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Desde distintos ámbitos, se dan importantes críticas al Tratado.
Desde el Círculo de Economía no sólo respetamos estas críticas, sino que
consideramos que tras algunas de ellas se hallan sólidas y merecidas
aspiraciones colectivas, por las que cabe seguir apostando tras su
entrada en vigor. Sin embargo, creemos que no se dan razones suficientes
para frenar este paso decisivo que el Tratado representa en el proceso
de construcción europea.
Tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo una reacción positiva. Los
europeos más distinguidos en la resistencia frente a los totalitarismos
apostaron por una Europa unida, en la que la paz recién estrenada se
fundase en los valores de la democracia y la justicia social.
Lo hicieron basando su ideario en el rechazo de la restauración en
Europa del estado de cosas anterior a la Guerra, y fueron muy
conscientes de que vivían una crisis de la soberanía estatal, por lo que
uno de los problemas principales de la paz venidera sería cómo lograr,
manteniendo la autonomía cultural, formar unidades más grandes en el
plano político y económico. Entendían, en suma, que una paz justa y
duradera sería inalcanzable en Europa si los estados no cedían parte de
su soberanía económica y política a una autoridad superior.
De este impulso inicial, pronto contrarrestado por la dura realidad de
los hechos, quedó, no obstante, la fuerza precisa para poner en marcha
el proceso en curso que hizo posible la paz y que, etapa tras etapa, se
ha plasmado en la Unión Europea. Un largo proceso en el que cabe
recordar que se han sucedido los avances y las paradas, las posiciones
divergentes e, incluso, enfrentadas, pero en el que siempre ha
prevalecido una inequívoca apuesta por el proyecto común europeo.
Sin prisa, pero sin pausa
Y, ahora, estamos asistiendo a otra de las etapas decisivas en este
proceso de construcción de la Unión Europea. Tras haber superado
recientemente, de forma satisfactoria, retos tan complejos como la
implantación de la moneda única o la ampliación de la Unión a 25, los
esfuerzos se han orientado al diseño de un esquema institucional que
haga posible la gobernabilidad de la Unión, así como al establecimiento
de un marco legislativo que ampare un futuro común para todos los
ciudadanos europeos. Una labor que ha dado como resultado el Tratado por
el que se instituye una Constitución para Europa.
Como no podía ser de otra forma, el Tratado está generando un intenso
debate en el conjunto de la Unión Europea. Un debate necesario y
positivo, que hay que valorar como signo de interés de los ciudadanos en
la construcción europea, aún cuando tenga el riesgo de estar muy
influido por la frustración de no ver plasmado en el Tratado todos los
valores y derechos políticos, sociales, culturales y religiosos que
muchos ciudadanos y grupos europeos desearían ver recogidos en el texto.
Seguramente, al análisis racional del Tratado, los ciudadanos
incorporamos, en muchas ocasiones, una considerable carga emocional. Una
emotividad perfectamente comprensible, si atendemos a la esperanza que
ha supuesto Europa para las reivindicaciones, en su momento, de
democracia y libertad, y, en la actualidad, y en ciertas regiones
europeas, de mayor reconocimiento de sus identidades colectivas. Ello
lleva a que, desde ciertos ámbitos, se cuestione abiertamente el
Tratado. Unas actitudes críticas que, por motivos distintos, se
plantean, asimismo, desde posiciones que demandan un Tratado socialmente
más avanzado.
En las presentes circunstancias, el Círculo de Economía apela al sentido
de responsabilidad del conjunto de fuerzas políticas para que el debate
y la consulta acerca de la conveniencia del Tratado no se traduzca en
una cuestión partidista. Nuestros representantes políticos -ejerzan
funciones de gobierno o de oposición- no deben permitir que estrategias
de partido, por legítimas que sean, ocupen el espacio que le corresponde
al debate sereno y objetivo acerca de Europa.
Y es que, lamentablemente, los ciudadanos estamos acostumbrándonos a
exigir a la Unión Europea la solución a problemas que no han sabido
resolverse en el marco de los respectivos países miembros; y es también
habitual que los estados trasladen al ámbito europeo problemas y
cuestiones de especial complejidad que no se han resuelto internamente.
Con ello no sólo no se abordan satisfactoriamente esas cuestiones, sino
que, además, se favorece un euroescepticismo del que se acaba
responsabilizando injustamente a la propia Unión Europea.
En estos momentos, el Círculo de Economía quiere aportar su visión y
participar en este debate. Y quiere hacerlo desde una lectura y una
vocación claramente europeísta. Cabe recordar que fue precisamente esa
voluntad de aproximación de España a Europa la que animó la creación del
Círculo en la década de los 50 del siglo pasado.
Un análisis del Tratado que debe partir de la valoración de los
extraordinarios logros alcanzados en Europa en menos de 50 años. Hoy, la
Unión Europea es una realidad que ha sido capaz de incorporar a cerca de
500 millones de ciudadanos a un espacio supranacional de libertad y
progreso. Un espacio en continua evolución, que ha demostrado una
especial sensibilidad al cambio.
De ahí que el debate acerca del Tratado merece incorporar esa visión
dinámica de la Unión en todas sus facetas. Una Unión que se construye
día a día, y que seguirá construyéndose y adaptándose a las nuevas
realidades, con posterioridad a la entrada en vigor del Tratado.
La ampliación a veinticinco
Seguramente, muchos ciudadanos europeos esperaban sentirse más
identificados con la llamada Constitución Europea; y ello puede
responder, en parte, a carencias ciertas del propio texto. No obstante,
sin querer justificar esas carencias, deberíamos tener en cuenta que, si
ningún texto legislativo es capaz de responder a la perfección a las
aspiraciones de todos los ciudadanos, más difícil resulta, todavía, en
el caso de este Tratado, al que se le exige recoger las aspiraciones y
sensibilidades de los ciudadanos de 25 países miembros.
Hay que reconocer y proclamar sin ambages que una Europa de 25 no puede
funcionar con el actual marco legislativo. Tanto es así que, si el
Tratado se rechazara, se produciría una crisis de legitimidad tan honda
que obligaría a rediscutir las bases de funcionamiento de la propia
Unión, pues resulta impensable un retorno, sin más, al Tratado de Niza.
Todo ello supondría un paso atrás de graves consecuencias.
Conviene destacar, para evitar este retroceso, que Europa lleva 50 años
constitucional izándose, lo que significa que, por primera vez, tras
siglos de enfrentamiento, Europa se construye por y con el derecho,
intentando conformar con normas, fruto del pacto entre estados, las
nuevas realidades emergentes. Y todo ello pese a las dificultades
enormes que comporta articular un espacio que, si bien geográficamente
es relativamente pequeño, constituye un auténtico mosaico cultural.
De ahí que, pese a sus indudables limitaciones, y a constituir, en buena
medida, una simple refundición de los Tratados preexistentes, no pueda
negarse el auténtico carácter constituyente del texto, pues, dejando
aparte el hecho de que no existen dos procesos constituyentes iguales,
el Tratado reúne los dos elementos claves que deben figurar en toda
carta magna: una lista de derechos fundamentales, y la organización de
una estructura de gobierno. Además, resulta injusto sostener que el
Tratado busca crear exclusivamente una zona de bienestar intramuros,
pero no un sujeto político propio. Por el contrario, el Tratado
consolida las bases para que la Unión pueda actuar en el futuro con una
única voz, y respaldada por una fuerza propia.
Una respuesta posible
Pese a las reservas que pueda suscitar, creemos que el Tratado merece
ser valorado como un nuevo y gran avance en el proceso de construcción
europea.
Desde una perspectiva europeísta, las aportaciones son muy
significativas. Entre otras, cabe destacar que el nuevo marco
institucional permite que la Unión Europea sea más ágil, transparente, y
resolutiva en la defensa de los intereses y valores europeos, a partir
de un nuevo ordenamiento más sencillo y eficaz. Confiere una mayor
capacidad de decisión a las Instituciones propias de la Unión, de modo
que intereses concretos no impidan la toma de decisiones en aquellos
ámbitos en los que se considera necesario adoptar una perspectiva
europea, doblando las competencias de la Unión y reduciendo a casos muy
concretos la opción del veto. Adquiere una nueva dimensión política en
ámbitos tan fundamentales como la política de justicia, exterior,
defensa y seguridad; y otorga personalidad y voz propia a la Unión en el
concierto internacional, creando las figuras de un Presidente estable
del Consejo, un representante del euro, y un ministro de Asuntos
Exteriores.
Asimismo, como ciudadanos europeos, se fijan unos objetivos y valores
claros, y se eleva a nivel de tratado alguno de esos derechos
individuales y colectivos más avanzados del mundo.
Finalmente, se introduce claramente el concepto de subsidiariedad, y se
asume la diversidad cultural y lingüística como elemento propio de la
Unión. En el desarrollo de ese concepto de subsidiariedad, reconoce las
competencias de las nacionalidades y las regiones, otorgando mayores
competencias al Comité de las Regiones. Entre estas mayores competencias
le concede capacidad jurídica frente al Tribunal de Justicia de
Luxemburgo, para la defensa de estas realidades subestatales.
Por ello, en el caso de Catalunya, el Tratado no debería interpretarse
como el cierre de ninguna de las alternativas que, racionalmente y a
partir de la experiencia histórica de la Unión, podían esperarse de una
Constitución europea. Por el contrario, abre claramente las puertas a un
mayor reconocimiento de las realidades, en continua evolución, de esas
regiones europeas. Y, en este marco, las legítimas aspiraciones de
Comunidades Autónomas a gozar de un mayor reconocimiento y participación
en la Unión Europea deben plantearse en el marco del Estado español, sin
que corresponda ni pueda exigirse a la Constitución europea la
resolución de estas situaciones. La Unión Europea siempre ha manifestado
su respeto por los acuerdos que se alcancen en cada estado.
Europa, una sociedad abierta
Además, en el debate acerca del Tratado no podemos obviar la compleja
realidad internacional de nuestros días, donde, más que nunca, se hace
necesaria la voz y acción europea. Desde el Círculo de Economía, con
ocasión de la Guerra de Irak, dimos a conocer el documento “La Guerra de
Irak, Europa y el orden internacional” en el que reclamábamos una Europa
más fuerte y más decisiva en el concierto internacional. Y éste era, sin
duda, el sentir generalizado de gran parte de nuestra sociedad.
Precisamente, una de las mayores aportaciones del Tratado es su apuesta
por una política exterior y de defensa común, que va más allá del hecho,
en si mismo ya importante, del nombramiento de un ministro Europeo de
Asuntos Exteriores.
La nuestra es una sociedad que ha sido siempre sensible al espacio de
crecimiento económico y justicia social que ha representado la Unión
Europea desde sus inicios. Una riqueza fundamentada en un mercado amplio
y abierto, con unos mecanismos de regulación de la actividad económica
propios de la zona más desarrollada y equilibrada del mundo, y que
incorpora un claro compromiso con la cohesión social. Y es que ese
dinamismo económico -base del sistema de libertades al que nuestro país
se incorporó en la década de los 70- requiere, más que nunca, de un
marco legislativo que le ampare y favorezca.
A todo ello hay que añadir que este Tratado no constituye sino una etapa
más del largo camino emprendido hace 50 años, para construir una Europa
que sea la casa común compartida de todos los europeos; un camino que
hay que andar, sin caer en la tentación del desánimo, porque siempre
estará abierto a cambios de ruta. No en vano, Europa es una sociedad
abierta, que deja el campo libre a toda iniciativa individual y
colectiva que respete las reglas de juego pactadas.
Desde esta compleja perspectiva, el Círculo de Economía valora este
Tratado, esencialmente y pese a sus carencias, como una nueva
oportunidad para todos los europeos. Una oportunidad que, individual y
colectivamente, debemos asumir y aprovechar, pues nos abre un nuevo
marco de posibilidades. Y para aprovecharlas, será indispensable
apostar, decididamente, por una mayor presencia e influencia en esta
ampliada y reforzada Unión Europea.
Por consiguiente, ciudadanos, entidades, empresas y partidos políticos,
desde nuestro compromiso de siempre con el modelo social, político y
económico europeo, debemos ser capaces de posicionarnos al frente de
este proyecto común, sabiendo defender intereses individuales y
colectivos en este nuevo espacio que, más que nunca, nos lo facilita; y,
en cualquier caso, defendiendo los intereses de esta Unión Europea que
se ha erigido en la realidad supranacional de referencia en el mundo.
Círculo de Economía de Barcelona - http://www.lafactoriaweb.com
Publicado Originalmente en la revista cuatrimestral la factoría*
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