COMBATIENDO A ETA

Autor: Oscar Jaime-Jiménez

OTROS CONCEPTOS DE ECONOMÍA

05-2005

El terrorismo español contemporáneo que ha resultado más persistente a lo largo del tiempo surge como consecuencia de los efectos que produjo en un amplio colectivo de población, caracterizado por su especificidad, la aparición de un conjunto de agravios de carácter político y cultural

Con la desaparición de la dictadura y el surgimiento de un régimen político que ensanchaba sensiblemente el marco de participación política,

resultaba razonable que los analistas consideraran al terrorismo como una forma de violencia que en un corto espacio de tiempo pertenecería al pasado, puesto que los agravios acumulados tenderían a desparecer en un sistema político abierto y tolerante.

 Sin embargo, las actividades terroristas tanto de carácter izquierdista como de orientación nacionalista, lejos de disminuir, se incrementaron, llegando a amenazar las bases del nuevo régimen.

Aunque durante el período de la transición y consolidación democráticas se hicieron presentes de forma simultánea diferentes tipos de terrorismo, voy a centrarme en este caso en la respuesta policial al terrorismo nacionalista vasco,

 debido a que su actividad ha condicionado a lo largo de las últimas décadas de forma muy intensa el desarrollo, evolución y toma de decisiones de instituciones políticas,

así como de importantes áreas de la administración que, de manera directa o indirecta, han estado involucradas en la lucha contra esta forma de violencia.

Los sistemas políticos desarrollan diferentes métodos, estrategias y tácticas para combatir el terrorismo, las cuales se diseñarán y aplicarán en función principalmente de los fundamentos ideológicos y políticos en los que se asiente un determinado régimen.

En aquellos Estados en los que se restringe de forma sensible la participación política de numerosos colectivos, donde se limita el desplazamiento de los ciudadanos,

 controlándose asimismo de forma muy estrecha la difusión y distribución de noticias e informaciones, los aparatos de seguridad disponen por lo general de una amplia gama de recursos para combatir cualquier amenaza al poder establecido.

 El surgimiento de organizaciones terroristas en este escenario es altamente improbable como consecuencia del elevado coste que supone la acumulación de recursos tanto humanos como materiales,

así como de la dificultad que entrañaría en este entorno la difusión de sus acciones, necesidad esta última perenne y primordial para toda organización terrorista.

Las agencias de seguridad en estos regímenes desarrollan una actividad fundamentalmente política y con un carácter marcadamente vigilante.

Las élites gobernantes dedican gran atención y recursos a la implementación y desarrollo de los sistemas policiales, a cuya disposición se pone un amplio abanico de recursos legales que les permite penetrar sin excesivos impedimentos en la esfera privada de los ciudadanos.

El diseño de la estructura de seguridad interior es una de las prioridades en este tipo de regímenes ya que de su eficacia dependerá el exclusivo disfrute del poder por parte de las excluyentes élites dominantes y en algunos casos incluso su propia supervivencia.

 La seguridad interior, por tanto, constituirá el elemento principal al que se subordinarán las demás funciones del Estado puesto que la percepción de amenaza al orden establecido estará siempre presente.

El modelo autoritario y el democrático

En este contexto, tanto el ethos como la cultura organizativa que desarrollarán estas agencias se orientan siempre a fortalecer una determinada noción de Estado, de la sociedad y del servicio a los ciudadanos.

 Policías militarizadas, concepciones autoritarias y paternalistas del orden público, investigación y persecución de imaginarios o efectivos delitos políticos en detrimento de los delitos comunes,

todos estos elementos forman parte de un sistema de seguridad extremadamente centralizado y desprofesionalizado.

A todas estas características, que constituyen premeditadas formas de organización y de acción con el fin de cumplir el cometido para el que han sido básicamente diseñadas, es decir la defensa del statu quo, es necesario añadir otros elementos de carácter organizativo y sociológico,

 que tienen menos que ver con los objetivos explícitos que con pulsiones latentes que subyacen a la propia esencia de la función policial como son la pretendida y natural tendencia de las fuerzas policiales hacia la adopción de posturas derechistas y autoritarias.

De lo afirmado hasta el momento se desprende que el aparato de seguridad de los regímenes autoritarios constituye una de las áreas de la administración de más difícil transformación, ya que tanto las estructuras como la cultura organizativa de los cuerpos policiales, así como los comportamientos,

hábitos y percepción de la propias funciones y del entorno, se encuentran tan imbuidos de los valores y principios de los regímenes que les han creado, que su transformación, en el mejor de los casos, entraña una gran dificultad.

En un Estado de Derecho y tolerante, por el contrario, tanto la organización como los principios que rigen la actuación de la policía se encuentran restringidos por el principio del cumplimiento estricto de la legalidad,

lo cual provoca que los márgenes de actuación de las fuerzas policiales posean unas limitaciones impuestas por la necesidad de respetar los derechos individuales, uno de los presupuestos fundamentales de las democracias liberales.

Ello hace muy difícil la posibilidad de implantar una serie de controles preventivos que pudieran facilitar la detección, control y neutralización de aquellos colectivos que amenacen el mantenimiento del sistema político y social vigente,

lo cual a su vez ha obligado en las sociedades democráticas a que las respectivas fuerzas policiales se vieran en la necesidad de desarrollar recursos e instrumentos acordes con la filosofía de estos Estados en los que el empleo de medidas preventivas se encuentra estrictamente limitado,

aunque no excluido en situaciones en que la percepción de amenaza al orden establecido es extrema, como se pudo comprobar en el caso de la Fracción del Ejército Rojo en Alemania.

Como veremos a continuación, el caso español constituye un paradigma en relación a las dificultades que un viejo sistema de seguridad interior diseñado por y para la defensa de un régimen autoritario, posee para adaptarse a las necesidades de una sociedad abierta y plural.

Estas dificultades se perciben muy especialmente en el ámbito del control del orden público y de la lucha contra el terrorismo, áreas en las que la evolución del comportamiento policial ha planteado grandes problemas.

La imposible pero necesaria reestrucutración policial

La muerte del dictador no trajo ningún cambio inmediato en los niveles políticos ni administrativos del régimen.

Aunque diferentes sectores influyentes de las élites políticas, que a la postre serían las que impondrían sus criterios, diseñaban sus propios planes de reforma,

 las agencias estatales encargadas de la seguridad interior no parecían aparentemente acusar el cambio de régimen a tenor de su comportamiento, aunque a nivel individual o de pequeños grupos sí surgieron ciertos grados de incertidumbre y desorientación.

La dialéctica entre las fuerzas de seguridad y ambas ramas de ETA (ETA militar y ETA político-militar) en el País Vasco continúa la misma dinámica que durante los últimos años del régimen.

ETA había dado muerte a 44 personas desde 1968 hasta 1975, año en que muere Franco, entre las que se encontraban el presidente del Consejo de Ministros Almirante Luis Carrero Blanco y 25 agentes de seguridad.

Sin embargo, su capacidad operativa había disminuido notablemente a lo largo de los últimos meses del régimen a causa de los importantes golpes que había recibido y que mermaron notablemente su potencial.

Los amplios recursos humanos de las fuerzas de seguridad, su preparación psicopolítica, los métodos y procedimientos coercitivos, así como los instrumentos legales extremadamente punitivos que se aplicaban a los individuos y colectivos desafiadores del régimen,

 facilitaron la detención de un elevado número de presuntos activistas y la desarticulación de múltiples comandos en un relativamente corto período de tiempo.

Estos resultados positivos a corto plazo, sin embargo, poseían unos efectos perversos a medio y largo plazo puesto que los métodos empleados -tanto durante los interrogatorios como las operaciones-,

en muchos casos arbitrarios e indiscriminados, y que a la postre afectaban de forma directa e intensa a amplios sectores de la población no involucrados en actividades subversivas, contribuían únicamente a facilitar el surgimiento de sentimientos de identificación colectiva, que reforzaban los mecanismos de cohesión interna.

 Este tipo de comportamientos provocaría a su vez la aparición de un amplio colectivo agraviado y fuertemente hostil a las agencias de seguridad desplegadas en el País Vasco.

Desde 1974 la cifra de muertes causadas por ETA cada año permanecería relativamente estable hasta 1976 para disminuir sensiblemente en 1977, año en que tendrán lugar las primeras elecciones democráticas al Parlamento.

Sin embargo, a partir del año siguiente se produce un aumento dramático en el número de víctimas mortales, que se irá incrementando de forma muy acusada hasta 1980 en que prácticamente un centenar de personas serán asesinadas.

 Inmediatamente, después de las primeras elecciones democráticas, se produce el primer intento de imprimir cambios sensibles en el aparato de seguridad del Estado.

Desde la vertiente política, en 1977 serán firmados los Pactos de la Moncloa entre los partidos con representación parlamentaria.

 Con el objetivo de otorgar estabilidad política y económica al nuevo régimen, en este acuerdo se contemplaba la necesidad de renovar las estructuras que durante décadas habían reprimido a la otrora oposición política ilegal.

Desde la perspectiva jurídica, los cambios comienzan a introducirse a través de la Ley de Policía de 1978 con la que se pretende limitar la jurisdicción militar en su aplicación al control del orden público, aunque todavía sin desmilitarizar a la Policía Nacional.

La presión ejercida por las nuevas fuerzas políticas para renovar estos cuerpos no se materializará en una reforma de las estructuras, sino en la renovación puntual de ciertos jefes policiales específicos que se habían destacado en la lucha contra la oposición política antifranquista.

Parte de este colectivo policial a su vez poseía gran experiencia en la lucha contra la violencia política en el País Vasco, habiendo logrado importantes éxitos gracias a una eficaz labor informativa.

Sin embargo, la retirada de este personal con experiencia dejaría un vacío importante en las áreas de la lucha contraterrorista del Ministerio del Interior, hecho que vendrá a coincidir con los comienzos del incremento dramático de la actividad terrorista de ETA.

El aumento de la actividad terrorista vasca a partir de 1978 obligará al Estado a plantearse la necesidad de impulsar la lucha contraterrorista desde una perspectiva policial principalmente lo que traerá como consecuencia la modernización de ciertos medios utilizados hasta ese momento y la creación por parte de la policía de unidades específicas para afrontar situaciones de alto riesgo,

y que ya habían demostrado su eficacia en otros países europeos.

El aumento de la capacidad mortífera de ETA se había producido de forma paralela a la disminución de la eficacia policial a lo largo de 1978.

Por esta razón, y como eje fundamental de la respuesta policial al terrorismo,

 se envía al País Vasco a un numeroso grupo de policías expertos en lucha antiterrorista que intentarán reorganizar las estructuras policiales e impulsar las labores de actualización de la información disponible sobre ETA y su entorno,

que por razones de carácter político habían sido descuidadas.

El proceso de recogida de información y de actualización de los archivos se realizó de manera indiscriminada y escasamente selectiva de forma que individuos y colectivos que habían abandonado la lucha armada se veían de nuevo envueltos en las pesquisas policiales con el consiguiente incremento de la hostilidad por parte de amplios sectores de la población.

Si bien el nuevo impulso dado a las labores policiales reportará éxitos importantes, lo cierto es que la actividad de ETA no descenderá, sino que por el contrario, el número de víctimas mortales provocadas por la organización armada se incrementará notablemente durante los dos años siguientes,

 lo que traerá como consecuencia la necesidad de renovar la dirección del Ministerio del Interior.

Con el nombramiento de Juan José Rosón como ministro del Interior comenzará una nueva etapa en la respuesta policial al terrorismo que vendrá marcada a medio plazo,

por una mayor decisión y eficacia en la lucha contra la violencia política en el País Vasco.

 Aunque los predecesores del nuevo ministro habían intentado adaptar medidas antiterroristas procedentes de la experiencia en otros países, lo cierto es que los resultados globales fueron poco significativos.

 Los cambios introducidos al final de la anterior etapa en la cúpula antiterrorista representaban más el deseo de terminar con un período caracterizado por sus escasos éxitos que la intención de iniciar una nueva fase.

Sin embargo, estos cambios postreros permitirían facilitar el comienzo de una serie de reformas estructurales con la intención de evitar los errores del pasado.

 Desde el punto de vista organizativo, en 1981 se crearía el Mando Único para la Lucha Contraterrorista, que constituirá un órgano en el que se centralizarán todas las decisiones importantes en relación a la respuesta policial al terrorismo.

Esta medida se verá complementada a lo largo de este mismo año con otras que implementarán la capacidad policial, entre las que destaca la ampliación de las dotaciones de las Fuerzas de Seguridad en el País Vasco y Navarra.

Asimismo se incrementarán los recursos legales a disposición de la policía a través de la Ley de Defensa de la Constitución que sancionará la actividad de los comandos legales y continuará posibilitando la incomunicación de los detenidos, por un máximo de diez días.

A partir de la aplicación de estas medidas, el número de víctimas mortales sufrirá un descenso espectacular.

 En 1981 el número de muertos, como resultado del las acciones de ETA no superará los treinta muertos y durante los años sucesivos, la cifra de víctimas mortales por año no superará los cuarenta, con excepción de 1987 y 1991.

El PSOE o la continuidad

La línea impuesta durante este período marcará la futura evolución de la respuesta policial al terrorismo, a pesar del cambio político que se producirá en 1982 con la victoria del PSOE en las elecciones generales.

A partir de este año, aunque a nivel operativo los cambios serán relativamente escasos, sí se produce una renovación parcial de los mandos así como de los mecanismos de toma de decisión,

 lo que traerá como resultado una mayor participación de las instancias políticas en el diseño e implementación de las políticas de seguridad antiterroristas,

en detrimento de los ámbitos funcionariales que durante los gobiernos anteriores habían elaborado y dirigido con notable autonomía la estrategia antiterrorista.

Durante esta nueva etapa se elaborará un plan integral con el objetivo de combatir de forma estructural no solamente la violencia política explícita, sino también las condiciones sociopolíticas que favorecían la persistencia del terrorismo en el País Vasco.

 Este proyecto diseñado en 1983 será conocido con el nombre de plan ZEN (Zona Especial Norte).

Independientemente del éxito operativo del citado plan, lo cierto es que su aplicación supone un cambio importante en la filosofía que subyace en las diferentes estrategias antiterroristas aplicadas hasta el momento ya que en este proyecto se contemplan de forma conjunta una serie de medidas que afectan a diferentes ámbitos y no exclusivamente al policial, aunque si giraban alrededor de éste.

 Asimismo se elaborará una nueva Ley Antiterrorista que introducirá medidas extremadamente restrictivas,

como la incomunicación durante diez días del detenido en un número de supuestos notablemente mayor que en la ley precedente, o la consideración como figura delictiva de colaboración con terroristas.

La intención por parte del Gobierno de controlar estrechamente la respuesta policial contra el terrorismo traerá como consecuencia el incremento de las atribuciones y competencias en esta materia otorgadas a la Guardia Civil en evidente detrimento de la Policía Nacional,

 de cuyo seno habían surgido críticas sobre la forma en que se desarrollaba la lucha antiterrorista.

 Sin embargo, la causa principal de este desplazamiento hay que atribuirla a la percepción que poseía el poder político en relación a la supuesta mayor facilidad de control que se podía ejercer sobre un cuerpo militarizado y muy disciplinado,

puesto que las reivindicaciones internas de la Policía Nacional y el creciente desarrollo del sindicalismo en su seno era observado con desconfianza por el nuevo gobierno socialista.

La creación, al principio de la década de los ochenta, de la policía autónoma (Ertzaintza) dependiente del gobierno vasco y con aspiraciones a convertirse en una policía integral

-lo que implicaba asumir competencias en materia antiterrorista-, suponía la aparición de un nuevo actor que contribuía a hacer más complejas las relaciones entre los diferentes cuerpos policiales.

 El gobierno central observará durante una primera etapa con gran recelo las acciones de esta nueva unidad policial, debido a la sospecha de que en su seno pudieran haberse introducido elementos infiltrados de ETA.

Esta actitud se vería reforzada por las ambiguas declaraciones y singulares intervenciones por parte de esta nueva fuerza policial que se sucederían a lo largo de los primeros años de gobierno socialista.

Posteriormente, como consecuencia de ciertos cambios políticos que tuvieron lugar en el Ministerio del Interior y en la correspondiente Consejería vasca por motivos ajenos a esta problemática,

 la actitud de recelo mantenida por ambos gobiernos dejará paso a un clima de entendimiento que favorecerá el surgimiento de un entorno de mutua tolerancia.

En este nuevo ambiente se comenzarán a diseñar planes conjuntos que contemplaban la retirada progresiva de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado,

tomando la Ertzaintza al mismo tiempo parte activa en la lucha contra el terrorismo, aunque la ausencia de coordinación continuará siendo una constante.

 La primera acción real contraterrorista por parte de la Ertzaintza tendrá lugar el 8 de abril de 1990, al ser detenidos cuatro miembros de un comando de ETA.

 A partir de ese instante, la policía autónoma participará regularmente en la detención de comandos y presuntos miembros de ETA.

La posición francesa

Desde el comienzo de la transición hasta 1982, momento en que el PSOE accede al poder, la cooperación internacional con Francia en materia antiterrorista es considerada por las autoridades españolas muy insatisfactoria.

Numerosos activistas de ETA utilizaban el País Vasco francés como plataforma desde la cual cometer sus acciones y a la que retornaban posteriormente en busca de protección.

El gobierno francés rechazaba colaborar de forma efectiva en esta materia, manteniéndose básicamente esta dinámica durante la primera mitad de la década de los ochenta.

 Aunque la cooperación internacional no es objeto de análisis en el presente texto, lo cierto es que la protección que ofrecía el País Vasco francés a los activistas de ETA condicionó en gran medida la respuesta policial al terrorismo durante todo el período analizado.

La negativa francesa a colaborar en la lucha contraterrorista producía profunda frustración en amplios sectores policiales españoles,

puesto que la libertad de movimientos de la que disfrutaban en Iparralde (País Vasco francés) facilitaba la preparación y ejecución de atentados al otro lado de la frontera.

Durante los años de la transición esta situación estimuló el surgimiento de actividades ilegales, como por ejemplo, extraños episodios de secuestros y rocambolescas huidas a través de la frontera por parte de presuntos agentes al servicio del Estado español, actuando asimismo en algunos casos colectivos de extrema derecha en la denominada "guerra sucia".

Estos hechos confusos y en numerosos casos difíciles de demostrar constituirían episodios relativamente aislados, no ubicables dentro de una estrategia globalmente diseñada.

Sin embargo, a partir de 1983 surgirá una organización denominada GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) que atentaría de forma sistemática y de manera preferente contra presuntos miembros y simpatizantes de ETA en territorio francés.

 Resulta verosímil, en función de los resultados preliminares de las investigaciones judiciales que se desarrollan actualmente, que los GAL fueran parte de una estrategia premeditada,

y cuyo objetivo fuera el de condicionar la actitud francesa con respecto a la situación de los refugiados vascos en Iparralde.

Si atendemos al progresivo incremento del número de muertos por acciones de ETA que se produce durante el período en que actúan los GAL, entre 1983 y 1987,

 los efectos inmediatos de sus acciones fueron claramente negativos, mientras que a medio plazo serán asimismo muy negativos por favorecer la deslegitimación de las fuerzas de seguridad estatales.

 En contra de lo que a veces se argumenta, la diferente actitud que mostrará Francia a partir de 1987 vendrá dada principalmente por la victoria derechista en las elecciones generales y como consecuencia de la debilidad a la que habían expuesto los atentados perpetrados por grupos árabes al Estado francés la primavera anterior.

El cambio de actitud por parte de Francia traerá como resultado inmediato un aumento en la colaboración antiterrorista entre ambos países y la expulsión hacia España de un gran número de refugiados, así como la posibilidad real de que se iniciara un número importante de procesos de extradición con probabilidades de éxito.

A partir de 1989 el Ministerio de Justicia aplicará una nueva táctica encaminada a debilitar la cohesión grupal de los presos pertenecientes a ETA -en torno a los seiscientos- a través de su dispersión por diferentes prisiones españolas.

Esta medida diseñada por las instancias políticas marcaba un hito importante en la lucha antiterrorista al pretender quebrar la cohesión grupal y sectaria que existía entre los presos de ETA en las prisiones, así como alterar y distorsionar la importancia que el colectivo de presos posee com

o valor simbólico, tanto para ETA, como para su entorno. Como consecuencia de su aplicación se logró introducir una serie de fisuras en la organización.

 La dispersión inaugurará una nueva etapa en la lucha gubernamental contra ETA si bien no poseerá unos efectos concretos en relación a una variación significativa del número de víctimas mortales en los años posteriores.

 La oposición con que es acogida esta medida por el entorno de ETA y el relativamente elevado número de presos pertenecientes a la organización terrorista que ha aceptado acogerse a los beneficios penitenciarios durante la presente etapa constituyen buena muestra del éxito, al menos parcial, de esta medida.

Tras el inicio de la cooperación efectiva con Francia, tanto los movimientos de los activistas de ETA como su capacidad operativa se verá notablemente mermada.

El estrecho control ejercido por la policía francesa y la cooperación policial bilateral arrojará resultados importantes como el descubrimiento de gran cantidad de documentación en la empresa Sokoa a finales de 1986, lo que permitió conocer de forma minuciosa la estructura de ETA y sus relaciones externas.

Pero el golpe más duro lo recibirá esta organización en 1992 con la detención de toda la cúpula dirigente en territorio francés, lo que se considera el mayor desastre sufrido por ETA en más de una década y del que ha tardado mucho tiempo en recuperarse.

 La nueva estrategia puesta en práctica por ETA, consistente en atentar principalmente contra personalidades destacadas de la vida política e institucional, así como el mantenimiento,

en su momento, de prolongados secuestros simultáneos con los que pretende demostrar la elevada capacidad operativa actual de la organización, parecen indicar que la reactivación de este problema cogió por sorpresa en parte al Ministerio del Interior.

 La reanudación de los contactos con fuerzas policiales extranjeras, con el objetivo de adiestrar a los funcionarios policiales españoles en materias relacionadas con recogida y procesamiento de información son buen ejemplo de la reactivación que se está produciendo en esta materia desde 1995 hasta nuestros días.

Respuesta policial: única vía

Las elecciones generales celebradas el mes de marzo del pasado año marcan en parte el límite de una forma de dirigir la lucha antiterrorista por parte del Gobierno español.

 El consenso político existente durante prácticamente las dos décadas anteriores y amenazado por la estrategia del PP durante 1995, se recompuso parcialmente, aunque, sin embargo,

el traspaso de instituciones penitenciarias desde el refundado Ministerio de Justicia al del Interior supone en realidad un cambio significativo en la perspectiva del Gobierno e indica que la presión sobre los presos va a ser uno de los ejes alrededor de la cual girará la política antiterrorista.

 Por otro lado, el cierre de las vías de diálogo con el fin de "tomar la temperatura" a ETA,

como diría un anterior Secretario de Estado, unido al encarcelamiento de la cúpula de HB y la reiterada defensa del aislamiento político y social de esta organización, sobre todo tras el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco,

 nos muestra un panorama definido por la elección de la vía policial como el único medio para acabar con el terrorismo.

Esta situación es consecuencia de la creencia por parte del Gobierno de que el apoyo social con el que cuenta en esta materia es suficiente para, si no prescindir totalmente,

sí al menos considerar que el consenso político no es tan necesario como en el pasado; por lo que la consecución de acuerdos explícitos e implícitos no resulta una necesidad urgente.

Buena prueba de este cambio de actitud lo constituye precisamente el progresivo debilitamiento que está sufriendo el Pacto de Ajuria Enea, puesto que el apoyo del PNV se está consiguiendo en otros ámbitos sin interferencias de terceros partidos.

Curiosamente, durante este último año hemos vivido una situación en extremo novedosa en materia de consenso político y que objetivamente puede contribuir a retrasar el final de ETA, si éste dependiera únicamente de la respuesta policial.

La progresiva transmutación de la estrategia de los sectores radicales vascos desde el terrorismo a una difusa violencia urbana de carácter juvenil, y que en modo alguno puede considerarse "terrorismo de baja intensidad",

muestra de forma evidente que el PNV ha comenzado a perder influencia sobre ciertos sectores sociales, de los que en realidad se encontraba bastante alejado, aunque esta circunstancia no se había manifestado de forma tan patente hasta este instante.

 Por otro lado, los acuerdos básicos que parecen haber alcanzado el gobierno central y el vasco en materia de seguridad, no se ven reflejados en un incremento de los niveles de cooperación policial en materia antiterrorista.

El trabajo aislado, en el mejor de los casos, es el que predomina; y, en el peor, la descoordinación ha llevado a que se produjeran en ocasiones enfrentamientos armados entre las FCSE y la Ertzaintza.

 Asimismo, a tenor de afirmaciones públicas y privadas de responsables de la lucha antiterrorista, la progresiva retirada de las FCSE,

 como consecuencia de la reordenación territorial y competencial de las agencias de seguridad en el País Vasco, parece que está impidiendo elevar los niveles de información sobre las actividades de ETA y su entorno.

En este sentido, la pregunta que surge es

¿En qué momento los niveles de incompetencia de las FCSE en materia antiterrorista serán los suficientemente elevados a consecuencia de deficiencias en la información,

para que finalmente se impulse el establecimiento de un acuerdo firme que delimite definitivamente la presencia y las competencias de cada una de las fuerzas policiales?

¿Cuándo se van a enfrentar definitivamente a la resolución de este problema los dos partidos que gestionan la respuesta policial al terrorismo?

Para concluir, se puede afirmar que el terrorismo ha condicionado de forma muy intensa toda la política de seguridad interior así como la organización de las fuerzas de seguridad a lo largo de los últimos veinte años.

El terrorismo no solo ha favorecido el inmovilismo en el seno de las fuerzas de seguridad, sino que ha incrementado los niveles de consenso político en todas las áreas de seguridad interior,

sacrificándose en numerosas ocasiones el respeto de ciertos derechos fundamentales.

Por otro lado, la necesidad de establecer acuerdos políticos para facilitar la gobernabilidad o para incentivar el compromiso de los nacionalistas en materia antiterrorista ha supuesto subordinar sistemáticamente los criterios de eficacia policial a otros basados en la oportunidad política.

De esta manera nos encontramos con un sistema policial -que no modelo- desestructurado y que avanza en función de la existencia de ciertas coyunturas, sirviendo asimismo, aunque no solamente en el caso vasco,

como elemento de intercambio en situaciones de bloqueo institucional entre el Gobierno central y el autonómico.

 

Oscar Jaime-Jiménez  - http://www.lafactoriaweb.com 

Publicado Originalmente en la revista cuatrimestral la factoría*