REFORMAS PARA UNA NUEVA POLÍTICA

Autor: José Montilla Aguilera

POLÍTICA ECONÓMICA

06-2005

Sin duda, todos coincidiremos que el debate sobre como se ha de afrontar la política los cambios sociales o como los ha de impulsar no es nuevo. Hoy, éste es un debate más obligado que nunca, porque como decía hace unos días el secretario general del PSOE, José Luís Rodríguez Zapatero, en el Club Siglo XXI "no estamos viviendo un cambio de era, sino que estamos en la era del cambio".

Ya en el siglo pasado, los socialistas querían hacer una nueva política que diese respuesta a las desigualdades sociales ante la política desarrollada por la burguesía.

Para aquellos socialistas del siglo diecinueve, arraigados en la lucha de clases, necesitaban hacer una nueva política para dar unas nuevas soluciones a los nuevos y a los viejos problemas. Se precisaba poner en cuestión al pensamiento dominante.

Ahora, más de cien años después, continúa viva la dicotomía entre el pensamiento dominante, el pensamiento único, y una alternativa socialista, de izquierdas y progresista, que quiere impulsar reformas desde la política para dar soluciones también a los nuevos y a los viejos problemas.

Por esto, es sorprendente la insistencia de los conservadores y de los defensores del pensamiento único sobre la irrelevancia del socialismo y de la izquierda en este cambio de siglo. Una vez caído el Muro de Berlín la izquierda se ha acabado, parece que dicen, pero nada más lejos de la realidad. El proyecto socialista sigue vigente y necesario.

Está vigente no sólo porque hoy en la mayoría de países de la Unión Europea hay gobiernos socialistas o progresistas.

 Está vigente no sólo porque la fuerza de las ideas progresistas se sustenta sobre valores como la libertad, la igualdad, la justicia o la solidaridad. Está vigente y es necesario porque la razón de ser del proyecto socialista radica en la existencia y la permanencia de la injusticia en nuestro mundo.

Según el último Informe sobre el Desarrollo Humano de la ONU, en el mundo hay 2600 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, más de 250 millones de niños están obligados a trabajar, más de 850 millones de personas son analfabetas, hay más de 12 millones de refugiados, y casi 340 millones de mujeres no viven más de 40 años.

Un último informe, este de la FAO, nos recuerda que en el mundo hay más de 840 millones de personas que sufren desnutrición.

¿Se necesitan más datos para justificar la vigencia y necesidad de una opción socialista para interpretar la realidad de nuestro mundo con capacidad para construir nuevos relatos emancipatorios? Creo, sinceramente que no, que no necesitan más datos.

La Cumbre de Berlín que convocó el canciller Schröder en el mes de junio y que reunió a catorce jefes de Estado de todo el mundo, decía en su comunicado final que "los progresistas y los socialistas creemos que las economías de mercado han de complementarse con responsabilidad social para crear crecimiento a largo plazo, estabilidad y pleno empleo, promover la justicia social y proteger el medio ambiente".

Esta posición es radicalmente contraria a aquellas teorías, que tuvieron su momento estelar durante el tacherismo, que decían que el estado y la sociedad son los culpables de todos los males y, por tanto, hay que debilitarlos para convertir a los ciudadanos en individuos que deberían resolver sus problemas en el marco del libre mercado.

El necesario regreso de la política

Hoy, la democracia, como afirma muy bien Josep Ramoneda en su libro "Después de la pasión política", "triunfa como modelo universal, pero, la democracia está profundamente amenazada por la defunción de su alma: la política".

 "En la nueva sociedad diseñada por el pensamiento único, la política es indiferencia, porque no son los políticos los que dan soluciones a los problemas, son los especialistas los que lo hacen. Gestionan el poder económico, pero sin control democrático".

¿A qué se debe esta enfermedad de la política? Yo me arriesgaría a apuntar cinco motivos:
La pretendida victoria del pensamiento único a la cual ya me he referido.
La falta de proximidad entre representantes y representados.

La corrupción, que no sólo igualaría a los políticos -"todos son iguales"-, sino que además los haría a todos ellos deshonestos -"sólo miran por ellos mismos; se aprovechan de sus cargos"-

La distancia entre las preocupaciones de los políticos y las preocupaciones de los ciudadanos que se transforma en distancia entre el discurso político y el lenguaje de la gente.
Y por último, la creciente falta de eficacia de la política que aparece como impotente para resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos.

Desde mi punto de vista, si queremos hacer realidad el retorno de la política estos cinco motivos merecen una respuesta clara desde nuestra concreta realidad social, cultural y política. Una respuesta que pasa, para empezar, por hacer de Europa nuestra gran empresa colectiva.

Resulta paradójico, que cuando una parte no menospreciable de todo aquello que nos preocupa como ciudadanos tiene una dimensión europea, nuestra sociedad viva el desarrollo del proyecto europeo con distanciamiento y con una cierta apatía. Hoy, Europa es, a la vez, un reto y una esperanza.

 Un gigante económico que no podrá convivir por mucho tiempo con un enano político, como nos demuestra cada día la evolución de la que ya es nuestra moneda: el euro.

Hacia la Europa federada

La Europa que queremos, la Europa que necesitamos es la Europa ampliada, la Europa de la cohesión interna y la solidaridad externa, con instituciones fuertes, responsables y más democráticas, con un Parlamento con mayor capacidad legislativa y de control sobre los órganos ejecutivos de la Unión.

La Europa que queremos y necesitamos es, en suma, la Europa que, como ha defendido Joschka Fischer, recorra el camino que va de una Confederación de Estados hasta una Federación Europea.

En la Europa próxima e integrada, en la Europa federal, es donde han de confluir los caminos de Catalunya, España y los de la propia socialdemocracia.

La socialdemocracia europea ha sido capaz de innovar sus diferentes proyectos nacionales -y desmintiendo el falso pugilato Jospin-Blair- está haciendo posible que diferentes vías, como el nuevo laborismo orientado al mercado en el Reino Unido,

 convivan con la reforma del Estado de bienestar sueco, la vía más estatal del Partido Socialista Francés o la vía más orientada al consenso y al mercado que se está desarrollando en Holanda.

Todas ellas nacidas del tronco común de la socialdemocracia, pero con raíces profundas en su propia tradición y realidad. Y lo que es más importante, todas ellas alcanzando resultados óptimos a través de estrategias e instrumentos adecuados a sus necesidades.

 Pero, precisamente, es éste respaldo ciudadano a sus diferentes proyectos nacionales, el que le confiere a la socialdemocracia europea la responsabilidad de dar un paso hacia delante y asumir un liderazgo colectivo capaz de hacer realidad la Europa que necesitamos y soñamos.

El diálogo y el debate progresista

En segundo lugar, esta respuesta pasa por reforzar el diálogo y el debate ideológico. La izquierda siempre ha intentado mantener el equilibrio entre el desarrollo económico y el progreso social, en algunos casos con ciertas dosis necesarias de imaginación y utopía.

Estas dosis de imaginación a las que me refiero no deben estar cerca de aquella frase acuñada en el mayo del 68 "seamos realistas pidamos lo imposible", pero si que deben acercarse a lo que planteaba el profesor Manuel Castells en uno de sus habituales artículos en la prensa, en aquellos días que Seatle se había convertido en centro de atención mundial.

Castells decía que "la globalización será democrática, informada y controlada por la gente, o no será, porque quedará deshecha por resistencias múltiples e intereses incompatibles". Y lo decía porque las condiciones de la economía han cambiado, y cambiarán.

De entrada, los nuevos condicionantes económicos han reducido el grado de autonomía de las políticas económicas nacionales y empujan hacia la convergencia de las políticas macroeconómicas,

más sensibles a los daños causados por la inflación, el déficit público y el desequilibrio con el exterior, y de salida niegan la existencia de lo que podríamos llamar la "mundialización social", que debería preservar unos mínimos sociales en todos los países que se benefician de los tratados de libre comercio.

En contraposición a las tesis neoliberales, se debe plantear una alternativa progresista en la que lo público, el compromiso colectivo, sea el garante de la igualdad de oportunidades individual frente a todo tipo de desigualdades.

Y no sólo frente a las desigualdades económicas, sino también frente a la desigualdad entre sexos, a la desigualdad para acceder a la información, a la desigualdad para conectar con el mercado de trabajo, o la desigualdad entre los que ya vivimos en el "primer mundo" y los que llegan y llegarán en un futuro.

Esta es, a mi juicio, la gran diferencia entre la derecha y la izquierda. Los socialistas sabemos que si bien la fuerza de la economía de mercado reside en ser una productora incomparable de riquezas, es también injusta y a menudo irracional.

 Sabemos, en definitiva, que el trabajo del individuo y las obras de su espíritu no pueden ser reducidos a simples mercancías.

Hoy, el verdadero debate ideológico ha de girar entorno al cómo se realiza la transición a la sociedad de la información y a la economía global, sobre qué valores,

 qué mecanismos de control democrático se arbitrarán, sobre qué baremos de representación política, y cómo se garantizará el beneficio social a los ciudadanos para que la igualdad de oportunidades sea una realidad.

La revolución tecnológica, como todas las grandes innovaciones, conlleva peligros y grandes posibilidades. Y estos nuevos peligros como la concentración económica o el monopolio de la información, deben ser combatidos con mayor democracia también en el plano global.

Renovar la vida democrática

En tercer lugar, debemos desarrollar hasta sus últimas consecuencias el principio de proximidad. La renovación de la vida democrática en una sociedad crecientemente compleja, fragmentada y global, dependerá, en buena medida de nuestra capacidad para hacer realidad el principio de proximidad.

Los ciudadanos tienen poco poder, poca capacidad de decidir sobre procesos que les afectan.

Tienen poco poder en tanto que ciudadanos, pero también en tanto que consumidores, usuarios, impositores en instituciones crediticias, pequeños accionistas en Bolsa, pequeños empresarios y autónomos en una economía global.

 Aumentar su poder, es decir su capacidad de conocer y evaluar los resultados de sus propuestas e iniciativas pasa, necesariamente por un fortalecimiento de la democracia en el plano local, acercando la política y la administración de los servicios de los ciudadanos.

Para los socialistas catalanes, el federalismo no sólo es el horizonte que deseamos para Europa y para España. Nuestro federalismo, que hunde sus raíces en el republicanismo popular y catalanista del siglo XIX, nace y alcanza su plenitud en nuestras ciudades y pueblos, en el mundo local.

Estoy convencido de que una de las claves del desarrollo de la sociedad del bienestar la encontraremos en el plano local, haciendo más flexibles los servicios para dar soluciones concretas a las nuevas necesidades, haciéndolos más participativos y más controlados por los ciudadanos.

Porque en definitiva, la devolución de las competencias a los ayuntamientos es la mejor garantía para avanzar hacia una administración más ágil, más eficaz y más participativa. Y un paso necesario para devolver competencias y capacidad de gestión a la propia sociedad, a través de la codirección y cogestión de servicios públicos con el tercer sector.

La reforma de la política

Los socialistas estamos comprometidos en la reconciliación de la política con los ciudadanos. Pero somos conscientes, más allá de las cuestiones ya comentadas, que una política de reformas como la que propugnamos únicamente será creíble si tiene en la reforma de la política, en la reforma de sus instituciones, de sus instrumentos y de sus reglas de juego, su primera expresión.

La reforma de la política debe ser abordada desde el fortalecimiento de la transparencia, desde una acción y un compromiso público capaz de centrarse en aquello que preocupa a los ciudadanos y, al mismo tiempo,

capaz de realizar una labor pedagógica orientada a mostrar que algunas de las preocupaciones que tenemos los responsables políticos, y que no son compartidas por la ciudadanía, tienen una transcendencia real que es necesario compartir.

Quisiera concretar esta reforma de la política a través de diez propuestas que considero útiles en el actual escenario catalán y español:

En primer lugar, es imprescindible la reforma de la ley electoral española en el sentido de dar una mayor capacidad a los electores para decidir quien ha de ocupar los escaños.

Esta reforma debería inspirarse en el sistema de representación proporcional personalizado, vigente en la República Federal Alemana y debería reproducirse en Catalunya.

Nos quejamos a menudo que en Catalunya la política, y más concretamente el poder legislativo, se percibe como una realidad alejada de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. Tras el último debate en el Parlament de Catalunya se volvió a insistir en esta dirección.

Tal vez ha llegado el momento de que la confección de una ley electoral prevista en el Estatut y nunca desarrollada por intereses partidarios, sea una prioridad para las fuerzas políticas del país.
Como segunda reforma, la nueva ley electoral, y también una nueva ley de p

artidos políticos, debería reconocer la elección directa de algunos de los candidatos a los órganos de representación ciudadana como son los candiadatos a alcalde, a presidente del Gobierno o a presidente de la Generalitat, por parte de los afiliados y los simpatizantes registrados de los partidos. Esta participación sería un revulsivo y un fomento para la participación en la política.

En tercer lugar, la nueva ley electoral debería de introducir la elección directa de los alcaldes y la garantía de gobernabilidad de los municipios respetando siempre el peso relativo de las fuerzas políticas surgidas de la voluntad popular.

Como cuarta innovación, creo que la nueva ley electoral ha de contemplar mecanismos para incentivar la participación de la mujer en la vida política, a todos los niveles de representación, asegurando la paridad.

La quinta de las reformas, es la de la ley de financiación de los partidos políticos, para asegurar la máxima transparencia y la primacía de la financiación pública, mejorando a la vez el control y la transparencia. Este punto, ha sido uno de los que más ha contribuido al desprestigio de la política, se necesita que los partidos políticos hagamos bien los deberes.

En el Parlament de Catalunya estamos dando pasos en este sentido. Todavía son pasos tímidos, dadas las competencias que en este terreno tiene nuestro autogobierno, pero en el ámbito estatal hay demasiada desconfianza para tirar adelante una nueva ley.

La sexta reforma ha de abordar con seriedad la justicia

, partiendo de la imperiosa necesidad de modernizar su administración, favoreciendo la rapidez, eficacia, eficiencia y calidad de este servicio público, mediante el incremento de sus medios materiales y humanos.

Hemos de impulsar desde la política el principio de la proximidad, aplicando medidas de federalismo judicial y de creación de la justicia local en las grandes ciudades para atender el pequeño delito y los problemas de convivencia ciudadana.

En séptimo lugar, propongo la creación en el ámbito estatal de un Consejo Superior Audiovisual a imagen del que se ha instituido en Catalunya.

Este Consejo deberá de actuar como autoridad reguladora del ámbito audiovisual garantizando los principios de independencia, pluralismo y neutralidad de los medios públicos y privados.

 Un camino este, que en España es casi una utopía si analizamos el mapa mediático, donde el control y propaganda se están convirtiendo en un binomio ganador, frente la información objetiva, la pluralidad y la independencia.

La reforma del Senado es la octava reforma que propongo. Los socialistas lo decimos a menudo, el Senado ha de ser una verdadera Cámara de Representación Territorial para discutir los asuntos de ámbito autonómico, de relación entre las diferentes Comunidades, y la relación entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

 Esta reforma debería incluir la participación de las Comunidades Autónomas en los órganos de representación de la Unión Europea y en la elección de algunos órganos institucionales.

En noveno lugar, creo que para alcanzar el objetivo de profundizar en la participación en la política, es necesaria la aprobación de una nueva ley de partidos.

La actual ley es preconstitucional, y es una ley que responde a unos criterios y a unas situaciones que ahora están ya superadas en la época actual.

 Los partidos hemos de garantizar la participación democrática interna si queremos tener credibilidad para fortalecerla en el conjunto de la sociedad. Sólo si fortalecemos los criterios básicos de funcionamiento democrático en el seno de los actores fundamentales -no únicos- de la política, los partidos, seremos capaces de incorporar con eficacia los cambios sociales y culturales.

Y finalmente, creo necesaria la creación de una Comisión Parlamentaria para evaluar la idoneidad de los candidatos de los cargos institucionales.

Hemos de alejarnos de nombramientos partidarios para cargos que no son partidarios porque están destinados a velar por los derechos y las libertades ciudadanas.

 Me estoy refiriendo, por ejemplo, al Tribunal de Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Fiscal General del Estado, Consejo de Administración de RTVE, Consejo Superior Audiovisual, etc.

Influir en España

Los socialistas catalanes, con propuestas como estas, queremos contribuir a la reforma de la política española. Queremos aportar innovaciones en el proyecto socialista español, que encabeza José Luís Rodríguez Zapatero, en la perspectiva de un socialismo liberador de las personas,

de un socialismo que quiere, desde la igualdad de oportunidades, que todos y cada uno de los ciudadanos desplieguen totalmente sus potencialidades, de un socialismo con el cual

-para desolación de la derecha española y catalana- nos sentimos especialmente identificados. No podía ser de otra manera.

Porque los socialistas catalanes somos herederos del catalanismo popular y de izquierdas.

De Pi i Maragall y de Valentí Almirall. Y antes de Narcís Monturiol, divulgador del socialismo utópico y de Anselm Clavé, también republicano federal. Somos herederos de una tradición que continuaron los Coromines, Seguí, Peiró, Rovira i Virgili, Campalans,

Alomar, Comaposada, Maurin o Serra i Moret. Somos herederos de una sólida tradición socialista enraizada en nuestro país y en nuestro pasado pero que mira con ilusión hacia el futuro.

Frente al proyecto insolidario de la derecha española, frente un presidente del Gobierno que se fortalece por la vía del conflicto y no buscando la solución de los problemas a través del diálogo y el acuerdo, y la situación en el País Vasco es un ejemplo de esta cultura del conflicto,

y frente un Gobierno del PP que ha demostrado que sólo sabe gobernar cuando lo tiene todo a favor, pero que es incapaz de estar a la altura cuando aparecen las primeras dificultades en forma de inflación, incremento de los precios de los carburantes o encarecimiento de los créditos, queremos fortalecer el proyecto compartido de socialismo español.

Y lo queremos hacer porque estamos convencidos que es la mejor garantía para hacer realidad la España plural, la España de la unión y de la libertad frente a la España homogénea y centralista que el PP intenta resucitar.

Toda la política de reformas, y la misma reforma de la política, se ha de desarrollar en un escenario concreto, y por esto quiero acabar haciendo una breve reflexión sobre la situación política en Catalunya.

Catalunya: reformar la política desde el cambio

Un año después de las elecciones en el Parlament de Catalunya, el Gobierno de CDC y UDC todavía están bajo el choque de unos resultados electorales que lo debilitaron mucho.

Sin una mayoría sólida y coherente, y cada vez más desorientado, ha hecho de la ocupación del poder su principal razón de ser. La debilidad del Gobierno se ve agravada por la crisis que vive la coalición entre CDC y UDC, originada por la lucha por el liderazgo que ha de conducir el postpujolismo. Además, el resultado de las últimas elecciones generales ha trastocado el papel de Jordi Pujol en la política española,

 donde ha pasado de la capacidad de incidencia -con resultados más que dudosos y no muy positivos para Catalunya como en el caso de la financiación autonómica o la política de inversiones del Gobierno central- a una actitud preocupante de subordinación al PP en la actualidad.

Incertidumbre en el tema de la financiación, falta de ambición de las propuestas de guarderías, de educación y de formación profesional, ausencia de una estrategia económica de futuro, incumplimientos en las inversiones de infraestructuras, colas de espera en la sanidad...

En definitiva, hoy Catalunya tiene un Gobierno que gestiona, y en muchos casos malgestiona, pero no gobierna. Gobernar es alguna cosa más que mandar y tratar de gestionar el día a día.

Catalunya no se puede permitir el lujo de perder más tiempo y más oportunidades. El reciente debate de orientación política general en el Parlament es una buena muestra de la mezcla de suficiencia y victimismo de la actual minoría que gobierna nuestro país.

Catalunya no puede convertirse en la protagonista de la agonía del proyecto de CDC y UDC. Este es un espectáculo que Jordi Pujol, por patriotismo, nos debería ahorrar y sobretodo debería ahorra al país.

Ante el progresivo deterioro de la acción de gobierno, tres y ninguna más son las opciones responsables que tiene el presidente de la Generalitat.

O bien estabiliza una mayoría parlamentaria sólida con un proyecto definido; o bien llega a acuerdos sobre los grandes temas de país -los socialistas hemos manifestado reiteradamente nuestra predisposición en este terreno-;

o bien, si se ve incapaz de avanzar en una dirección o en otra, deja que los catalanes y catalanas sean protagonistas de su futuro, y no sólo unos actores secundarios que ven como el actor principal y sus colaboradores no están precisamente en su mejor momento.

Un año después de las elecciones al Parlament, Catalunya necesita un gobierno que gobierne, con autoridad moral, con sentido de la anticipación, con capacidad para crear complicidades.

Un gobierno con la voluntad de hacer realidad un programa de reformas e innovación económica y democrática, que Catalunya necesita para asegurar su futuro, capaz de establecer una nueva relación con los ayuntamiento y con un proyecto de profundización del autogobierno ligado a una propuesta federal para toda España.

Hoy el problema de Catalunya no es ser más o menos nacionalista -este parece ser el problema de CDC y UDC-, el problema de Catalunya es como ser más eficaz, más próspera, más justa, más equilibrada, más competitiva y al mismo tiempo más solidaria.
 

José Montilla Aguilera  - http://www.lafactoriaweb.com 

Publicado Originalmente en la revista cuatrimestral la factoría*