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Finiquitar casi catorce años de un Gobierno socialista que ha estado permanentemente implementando políticas cuyo objetivo es fomentar inversión pública, universalización de derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas, sanidad, educación, pensiones, protección al desempleo, etc.
- tendentes a instaurar un modelo de sociedad enmarcado en el "Estado
del Bienestar", es algo que no debe pasar, y que no pasará,
desapercibido, máxime si tenemos en cuenta que este período vino
precedido de siete años de transición, duros e inestables (1976-1982) y
estos, a su vez, de cuarenta largos años de dictadura, escaso desarrollo
y aislamiento internacional.
El relevo que se ha producido en el Gobierno no cabe pues considerarlo
como un mero cambio de gestores, sino como un nuevo proyecto político
que pretende un modelo de sociedad distinto al formulado en el proyecto
socialista.
Esta circunstancia implica que necesariamente se adoptarán medidas legislativas y de gestión tendentes a implementar en la sociedad nuevos valores más liberales en el terreno económico y menos solidarios.
En este sentido debemos considerar y reflexionar sobre como estos
novedosos aspectos de la realidad política española van a afectar las
estrategias de desarrollo económico y social que estamos desarrollando
en los Ayuntamientos progresistas, los cuales, sin ninguna duda, han
contribuido de manera determinante en la creación de empleo y en la
formación profesional de nuestros jóvenes, colectivo que sigue estando
duramente castigado en la integración al mercado laboral.
Es muy probable, que debamos emprender en cada momento determinadas
acciones, con objeto de evitar que puedan avanzar medidas lesivas para
el modelo de desarrollo que hemos trazado desde el municipalismo
progresista.
Acciones decididas en este sentido fortalecerán nuestro mensaje
colectivo y nos permitirán establecer un común denominador entre los que
tenemos responsabilidades de Gobierno y los que ejercen su labor en la
oposición.
Sólo tomando en consideración el ámbito municipal, hay aspectos de una
enorme trascendencia que hoy están marcados por la indefinición, como
pueden ser:
- La financiación local.
- Las competencias municipales.
- La participación local en las políticas activas de empleo si,
finalmente, son transferidas del INEM a las CC.AA.
- La participación en los programas comunitarios y los mecanismos de
cofinanciación.
- Las competencias en materia de seguridad ciudadana, medioambiente,
asistencia social, planeamiento urbano, etc.
Estos aspectos, entre otros, deben ser los ejes de nuestra prioridad
política en el ámbito municipal. Sólo así evitaremos poner en alto
riesgo nuestro modelo de desarrollo municipal.
Políticas de desarrollo económico y social
El proceso de democratización real de la vida municipal española,
iniciado en 1979, cambió radicalmente el concepto de administracuón
local, pasando de ser agresiva contra los ciudadanos a ser comprometida
al servicio de los ciudadanos.
Ciertamente deberíamos felicitarnos por el trascendental y vertiginoso avance que en materia de infraestructuras, equipamientos, servicios, zonas verdes, mayor cultura medioambiental, convivencia ciudadana, atenciones primarias a colectivos desamparados, etc. han tenido nuestros pueblos y ciudades.
En suma, un importante aumento de la calidad de vida de nuestros municipios y ello a pesar de tener una atomización municipal no homologable con ningún país de la OCDE;
más de 8.000 municipios es una temeridad en un país no
especialmente sobrado de recursos públicos y esto, más pronto que tarde,
requerirá una reflexión en profundidad si queremos, de verdad, abordar
con rigor el grave problema de las maltrechas finanzas municipales y la
debilidad competencial del municipalismo español.
Las políticas de promoción económica inicialmente desarrolladas por los
ayuntamientos democráticos, prácticamente desde su constitución, han
evolucionado conceptualmente en función de los nuevos requerimientos de
la economía y de la ya dilatada experiencia.
Básicamente, podemos hacer referencia a tres momentos complementarios y
sus respectivas prioridades de actuación:
a) Las iniciativas locales de ocupación.
b) Las iniciativas de promoción empresarial .
c) Las iniciativas de desarrollo económico.
En un primer momento las iniciativas de promoción económica local,
denominadas Iniciativas Locales de Ocupación, se entendían como
actuaciones estrictamente públicas, con un carácter eminentemente
reactivo o paliativo.
El objectivo principal de estas iniciativas era la lucha contra
el desempleo y contra los perniciosos efectos sociales que este
provocaba. Las Iniciativas Locales de Ocupación no pueden ser
consideradas estrictamente políticas de promoción económica, dado que su
componente prioritario era básicamente el social, no el económico.
A partir de los años 83-84, entra en una severa crisis nuestro modelo
industrial, provocando una espectacular caída del empleo.
Es básicamente a partir de este momento cuando la Administración Local toma conciencia de la necesidad de abordar el grave problema de las altas tasas de desempleo que soportan sus municipios -además de las numerosas carencias básicas sociales-, con las pocas herramientas de las que dispone y sin competencia alguna, actuando como catalizador que cree condiciones para generar empleo.
Todo ello con el convencimiento de que es poco reconfortante
promover un estado de bienestar y mejorar la calidad de vida si el
epicentro de la vida de las personas, el empleo, se convierte en algo
efímero.
Como consecuencia de esta realidad, de un modo unilateral e improvisado,
y a veces algo quijotesco, empiezan a surgir medidas singulares en
diversos municipios encaminadas a la creación de empleo.
En este momento inicial tuvieron gran importancia los esfuerzos encaminados hacia la formación profesional.
En esta etapa, la alianza con el INEM, los logros derivados de
la creación del Fondo de Solidaridad y la propia creación de los Fondos
de Promoción de Empleo encontraron un caldo de cultivo en el
atrevimiento de unos alcaldes, que sin vacilar y asumiendo mucho riesgo
y competencias que tradicionalmente no eran suyas, abanderaron
políticamente lo que hoy aún perdura, "lo local y el empleo", acuñando
un binomio de difícil separación.
Este primer y decidido paso del municipalismo puso en práctica, por la
vía de hecho, la coordinación de diferentes instrumentos y diversas
Administraciones que, con dirección política, perseguían el mismo
objetivo, generar empleo, o, como poco, generar las condiciones para la
creación del empleo.
Recuerdo en este sentido que cuando llegué a la Alcaldía de Cornellà de Llobregat en 1985 y durante los primeros años de mandato ningún problema era tan acuciante como el contar con un índice de paro en la ciudad que llegó a alcanzar por entonces el 30%.
Fue con el principal objetivo de contribuir a la reducción paulatina
de esta altísima tasa de paro que decidimos la creación de la Empresa
Municipal de Promoción Económica de Cornellà, S.A. (PRECSA), la cual,
desde sus primeros años allá por la segunda mitad de los ochenta, hasta
nuestros días, ha ido evolucionando sensiblemente en función de las
nuevas necesidades y estrategias de dinamización económica de la ciudad.
En este contexto de políticas para afrontar el alto paro generalizado
que se daba en España, y que lamentablemente todavía sigue constituyendo
una característica acuciante de nuestra economía, hay que señalar como
muy notable la aparición en el año 85 del Programa de Escuelas Taller y
Casas de Oficio, que propició un instrumento de vital importancia para
las estrategias de desarrollo, aunque ahora,
lamentablemente, haya perdido su dinamismo original y ello,
fundamentalmente, se debe a la necesidad urgente de modificar su marco
normativo, objetivos, y metodología de funcionamiento, de manera que se
adecúen a la realidad actual reconvirtiéndose en pieza incentivadora y
antesala de iniciativas emprendedoras que, convenientemente tuteladas,
deberían ser la cantera de los Centros de Empresa, comúnmente llamados
"Viveros".
La puesta en marcha de las Iniciativas de Promoción Empresarial
representan la introducción de un enfoque que trata de anticipar los
problemas, más que de asimilarlos y que comienza a prescindir de la
exclusividad pública en las intervenciones, valorándose positivamente la
cooperación pública-privada.
La principal prioridad de las Iniciativas de Promoción Económica es la
creación de empresas. Desde la lógica anticipativa que antes
comentábamos, se considera que las empresas pueden generar riqueza y, de
esta manera, actuar como motor generador de bienestar para el conjunto
de la comunidad.
Las autoridades públicas, por lo tanto, no han de actuar solamente sobre
las situaciones de necesidad provocadas por el desempleo, sinó también
fomentando un crecimiento económico que indirectamente las evitara.
Finalmente, las Iniciativas de Desarrollo Local representan, por una
parte, la voluntad de combinar las Iniciativas Locales de Ocupación y
las Iniciativas de Promoción Económica, y por otra parte, la
introducción de una nueva preocupación por mejorar las condiciones y el
entorno socio-económico local desde una perspectiva estratégica.
Dos son los objetivos fundamentales de las Iniciativas de Desarrollo
Local:
-En primer lugar, potenciar el posicionamiento competitivo del municipio
o territorio local, fomentando la creación de riqueza y de ocupación,
manteniendo la calidad de vida y la cohesión social en una necesaria
perspectiva de desarrollo sostenible.
- El segundo objetivo es la maximización en la utilización de los
recursos humanos, sociales, institucionales y territoriales, con el fin
de potenciar un modelo de crecimiento endógeno.
Estos objetivos se han de instrumentalizar a partir de un
posicionamiento estratégico de lo local, que se traduce en:
- Referencias a una noción de desarrollo global, estructurado,
cualitativo y con capacidad de generar nuevas actividades.
- Referencias a un territorio homogéneo e indentificable que se
convierte en el eje básico del proyecto de desarrollo. El territorio se
convierte en un espacio de referencia que coordina las decisiones y las
acciones de los diferentes actores interesados en el desarrollo
económico local.
- El reconocimiento de los diferentes actores como definidores de las
estrategias de desarrollo.
Las iniciativas de desarrollo local no confian ni en la mano
invisible del mercado ni en la mano invisible de la intervención
gubernamental, sinó en el compromiso de un conjunto de actores que
consensúan objetivos de futuro y acuerdan trabajar conjuntamente a
partir de unas líneas de actuación coherentes.
Estrategias de desarrollo local
Llevar a cabo Iniciativas de Desarrollo Local implica gestionar un
proyecto de desarrollo para el cual se fijen objetivos, se utilice el
territorio como factor de competitividad y se generen, como condición
imprescindible, amplios consensos institucionales y entre actores
públicos y privados.
El desarrollo de un proyecto de estas características debería
articularse a partir de tres elementos básicos:
- Reforzar las capacidades de desarrollo local a partir de un proyecto
estratégico; es decir, de un proyecto donde los actores analicen los
problemas, identifiquen su mercado y los productos que pueden ofrecer,
valoren las debilidades y las potencialidades del territorio, y elaboren
estrategias de cooperación.
- Asumir, sin perjuicio de los compromisos y los consensos que se han de
establecer con todos los actores relevantes, el papel y la
responsabilidad de gobierno. Las autoridades públicas han de contar con
el resto de actores, pero tienen que ser conscientes de su rol
coordinador y de la necesidad de ejercer un liderazgo que ordene el
proceso.
- Articular instrumentos -mixtos y flexibles- de intervención que
corrijan tanto las imperfecciones del mercado como las dificultades
asociadas a las actuaciones públicas de tipo monopolista.
La necesidad de un proyecto estratégico local
Que a partir de una combinación de factores endógenos y exógenos que
conduzcan el desarrollo de un territorio en función de una definición
clara de sus objetivos y que, en todo momento, intervengan en la
adquisición de capacidades locales. Es por esto que parece importante:
- disponer de servicios de desarrollo local.
- invertir en educación y formación.
- organizar los actores y las redes para acceder a recursos exteriores en materia de información, mercados y tecnologías.
- generar ideas y proyectos de renovación económica y social.
- valorar el entorno de la empresa y mejorar el clima de actividad
económica.
En cualquier caso, reforzar las capacidades de desarrollo desde una
perspectiva estratégica requiere un mínimo de tres condiciones:
- La existencia de una masa crítica de proyectos y de un liderazgo local
que genere credibilidad, confianza, capacidad de decisión y acceso a los
fondos de financiación.
- Un conocimiento tan esmerado como sea posible de los potenciales y las
debilidades del territorio, como también de las oportunidades y las
amenazas que ofrece el entorno.
En este sentido, la existencia de un buen sistema de información y análisis del mercado de trabajo y de la coyuntura económica es indispensable. Por ello he de citar una experiencia que funciona en nuestra Comarca del Baix Llobregat desde 1992 y que posteriormente se ha aplicado en otros territorios.
Consiste en la creación de un Observatorio Permanente del Mercado de Trabajo de la Comarca que tiene por objetivo ofrecer un banco de datos que aporte información suficiente para acercar oferta y demanda de trabajo de los usuarios de este servicio,
que son las instituciones y agentes sociales que participan en la
generación e implementación de políticas activas de empleo,
administraciones en general, organizaciones sindicales y empresariales y
agentes individuales como las empresas y los propios demandantes de
empleo.
- La existencia de un territorio de referencia que aglutine los
esfuerzos, rentabilice y dé coherencia a los objetivos socio-económicos.
Sobre el rol y la responsabilidad del gobierno
Tradicionalmente las responsabilidades públicas hacia la promoción
económica recaían sobre las espaldas de los gobiernos nacionales.
Paulatinamente, el nivel nacional ha ido mostrando sus límites y
rigideces: desconocimiento de las circunstancias locales, enfoque
macroeconómico, preferencia por los resultados a corto plazo, diseños
eminentemente reactivos, etc.
Así pues, avanzados los años 80 se inicia una lenta inversión.
Los gobiernos locales van acaparando protagonismo, ya que se reconoce
el valor de los enfoques microeconómicos (las pequeñas empresas como
principales generadores de ocupación e innovación), de la calidad de los
entornos productivos, de la calificación de los recursos humanos o, en
definitiva, de los factores endógenos de desarrollo.
Sobre éstas tendencias, y utilizando las sugerencias de la OCDE, es
posible presentar los principios de acción que inspiran los nuevos roles
y las nuevas responsabilidades gubernamentales:
- Dar soporte (a través de subvenciones, cofinanciamiento, facilidades
administrativas, etc.) a iniciativas que refuercen la competitividad de
las estructuras económicas locales.
- Descentralizar, tanto como sea posible la información, los
conocimientos y las decisiones.
- Delegar las funciones de control y prestación a organismos (públicos,
privados ó mixtos) más autónomos.
- Reforzar los trabajos de evaluación a fin de hacer compatible una
mayor delegación de responsabilidades con un mayor control del proceso.
Intervenciones de este tipo conducen a los gobiernos locales a actuar
como facilitadores, coordinadores, suministradores de información,
estimuladores y facilitadores de iniciativas que serán responsabilidad
de un cada vez más amplio abanico de actores.
Algunos instrumentos de intervención
Los instrumentos para implementar proyectos de desarrollo local son
muchos y variados.
En lo que respecta a los recursos humanos:
Hay que decir que la capacidad, la calidad y la flexibilidad de las
personas, determinan la capacidad de las empresas para adaptarse a
cambios estructurales.
Para conseguirlo, hace falta competencia técnica, pero también
la promoción de una determinada cultura local, de unas actitudes que
sólo se pueden adquirir a través de mecanismos de formación
descentralizados y sensibles, tanto a las necesidades de los individuos
como a las del medio local.
En relación al conocimiento de los mercados y de la oferta local:
Es imprescindible organizar la oferta local de manera que las
empresas sean sensibles a nuevos productos, nuevos espacios de mercado,
demandas insatisfechas, etc. Así mismo, las autoridades pueden fomentar
mecanismos de cooperación entre empresas y así ayudar a reducir sus
costes de transacción.
El papel del entorno local:
Es fundamental, ya que el entorno local es productor de externalidades,
de efectos de proximidad y de aglomeración; como también se constituye
en reserva de recursos estratégicos, físicos, humanos y financieros.
Además, el entorno local genera lo que podríamos denominar un
determinado clima de actividad económica, al mismo tiempo que articula
el espacio donde deben desarrollarse las redes de cooperación.
La importancia de los llamados factores invisibles:
Es decir, la existencia de intangible como son una perspectiva
estratégica, con todo lo que ello comporta en términos de liderazgo,
compromisos, análisis, etc.
Otro importante intangible local es la sensibilidad con la propia
identidad local, pues los factores culturales y comunitarios son claves
en el desarrollo endógeno.
La gestión concertada, o la implicación de los actores en la gestión del
desarrollo
Probablemente habrán distintas formas de gestionar las Iniciativas
Locales de Ocupación, las Iniciativas de Fomento Empresarial, o las más
actuales Iniciativas de Desarrollo Económico, pero la implicación de los
actores públicos y privados, y por tanto el carácter democrático y
transparente de la gestión, es la clave del éxito.
O todos somos factores de solución o en la marginación de alguien, sea
voluntaria o no, se esconderá la incertidumbre en relación al futuro.
Eso, y sólo eso, puede arruinar los brillantes planteamientos de modelos
que todo lo solucionan.
Más vale pues, partir de la simplicidad para ir juntando los esfuerzos y
no dejar a nadie fuera, aunque el camino sea largo. Debemos andar
seguros en este camino porque el resultado será sin duda socialmente más
positivo, y ese es el éxito que a fin de cuentas buscamos.
En este sentido, puedo afirmar que la experiencia llevada a cabo en la
Comarca del Baix Llobregat de poner en marcha en 1990 un Consejo
Económico y Social, en donde se encuentran representadas las
organizaciones sindicales y empresariales,
además del propio Consell Comarcal, ha constituido un elemento
efectivo para la participación y el encuentro de consensos, en
definitiva la concertación social como elemento base de cohesión social
y territorial.
Fruto del espíritu de concertación que impera en la comarca ya ha sido
posible llevar adelante diversas iniciativas, entre las que quisiera
señalar dos más , por su gran trascendencia.
La creación de la Red de Servicios para la Ocupación del Baix Llobregat,
que consiste en intermediar entre la oferta y la demanda en el mercado
de trabajo diseñando unos itinerarios que van desde la captación de
ofertas y demandas de trabajo hasta la cobertura de las mismas.
Este servicio se integrará en el Servicio Catalán de Colocación,
creado por la Generalitat de Catalunya, manteniendo sus especificidades
y respetando su carácter de red comarcal.
La elaboración del Plan Estratégico del Baix Llobregat, con la activa
participación de los agentes sociales y económicos junto a las
instituciones.
Este Plan contiene básicamente cuatro líneas estratégicas:
- Impulsar los grandes proyectos infraestructurales y urbanísticos.
- Potenciar la diversidad productiva.
- Mejorar la formación y agilizar el mercado de trabajo.
- Impulsar dinámicas de prevención y cooperación para un desarrollo
integral e integrador.
Evaluación del escenario económico-social y su proyección
Es importante, delimitar el contorno económico y social en el que, de un
modo tendencial, van a comportarse las principales macromagnitudes en lo
que resta hasta fin de siglo (4 años) y que, sin duda, deben
considerarse en la toma de decisiones a corto plazo en las estrategias
de desarrollo local, fomento de la iniciativa empresarial y perspectivas
ocupacionales.
Es sabido por todos que nos encontramos ante una difícil situación
económica de carácter internacional que se agudiza en España, al
mezclarse con los desequilibrios estructurales no del todo resueltos en
nuestro país, déficit público, inflación, altos tipos de interés, paro,
etc.
No es ninguna anécdota comprobar que el conjunto de los países de la
OCDE-Europa tendrán un crecimiento negativo del 0,3% en su P.I.B. no
siendo mucho más halagüeñas las previsiones que estiman un crecimiento
del 1,8% frente al 2,7% que tendrán los países no europeos de la OCDE.
Esta previsión implica, en consecuencia, constatar la existencia de 34 millones de personas en paro, lo que representa, el 8,5% de la Población Activa del conjunto de la OCDE, llegando, posiblemente, al 8,7%; es decir, a 36 millones de parados.
Cifras, sin duda, escalofriantes y no en balde consideradas como la
cota de paro más elevada desde la 2ª Guerra Mundial y a la altura de los
índices registrados en 1983.
En esta radiografía es significativo constatar que de 1990 a 1994, es
decir en el corto período de 5 años, se habían generado 10,5 millones de
personas desocupadas más en el conjunto de la OCDE.
Además se constata que durante 20 años ininterrumpidos el paro
se revela con un componente estructural importante, es decir que, aunque
crezca la economía y la demanda, no se reduce el desempleo.
Todo es indicativo y fiel reflejo de que las tradiciones políticas de
fomento de empleo desde la vertiente macroeconómica y presupuestaria son
muchas veces inocuas, o simplemente influyen ligerísimamente en la
tendencia.
Actualmente se tiende ya a reconsiderar estas políticas no tratándolas
como un fin en sí mismas, sino como un medio o un complemento para un
fin.
De nuevo nos enfrentamos a un problema de rigideces administrativas y normativas que constriñen el cerco de los recursos públicos destinados al fomento de empleo y, a pesar de aumentar los recursos, no se consiguen aumentos de empleo.
Es más, en algunos casos como es el español, cuantos más recursos existen para fomentar el empleo más desempleados existen con derecho a prestaciones.
En este circuito existen contabilizados más de 300.000 millones de
pesetas de fondos públicos, sin contar autonomías, ni ayuntamientos, ni
fondos comunitarios. Cuantía tan respetable merece mejor uso y mejores
resultados que una simple utilización como mecanismo compensador de
rentas.
Estos recursos deben circunscribirse de modo cofinanciado en el marco
municipal como fondos de inversión, que tengan efecto multiplicador e
incidencia en el tejido productivo. Este es el camino para el empleo. No
puede haber dinero ocioso o mal utilizado y, más, si son fondos
públicos.
Combatir los tenues niveles de crecimiento del P.I.B. no se conseguirá a
través de políticas fiscales ni monetarias, dadas las limitaciones que
soportan.
En el aspecto fiscal, porque cualquier relajación supondría elevar peligrosamente el déficit público situado actualmente en el 6,4% del P.I.B. y, en el aspecto monetario, porque acciones expansivas supondrían renunciar a un objetivo imprescindible: bajar los tipos de interés.
Toda esta panorámica traslada la presión a la política
presupuestaria, con objeto de que ésta ejerza de mecanismo
compensatorio, aunque un presupuesto expansivo, provocaría efectos
negativos en las dos direcciones simultáneamente; es decir, aumentaría
el déficit, impediría bajar los tipos y encarecería los intereses de la
deuda pública.
Ante este panorama, las soluciones no pueden ser cuantitativas sino
cualitativas, como he expuesto anteriormente.
Admitiendo, en términos conceptuales, una buena orientación en las
medidas de política económica, en términos de control de los
desequilibrios básicos (inflación, déficit público, balanza de pagos,
tipos de interés),
no podemos pasar por alto las indefiniciones y titubeos en las medidas de políticas microeconómicas, sectoriales, de fomento a la actividad productiva, de formación de recursos humanos,
de reformas en el mercado de trabajo y de apuesta decidida por el
desarrollo local como motor dinámico de la economía y el empleo,
especialmente en su incidencia sobre la pequeña y mediana empresa, única
capaz de generar empleo en nuestro país, dada la estructura productiva
que tenemos, pues no hay que olvidar que el 75% del P.I.B. del sector
privado se asienta sobre las Pymes.
No es de esperar que se produzcan cambios espectaculares en esta
tendencia. La economía del área de la OCDE funciona con unos márgenes
tan delimitados y con una interdependencia, conocida en tiempo real, que
anula el factor sorpresa y neutraliza las aventuras especulativas en
cuestión de días.
Ortega dijo en cierta oportunidad que una situación crítica se
caracteriza en un país porque a ese país no sabe lo que le pasa, y eso
es precisamente lo que le pasa. Es importante, en consecuencia, que en
la economía española, tratemos de saber objetivamente lo que nos pasa
para, después, entre todos, no unos más que otros, entre todos, con
sentido de solidaridad y finalidad común, buscar el conjunto de
soluciones posibles en el marco de un plan estratégico de país.
Este conocimiento exige moverse simultáneamente en tres planos: la
influencia que tenemos de la coyuntura externa, la irreversible y
necesaria integración económica europea y los males endógenos de nuestra
economía.
Estos aspectos van a ser una constante en lo que resta de década y en el
centro de ellos se sitúa la variable empleo como objetivo y, en este
objetivo, no va a estar, no puede estar, subestimado o infrautilizado el
desarrollo local y sus aportaciones.
Para ello debe entroncarse decididamente en el marco de la corresponsabilidad en las decisiones de política económica, como una pieza relevante, dinámica, activa, interdependiente y comprometida.
Esta es la oferta y a la par exigencia que el movimiento de
desarrollo local debe formular con nitidez a la sociedad española.
El fin empleo, progresión económica y social justifica sobradamente esta
disposición, lo contrario sería una irresponsabilidad innoble de
aquellos que concebimos la política como el vehículo para transformar y
avanzar en el contexto social en el que vivimos y nada ni nadie puede
hacernos abdicar de esta sana disposición a colaborar en este fin.
Es evidente que la pretensión de cualquier sociedad es tener empleo para
el conjunto de su población activa, lo que se traduce en un objetivo de
capital importancia en las actuaciones de los gobiernos sin distinción.
No obstante, ello no implica que los gobiernos, por sí solos, puedan
generar empleo, a lo sumo crear las condiciones necesarias, que no
suficientes, para que pueda crearse empleo.
Por esta razón tiene tanta relevancia la existencia y coordinación entre
la política económica, la industrial y la de empleo, dado que son vasos
comunicantes de afectación mutua e interdependiente, y la única garantía
de crecer de manera equilibrada y cohesionada socialmente.
En este sentido el empleo se revela como un indicador finalista que
refleja la progresión de un país hacia mayores cotas de bienestar
económico y social, aunque para ello es imprescindible la contribución
corresponsable del conjunto de la sociedad que propicie el máximo
volumen de ocupados en relación a la población activa y, asimismo, que
el empleo generado sea longevo y de calidad en términos de producción y
costes.
Este es el gran reto y hacia donde debemos proyectar nuestra
creatividad, imaginación y acción política, fomentando novedosas
iniciativas empresariales, entendidas como proyectos de desarrollo y,
adecuadas territorial y sectorialmente a la estructura de nuestro
país, haciendo compatible, la inversión pública y la generación de
infraestructuras, con la implementación de iniciativas empresariales que
motiven y movilicen a la iniciativa privada.
El reencuentro con la eficiencia en el sector público, debe orientarse a
garantizar el efecto multiplicador del recurso público, ya que el
problema no es exclusivamente de ahorro, sino de gastar mejor, de forma
más productiva en la prestación de servicios y en la incentivación para
generar nuevo empleo.
Ello no debe impedir una política de cobertura social amplia, racional y
solidaria; aunque la fortaleza real de nuestro afán por avanzar en el
imprescindible desarrollo económico de nuestro país se debe medir, no
sólo por el nivel de derechos sociales reconocidos, sino por la certeza
de que no deberán ser utilizados, salvo en circunstancias excepcionales.
La solidaridad redistributiva que se establece entre el sistema
productivo y el inactivo en el mercado ocupacional no puede ser el
objetivo que oculte que lo realmente importante es aplicar recursos a la
inversión, a la creación de actividad empresarial,
a la mejor asignación de rentas salariales, a una mejor
distribución de los recursos humanos ocupados y a la formación e
inserción ocupacional.
Esta asignación de recursos motiva, genera confianza en nuestras
posibilidades y en la construcción de iniciativas comprometidas de
desarrollo.
La asignación meramente subsidiada, por regla general, o es una
actuación transitoria, un medio para un fin, o es una manifestación de
impotencia que evidencia que no se ha resuelto el problema de fondo; es
decir, la capacidad pública y privada de crear proyectos capaces de
transformarse en realidades generadoras de riqueza, desarrollo y empleo.
En este contexto, y no en otro, es donde cabe considerar mecanismos
facilitadores de sinergias entre lo público y lo privado, cuyo desenlace
se mida en términos de aumentos de la población ocupada, compatibles con
el rigor económico y presupuestario.
Abordar un cambio estructural y conceptual de las políticas e
instrumentos existentes en materia de políticas activas de empleo es la
tarea más inmediata que demanda la sociedad en la próxima década, dado
que estas herramientas, si bien han cumplido sobradamente sus objetivos
en la década de los ochenta, se revelan inadecuadas ante la profunda
transformación tecnológica, económica, social y europeísta en la que de
manera irreversible se encuentra nuestra sociedad.
Nuevas políticas de fomento de empleo
Todas estas consideraciones deben concretarse en una nueva orientación
en las actuaciones de la política de fomento de empleo estableciendo una
mayor correlación y corresponsabilidad entre desarrollo local y empleo.
En este sentido, se formulan las siguientes líneas de actuación:
- Concebir un Programa Nacional de Desarrollo Local y Empleo -PEDL- en
el que se coordinen de forma interactiva las diferentes actuaciones de
la Administración Central, Autonómica y Local, de manera que se
orienten,
sinérgicamente y cofinanciadamente, acciones de estrategia de
crecimiento adecuadas a las circunstancias específicas de los
territorios.
- Articular una ley marco del desarrollo local que delimite los derechos
y obligaciones, y establezca los requisitos, metodología y financiación,
que permitan la coordinación institucional, así como la
complementariedad de políticas generadoras de iniciativas inversoras,
aprovechamiento de recursos endógenos y capacitación de recursos
humanos.
- Reorientar el Programa de Escuelas Taller para que sea un instrumento
dentro del conjunto del Plan y no algo aislado o desconexo de la
política de empleo.
Ello implica acentuar su concepto de formación-empleo, concebido como
la antesala de un proyecto empresarial, además de contribuir a
rehabilitar espacios obsoletos para convertirlos en operativos en la
zona donde operen.
- Crear el concepto de Red Nacional de Centros Experimentales de
Creación de Empresas con objeto de facilitar la puesta en marcha de
proyectos empresariales innovadores, ponderando su riesgo, verificando
su viabilidad y adecuando sus costes de puesta en marcha hasta que su
definitiva consolidación permita su normal funcionamiento en el mercado.
- Adecuar la orientación de los recursos de los convenios
INEM-Corporaciones Locales de modo que queden circunscritos a un plan de
desarrollo estratégico municipal.
- Adecuar de manera complementaria planes formativos que se orienten a
capacitar los recursos humanos de cada zona a las necesidades
ocupacionales que se deriven del Plan Estratégico en relación a las
iniciativas empresariales que se proporcionen en el territorio.
- Coordinar todas estas funciones a través de la participación de los
agentes sociales, comunidades autónomas y municipios integrando en su
seno las funciones de intermediación en el mercado de trabajo, las
políticas activas de fomento de empleo, las acciones de incentivos
regionales, la incidencia de la política de infraestructuras y medio
ambientales, y las actuaciones de incentivos industriales y de fomento
de la pequeña y mediana empresa.
Sin duda, la articulación política de todos estos elementos dotaría de
cohesión a los recursos públicos de las diversas administraciones y
especializaría, sectorial y territorialmente,
las medidas de fomento, estableciendo un marco de actuaciones
microeconómicas en perfecta concordancia con la macroeconomía, con
objeto de garantizar estabilidad en las magnitudes básicas de nuestra
economía. Todo ello con la certeza de que no se incorpora ningún
elemento de gasto público adicional sino, incluso, ahorro y más eficacia
en la gestión y los resultados.
Este conjunto de enunciados deberían constituir el referente
programático de nuestra acción política a corto y medio plazo, sentando
las bases de una articulación asociativa sólida, democrática,
participativa y representativa,
sin perjuicio de una concepción federal, pero con la convicción
de que la fortaleza política para el avance de todos se garantiza con
una representatividad estatal que tenga peso específico de
interlocución, ya sea potenciando las diferencias en el ámbito regional
o de las nacionalidades, ya sea aglutinando, defendiendo y construyendo
lo común en el conjunto del Estado Español.
Con estos puntos de mira, de lo concreto a lo global, de lo global a lo
concreto, es como se forjan los avances colectivos y es, además, donde
se reconoce a los estrategas que saben entender que el beneficio
individual se obtiene a través de la contribución al beneficio
colectivo;
si entendemos que este es el paradigma de funcionamiento, si no
tenemos una sólida alternativa, apostemos decididamente por este
objetivo, sumemos lo homogéneo, pospongamos lo irrelevante para
conseguir todos lo necesario.
Seamos consecuentes con la parte de utopía que hay en todos nosotros,
trabajemos con la mirada en lo imposible porque queremos garantizar lo
indispensable.
Este es un esfuerzo de todos que hay que hacer si queremos ganar el
futuro.
José Montilla - http://www.lafactoriaweb.com
Publicado Originalmente en la revista cuatrimestral la factoría*
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