios de tierras privadas para la conservación de la naturaleza, desconociendo su importancia ecológica y los bienes y servicios ambientales no agropecuarios, base del desarrollo sustentable de un país.

Contaminación de los cuerpos de agua como consecuencia de la falta de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico e industrial, con la consecuente degradación de las áreas naturales, incluyendo las playas, ríos y balnearios.

Venteo y quema de gas excedente en la industria petrolera, particularmente en Anzoátegui y Zulia.

El crecimiento del comercio informal, con las subsecuentes dificultades en el tránsito automotor urbano, el manejo de los residuos no peligrosos y la salud de los propios vendedores informales (buhoneros).

Pérdida de diversidad biológica debido a la deforestación, la fragmentación de hábitat y el sobre-aprovechamiento de animales y plantas silvestres.

Comercio ilegal de animales y plantas silvestres, especialmente en las carreteras de San Felipe (Yaracuy), Morón (Carabobo), El Guapo (Miranda), Píritu (Anzoátegui), y las áreas del Delta del Orinoco (Amacuro) y Guayana (Bolívar). A esto se suma la limitada reinserción de las especies que han sido rescatadas, por la inexistencia de centros de rehabilitación.

Invasiones a las áreas protegidas, particularmente zonas con especial fragilidad ecológica, entre las que se incluyen a los Parques Nacionales.

Aparente crecimiento de los pasivos ambientales en diversas regiones del país, sin la debida atención de las empresas públicas y privadas responsables de los mismos.

Degradación de las diversas cuencas al norte del Río Orinoco (Río Limón (Aragua), Catatumbo (Zulia), Motatán (Trujillo), Tocuyo, Tuy, Guárico, Guapo, Unare y Neverí, entre otros).

Contaminación a todos los niveles de la cadena trófica (suelos, aguas, vegetales, animales y seres humanos) por plaguicidas y/o agroquímicos en general, particularmente en la región de los Andes y los Llanos.

Pérdida de áreas de manglar por acción combinada de la sequía prolongada y el manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas en su área de influencia. Mención especial merece la situación de los manglares de Hueque en el Estado. Falcón.

Erosión costera en las principales playas de uso turístico en el Estado Nueva Esparta.
Continuación de la minería ilegal en Guayana.

Cambios de flujo y de sedimentos que están ocurriendo a lo largo de la franja marino-costera del Litoral Central, Estado Vargas, producto de los rellenos, espigones y defensas costeras, ejecutados aparentemente sin los correspondientes evaluaciones de impacto ambiental.

Indefinición en materia de bioseguridad, aunado a que no se ha cristalizado la comisión nacional que regirá la materia en el País, y en la cual deberá participar las ONG conjuntamente con las instancias gubernamentales competentes.

Demora en la actualización de ciertas normas técnicas, como las de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 1257) para adecuarlas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Buque mercante encallado en el arrecife coralino del Parque Nacional Archipiélago de los Roques

Presupuesto deficitario especialmente para el manejo de las ABRAE, particularmente aquellas con fines de protección como presupuestos los para Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Refugios de Fauna Silvestre.

Descoordinación entre los programas ambientales y de desarrollo, obviando la estrecha relación existente entre conservación del ambiente y calidad de vida (desarrollo sustentable).

Débil actuación oficial frente a los ilícitos ambientales, especialmente por parte de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.

Acceso limitado y restringido a la información ambiental pública.

Personal no calificado en posiciones de alto nivel en la gestión pública, altamente politizados y con poca capacidad de diálogo y cooperación con diversos sectores.

Falta de educación y conciencia ambiental además de desconocimiento de la normativa ambiental por parte de la ciudadanía, que limitan su actuación responsable.

Falta de reconocimiento a la gestión conservacionista de los particulares y las ONG, tanto a nivel nacional como municipal.

Aislamiento en los esfuerzos y poca coordinación interinstitucional, especialmente entre las ONG ambientales.

A pesar de los problemas citados se han alcanzados algunos logros en la gestión ambiental que ayuda a palear un poco los problemas y que es necesario conocerlas, tal como lo señalan:

Adhesión de Venezuela al Protocolo de Kyoto, luego de su aprobación por la Asamblea Nacional y el ejecútese de la Presidencia de la República.

Superación de la meta del milenio en cuanto a suministro de agua potable en el país.
Seguimiento de los acuerdos sobre Cambios Climáticos, en particular los grupos de trabajo relacionados con el tema en las comunicaciones nacionales.

Aprobación de Ley de Residuos y Desechos Domésticos en la Asamblea Nacional.
Aprobación técnica del Proyecto de Ley de Aguas por parte de la Comisión de Ambiente, pendiente por su aprobación en plenaria de la Asamblea Nacional.

Ratificación del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.

Promoción del Manejo Integrado de Cuencas desde el MARN.

Actualización de las normas técnicas relativas a la conservación de la capa de ozono.
Establecimiento y operatividad de las mesas técnicas de agua, en las que las comunidades participan en el manejo y conservación del recurso en forma directa.

Inversiones por parte del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARN) en materia de plantas de tratamiento de aguas servidas, en particular en las zonas costeras, y el fortalecimiento de algunos programas de saneamiento ambiental y la red de distribución y acceso al agua potable.

Exigencia del MARN a las empresas en función del calendario de adecuación ambiental.

Desarrollo de modelos exitosos de conservación en tierras privadas, destacando el éxito del “Refugio Privado de Jaguares Silvestres de El Baúl” en el estado Cojedes.

Continuación de la transferencia de la prestación del servicio de Agua Potable y Saneamiento al Distrito Metropolitano, Municipios y/o mancomunidades.

Mantenimiento de zonas verdes en algunas ciudades del país.

Desarrollo de campañas educativas por parte de las ONG, particularmente en torno al comercio ilegal de especies silvestres y al reciclaje.

Trabajo coordinado de los Comandos Unificados para el Control de Incendios, con la subsecuente disminución en la ocurrencia de incendios forestales.
Creciente número de páginas web con información ambiental sobre Venezuela, tanto pública como privada.

Mayor presencia de Venezuela en las discusiones internacionales en torno a tratados y convenios ambientales de interés para la República.
Ante esta realidad se sugieren algunas propuestas que las señala adecuadamente Vitalis, para el 2005, tales como:
 
El Estado Venezolano, y eso incluye a todos los poderes y a la sociedad civil, debe entender que lo ambiental está estrechamente ligado a lo económico, lo social, lo cultural y hasta lo político, porque un ambiente sano y limpio, también da muchos votos.

De acuerdo con la Ley, el Presidente de la República debe crear o poner en funcionamiento un Consejo Nacional del Ambiente, integrado por autoridades públicas y organizaciones representativas de la sociedad, para la consulta de las políticas sectoriales y el seguimiento de los grandes proyectos nacionales en materia ambiental, que además sirva para promover la coordinación y la cooperación interinstitucional e intersectorial, particularmente con los gobiernos municipales, a los fines de cooperar efectivamente en el desarrollo de agendas de conservación, mejoramiento y defensa del ambiente en el ámbito local.

Crear el Fondo Nacional del Ambiente, con aportes públicos y privados, que permita el desarrollo de proyectos y programas locales, regionales y nacionales, con la activa participación de la ciudadanía, las ONG, las universidades y las empresas e instituciones del gobierno.  Hacer un llamado de alerta a toda la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre la amenaza de expropiación y división sobre algunas de las más importantes áreas privadas para la conservación de la naturaleza, especialmente en el Estado Cojedes, donde se ha declarado la intervención de varios lotes de terreno entre los cuales destaca el mundialmente famoso "Hato Piñero", bastión de la diversidad biológica de los Llanos venezolanos, con más de 50 años de labor conservacionista.

El MARN debe realizar una mayor y más efectiva supervisión y asistencia técnica a la gestión ambiental de los municipios, particularmente en lo relativo a la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. Se debe establecer una estructura funcional que fomente la reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos a nivel nacional, tanto a nivel urbano como rural. Asimismo, resulta imperativo evaluar y corregir los mecanismos de recolección, tratamiento y disposición final de residuos, y el manejo apropiado de desechos tóxicos y peligrosos.  Cumplimiento de las funciones ambientales de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Su acción a favor de los derechos humanos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, debe sentirse en el seno de las comunidades, las instituciones y el país.  De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública (17/10/01), instar a los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública Nacional a recibir y atender, sin excepción, las representaciones, peticiones o solicitudes que les formulen los particulares en las materias de su competencia, ya sea vía fax, telefónica, electrónica, escrita u oral, así como a responder oportunamente tales solicitudes.

Asignación de un presupuesto justo para la gestión ambiental y en particular para el manejo y conservación de las áreas protegidas, a fin de que Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Refugios de Fauna Silvestre, cumplan con los objetivos de su creación, es decir, la preservación de la flora, la fauna, los paisajes, las fuentes de agua y los demás bienes y servicios ambientales, fundamentales para el desarrollo sustentable del país.

Promover el conocimiento de las leyes ambientales vigentes, motivando a las comunidades a exigir a las autoridades su cumplimiento. La Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la República, deben jugar un papel importante en dicha promoción.

 Promover la permanente actualización de los inventarios de flora, fauna, paisajes y ecosistemas, patrimonio natural de todos los venezolanos, con miras a valorar el ambiente y sus necesidades de conservación. La Contraloría General de la República debe entender que en sus inventarios de bienes y servicios del país, los recursos naturales, activos y pasivos, deben ser incluidos en las cuentas nacionales.

Promover una gestión transparente, donde de penalice a los culpables y se documenten las infracciones en forma permanente y ejemplarizante.

Evitar que el clima político y partidista se filtre en la gestión técnica y especializada del sector ambiental.

Promover una mejor participación de las comunidades y las asociaciones de vecinos en la solución de sus principales problemas ambientales, y las acciones que pueden ser emprendidas desde el hogar, la escuela o el trabajo. La labor de los Municipios en esta materia es fundamental.

 Reactivar el aparato productivo, con nuevos incentivos fiscales destinados a incrementar el desarrollo económico, sin merma de los atributos ambientales y en búsqueda de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Implementar normas, planes, programas y proyectos de inversión que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como la efectiva participación de la sociedad organizada para el trabajo productivo; todo esto debe estar apoyado con el manejo de incentivos, y la asistencia técnica y crediticia, que permita la capacitación adecuada de los participantes y la continuidad de ejecución de los planes.

 Impulsar la evaluación de la situación ambiental del país en una consulta amplia que conlleve al desarrollo de estructuras y propuestas gubernamentales que respondan a las necesidades del país y no a criterios personales o del equipo profesional en turno. Aplicación de la estrategia de conservación de la biodiversidad y su plan de acción, así como de la estrategia de conservación de cuencas.

Cambiar el paradigma en cuanto a que la vigilancia y control es exclusiva potestad del Estado, incorporando a la sociedad en esta función y diseñando mecanismos efectivos de reporte y atención de denuncias.

Desarrollar un intenso programa de educación de la población en general para combatir el comercio ilegal de especies silvestres.

Mayor compromiso para atender los problemas ambientales por parte de las entidades gubernamentales y de las propias comunidades. Las ONG ambientales deberían incluir dentro de sus actividades prioritarias la atención a las comunidades para que se incorporen a la solución de estos problemas. Las empresas privadas por su parte deben incorporarse mucho mas a la atención de los problemas ambientales con proyectos especiales o apoyando las actividades del sector no gubernamental y gubernamental.

Promover el establecimiento de asociaciones estratégicas entre el sector gobierno con ONG, universidades y el sector privado, así como con organismos internacionales de reconocida trayectoria y transparencia, para acometer los retos ambientales del año 2005.

No cabe la menor duda de que el Gobierno venezolano debe identificarse más con la política ambiental en el país y hacer que las empresas, se comprometan en su resguardo, no contaminando el ambiente y que se de una verdadera cultura ambiental que favorezca a todos los que habitamos en el país.
 

Ing. Carlos Mora Vanegas  cmoraarrobapostgrado.uc.edu.ve    camv12arrobahotmail.com  El Dr. Mora es Ingeniero - Administrador, Profesor Titular en el Área de estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo (Venezuela)

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