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Así, "en un momento de interdependencia –según Ignacio Ramonet- cada
vez más estrecha de las economías de todos los países, de la libertad
absoluta en la circulación de capitales, de la supresión de barreras
aduaneras y reglamentaciones y de la intensificación del comercio y del
librecambio animados por el Banco Mundial, el FMI, la OMC y la OCDE,
ejecutores de políticas neoliberales que se traducen en una reducción
significativa del papel de los agentes públicos, en un saqueo ecológico,
en una explosión de las desigualdades y en el retorno masivo de la
pobreza y el paro", nos encontramos con una cooperación al desarrollo
acorde y que se concreta en los programas de ajuste estructural.
Hay tres aspectos importantes a considerar en cuanto a lo que entendemos
por "desarrollo": en primer lugar la equivalencia implícita en muchos
discursos entre desarrollo y capacidad de consumo.
En segundo lugar la existencia de límites al "crecimiento" es
decir, la imposibilidad de extender a escala planetaria los niveles de
derroche y consumo irresponsable de los países industrializados. Y, en
tercer lugar, la falta de reconocimiento del "norte" de que esto es así.
Según el Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano de 1998 centrado en el
consumo, el 20% de los habitantes de los países de mayor ingreso hacen
el 86% del total de los gastos en consumo privado, y el 20% más pobre,
un minúsculo 1,3%. Este hecho afecta también a los países
industrializados: el nuevo índice de la pobreza humana (IPH-2) revela
que entre el 7% y el 17% de la población de estos países es pobre.
Sin embargo después de "superar" formalmente que desarrollo es igual a
crecimiento económico, las políticas neoliberales imperantes continúan
dogmáticamente ancladas en dicha equivalencia. Y, para constatarlo, no
hace falta más que comprobar que, según Rondinelli, "las políticas
actuales de cooperación para el desarrollo se basan en los programas de
ajuste estructural para: a) resituar las economías en el mercado
mundial; b) promover la empresa privada; y c) promover el comercio
mundial y la inversión".
No es suficiente con afirmar que todo programa que favorezca el
desarrollo económico de un país del Sur, contribuye a erradicar la
pobreza.
Así, siguiendo la máxima de que si los hechos no coinciden con la
teoría peor para los hechos, y ante la recurrente comprobación de que
los programas de ajuste estructural no sólo no siempre inciden
positivamente en el desarrollo de los países en los que se aplican sino
de que, en numerosas ocasiones, actúan en sentido contrario -tal y como
ha sido denunciado por numerosos estadistas de los países receptores o
como han señalado numerosos analistas- los planes de ajuste estructural
siguen siendo en eje principal de la AOD y en numerosas ocasiones
ofrecidos como la única posibilidad a los países en desarrollo.
En este sentido, el propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
reconoce en sus documentos que la distribución del ingreso se ha vuelto
más desigual, ha aumentado el desempleo y los niveles de pobreza son
superiores a los de 1980. Se ha conseguido un cierto crecimiento a costa
de la equidad y del incremento de la pobreza.
La AOD y el gasto social
La cuestión principal que se plantea al hablar de la AOD realizada por
el CAD suele ser la de eficacia, es decir, la capacidad de influir en la
reducción de la pobreza (objetivo prioritario según las declaraciones
formales).
Sin embargo, según estimaciones del PNUD, solo el 16% de la AOD
bilateral del CAD se destina a sectores sociales (el 20% de la UE), es
decir a educación, sanidad, seguridad social, agua, vivienda, etc.
Además sólo el 7% de esta AOD (el 9% de la UE) se dirige a las
áreas de prioridad humana. La AOD multilateral tampoco va mucho más
allá, pues dedica el 16% a áreas de prioridad humana.
En la casi totalidad de los discursos y documentos se incluye la
erradicación de la pobreza como prioridad. Sin embargo en las políticas
aplicadas y centradas mayoritariamente en los programas de ajuste
estructural, dicha prioridad no constituye realmente el centro de la
mayoría de los programas de ayuda, tampoco en el caso español.
En el "Informe sobre la realidad de la Ayuda" de 1997, se señala el
hecho de que únicamente el 11% de la AOD española bilateral se dedica a
Servicios Sociales Básicos (SSB). Los instrumentos utilizados para la
gestión de dichos fondos son básicamente las ONG’s y la cooperación
descentralizada que gestionan un 73,1% de los mismos.
¿Un nuevo paradigma del desarrollo?
En el Informe sobre Desarrollo Humano 1994 del PNUD, se manifiesta la
necesidad de "...un nuevo paradigma del desarrollo que coloque al ser
humano en el centro del desarrollo, considere el crecimiento económico
como un medio y no como un fin, proteja las oportunidades de vida de las
futuras generaciones al igual que las de las generaciones actuales y
respete los sistemas naturales de los que dependen todos los seres
vivos".
El desarrollo humano sostenible asigna la máxima prioridad a reducir la
pobreza y promover el empleo productivo, la integración social y la
regeneración del medio ambiente.
Igualmente coloca en un lugar central a las mujeres y fomenta la
autonomía de las personas posibilitando que diseñen los procesos y
acontecimientos que conforman sus vidas y participen en ellos.
Hay que destacar que este nuevo concepto de desarrollo ha sido
ampliamente asumido por los países donantes en sus declaraciones y
compromisos internacionales como los surgidos de la Cumbre Social de
Copenhague.
Falta sin embargo concretarlos en la ejecución de políticas de
cooperación acordes a los mismos.
Tal y como podemos observar, el concepto de prioridad humana contiene
numerosos aspectos que podemos incluir dentro del genérico servicios
sociales y que de hecho, constituyen el campo de actuación de estos en
los países industrializados, normalmente con alcance universal en los
respectivos territorios.
De hecho, tanto en España como en la Unión Europea existen mecanismos de
promoción económica y redistribución de la renta, fondos de cohesión
territorial y servicios sociales amplios (incluyendo el salario social)
que no se entienden como excluyentes.
Si se considera necesaria la existencia de dichos servicios sociales en
sociedades como la europea –paradigma del desarrollo--, parece lógico
comprender la necesidad de los mismos en sociedades con desigualdades
extremas en la distribución de la renta y con la mayoría de la población
sumida en la pobreza o en la extrema pobreza.
Igualmente, si es cierto que nos encontramos en un proceso de
globalización que afecta a todo el planeta y que configura un espacio
único e interdependiente. ¿Qué impide asumir la "globalización" del
modelo de desarrollo de los países donantes que incluye sus mecanismos
de desarrollo y sus Servicios Sociales?
Nuevo internacionalismo y políticas de cooperación
La mundialización económica -cuyo principal motor es la optimización a
escala planetaria del capital financiero-, ignora y rebaja a las
naciones y a sus estados en tanto que espacios constituidos para el
ejercicio de la democracia y como garantes del bien común.
Según señala Ignacio Ramonet: "La mundialización financiera ha creado de esta forma su propio Estado. Un estado supranacional, que dispone de sus propios aparatos (FMI, BM, OMC y OCDE).
Este Estado mundial es un poder sin sociedad ya que este rol es ejercido por los mercados financieros y las grandes empresas" y, por lo tanto, sin los aparatos de que dicha sociedad se ha dotado históricamente para organizarse.
Asistimos a escala mundial a un gobierno económico de la
política, en expresión de Díaz Salazar, en vez de a un gobierno político
de la economía que permita una estrategia mundial de resolución de los
problemas de la pobreza y la miseria extremas.
El impulso a una nueva política de Cooperación y Ayuda Oficial al
Desarrollo, constituye hoy en día, una forma concreta de construir un
nuevo modelo de relaciones internacionales. Se trata pues de proponer
nuevas políticas de cooperación y de AOD, no de rechazar estas en sí
mismas.
Por ejemplo, para impedir el bloqueo del desarrollo humano y social
básico de los países empobrecidos -además de resolver el problema de la
deuda- es necesario revisar las políticas de ajuste estructural
impuestas por el FMI y avanzar hacia un "ajuste con rostro humano".
Difícilmente podrá acometerse esta tarea sin una reforma profunda y
sustancial del FMI y el BM.
Estos cambios deberían insertarse dentro de una gran reforma de la ONU,
encaminada a reforzar su papel con el objetivo del establecimiento de
políticas de gobernación mundial y justicia internacional que garanticen
"un gobierno político de la economía".
El cometido principal de este nuevo marco de gobernación mundial sería
el de asegurar un desarrollo humano sostenible que universalice los
servicios sociales y la redistribución de la riqueza.
Para ello es imprescindible, en la línea defendida por el PNUD, crear
una Carta Social Mundial realmente vinculante, una Hacienda Mundial y
una Seguridad Social Mundial.
El objetivo de la Carta sería el reconocimiento efectivo de los derechos
sociales de todos los países, la formulación de los mismos y los medios
de realizarlos.
El segundo gran instrumento para la gobernación mundial sería
un Sistema de Seguridad Social Mundial destinado a garantizar y reforzar
la seguridad humana, a prestar servicios sociales básicos y a cooperar
en la introducción o mejora de sistemas nacionales de Seguridad Social
en los países empobrecidos.
El PNUD ha propuesto seis indicadores que deberían guiar la política de
prevención para garantizar la paz con justicia y seguridad.
Estos indicadores son los siguientes) inseguridad alimentaria; b)
inseguridad en el empleo; c) violaciones de derechos humanos; d)
conflictos étnicos y religiosos; e) grandes desigualdades entre grupos
de población; f) elevado gasto militar y bajo gasto social.
El tercer gran instrumento sería una Hacienda Mundial, imprescindible
para poder realizar las políticas propuestas, además de la garantía de
disponer de los mecanismos de recaudación de impuestos mundiales, de
redistribución de recursos y de financiación de programas.
"No hay posibilidad de gobernación mundial sin Hacienda mundial, pero
esta no se legitima ni se ejecuta sin un gobierno que la dirija". (Diaz-Salazar,1996).
Es importante constatar que lentamente se van dando pasos hacia un
proceso de gobernación mundial y justicia internacional (que nos
permitiría hablar realmente de globalización).
En este sentido cabe señalar la creación en julio pasado del
Tribunal Penal Internacional, que de estar ya en funcionamiento, hubiera
podido resolver el problema sobre la competencia de la justicia española
para investigar y juzgar los crímenes de las dictaduras militares
argentina y chilena.
"Los
problemas de l@s trabajador@s del Sur constituyen uno de los principales
imperativos para acelerar la creación de un nuevo marco de gobernación
mundial al estar desprotegidos frente a Estados y empresas
multinacionales que violan los derechos sociales básicos reconocidos por
la OIT".
(Diaz-Salazar,1996). Cabe recordar que las luchas de los trabajador@s
y de sus organizaciones, fueron determinantes para la construcción de un
modelo de Estado Social y de Derecho y para la consecución de la
implantación universal de los servicios sociales en sus territorios de
actuación.
En este nuevo contexto, con una OMC con voluntad de ser la única voz en
la organización del trabajo, la promoción de unas condiciones de trabajo
dignas y unos servicios sociales básicos sería uno de los temas
prioritarios de un programa de gobernación mundial.
Por lo que respecta a lo que podríamos llamar la "internacional
sindical", tiene una generación de retraso sobre la del capital.
"Todavía es incapaz de elaborar y de dirigir, como hace el
adversario, estrategias mundiales, adaptadas en particular a las nuevas
formas de organización productiva, como el teletrabajo: han necesitado
veinte años de lucha para que sean legalizados, a escala de la Unión
Europea, comités de grupo en el seno de las firmas transnacionales". (De
Brie,1998).
Es comúnmente aceptado que las desigualdades norte-sur son estructurales
y, que los cambios estructurales se dan a largo plazo.
También esta extendida la opinión de que la dimensión del problema de la extrema pobreza y del "subdesarrollo" es tal que no es factible en un plazo aceptable de tiempo acabar con esta. Igualmente es habitual enfrentarse a cierto escepticismo frente a propuestas como las formuladas en esta ponencia.
Según el Informe de Desarrollo Humano 1997 del PNUD: "Por supuesto
que nos podemos permitir erradicar la pobreza en un plazo relativamente
corto".
¿Con qué medios?, únicamente la aplicación de la Tasa Tobin permitiría
recaudar anualmente unos 166 mil millones de dólares, dos veces más que
la suma anual necesaria para erradicar la pobreza extremada de aquí al
comienzo del próximo siglo.
Desde una organización como Paz y Solidaridad, a la que pertenezco,
consideramos que la cooperación al desarrollo y la universalización de
los servicios sociales básicos son herramientas imprescindibles para la
construcción de un mundo donde quepan todos los mundos.
Teo Sánchez y Olga del Río - http://www.lafactoriaweb.com
Publicado Originalmente en la revista cuatrimestral la factoría*
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