GLOBALIZACIÓN, DERECHOS SOCIALES E IDENTIDAD NACIONAL

Autor: Joan Coscubiela

GLOBALIZACIÓN, INTEGRACIÓN INTERNACIONAL Y APERTURA ECONÓMICA

05-2005

Hace un año celebramos el 25 aniversario del Onze de Setembre de 1976 en Sant Boi. Fue, sin duda, una movilización cargada de simbolismo y que ha quedado escrita en la reciente historia de nuestro país.

No fue el primer Onze de Setembre, como algunos teóricos de la desmemoria apuntaron aquellos días; pero sí el primero de la transición, tolerado por las autoridades franquistas y expresión clara de la complicada dialéctica de aquellos años.

La vinculación de CC.OO. con la Diada de Sant Boi fue importante. Y no sólo por la fuerte implicación organizativa y la significativa participación de las mujeres y los hombres de CC.OO. de aquellos momentos.

También porque la negociación previa de los representantes de la Assemblea de Catalunya y de las fuerzas políticas democráticas con el Gobierno Suárez, y la misma celebración de la Diada, no habrían sido posibles sin los hechos, las luchas sindicales y las movilizaciones, que se habían producido durante todo el año 1976 para forzar la ruptura social, política y nacional.

Señalamos las huelgas en empresas significativas, como Motor Ibérica, los diez días de huelga general del Baix Llobregat en el mes de enero, las manifestaciones por la amnistía del mes de febrero en Barcelona, la huelga general de febrero en Sabadell, o la asamblea constituyente de CC.OO. en Barcelona en el mes de julio, forzando la legalidad sindical posfranquista, o la constitución en septiembre de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS).

Todas estas luchas prepararon y propiciaron el clima político que permitió a las fuerzas democráticas catalanas pactar la celebración del primer Onze de Setembre tolerado desde la guerra civil.

Quizá en aquella Diada se asentaron las bases de lo que después ha sido el futuro histórico de Catalunya en estos 25 años: el reconocimiento de las instituciones catalanas por los herederos del franquismo, en uno de los pocos actos institucionales de ruptura política clara con el franquismo que se produjeron durante la transición.

El papel de la CONC

La participación activa de los hombres y las mujeres de CC.OO. de Catalunya en la Diada del 76, relatada por los cronistas de la época y reconocida por los historiadores, fue la expresión natural de una organización que había hecho de la condición de sindicato de clase y nacional una de sus señas de identidad. Reflejada en la constitución, en el año 1969, de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

Se trataba de una manera de entender el sindicalismo que no era nueva en la historia de Catalunya, que asumía y se hacía eco de un rasgo característico de una buena parte del movimiento obrero catalán del siglo XX: aquel que recoge las aportaciones del catalanismo progresista y del federalismo republicano de Valentí Almirall y de Pi i Maragall y que sintonizó con dirigentes obreros como Salvador Seguí o Joan Peiró, a través de personas como Francesc Layret o Lluís Companys.

 Quizá por ello, durante la dictadura, todos los partidos y la mayoría -no todas- de las organizaciones sociales tenían una matriz catalana propia.

Hoy es ya evidente la clarividencia de aquellos dirigentes obreros que, vinculados políticamente al PSUC y a su tradición nacional hicieron esta gran apuesta por el sindicato de clase y nacional, que todo el mundo reconoce que ha sido una de las mayores aportaciones a la cohesión de la sociedad catalana.

Era una aportación socialmente significativa en la medida en que:

* Posibilitó la participación de los trabajadores y de la clase obrera catalana en el proyecto de reconstrucción nacional de Catalunya, impidiendo así la identificación exclusiva de este ideal con sectores de la burguesía y la menestralía catalana.

* Hizo una aportación clave a la integración social en Catalunya de los centenares de miles de trabajadores nacidos en otros lugares de España, que, en muchos casos, se incorporaron plenamente a nuestra sociedad a partir de la lucha sindical, vecinal o política.

* Permitió la cohesión de la clase obrera catalana, impidiendo su división artificial en función de la lengua utilizada o del lugar de nacimiento de las personas. Y en este sentido dificultó la consolidación de un sindicalismo nacionalista autárquico.

* Contribuyó a la cohesión como sociedad, con la incorporación al proyecto nacional de valores avanzados y reivindicaciones y conquistas sociales.

* Hizo inviable cualquier opción sindical en Catalunya que no integrase el binomio nacional y de clase. Y esto, que ahora parece tan evidente, no siempre ha estado tan claro a lo largo del siglo XX, ya que en Catalunya ha existido siempre una corriente significativa del sindicalismo -identificada fundamentalmente con la UGT- que hasta bien entrados los años 90 del siglo pasado no había incorporado esta visión nacional al hecho social que representa el sindicalismo.

Otra aportación, ésta más contemporánea, ha sido la posibilidad de que el sindicalismo transformado del siglo XXI sea capaz de integrar dentro de su manera de ser como sujeto social la conciencia nacional en un mundo fuertemente globalizado. Es ésta una perspectiva de futuro que trataré de analizar más adelante.

Cambios en estos 25 años

Sin ninguna voluntad exhaustiva u omnicomprensiva creo que es oportuno resaltar algunos cambios que pueden resultar significativos para encarar una realidad marcada por la globalización.

* España ha protagonizado un importante proceso de descentralización política, posiblemente uno de los más profundos y más rápidos de todos los vividos por estados centralizados en la época moderna.

* Catalunya ha alcanzado un importante nivel de desarrollo nacional, con un incremento significativo de las competencias de que disponen las instituciones catalanas y a la vez un nivel de autogobierno social y político que es perfectamente comparable al de algunas estructuras de estados federales. Hasta el punto de que algunos estudiosos se atreven a hablar de Catalunya como una unidad nacional casi estatal.

Éste ha sido un proceso que ha situado a Catalunya y a España en muy buenas condiciones para encarar un futuro de globalización, caracterizado por procesos aparentemente contradictorios, pero que no lo son.

 Al contrario, comportan un nivel de complementariedad muy positivo entre la globalización de los grandes movimientos y, a la vez, la necesidad y la oportunidad de acercar las micropolíticas a las personas, a las empresas y a la sociedad, al territorio, en definitiva, a espacios cercanos a la ciudadanía, quizá como reacción ante los riesgos de uniformización que comporta la globalización.

* Veintidós años de gobierno nacionalista conservador, con dificultades para integrar dentro del proyecto nacional las políticas sociales transformadoras que reclama la sociedad catalana, han reducido y diluido la capacidad de implicar en este proyecto a amplias capas de la población.

Una expresión política electoral de esta afirmación la encontramos en los bajos índices de participación en las elecciones autonómicas durante los años 80 y 90, que están por debajo de aquellos que se dan en las elecciones generales y que sólo superan los de las elecciones europeas.

Una abstención que no tiene sólo esta explicación, y de la que no parece responsable único el gobierno conservador, sino un cierto sentimiento ciudadano de la escasa utilidad del voto, al que quizá ha contribuido una manera de hacer políticas de izquierda que ha sido percibida por importantes sectores de la ciudadanía como indistinta en términos sociales.

* El impacto y las diferentes reacciones ante el proceso de globalización, aunque éste es un tema que hay que analizar con profundidad y sobre el que no parece existir unanimidad.

Así, mientras parece que haya una coincidencia fuerte -que no quiere decir necesariamente aceptación- sobre las consecuencias que para el Estado Nación y su reconstrucción o deconstrucción está teniendo el proceso de globalización, no creo que sea pacífica la interpretación que se hace del impacto que esto puede tener en las naciones como realidades sociales, en las conciencias nacionales y en las ideologías nacionalistas en cualquier parte del mundo.

Si bien en un primer momento y desde algunos ámbitos, especialmente de la izquierda, se ha teorizado que los procesos de interrelación social que comporta la globalización convertirían en obsoletas las visiones nacionales y las opciones nacionalistas, la realidad de los últimos veinte años no parece confirmar estas reflexiones, más bien lo contrario. Al menos hasta ahora.

Quizás sea cierto que los aspectos de los proyectos nacionales vinculados a la construcción del Estado nacional propio de la Revolución Industrial pierden fuerza.

 Es inevitable que sea así, si tenemos presente que aquel Estado nacional tenía como uno de sus objetivos crear las condiciones económicas, sociales y políticas que facilitasen el desarrollo industrial de cada país con medidas en muchos casos de proteccionismo nacional.

 En Catalunya tenemos algunos ejemplos concretos: en el ámbito social, con la creación de lo que hoy es la patronal catalana, Fomento del Trabajo Nacional, y en el ámbito político, con partidos como la Liga.

En este sentido, es evidente que la huida fuera de los ámbitos de las fronteras nacionales de los grandes factores reguladores de las reglas de la economía propicia una pérdida de peso de estos espacios económicos, sociales y políticos.

Posiblemente esta es la razón profunda del drama que viven algunos países en vías de desarrollo, en los que, después de todos los intentos frustrados del siglo pasado por crear las condiciones propicias para la consolidación de una burguesía propia de base industrial, ahora se encuentran con el hecho de que las reglas de juego de la globalización económica no necesitan y no hacen posible el desarrollo de estos sectores sociales y los sitúan como sociedades en un contexto de dependencia y subalternidad total.

Un proyecto para un mundo globalizado

Pero las naciones, los proyectos nacionales y las opciones nacionalistas no son sólo proyectos de las burguesías industriales, ni se puede decir que sólo tengan vigencia en un contexto industrial.

 Existían, en el caso de Catalunya es evidente, mucho antes de la Revolución Industrial y, por lo que parece hasta ahora, pueden tener las bases, la fuerza y la capacidad de adaptación necesarias, especialmente si se trata de proyectos nacionales abiertos y con capacidad de integración de las nuevas realidades emergentes.

Mi apreciación personal es que un proyecto nacional catalán tiene posibilidades de pervivir si está en condiciones de integrar los cambios que comporta el proceso de globalización. Y esta afirmación se basa en la observación de la historia más reciente de nuestro país. No sería la primera vez que esto pasa.

Creo útil recordar que los rasgos característicos del proyecto nacional catalán asumidos de forma bastante generalizada por la sociedad catalana tienen algunas características diferenciadas de otros modelos sociales de matriz nacionalista. No tiene una base étnica, bien al contrario, se fundamentan en un fuerte componente de mestizaje, que lo enriquece y lo refuerza ante los cambios.

 Hay que apuntar que el mestizaje étnico, cultural, lejos de debilitar la identidad nacional de un pueblo, puede perfectamente reforzarla. Basta con recordar que uno de los países que tienen una mayor identidad nacional, los EUA, es uno de los países con más diversidad y pluralidad de origen cultural.

El proyecto nacional catalán tiene en cambio una fuerte base cultural en el que la lengua tiene un papel clave.

 Y, en contra de los factores negativos que en el terreno económico puede comportar la utilización de una lengua con un universo limitado de utilización, en el terreno social y político la defensa de la propia lengua en un contexto de globalización lingüística y cultural tiene una gran capacidad de agregación de las personas y las comunidades, y puede convertirse en un factor clave para organizar mecanismos de resistencia hacia lo que es percibido como la uniformización provocada por una globalización liberal, gobernada sólo desde las reglas del mercado y de la economía.

Y por último, el proyecto nacional catalán ha estado siempre abierto a los procesos de cambio o de internacionalización económica.

Sólo hay que recordar los dos últimos momentos históricos recientes en que esto se ha producido. Cuando a finales del siglo XIX se produce la descomposición del régimen político español, el nacionalismo español reacciona buscando la recuperación en la regeneración y en las señas de identidad más cerradas, en el pasado imperial, incluso en el rechazo a la influencia extranjera

. En el mismo momento histórico, el nacionalismo catalán reacciona en una dirección opuesta, con opciones económicas contrarias y expresiones culturales y artísticas como el modernismo, que ponen de manifiesto una clara voluntad de apertura al mundo.

Lo mismo creo que puede decirse del papel y la reacción de la sociedad catalana con relación al proceso de apertura económica y política de los años 60 y el proceso de integración de España en la UE.

Hay que aclarar que la manera diferente de encarar los cambios y los procesos de internacionalización no responden a una especial idiosincrasia cultural o étnica a la que tan fácilmente se remiten algunos para explicar los elementos diferenciales entre sociedades.

Más bien tenemos que buscar las explicaciones en las diferencias importantes que existen en las bases materiales, económicas y sociales, en las necesidades de los sectores dominantes de cada sociedad, en el activo papel representado por los movimientos sociales transformadores, y en los ritmos y profundidad con que son vividos los procesos de transformación.
Hay pues dos grandes razones que explican la utilidad, en términos sociales, de actualizar y reforzar hoy un proyecto sindical nacional para Catalunya:

* Los procesos de globalización están abriendo nuevos espacios para la intervención social en comunidades o unidades de convivencia infraestatales. Y es una tendencia que puede ir a más.

Esto será todavía más evidente en el marco de la Unión Europea, donde el proceso de reconstrucción del Estado, y, por tanto de recuperación de sus mecanismos de intervención por parte de las sociedades pasa por reforzar las instituciones políticas y sociales de la Unión Europea. Y también por aprovechar todos los nuevos espacios que abre este proceso de reestructuración territorial.

Hoy tenemos más que indicios de cómo los movimientos de armonización y convergencia de los procesos económicos, sociales y políticos en el ámbito de la Unión Europea van acompañados de la aparición de factores de diferenciación en los ritmos o en la intensidad de estos cambios.

Diferencias que cada vez serán más evidentes en la medida en que avance el proceso y se amplíen los países que se incorporen a la Unión Europea.

Parece evidente que el proceso de ampliación, previsto para el año 2006, tendrá consecuencias diversas en los diferentes estados, pero estas diferencias se expresarán también en términos regionales. Para algunas realidades regionales la ampliación de la UE comportará fundamentalmente una apertura de nuevos mercados y de futuros posibles consumidores de sus productos.

Para otras regiones europeas la ampliación puede comportar especialmente la incorporación de competidores en algunos sectores económicos muy maduros y riesgos para la economía y la ocupación.

Se produce, por tanto, de manera simultánea y complementaria, una diferenciación regional en los aspectos microeconómicos y una armonización o convergencia.

Lo que otorga una significativa importancia a los espacios sociales y políticos territoriales, en el sentido de los espacios locales vinculados a las metrópolis y también de los espacios regionales que disponen de capacidad de intervención social. Y no estamos hablando sólo de los espacios institucionales, sino de mecanismos sociales, en los que las organizaciones sociales, las instituciones, la negociación colectiva, la concertación de políticas sociales, tienen un papel clave en las sociedades desarrolladas.

* En un segundo término no hay que perder de vista la importancia que en el proceso de reconstrucción de nuevos mecanismos de reequilibrio entre economía y mercado, por un lado, y personas y sociedad por otro, pueden tener los factores de cohesión social. Y en este sentido reforzar la identidad nacional de Catalunya en torno a derechos sociales y de ciudadanía puede ser un elemento clave de aglutinamiento o de agrupación de una colectividad o una sociedad como la catalana.

Un refuerzo de la identidad en torno a los derechos de ciudadanía que tiene que tener en la sociedad civil catalana y su riqueza el principal protagonista, especialmente si tenemos presente que los factores de equilibrio y de control del mercado y de la economía no vendrán en el futuro sólo de las instituciones políticas, de los estados, sino de la sociedad en sus diferentes formas de organización social.

Ejes para el nuevo proyecto

* La defensa del catalán, como lengua propia de Catalunya, como un derecho de ciudadanía, también como un factor de cohesión, de incorporación de nuevas personas, de nuevos ciudadanos.

No podemos olvidar que el conocimiento del catalán es un factor que facilita el acceso de las personas a otros derechos básicos, como el derecho al trabajo, y a la vez propicia la integración social, en la medida que actúa como un elemento de relación con la sociedad.

En este sentido hay que hacer pedagogía para dejar de hablar del uso del catalán como un deber y situarlo claramente en el terreno de los derechos de las personas.

* La defensa de la cultura construida por la sociedad catalana, de manera abierta, plural e intercultural, entendiendo la interculturalidad o la multiculturalidad no como el mantenimiento de culturas diferentes o de espacios cerrados en función del origen de los diferentes colectivos,

sino como una cultura en proceso de permanente adaptación y que sea el espacio común en el que se encuentren todas las aportaciones culturales de todas las personas que componen en cada momento histórico la sociedad catalana.

Una cultura abierta a la incorporación de todas las nuevas aportaciones, que sólo tiene que tener el límite de la defensa o la protección de los derechos humanos, los derechos de ciudadanía. Intentando, sin embargo, no confundir instituciones culturales propias de nuestra sociedad con estos derechos de ciudadanía.

Así, la incorporación de personas que profesan otras religiones diferentes a la históricamente mayoritaria no puede representar ningún retroceso en la consolidación de una sociedad laica y en el avance histórico en la separación de Iglesia y Estado.

 Pero tampoco puede llevarnos a la identificación entre valores cívicos y cultura cristiana, por poner sólo un ejemplo de confusión protagonizado, en alguna ocasión, por destacados dirigentes políticos de nuestro país.

* Un incremento de las capacidades institucionales y sociales de autogobierno de la sociedad catalana, que le permita construir instrumentos y mecanismos de reequilibrio social y de fuerzas.

En el terreno político esto se concreta hoy en un nuevo modelo de financiación de las administraciones catalanas -Generalitat y administraciones locales-.

 Construido sobre los principios de autonomía, de suficiencia, de corresponsabilidad y de solidaridad, y que tenga también presente el esfuerzo y las necesidades fiscales de la sociedad catalana. En este sentido, el acuerdo del Consell de Política Fiscal de 27 de julio de 2001 representa un paso hacia delante en lo referente a la corresponsabilidad y a la autonomía fiscal.

 Así una parte significativa de los ingresos de la Generalitat tendrán su origen, no en las transferencias de la Administración Central del Estado, sino en la recaudación en Catalunya de los impuestos propios, los cedidos y los compartidos, con una ampliación significativa de la participación en los impuestos compartidos indirectos.

También se incrementa la capacidad normativa de la Generalitat en la regulación de los tramos autonómicos de determinados impuestos.

En cambio, no parece que el modelo acordado para el período 2002-2006 responda satisfactoriamente a la necesidad de atender de manera justa la suficiencia y el esfuerzo fiscal, ni que vaya más allá del debate sobre las balanzas fiscales y la complejidad política y técnica de objetivar unos mecanismos de cálculo en los que se mezclan criterios de imputación territorial con razones eminentemente sociales, como el hecho de que un sistema fiscal progresivo siempre tiene que tener una capacidad de redistribución social de la renta, con una presión más grande para las rentas altas y un gasto mayor para las bajas.

 Lo cierto es que con el nuevo acuerdo fiscal no se resuelve el problema de la suficiencia fiscal de las instituciones autonómicas para hacer frente a sus funciones sociales. Y que continúa existiendo un desequilibrio con relación a los ingresos per cápita que recibe el gobierno catalán en términos comparativos al de otras comunidades autónomas con un nivel parecido de competencias.

Hay, por tanto, que plantearse la necesidad de introducir cambios y reformas en el sistema de financiación, que consoliden los avances producidos en términos de corresponsabilidad y autonomía fiscal y que encaren las dos asignaturas pendientes de la suficiencia y del esfuerzo fiscal de la sociedad catalana.

En el terreno social la profundización del autogobierno pasa por el refuerzo de los mecanismos de intervención de los agentes sociales en la regulación de la sociedad. A través de la negociación colectiva, de la concertación social. Lo que desde principios de los 80, la CONC ha denominado el marco catalàn de relaciones sociolaborales.

Y en este sentido hay que destacar que el nuevo contexto de globalización parece caracterizarse por la aparición de nuevas, diversas y policéntricas formas de intervención social en las relaciones económicas y el funcionamiento del mercado, por lo que el futuro puede dar más oportunidades a las formas o instituciones de autogobierno social que a las institucionales, que por definición son más rígidas y tienen una 
capacidad de adaptación menor.

* Un cambio radical en el modelo social y de relaciones de trabajo que rompa con la precariedad como la estrategia competitiva del tejido económico catalán durante las dos últimas décadas y apueste por un nuevo modelo de empresa y de competitividad en el que la calidad de la producción y la cohesión social sean los motores de la competitividad.

Sin caer en la ingenuidad o en el espejismo de creer que en un contexto económico de globalización tienen cabida oasis o islas que queden al margen de las grandes reglas, tampoco es cierto que hayan desaparecido todas las posibilidades de intervenir social o políticamente en la configuración de las relaciones económicas. Y en este sentido una sociedad y una economía como la catalana, muy interrelacionadas, pero con unas características sociales, territoriales y físicas de dimensiones humanas, puede perfectamente plantearse este reto.

* Una profundización de los derechos sociales, a partir de la constitución cívica de nuevos derechos de ciudadanía, que tengan su razón de ser no en la nacionalidad, sino en la ciudadanía.

Se trata de los derechos sociales clásicos, universalizados y ampliados a todas las personas que viven y trabajan en Catalunya, con independencia de su situación legal o administrativa.

Pero también estamos hablando de nuevos derechos. Vinculados a las nuevas formas de convivencia, familia y sociedad.

 Entre ellos la actualización de derechos como el de libre circulación de personas, que no puede continuar identificándose como un derecho político en el marco de los estados nacionales, sino como un derecho humano en un contexto de globalización.

Pero son sobre todo un cambio radical en los mecanismos de participación de la ciudadanía en nuestras sociedades.

 Y como una manera más de participación, no la única, una nueva regulación del acceso al derecho de voto. Una reforma sustancial del derecho de voto para ponerlo al alcance de las nuevas migraciones llamadas extracomunitarias, terminología tan cargada de valoraciones negativas como la de extranjeros.

 Éste tiene que ser el primer paso, un cambio absolutamente imprescindible que permita provocar una ruptura en el concepto y en el origen del acceso a los derechos sociales y políticos.

Mientras que la Revolución Francesa comenzó la universalización de algunos derechos y los vinculó a la condición de nacionales, como una manera de romper con las desigualdades existentes en las sociedades preindustriales, hoy la nueva realidad exige un nuevo paso en la universalización, que ahora pasa por su vinculación a la condición de ciudadanía.

La incorporación de los no nacionales a los derechos de ciudadanía y entre ellos al derecho de voto es, quizás, la única posibilidad de apostar plenamente por una sociedad de personas, de ciudadanos, no de factores del mercado de trabajo. Y es también la única posibilidad de abrir espacio a proyectos políticos que tengan en cuenta la realidad de la inmigración y los derechos de los inmigrantes.

 Lo que es políticamente inviable en sociedades en las que las personas inmigrantes trabajan, crean riqueza, pero no tienen derecho a voto y, por tanto, no pueden condicionar los proyectos políticos, que quedan sólo en manos de los ciudadanos nacionales, que en muchos casos ven la inmigración como un riesgo para su estabilidad económica, para su mejora social o para su identidad cultural.

Un proyecto nacional que tenga sus raíces en la cohesión social y en la profundización de los derechos de ciudadanía, como los entendemos en CC.OO. es, sin duda, la mejor contribución que desde Catalunya puede hacerse a la construcción futura de una Europa construida no sólo sobre el mercado y los estados, sino también arraigada en las naciones que la componen. Una Europa federal y plurinacional.

 

Joan Coscubiela - http://www.lafactoriaweb.com 

Publicado Originalmente en la revista cuatrimestral la factoría*