LA LEY 4/2000: LOS DERECHOS SOCIALES

Autor: María Helena Bedoya, Judit Cobacho,  José María Ginés, María Teresa Núñez y Toni Tuà

OTROS CONCEPTOS DE ECONOMÍA 

05-2005

Ni las instituciones educativas ni los medios de comunicación, ni los poderes públicos, explican a los españoles que Averroes, como Maimónides o Ibn Arabi, son españoles que construyen nuestra cultura y aún más, contribuyen en alto grado a esos pocos universales que tiene raíz española."

El presente articulo no pretende otra cosa que expresar la opinión de diferentes personas que, desde el ámbito sindical y desde diferentes responsabilidades en el sindicato de CCOO en Cataluña, realizamos una aproximación a lo que representa la recién aprobada ley orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Este análisis refleja la repercusión que, a partir de su aprobación puede y debe tener en los campos del ejercicio de los derechos que la ley reconoce, y también pretende marcar los mecanismos y compromisos que desde las administraciones han de ponerse en marcha para el cumplimiento del espíritu y texto de la ley, sin necesidad de esperar al futuro reglamento que la desarrolle, en el bien entendido que la integración de los inmigrantes en España ya se refleja en el título de la ley y en su segundo apartado.

La primera referencia que debe hacerse a partir de la diferenciación que realiza la ley, es la de la necesidad de favorecer el empadronamiento de todas las personas extranjeras que residan en un municipio. El empadronamiento se presenta como elemento básico para garantizar el ejercicio de los derechos que la ley otorga, a tal fin hace falta una campaña informativa desde las administraciones locales dirigida a los colectivos de inmigrantes.

El fenómeno migratorio que se da en nuestro país responde mayoritariamente a situaciones de carácter económico para la persona que emigra. Algo que no es extraño en el territorio español si tenemos en cuenta las migraciones desde los años 60 entre diferentes comunidades del Estado, también por motivos de carácter económico.

En ambos casos estas migraciones han supuesto un beneficio económico para la comunidad receptora de la emigración.

Es pues hora, y la nueva ley lo contempla, que los que en estos momentos están produciendo esos beneficios obtengan una serie de derechos que en un tiempo, no muy lejano, tendrá que ser el derecho de ciudadanía, si seguimos haciendo nuestra aquella reivindicación que defendíamos en el periodo predemocrático:

 "Catalán es todo aquel que vive o trabaja en Cataluña" frase que, indudablemente, puede hacerse extensiva en todas las comunidades autónomas y territorio español.

El inmigrante y el mundo del trabajo

Nuestra definición como sindicato multiétnico nos lleva en primer lugar a la defensa de los trabajadores y trabajadoras independientemente de su color, religión o etnia.

El cumplimiento del articulo 10 de la ley de extranjería prevé el derecho al trabajo, y en el artículo 21 considera actos discriminatorios aquellos que impongan ilegalmente a estos colectivos condiciones más gravosas que a los españoles, o restrinjan, o limiten el acceso al trabajo.

Los recientes y deplorables acontecimientos acaecidos en la localidad de El Ejido nos demuestran la discriminación laboral existente con el colectivo de inmigrantes extracomunitarios que trabaja en el campo de Almería.

Pero esta situación no es nueva para nosotros: en 1998 y a través de un estudio realizado por la socióloga Carlota Solé y la Fundació de Cultura Popular Jaume Bofill, en colaboración con el CITE (Centro de Información de Trabajadores Extranjeros de CCOO) pudimos comprobar cómo en empresas de la comarca del Baix Llobregat, y preferentemente en los sectores donde menor representatividad sindical había, existía discriminación de carácter laboral, en los complementos salariales, en relación con las condiciones del puesto de trabajo, la jornada, etc.

En relación con estas situaciones, el sindicato ha de representar un papel importante en la defensa de los intereses de los trabajadores emigrantes en las empresas, y ejercer presión a la Inspección de Trabajo para intensificar el control sobre las denuncias y las correspondientes sanciones a que hubiera lugar en casos de discriminación.

Por otra parte el acceso al empleo, ofrece una gran dificultad, si tenemos en cuenta que el Servicio Catalán de Ocupación no facilita la posibilidad de la introducción en la red de demandantes con características especiales, como puede ser el desconocimiento del idioma, la baja cualificación profesional, o en muchos casos hasta el desconocimiento de la existencia del propio servicio.

En lo referente a la formación de carácter ocupacional que da la administración catalana como medio de acceso al empleo, cabe mencionar la necesidad de una planificación que tenga en cuenta los colectivos de difícil inserción o con características especiales, como el desconocimiento del idioma por gran parte de los inmigrantes o una formación profesional especifica que dé respuesta a las demandas del mercado que puedan ser cubiertas por la inmigración.

El ejercicio de estos derechos que la ley prevé ha de significar la aplicación real, y por tanto, la implantación de las medidas pertinentes para el desarrollo de los derechos establecidos por la ley de extranjería en relación con el acceso al trabajo y las condiciones de éste.

En este sentido cabe mencionar el importante papel que los sindicatos, como entidades de representación social de los trabajadores, debemos tener en la negociación colectiva con la apreciación de la realidad de los trabajadores inmigrantes en los centros de trabajo.

La utilización de los organismos oficiales de la Inspección de Trabajo que han de actuar de forma rápida y directa cuando se observe o denuncie una actitud discriminatoria.

O la utilización del Tribunal Laboral de Cataluña en aquellos supuestos de conflictos de carácter colectivo o individual que necesiten de la mediación, conciliación y arbitraje. O el uso de los juzgados de lo social cuando se requiera para hacer reales los derechos relacionados con el mundo laboral que la ley de extranjería establece.

Apuntes de carácter jurídico

En estos momentos ya ha entrado en vigor la ley y con ella se inicia una nueva etapa en la política de inmigración en España.

 Lo que de ella se espera por parte de los agentes sociales, entre otras expectativas progresistas, es que supere las disfunciones y contradicciones -los criterios policiales, restrictivos y el uso abusivo de conceptos jurídicos indeterminados- que han caracterizado a una ley tan polémica como la anterior, que data de julio de 1985, y que garantice plenamente lo que el legislador ha querido plasmar en la norma legal, que es lo que constituye su espíritu innovador, es decir: la integración social de los extranjeros/inmigrantes.

Es pues a partir de su entrada en vigor que la nueva ley de extranjería -conjuntamente con el futuro Reglamento de ejecución y demás normativa concordante sobre la materia- ha de dar respuestas satisfactorias a cuestiones concretas relativas a la integración social de los extranjeros como son la educación, la sanidad, la participación en la toma de decisiones o la reagrupación familiar.

 Todo ello teniendo en cuenta que cuando la ley se refiere a derechos fundamentales éstos deben entenderse en igualdad de condiciones con los ciudadanos autóctonos.

El extranjero es y puede ser en España titular de la mayoría de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce.

 La indefensión jurídica del extranjero en nuestro país tiene como base una manifiesta y previa indefensión material, que ha de tenerse en cuenta en aquellos supuestos en que la persona extranjera no conozca el idioma, las costumbres sociales y las bases de nuestro ordenamiento jurídico, no disponga de recursos económicos, tenga una desconfianza y miedo ante el Estado (sobre todo en personas que provienen de regímenes no democráticos). Estos factores influyen, en definitiva, en la aplicación real de los derechos fundamentales que la nueva ley les reconoce.

Si tenemos en cuenta, como señala Alegría Borrás, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen una posición especial dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por mandato del artículo 10.2 de nuestra Carta Magna que establece que " las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España",

 y que entre los tratados -éstos sí, con carácter vinculante para los estados que los han ratificado, a diferencia de la Declaración Universal de derechos humanos cuya fuerza es de carácter moral- son pertinentes al caso, y que han sido ratificados todos por España (y publicados por tanto en el BOE):

 el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos de 19 de marzo de 1966, El Pacto sobre derechos económicos, sociales y culturales, que no establecen ninguna diferencia -en cuanto a su aplicación- entre los nacionales y los no nacionales, el Convenio sobre Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, El Convenio Europeo de Seguridad Social y el acuerdo complementario de éste, hechos en París el 14 de diciembre de 1972.

Así pues la ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, no hace otra cosa que reconocer expresamente todo el ordenamiento jurídico y los pactos internacionales en vigor en nuestro país y firmados por los diferentes gobiernos.

Por eso cuando por parte de algunos miembros del Gobierno se calificó de irresponsable la aprobación de la ley -y se sigue calificando así y amenazando en lenguaje "electoralista"

con una nueva reforma de la ley- la equiparación de derechos fundamentales con los españoles a los extranjeros con residencia legal y la tímida atribución de éstos derechos a los extranjeros que se encuentren en España con independencia de su situación, se desconocen intencionadamente estas obligaciones internacionales, pues como afirma la misma Alegría Borrás:

" El carácter legal de residencia no es, por tanto, una cuestión inherente al concepto de residencia, sino que por el contrario, es una condición que el legislador añade cuando le parece necesario y oportuno. Esto quiere decir que ley General de Sanidad considera que también los extranjeros en situación irregular frente a la normativa de extranjería son titulares del derecho a la protección pública de salud".

El derecho a la sanidad

El artículo 12 de la ley sobre "derechos y libertades de los extranjeros, y su integración social" recoge el derecho a la asistencia sanitaria. Este artículo hace una distinción entre los extranjeros que viven en España y están inscritos en el padrón municipal de la población en la que residen habitualmente, y aquellos otros que no están empadronados.

En otros apartados se trata de forma especifica sobre, las extranjeras embarazadas y los menores de 18 años.

El apartado 1 del mencionado artículo otorga a los extranjeros empadronados la igualdad de derechos con los ciudadanos españoles, es decir, el acceso libre, gratuito e indefinido a todas las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

Y los mismos derechos se reconocen a los extranjeros hasta los 18 años, en el apartado 3.

Por otro lado, el único colectivo que no se contempla expresamente, los emigrantes no empadronados, se les reconoce -en el apartado 2 del artículo 12- el derecho a la atención de enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y la continuidad asistencial hasta la situación de alta médica.

Así pues la atención sanitaria en el tratamiento de las enfermedades de carácter común, para las personas en situación irregular, puede realizarse a través de la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a las personas sin recursos económicos suficientes.

En el apartado 4 del artículo 12, se recoge expresamente la atención a las extranjeras embarazadas, independientemente de su situación.

De hecho, hasta ahora, con más o menos dificultades la atención urgente ya se venía dando, y desde hace medio año (a raíz de unas denuncias por falta de atención en Madrid), también se atiende a los menores de 18 años.

La novedad está en la posibilidad de que los inmigrantes disfruten de la atención sanitaria en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos, si el interesado está empadronado en el municipio.

 Y este trámite administrativo puede hacerse sin más requisitos que personarse en la oficina de empadronamiento del ayuntamiento, y dar la dirección del domicilio donde se vive (que puede ser el de un amigo o familiar).

La cuestión de fondo es la siguiente:

Una vez adquirido el derecho a la atención sanitaria, las condiciones de acceso deberían ser exactamente las mismas que el resto de los ciudadanos nacionales, pero existen unas dificultades que las administraciones han de resolver para el correcto desarrollo del cumplimiento de la ley con relación a la integración de los inmigrantes, estas dificultades se sitúan en:

* La comunicación entre los profesionales sanitarios y los inmigrantes, y no sólo la diferencia de idioma (que es fundamental), sino también otras, tan importantes como la anterior: las diferencias de cultura. No debemos olvidar que uno de los aspectos fundamentales de las buenas prácticas son tanto la comunicación como la confianza entre el usuario y el profesional.

* El inmigrante, para disfrutar de equidad de acceso al sistema sanitario tiene que estar seguro que el profesional entenderá lo que le explica y que el profesional conocerá "como lo vive" y como está acostumbrado a solucionarlo.

Valgan como ejemplo:

* Las enfermedades subtropicales, que hasta ahora no han estado incluidas en los estudios reglados de medicina.

* El desconocimiento de los hábitos y ambientes culturales de los 
diferentes grupos étnicos (como ejemplo, los hábitos alimentarios de los niños).

* El desconocimiento de las creencias que condicionan los diferentes comportamientos (Ramadán, ingesta de proteínas animales, la enfermedad como consecuencia de una enemistad, etc.).

Nos encontramos pues, delante de una situación repetida tantas veces: una ley reconoce unos derechos, pero su aplicación en la práctica se ve dificultada por toda una serie de circunstancias y situaciones reales que, o no han sido previstas, o no tienen articulados los medios idóneos o necesarios para alcanzar la aplicación efectiva en todos sus términos. Analicemos brevemente en qué situación de partida nos encontramos en Cataluña.

El Plan de Salud de Cataluña es el instrumento indicativo y marco de referencia para todas las actuaciones públicas en el ámbito de la salud. Si repasamos este documento, que da la previsión de actuaciones para el periodo 1999-2001, podemos comprobar que no plantea ningún tipo de actuación específica respecto a la atención a los inmigrantes.

En el capítulo I, llamado "La salud de los catalanes a finales del siglo XX", hay un punto titulado "Movimiento migratorio", que genéricamente explica que en Cataluña, en los últimos años, se haya mantenido constante un saldo positivo de migración (que cifra entre 1991 y 1996 en 16.000 persones, datos que no reflejan la realidad de la emigración en Cataluña, por insuficientes).

 Lo que sí reconoce es que especialmente han sido inmigrantes extranjeros los que han formado estas migraciones, y no del resto de las comunidades autónomas (que han tenido un saldo negativo).

En el mismo capítulo I del Plan de Salud, y en el punto Perspectivas de futuro dice: "La migración se verá estimulada y, probablemente, será exterior".

 Y no encontramos en el Plan de Salud ninguna referencia, ni en los objetivos generales, ni en las intervenciones y acciones prioritarias, dedicada al tema de la atención a los inmigrantes, reconociendo la especificidad de este colectivo y la falta de preparación del personal sanitario para asumirlo.

Esto representa una falta de previsión y de sensibilidad. Incluso podemos hablar de dar pasos atrás, ya que en el Plan de Salud 93-95, como mínimo, se preveían algunos "objetivos operacionales" tanto para servicios centrales del Departamento de Sanidad como para las regiones sanitarias, genéricamente.

 Estos objetivos planteaban "que antes del año 1995 los proveedores de servicios sanitarios de cobertura pública deberán establecer medidas específicas de adecuación a las características y necesidades de la población, medidas para la mejora de las condiciones de acceso, de acogida, del proceso de atención...", pero estos buenos propósitos ya no se han renovado para el Plan de Salud 1999-2000.

A pesar de que, de forma puntual, se han puesto en marcha actuaciones concretas en diversos territorios con la más alta concentración de población inmigrante -siempre con la presión sindical y con el voluntarismo de los profesionales- la actitud de la administración sanitaria no ha sido nunca de apoyo decidido y, mucho menos, de tomar la iniciativa.

La "cobertura legal" para tomar decisiones ya está vigente. A partir de aquí la exigencia al Departamento de Sanidad ha de ser empezar a actuar de inmediato.

En este sentido, las propuestas dirigidas al Departamento de Sanidad en Cataluña deberán plantear:

* Estudio detallado de los sectores sanitarios y áreas básicas de salud con mayor incidencia de población inmigrante.

* Conocimiento de la procedencia de la inmigración.

* Intervención directa, en los servicios de atención sanitaria, de personas conocedoras del idioma oficial de origen de la persona inmigrante al servicio de los profesionales.

* Promoción de la formación continuada a los profesionales responsables de las ABS, con más incidencia de población inmigrante en los conocimientos sobre enfermedades tropicales como hábitos culturales.

* Dotación de los recursos necesarios para el desarrollo y la realización adecuada de estas actuaciones.

Para poner en marcha la mayoría de estos temas es necesario el ejercicio del presente derecho, que se establece a partir de la ley orgánica de extranjería 4/2000, y ello no supone la previa aprobación del reglamento que desarrolle la ley.

 Para esto hace falta la dotación presupuestaria correspondiente y las órdenes administrativas que posibiliten que los profesionales realicen la actividad y el servicio a los usuarios del sistema sanitario en condiciones de igualdad, independientemente de su lugar de origen.

Los servicios sociales

En primer lugar se ha de manifestar que la presente ley realiza un reconocimiento expreso de derechos en aquellos servicios, que en los ámbitos del municipio y por la Comunidad Autónoma ya se vienen realizando en Cataluña, siempre supeditados a los recursos existentes en cada momento, si bien y debido a la inexistencia de una ley general de bases sobre los servicios sociales, que garantice los mínimos, y al exiguo desarrollo del Estado de bienestar en nuestro país y en concreto de los se

rvicios sociales, esta ley no representa un avance significativo que pueda cubrir las deficiencias del sistema y la descoordinación existente entre las CCAA que tienen las competencias legislativas y reglamentarias y las ejecutivas compartidas entre estas y las administraciones locales.

Sin la existencia de la normativa sobre sistema de acceso y condiciones de prestación de los servicios; tras la aprobación ya realizada de la presente ley cabe de forma urgente la adaptación de las normas administrativas y de ejecución que garanticen los derechos reconocidos en el ámbito de los servicios sociales y con carácter general en todo el territorio español y de Cataluña en particular.

Cabe pues destacar el reconocimiento expreso en el artículo 14, apartado 3 de la ley de extranjería del derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas a todos los extranjeros, independientemente de su situación administrativa, lo que significa la atención social primaria, la asistencia domiciliaria, las residenciales por estancia limitada, las de comedor o aquellas que supongan la de atención a la familia, infancia y adolescencia entre otras. Todas ellas dependientes de las administraciones locales o los consejos comarcales.

En estos casos el problema se sitúa en la falta de recursos y materiales que están llevando en muchos casos al colapso de la Red Básica de Atención Primaria, situación ya denunciada anteriormente desde el ámbito sindical y las administraciones locales. En las solicitudes de Renta Mínima de Inserción o salarios sociales, aunque cada comunidad ha desarrollado su propia normativa, en la mayoría de los casos no es necesario el requisito de residencia legal siendo válido sólo el empadronamiento.

El mismo artículo 14 en los apartados 1 y 2 reconocen expresamente para aquellas personas inmigrantes que tengan el permiso de residencia, el derecho a las prestaciones y servicios provenientes de la SS y del sistema de servicios sociales, tanto los de carácter general como los básicos y específicos, en igualdad de condiciones con los españoles.

En relación con el artículo 13 de la ley que plantea el derecho a la vivienda cabe recordar la práctica inexistencia real de este tipo de ayudas, si bien como podemos observar por diferentes experiencias, es una línea de intervención que desde las administraciones se ha de desarrollar para todas aquellas personas que estén en riesgo de exclusión social, incluyendo en las actuaciones propuestas interdepartamentales de integración social que faciliten la convivencia e integración social.

En el caso de prestaciones contributivas éstas ya se realizaban. En los supuestos de prestaciones no contributivas, existían sentencias contradictorias para los ciudadanos de países donde no rigen tratados o convenios internaciones. Así pues, y en estos supuestos, deberá prevalecer la ley, cuando en su articulo 14, apartado 1 plantea que todos los extranjeros residentes tendrán derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social.

El derecho a la educación

En el ámbito educativo, la ley anterior, reconocía el derecho a la educación de forma muy general.

En el artículo nueve, la nueva ley 4/2000 explícita este derecho para todas las personas extranjeras, tanto en la educación obligatoria como postobligatoria, en las mismas condiciones que lo hace para las personas españolas. También reconoce el derecho a disfrutar del acceso al sistema público de becas y ayudas, que hasta ahora no estaba previsto en el ámbito estatal.

Evidentemente, estos principios tan generales no solucionarán los déficits que se producen en el proceso de integración de las personas recién llegadas a nuestro sistema educativo. Pero una definición clara de sus derechos nos ayudará a continuar luchando para la consecución de una verdadera igualdad de oportunidades para todos.

La multiculturalidad es una de las principales características de las sociedades actuales. La interculturalidad reconoce que todas las culturas poseen rasgos positivos y negativos, que la diversidad enriquece a todo el mundo. No está dirigida exclusivamente hacia la inmigración y considera que el proceso de integración afecta tanto a la sociedad de acogida como a las personas recién llegadas.

En la interacción entre culturas, a pesar de que hay una en situación dominante, ambas se transforman, ello da como resultado una nueva "cultura" basada en el mestizaje. La interculturalidad considera la cultura como un hecho dinámico, en constante evolución, construida por el contacto y el conflicto entre los grupos sociales.

Si tenemos en cuenta el aumento de los movimientos migratorios y la aparición de actitudes racistas y xenófobas, si, además vemos que la integración social de las personas inmigradas ha de fundamentarse en la plena igualdad de derechos y deberes (es decir en su plena integración legal y política), concluiremos que es necesario incentivar medidas sociales que palien las desigualdades socioeconómicas.

Es detrás de éstas que se esconden la mayoría de los comportamientos racistas y xenófobos.

Las políticas de igualdad sólo serán eficaces si se emprenden actuaciones conjuntas en cuestiones legales, sociales, culturales y lingüísticas. Y esto ha de hacerse con la promoción de respuestas globales, huyendo de tratamientos compartimentados de los diferentes aspectos relacionados con la inmigración u otros colectivos que puedan estar en situación de riesgo de exclusión.

Desde el marco educativo general, las políticas educativas han de considerar la inmigración desde una vertiente integral, no segregadora. Estas políticas han de huir de la imagen de conflictividad que algunos sectores sociales manifiestan respecto de la inmigración. Y han de promover la inclusión de la educación multicultural en los currículos, con la aportación de instrumentos que ayuden al profesorado en este objetivo.
En Cataluña, la nueva consejera de Enseñanza ha expresado su interés por abordar las necesidades que genera la incorporación del nuevo alumnado a los centros educativos con propuestas claras.

Una de las cuestiones principales a las que se ha de dar respuesta es el posicionamiento en los planteamientos que se hacen respecto a la necesidad de distribuir el alumnado inmigrante entre los diferentes centros educativos de una zona determinada.

De entrada esto significa que no consideramos estar en disposición de dar una respuesta genérica que pueda ser aplicada a todas las situaciones, sino que, precisamente porque son diversas es necesario hacer el esfuerzo de buscar fórmulas adecuadas que respondan a cada una de ellas.

 Así pues, podría ser que en algún caso se pudiese apoyar la idea de distribuir a los niños entre los centros, pero en otros la opción tendrá que ir en el sentido de mejorar la dotación de recursos en los centros receptores, o pasará por poner en marcha experiencias que faciliten la interculturalidad.

No obstante, en todos los casos es imprescindible la implicación y el consenso de la comunidad educativa y de las diferentes administraciones:

profesorado, APAS, ayuntamientos, Departamento de Enseñanza, asociaciones de inmigrantes… para establecer los mecanismos correctores necesarios a cada realidad concreta.

Desde CCOO estamos reclamando desde hace tiempo una serie de medidas que, a grandes rasgos se concretan en dos aspectos: el proceso de matriculación y la dotación de recursos específicos y de formación.

Las reivindicaciones fundamentales referidas a la matriculación están dirigidas a la modificación del decreto de matriculación, de manera que articule las mismas condiciones para los centros públicos y privados concertados, la creación de una Comisión Permanente de Matriculación y la participación activa en el proceso de los consejos escolares municipales.

En lo referente a los recursos, pedimos la optimización de los existentes, potenciando una buena coordinación y delimitación de sus atribuciones, así como una ampliación de las plantillas.

A ello cabe añadir la aplicación de un plan de formación y sensibilización del profesorado en la educación intercultural. Estos dos aspectos iniciales serían un primer paso concreto para demostrar la solidez de la voluntad de la señora Carme Laura Gil.

Otro aspecto a considerar es la importancia de la lengua en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hemos de tener claro que una lengua se aprende cuando se tiene la necesidad de usarla.

Por tanto, el alumnado la aprenderá por la necesidad que tiene de comunicarse con sus compañeros, para entender lo que se le dice y enseña y, de esta manera, poder participar de las mismas actividades que el resto de los compañeros del aula.

Hoy por hoy, el Departamento de Enseñanza se está decantando por hacer grupos de alumnado inmigrante, segregados de la dinámica normal de las aulas, para realizar los cursos intensivos de catalán. Son necesarias otras organizaciones del centro que permitan compaginar la vertiente socializadora del grupo-clase y el aprendizaje rápido e intensivo de la lengua catalana.

También tenemos que cuestionar la metodología de aprendizaje del catalán. No es lo mismo aprender la lengua en situación de inmersión que en situación de sumersión lingüística.

Los programas de inmersión parten del bilingüismo del profesorado, como el profesorado domina las dos lenguas (la que enseña y la de su alumnado), constantemente está capacitado para negociar conocimientos lingüísticos y no lingüísticos.

Entiende sus respuestas y puede reconducirlas constantemente. Esto hace que el aprendizaje de la nueva lengua sea enriquecedor para el niño, estructurando su pensamiento y asimilando los procedimientos lingüísticos de esta nueva lengua, que repercutirán en una mejor estructuración de su propia lengua materna.

En cambio, la mayoría de alumnos procedentes de otras culturas están en situación de sumersión lingüística. El profesorado no entiende su lengua y, por tanto, esta negociación constante de conocimientos, no existe.

No es lo mismo aprender una lengua a partir de un programa de inmersión lingüística que hacerlo como una lengua extranjera.

Como lengua extranjera, el profesorado no tiene por qué conocer ni la lengua materna ni ninguna de las lenguas que habla el alumnado, en consecuencia las técnicas, metodologías y recursos a utilizar son muy diferentes.

Es muy importante la acogida a nuestros centros y la relación con la comunidad educativa de las nuevas familias.

Acogida y relación planteada en tres niveles: institucional, para dar a conocer nuestro sistema educativo, enseñar cómo funciona el centro educativo y cómo se gestionan las relaciones familia-escuela, etc.; de actitudes del profesorado, del alumnado y de los padres y madres; y de incorporación y participación de las familias en la vida asociativa del centro facilitando para ello la comunicación a través de su lengua, y su participación en las APAS.

Es necesario que el gobierno de la Generalitat, una vez superada su ambigüedad en los últimos momentos del trámite parlamentario de la nueva ley de extranjería, reconozca con hechos concretos que la educación es uno de los pilares fundamentales para conseguirlo.

Por tanto, es necesario:

* Elaborar programas integrales en zonas con riesgo de exclusión, colaborando las diferentes administraciones y el tejido asociativo de la zona.

* En determinadas zonas y localidades se han de iniciar programas de formación continua en habilidades sociales, integración socioeducativa, inserción al mundo laboral, formación profesional y prevención de la marginación.

 Estos programas que son hoy un déficit en el sistema educativo tendrían que estar coordinados por la administración local y educativa.

* Ampliar la ya deficitaria oferta educativa de plazas escolares en la etapa 0-3, como medida que facilite la incorporación de la mujer al mundo laboral, facilitando con ello la inserción social de aquellas personas que tienen unos roles y culturas diferentes en sus países de origen.

* Instar a la administración educativa y a los consulados correspondientes la agilización de los trámites de homologación de títulos de las personas inmigradas, para facilitar su incorporación al sistema educativo, sea como alumno o como profesional de la docencia.

Estos apuntes sólo pretenden ser una primera aproximación a las consecuencias de la aprobación de la ley.

Expresamos una interpretación equitativa de la ley y de su aplicación. La ley en sí misma es progresista y su desarrollo podría ser inmediato, sin graves problemas reglamentarios.

Ello siempre que las administraciones destinen recursos económicos y personales y realicen una política de coordinación para cubrir los objetivos de inserción social mencionados por el propio título.

Igualmente queremos que estas notas sirvan de aviso ante una posible aplicación o interpretación restrictiva de lo que consideramos el carácter progresista de la ley.

 Ello sólo será posible con la implicación de la sociedad y la extensión de la idea de interculturalidad como un valor plenamente positivo y de progreso en la vida social de la comunidad.

 

María Helena Bedoya, Judit Cobacho,  José María Ginés, María Teresa Núñez y Toni Tuà  - http://www.lafactoriaweb.com 

Publicado Originalmente en la revista cuatrimestral la factoría*