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Aunque los mayores obstáculos provienen de la resistencia de los
estados a ceder soberanía en favor de la UE. A pesar de estos conflictos
y obstáculos, los avances de los últimos años desde el acta única
europea de 1986 son muy importantes.
Ahora, después del éxito político y económico de la implantación del
euro y la culminación de la ampliación a 25 países, estamos ante otro
momento trascendente, la aprobación de la Constitución europea.
En este proceso constituyente el sindicalismo europeo representado por la CES ha jugado un papel activo, presentando propuestas a la Convención europea y movilizándonos en Niza, Barcelona y Laeken en favor del reconocimiento constitucional de la Carta de Derechos Fundamentales, que al final hemos conseguido. CC.OO. hemos decidido apoyar el texto constitucional.
Lo hacemos sin papanatismos, no sin debate interno ni contradicciones, pero convencidos de que Europa es hoy el escenario en el que el sindicalismo puede reconstruir su fuerza y ejercer en condiciones el conflicto social que representamos.
Y convencidos también de que la Constitución es un nuevo peldaño en la construcción social y política de Europa. Por primera vez no estamos solo ante un tratado entre Estados, si no que tenemos la oportunidad de dotarnos de una Constitución común para toda la ciudadanía que define el modelo social europeo.
Se reconocen unos valores que dotan a Europa de una identidad
colectiva, frente a otros modelos que menosprecian los derechos
sociales, la libertad o la democracia. Y frente a los que desde dentro
de la UE han intentado y no han conseguido la identificación exclusiva
de Europa con una religión, el cristianismo.
Valores comunes y derechos universales
No podemos minusvalorar que la Constitución hable de valores comunes y
de derechos universales.
Son estos valores comunes, como la igualdad y la no discriminación, los que han permitido al Parlamento europeo bloquear la propuesta de comisión Barroso, en un claro ejemplo de consolidación institucional y separación de poderes. Y no olvidemos que la constitucionalización de los derechos individuales y colectivos -incluidos los sindicales- que podrán ejercer y exigir ante las instituciones estatales y europeas más de 450 millones de personas son el mejor antídoto y contrapeso frente a una globalización que los ultraliberales pretenden sin derechos ni reglas.
La Constitución es un paso más en el reforzamiento democrático e institucional, especialmente del Parlamento europeo, que amplía sus competencias compartidas con el Consejo Europeo.
Sin duda el proyecto tiene limitaciones, sombras y algún agujero negro. Los Estados continúan reacios a ceder competencias en materia fiscal y social como expresión de las reacciones conservadoras de sus sociedades y porque la cesión de soberanía monetaria con el euro es muy reciente.
Los estados con plurinacionalidad no asumida como el español han
trasladado a la UE sus propias contradicciones. De ahí que no se
reconozca suficientemente la diversidad nacional europea, que es más
amplia que la de sus Estados.
La parte III de la Constitución -heredada de los tratados y decisiones
anteriores- ratifica políticas económicas que han sido combatidas por
los sindicatos y que continuamos rechazando.
Somos conscientes de estas limitaciones, pero sería ingenuo creer que la creación de una realidad política compleja como la UE construida a partir del desmantelamiento ordenado de los Estados nacionales se puede culminar en poco tiempo y sin contradicciones.
Hoy, después de los resultados electorales de EE.UU., necesitamos aún más reforzar el proyecto europeo con la aprobación de la Constitución.
En estos trances, cuando se trata de tomar decisiones complicadas, los sindicalistas hemos adquirido una cultura. Analizar si la propuesta nos permite avanzar en nuestros objetivos y pensar en cómo nos quedaríamos y qué alternativa tenemos en caso de rechazarla. Ante la Constitución europea la respuesta es clara. El texto aprobado contiene avances significativos que nos permiten subir otro peldaño en la construcción de Europa.
La no aprobación de la Constitución europea supondría mantener la aplicación del tratado de Niza -hoy vigente-, que además de no recoger los avances de la Constitución, como la Carta de Derechos Fundamentales, mantendría los aspectos más negativos desde una perspectiva social y nacional.
Y no parece que la heterogeneidad de razones de los votantes del no permita aglutinar un movimiento coherente en favor de una renegociación más progresista de la Constitución. En resumen, desde CC.OO.
queremos expresar nuestro compromiso activo con la Constitución
europea, no como el destino final, sino como un nuevo paso para
continuar avanzando y no retroceder.
NeJoan Coscubiela - http://www.lafactoriaweb.com
Publicado Originalmente en la revista cuatrimestral la factoría*
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