POLÍTICA INDUSTRIAL EN UNA ECONOMÍA ABIERTA

Autor: José Montilla

OTROS CONCEPTOS DE ECONOMÍA

06-2005

La política industrial, un aspecto de nuestra vida colectiva y de nuestro quehacer social y económico tradicionalmente relegado a la prensa económica y a las discusiones académicas y especializadas,

 se ha convertido en un importante objeto de debate nacional, lo que no puedo sino celebrar, convencido como estoy de la necesidad de situar a la Industria y a la Política Industrial en uno de los lugares centrales de las preocupaciones políticas de España.

Esto es, de aquellas que tienen por objeto dilucidar y orientar lo que queremos que sea España en el futuro.

Dicho esto a modo de introducción, quiero afirmar aquí, como ya lo he hecho en otros foros, que el nuevo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha nacido para ser el interlocutor gubernamental con todos los sectores productivos y articular una política industrial activa que permita mantener y desarrollar la competitividad industrial.

La creación de este Ministerio ha supuesto la vuelta de la política industrial a la agenda del gobierno, y ello no solamente se anuncia desde este Gobierno;

 también acaba de decirlo la Comisión Europea por medio de los comisarios europeos Erkki Liikanen y Ján Figel en la Conferencia sobre Política Industrial del pasado 27 de mayo.

Como todos ustedes saben, el objetivo prioritario de la política industrial en la Unión Europea es alcanzar un buen nivel de competitividad frente a Estados Unidos y Asia, las dos zonas del mundo con mayor crecimiento actual y potencial.

Consecuentemente, el objetivo de la política industrial en España no puede ser otro que impulsar la competitividad de sus empresas e industrias en el seno de la Unión Europea y dentro de una economía global.

 Nos interesa, además, ser competitivos en actividades que utilicen trabajo cualificado y factores productivos avanzados, en actividades que hacen uso del conocimiento, en actividades cuyo nivel salarial es elevado.

 Así ha de ser: lo que pretendemos es mejorar nuestro nivel de vida, porque solamente si somos un país competitivo podremos garantizar a los ciudadanos un nivel de vida cada vez mayor y una alta tasa de empleo sobre bases sostenibles.

Entiendo que, en la actualidad, la forma en que la política industrial puede contribuir al bienestar social es intentando que las empresas e industrias sean lo más competitivas posible en el ámbito de entornos globalizados.

 Y estarán de acuerdo conmigo, en que la competitividad se mide por la capacidad de mantener y aumentar las cuotas de mercado del conjunto de las empresas, tanto respecto de la demanda interna como en el mercado internacional.

Pero, hay que añadir que el grado de competitividad no depende de un solo factor, sino de varios que están encadenados y entrelazados.

Investigación, desarrollo e innovación

Coincidiremos, en primer lugar, que la competitividad depende de la productividad y que ambas variables se vinculan a la capacidad innovadora de la empresa, capacidad que se refiere tanto a innovación de productos como a innovación de procesos.

Pero existen, además, otros elementos que contribuyen asimismo a determinar el grado de competitividad, entre los que se encuentran: la organización interna y la capacidad de gestión de la empresa; la calidad del entorno económico; y, las características del entorno institucional.

La calidad del entorno económico de la empresa se manifiesta en la disponibilidad de factores productivos: trabajo cualificado, energía, suelo, financiación, infraestructuras, servicios avanzados, centros de investigación y tecnológicos, proveedores eficientes, etc.

El entorno institucional tiene cada día mayor influencia en el comportamiento y la eficiencia empresarial. Este comprende el marco legal, regulatorio, laboral y fiscal, así como los elementos culturales que determinan las relaciones entre agentes y los incentivos que guían su comportamiento.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, podrán deducir que la estrategia de política industrial del nuevo Gobierno irá dirigida a fomentar el aumento sostenido de la productividad, la investigación y desarrollo, y la innovación.

La situación actual

Pero antes de explicarles como vamos a articular la nueva política industrial, intentaré hacer un breve diagnóstico de la situación actual para que comprendan las razones que justifican la elección de un nuevo modelo industrial, basado en el crecimiento de la productividad.

En la economía actual, caracterizada por la globalización y el progreso tecnológico, especialmente intenso en el área de las tecnologías de la información y las comunicaciones, los países que experimentan crecimientos fuertes y sostenidos de la productividad son aquellos que se caracterizan por un cambio tecnológico, una buena base de capital humano y un ambiente favorable a la innovación.

En tal ambiente, las oportunidades emergen para que las nuevas empresas se desarrollen y para que las empresas existentes reformen sus modelos de producción.

El marco competitivo es también fundamental para mantener tal ambiente, ya que la competencia contribuye a incrementar el crecimiento de la productividad.

En el caso de España, la tasa de crecimiento de la productividad laboral, medida tanto en términos de PIB por persona empleada, como en términos de PIB por hora trabajada, ha ido disminuyendo en los últimos años.

Así, la tasa de crecimiento anual media de la productividad por persona ocupada ha pasado del 1,9% (el 2,1% en la Unión Europea de los 15) en el período 1991-1995, al 0,6% (el 1,1% en la Unión Europea de los 15) en el periodo 1996- 2003. Y la productividad por hora trabajada, considerando los mismos periodos, ha pasado del 3,2% (el 1,9% en la Unión Europea de los 15) al 0,9% (el 1,8% en la Unión Europea de los 15).

El reducido crecimiento de la productividad en España se ha debido, básicamente, a su posición relativamente débil en una serie de factores, que considero claves y que paso a señalar:

* El porcentaje que representan los gastos en I+D sobre el PIB es aproximadamente la mitad del correspondiente al conjunto de la Unión Europea de los 15 (0,96% en España y 1,93% en la Unión Europea de los 15, según últimos datos comparables).

* El nivel educativo de la población en edad de trabajar es algo inferior en España que en los países más avanzados. Así, a pesar de los avances que se han ido produciendo, el número medio de años de escolarización de la población entre 25 y 64 años era en 2002 de 9,2 años, casi 2 años menos que la media de la Unión Europea de los 15 (11,1 años).

* Otro indicador del nivel educativo, está recogido entre los indicadores estructurales de la Unión Europea.

 Es el porcentaje de población entre 18 y 24 años que posee sólo educación secundaria inferior y no está estudiando; en 2002 en España era el 29,0% y en la Unión Europea de los 15 el 18,8%.

* La Sociedad de la Información ha alcanzado en general un menor desarrollo en España.

En este sentido, se puede señalar que el gasto en tecnologías de la información y de las comunicaciones en porcentaje del PIB es inferior en España que en el conjunto de la Unión Europea de los 15 (4,8% y 6,2% en 2003, respectivamente) y que el porcentaje de ventas por comercio electrónico era en 2003 de tan solo el 0,3% frente al 1,3% de media en la Unión Europea de los 15.

* La competencia externa se está manifestando con dureza en las decisiones de localización de empresas multinacionales, que en su momento decidieron implantarse en España.

Esta situación de partida corrobora la necesidad de articular una política industrial activa, basada en un nuevo modelo centrado en crecimiento de la productividad, mejora de la competitividad y formación del capital humano.

Tres problemas diferidos

Pero antes de continuar me gustaría señalar una serie de problemas diferidos con los que nos hemos encontrado en el inicio de esta legislatura y que estamos dispuestos a afrontar para evitar amplificar sus consecuencias negativas.

Me estoy refiriendo al caso de Izar; a la demora en la presentación del “Plan Nacional de Asignaciones”; y, a un cierto fracaso de las políticas ligadas a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Las reconversiones y ayudas públicas al sector público naval han sido continuas en las últimas décadas. Sin embargo, a partir del año 1997 la legislación comunitaria prohíbe nuevas reconversiones y ayudas estatales.

Pese a tal prohibición, el Gobierno ha “heredado” un expediente de la Comisión Europea, en el que se reclama una devolución de ayudas por importe superior a 300 millones de euros concedidas con posterioridad al ese año 1997 y que coloca a la empresa Izar en una situación delicada.

 A lo que habría que añadir otros cuatro expedientes más, que aún están pendientes en la Comisión Europea, por una cuantía aún superior a la que les acabo de mencionar.

El gobierno ya ha tomado medidas para intentar salir de esta difícil situación, y para ello, un grupo de trabajo interministerial está trabajando en la dirección de encontrar una solución que armonice la viabilidad del sector y respete la legislación comunitaria.

En cualquier caso, para todo ello siempre contaremos con las Administraciones autonómicas afectadas, debido a la especial repercusión que tiene sobre el empleo y la actividad económica en determinadas zonas de nuestra geografía, tienen los centros productivos de Izar.

El segundo de los problemas heredados es el que hace referencia al “Plan Nacional de Asignaciones”.

 Aunque nuestra opinión es que el Plan negociado en su día no es el mejor de los posibles para España;

la política industrial que estamos articulando va a hacer compatible nuestro compromiso de cumplimiento del “Protocolo de Kyoto” con el mantenimiento y mejora del nivel de competitividad de la industria española.

El último de los problemas heredados, y que tiene que ver con el fracaso de las políticas de las TIC, puede resumirse en lo que se ha dado en llamar “brecha digital”,

entendida como la separación que existe entre las personas o territorios, que utilizan y aprovechan adecuadamente las TIC, y las que no tienen acceso a las mismas o no se benefician de las oportunidades que ofrecen.

Este es un problema que estamos analizando y que entra dentro de nuestras prioridades a resolver, porque consideramos que las TIC constituyen una de las fuerzas dinámicas más importantes para el crecimiento de las economías más avanzadas; contribuyen a transformar las actividades económicas y sociales;

 introducen un mayor incremento de la productividad; y, favorecen la cohesión económica y social.

Tras este breve diagnóstico de la situación actual y la referencia a una serie de problemas heredados, y que estamos analizando para arbitrar vías de solución, deseo referirme al fenómeno de la deslocalización. 

Este proceso, -que no es nuevo, ya que viene produciéndose desde hace varios años como consecuencia del agotamiento de un modelo industrial obsoleto, basado en la baja productividad-, no afecta únicamente a España, sino que se extiende más allá de nuestras fronteras y desde el Ministerio haremos un gran esfuerzo para intentar paliar sus consecuencias negativas.

 Estamos convencidos que el fomento de la innovación y de la formación del capital humano constituyen la mejor vacuna frente a la deslocalización.

Tres grandes líneas estratégicas

Paso ya a centrar mis exposición en las líneas estratégicas de la política industrial en las que se basará la actuación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El objetivo fundamental de esta política es elevar la competitividad de la industria sobre la base del crecimiento de la productividad, y para alcanzar el este objetivo hemos configurado tres grandes líneas estratégicas que voy a contarles a continuación.

* La primera se refiere a la búsqueda del posicionamiento productivo en los segmentos intensivos en conocimiento dentro de la cadena del valor, y búsqueda de sectores estratégicos.

* La segunda consiste en modular las medidas de fomento de la competitividad, de acuerdo con las características sectoriales.

* Y la tercera se centra en el análisis del entorno institucional para tratar de realizar correcciones tendentes a mejorar la eficiencia del sistema económico a través de los incentivos de distintos agentes.
Resulta bastante evidente que, en la act

ualidad, España no puede competir en costes con los grandes exportadores asiáticos, como China, ni con la India. Incluso los nuevos miembros de la UE acabarán perdiendo en muy pocos años su ventaja competitiva actual.

A largo plazo, la única vía para mantener la competitividad es escalar a lo largo de la cadena de valor, lo que implica crear, usar e incorporar permanentemente cantidades adicionales de conocimientos. Implica concentrar esfuerzos en los segmentos productivos con mayor conocimiento incorporado.

Asimismo, se hace necesario reconocer la importancia estratégica que tienen algunos sectores en términos de dinamismo tecnológico y de crecimiento de la demanda y, en consecuencia, hay que priorizar acciones que permitan aumentar el peso de esos sectores en nuestra estructura productiva.

Hoy se reconoce tal importancia a grupos de sectores como: farmacia, biotecnologías, aeronáutica, nanotecnologías y telecomunicaciones, por ejemplo.

Inexorablemente la intensificación de la competencia para las empresas españolas, particularmente aquellas más expuestas al mercado internacional, va a ser muy rápido en los próximos años.

 El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio apoyará la mejora del sistema productivo con los medios a su alcance. Muy especialmente apoyará el avance tecnológico y la capacidad innovadora de las empresas españolas.

La labor del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no va a consistir en proteger -tarea inútil a medio plazo por lo demás- a sectores y empresas ineficientes,

sino que va a desarrollar un enfoque coherente para afrontar y acompañar al sistema productivo español en su cambio tecnológico y anticipar, en lo posible, la dirección de los cambios estructurales generados por la economía basada en el conocimiento.

El papel del conocimiento

El reconocimiento del papel del conocimiento, lleva a admitir también la importancia de la dimensión sectorial de la política industrial. El avance tecnológico y la innovación tiene lugar predominantemente a lo largo de “trayectorias tecnológicas”, que se desarrollan a partir de una base de conocimientos específicos.

Dicho de otra forma, las empresas de un sector comparten y utilizan con mayor facilidad los conocimientos específicos del sector que los conocimientos generados en sectores diferentes.

 El desarrollo tecnológico tiene una base sectorial, aun cuando con frecuencia se produzcan cruces fructíferos y transferencias de ideas entre diferentes sectores.

Por tanto la nueva política industrial no será únicamente horizontal, tal y como se había establecido oficialmente en los últimos años, sino que será también sectorial. Sus medidas se orientarán a sectores, o, dicho de otro modo, a “clusters” sectoriales.

Pero, ¿por qué necesitamos de nuevo una política industrial con componentes sectoriales y horizontales?

A mi juicio dos factores determinan que aumentar o sostener la competitividad sea de nuevo crucial y que las fuerzas del mercado sean insuficientes para garantizar las ganancias en competitividad.

Estos dos factores son: la aceleración del cambio tecnológico y el aumento del ritmo de la globalización económica.

El dinamismo de progreso tecnológico no es uniforme entre industrias; entre sectores.

Para mantener la capacidad tecnológica e innovadora de un país hace falta que sus empresas se encuentren involucradas en las actividades más dinámicas, donde más se aprende, donde más se innova, donde se generan nuevos conocimientos, donde más cualificado es el empleo, donde mejor remunerado es el empleo.

Por otra parte la globalización del mercado y la aparición de economías que no son capitalistas en sentido estricto, como China, implica que, cada vez menos, se van a imponer unas reglas de juego mundiales de supuesta “competencia leal”, sin prácticas proteccionistas ni ayudas públicas.

 La existencia de países con graves problemas de subdesarrollo, como en África, ha generado escepticismo sobre recetas tipo “consenso de Washington” y los programas liberales sin más.

En definitiva, la discusión sobre política industrial sigue adelante, la práctica de la política industrial también, y los países tendrán que seguir encajando sus intereses en un contexto que siempre evoluciona.

El conocimiento es, en definitiva, en las economías avanzadas, el factor clave para impulsar el crecimiento, condicionado por su eficacia para fomentar la innovación, la difusión del conocimiento y la formación especializada.

Sabemos que cualquier tecnología aplicada a la producción es conocimiento, en la medida en que una dotación de saber se utiliza para producir bienes y servicios. Las TIC, como tecnologías de tratamiento de la información y la comunicación, no son, en absoluto, una excepción.

Pero para que el conocimiento pueda ponerse a disposición de los sectores empresariales, será necesario realizar un mayor y más eficaz esfuerzo en los campos de la educación, la formación profesional y la investigación.

Asimismo, resulta indispensable desarrollar tanto las nuevas tecnologías como los niveles de cualificación, y saber hacer que son precisos para su utilización.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen una de las fuerzas dinámicas más importantes para el crecimiento de las economías modernas;

contribuyen a transformar las actividades económicas y sociales, inducen un mayor incremento de la productividad y favorecen la cohesión económica y social.

El desarrollo de las TIC no sólo ha supuesto un mayor crecimiento de empresas fabricantes (semiconductores, equipos electrónicos, etc.),

sino que su difusión ha contribuido también, de forma notable, al crecimiento de la productividad en otras industrias no fabricantes de TIC, pero que utilizan de forma intensiva estas tecnologías (servicios financieros, comercio electrónico, etc.).

Aunque el aspecto clave es lograr la difusión más amplia posible de las TIC, potenciando la demanda y sus usos a todos los niveles del tejido económico y social, no es suficiente multiplicar la inversión TIC.

 Además hay que impulsar cambios en la organización de las empresas que faciliten una amplia difusión de las innovaciones basadas en las TIC, potenciando la demanda de nuevos productos y servicios y facilitando la extensión de su utilización eficiente.

Seguro que ya han apreciado que este esfuerzo para desarrollar el conocimiento no corresponde en exclusiva a este Ministerio, sino que necesita una acción coordinada con otros Ministerios para sumar esfuerzos, para coordinar acciones, en definitiva, para lograr los objetivos comunes.

En ello estamos trabajando desde el Gobierno y como muestra de esta voluntad de sumar esfuerzos baste un botón: es la primera vez que un gobierno de España crea una Comisión Delegada para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico.

Según el informe de la OCDE, titulado “Cuadro de Mando 2001: Hacia una economía basada en el Conocimiento”, los países con actividades intensivas en conocimiento serán quienes se alcen con la riqueza futura.

Dicho informe clasifica a los treinta países miembros, de acuerdo con sus inversiones en capital intelectual, tales como I+D, educación, patentes, tecnologías de la información y la comunicación, y España no sale bien clasificada.

Esto corrobora de nuevo la tesis que vengo manteniendo a lo largo de mi exposición de que el valor de las empresas, organizaciones e individuos en la sociedad del siglo XXI, está directamente relacionado con su conocimiento y capital intelectual.

Y es evidente que estos intangibles son importantes tanto para las empresas privadas, como, para el sector público y por extensión par el conjunto de la economía, porque tienen una relación directa con la productividad.

El crecimiento de la productividad

Vemos pues, que, en la Sociedad del Conocimiento, el centro de nuestro modelo industrial no puede ser otro que “el crecimiento de la productividad”.

 Este crecimiento de la productividad generará mejoras en la competitividad interna y externa de nuestra industria, y favorecerá la creación de empleo de calidad frente a los empleos precarios a los que tan habituados estamos en los últimos años.

Conviene recordar, que desde la segunda mitad de los 90 se aprecia una deceleración en la productividad en Europa. Si al comienzo de los noventa esta tasa era del 2,5% en Europa frente al 1% en Estados Unidos, ahora se ha reducido en un punto, para situarse en el 1,5% frente a un incremento al otro lado del atlántico de hasta el 1,75%.

Es cierto que un cierto grupo de países de la Unión han sido capaces de generar ratios de crecimiento, incluso superiores a los estadounidenses, pero sólo Irlanda, Suecia y Finlandia han logrado coordinar una mayor intensidad de la fuerza de trabajo con incrementos de productividad.

Esto último reafirma nuestra tesis de que es necesario redefinir un modelo industrial ya obsoleto por su baja productividad. Además, deseo destacar, a continuación, cuales podrían ser los principales generadores de productividad en nuestra economía.

Considero que la integración de los mercados en el contexto de una economía globalizada permitirá alcanzar progresivamente un mercado común más amplio y más homogéneo que ayudará a conseguir incrementos en la productividad,

como se ha puesto de manifiesto tras el desarrollo de la reciente unión monetaria, y que podría ser favorecida por la reciente ampliación de la Unión Europea si somos capaces de especializarnos en actividades que exijan un mayor conocimiento tecnológico.

Otro factor importante como generador de productividad lo constituye la inversión en conocimiento. Existe un consenso entre los diferentes interlocutores sociales que las subvenciones son pan para hoy y hambre para mañana. La solución pasa por la investigación, la formación y la innovación.

Especialmente, en lo referente al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, España tiene un largo camino por recorrer. También en cuestiones como el I+D y la implantación de tecnología punta en las empresas.

En este sentido, la “Cumbre de Lisboa” da diferentes ejemplos de programas público para fomentar estos objetivos, como son el incremento en inversión en la educación universitaria y postuniversitaria,

un aumento en los gastos directos en I+D por parte de los estados, o, la creación de entornos favorables para que la iniciativa privada incremente sus gastos en investigación.

Hay que señalar que, en España, el conjunto de las empresas aportan el 55% del esfuerzo investigador, frente al 70% de Alemania o el 75% de Estados Unidos.

 Sólo tendiendo ha recortar este diferencial será posible desarrollar el modelo industrial que debemos perseguir, aquel basado en la generación de productos con un alto valor añadido. Esta es, pues, la dirección hacia la que va dirigida nuestra política industrial.

Esto exige una concepción más amplia y dinámica de la actividad industrial, pensando que ésta se extiende más allá de la actividad puramente fabril de producción de bienes.

El sector servicios

Creemos que hay que prestar también especial atención a los sectores empresariales más pujantes de la economía española, entre los que destacan los suministradores de servicios.

El sector servicios ha adquirido un protagonismo destacado debido, en parte, a la externalización de gran cantidad de actividades que antes eran desempeñadas directamente por las empresas industriales,

 y recoge además un sector como el turismo, protagonista destacado de la economía española por la ventaja comparativa de nuestro país en el contexto mundial.

Desarrollándose estas jornadas en Sitges, me gustaría señalar el creciente esfuerzo del sector turístico en la implantación de tecnologías en sus procesos,

desde la creación de páginas web que facilitan el proceso de elección del hotel por parte de los clientes, hasta la implantación de cogeneraciones en grandes instalaciones recreativas para alcanzar una mayor eficiencia energética.

Estos son ejemplos del tipo de iniciativas que deben ser promovidas mediante la nueva política impulsada por el Ministerio.

En esta fase de la exposición no resulta difícil argumentar que el Ministerio que dirijo tenga una visión integrada de cómo articular un nuevo modelo industrial debido, entre otras razones, a las competencias relativas a comercio exterior, industria, turismo, TIC y energía que tiene encomendadas.

Tengan la seguridad de que soy un ferviente defensor de que España, los españoles, las empresas españolas, deben desarrollar su capacidad emprendedora para afrontar los riesgos y crear nuevos y más amplios negocios.

Desde el Ministerio de Industria los apoyaremos hasta el límite de nuestras posibilidades, y sin contravenir las políticas comunitarias, que debemos cumplir.

Vamos a favorecer el avance en la economía del conocimiento y la transición del modelo productivo.

La agenda del corto plazo

Me he referido, hasta ahora, de nuestra situación de partida, de los problemas heredados y del nuevo modelo industrial que queremos desarrollar, pero no he comentado aún cuales son las grandes estrategias de actuación que el Ministerio se ha propuesto para esta legislatura. Voy a hacerlo brevemente.

Nos hemos propuesto identificar y mantener una relación estrecha con los interlocutores finales sobre los que pretendemos actuar.

En este sentido, nos proponemos impulsar un “Pacto Industrial” con los interlocutores económicos, agrupados por sectores con problemáticas semejantes, de forma que adopten las estrategias que les proporcionen las ventajas competitivas que les permitan crecer y expansionarse, en un ámbito global, de forma sostenible.

Pretendemos desarrollar un pacto para una nueva estrategia industrial, que esté a la altura de las expectativas creadas, y convertiremos los pactos sociales de los años 80, basados en la lógica del consenso de economías cerradas, en un nuevo pacto basado en la lógica del consenso de economías abiertas.

Daremos especial relevancia a la interlocución con las Administraciones Territoriales a través del fortalecimiento de la “Conferencia Sectorial de la Industria”, y debo recordar que no se reúne desde hace bastante tiempo.

Pretendemos, también en el marco del “Pacto Industrial”, otorgar un papel fundamental a la cooperación con los sindicatos y las organizaciones empresariales de sectores específicos.

Implicaremos a analistas económicos, especialistas universitarios y personas relevantes en el mundo de la economía, para tratar de alcanzar un elevado consenso tanto respecto a la diagnosis como a las políticas a desarrollar.

La pretensión, en definitiva, es consensuar el contenido del “Pacto Industrial”, que necesariamente tendrá que ver con la política salarial, la innovación, la formación, la inversión y el empleo.

Los sectores empresariales constituirán la base y el centro de atención final del Ministerio, sobre los que actuaremos de forma horizontal con nuestras principales herramientas de apoyo, que ya he mencionado:

apoyo a la innovación tecnológica y de otro tipo, a la internacionalización y al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.

En este contexto, queremos plantear también la oportunidad de articular mecanismos innovadores de cotización social y contratación que frenen la temporalidad,

 aseguren una mayor participación laboral de las personas en edad de trabajar, especialmente mujeres, jóvenes y personas mayores, y, a la vez, favorezcan los procesos de ajuste indispensables en otras empresas.

Esto implicará necesariamente el entendimiento entre Administraciones, patronales y sindicatos y contribuirá a disminuir la precariedad laboral de un amplio colectivo de trabajadores y trabajadoras.

Todo esto nos conducirá a plantear reformas estructurales que por consenso se hayan pactado.

Reestructuraciones y deslocalizaciones

Algo que me parece relevante, y a lo que quiero dedicar esta parte final de mi intervención, tiene que ver con las políticas de reindustrialización de zonas afectadas por procesos de reestructuración y deslocalización.
Nos hemos propuesto como objetivo, integrar a las empresas -y especialmente a las PYMES- en entornos más amplios, en los que puedan obtener apoyos de diverso tipo.

Dichos entornos comprenden, en primer lugar, las denominadas economías de aglomeración, de los denominados “clusters” o distritos industriales, en los que las empresas conviven y se interrelacionan en recintos más o menos amplios,

 que pueden llegar a ser incluso virtuales, con otras empresas, centros tecnológicos, semilleros de empresas, centros de innovación, Universidades, centros de investigación públicos, etc.

Estos entornos, representados en España típicamente por los parques tecnológicos y los centros tecnológicos de empresas, constituyen el mejor vivero para la generación de nuevas empresas de base tecnológica y alto crecimiento que deben constituir uno de los pilares fundamentales para asegurar el crecimiento futuro de la economía y el empleo en España.

Nuestra estrategia de integración dará además un paso adicional al de los entornos físicos de parques y centros tecnológicos, a los que me he referido, y profundizará en otros ámbitos virtuales que tienen una incidencia muy superior en el conjunto de la economía y la sociedad española.

Me refiero, en primer lugar, al funcionamiento en redes, que permite la actuación simultánea de diferentes agentes situados en localizaciones alejadas, pero participando todos ellos en proyectos comunes del mismo ámbito geográfico o sectorial.

Este planteamiento permitirá además integrar los proyectos de innovación tecnológica en las empresas mediante actuaciones de desarrollo regional en zonas desfavorecidas y distritos urbanos degradados de forma que la innovación tecnológica constituya la fuerza motriz del proceso redes empresas-ciudades-regiones y sea el germen,

 tanto de la recuperación económica y social de las regiones deprimidas, como del desarrollo urbano.

“zonas arroba (@)”

Por último, añadir que estamos trabajando en el desarrollo de un nueva figura para abordar la reindustrialización de viejos espacios industriales, que hemos denominado “zonas arroba (@)”.

 Esta nueva figura pretende modificar la estrategia de los antiguos polos de promoción y desarrollo y de las zonas de urgente reindustrialización, utilizados en las décadas de los 80 y 90, que estaban basados en el “apoyo al qué producir”.

Las “zonas arroba (@)”, cambian esta estrategia por otra basada en la Idea del Conocimiento, y que tiene que ver con el “apoyo al cómo producir”.

Esto parece un juego de palabras, pero no es así, porque lo que pretende es apostar por que en esas “zonas arroba (@)”, se desarrollen actividades de alta densidad de empleo y ligadas a la Economía del Conocimiento, que utilicen intensivamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Esto favorecerá la recuperación de estas zonas en declive, generando empleo de calidad, elevando la tasa de productividad y la creación de empresas con un alto contenido de innovación tecnológica alta, tanto en productos como en procesos.

Esto es lo que pensamos sobre la política industrial en el entorno abierto en que nos encontramos.
 

José Montilla  - http://www.lafactoriaweb.com 

Publicado Originalmente en la revista cuatrimestral la factoría*