¿FRACASO DEL SICE?

Autor: Héctor Julio Garzón Vivas 

OTROS CONCEPTOS DE ECONOMÍA

05 / 2005  

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El Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, es un mecanismo que según la Ley 598 de 2002, pretende acabar con uno de los focos de la corrupción en la contratación pública como lo son los famosos sobreprecios en los bienes y servicios que compra el Estado.

En un reciente Seminario taller, organizado por la asociación Colombiana de Funcionarios de Manejo, ACOLFUMAN, celebrado el pasado 10 y 11 de marzo en Bogotá, al cual asistieron más de 120 personas de la administración nacional y regional se evidenció el malestar que ha generado este instrumento que en principio, como muchas cosas en nuestro país se proyectó con un noble propósito.

Las sumas que el Estado colombiano, a través de la Contraloría General de la República se han gastado, en la implementación de este sistema sobrepasan los U$23 millones. Cifra no despreciable frente a las necesidades ingentes de nuestro país.

Las quejas en concreto son:

- Que la codificación utilizada en el Código Único de Bienes y Servicios, CUBS, no es tan único, y no tiene en cuenta otros códigos que se deben usar en los trámites administrativos, presupuestales y contables.

Ni siquiera tiene que ver con el CIIU. Es algo así como en pleno siglo XXI, tratar de crearse otro lenguaje.

- El sistema técnicamente adolece de grandes fallas desde el principio pues parte de la base de pretender codificar cada uno de los bienes y servicios.

 Algo prácticamente imposible de hacer, dada la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía, los cuales son susceptibles de ser comprados por el estado.

A la fecha hay más de 1.5 millones de items, con grandes inconsistencias y este valor seguirá creciendo exponencialmente. No se necesita saber de mucha estadística para deducir que según como está diseñado este sistema el número de bienes y servicios, que se pretende codificar con este sistema, tendería a infinito.

- La estructuración del código no guarda las recomendaciones técnicas para el diseño de este tipo de sistemas de información, dificultando las labores administrativas. Esto es, las bases y reglas como se están estructurando los códigos, son gaseosas.

- La exigencia de que los participantes, llámense proponentes, deban imprimir el registro de cada uno de los ítems, aumenta los niveles de requisitos que se deban adjuntar. Hay una regla que dice “ a mayor número de requisitos, mayor corrupción”

- Aunque el SICE, a través del RUPR, dice tener en cuenta algunos aspectos para la determinación de los precios, generalmente se presentan distorsiones.

- La falta de coordinación entre los entes territoriales de control y la misma CGR, han hecho que muchas entidades no tengan definido su ingreso al sistema y su obligación de cumplir con los requisitos establecidos en el sistema.

- La exigencia según Resolución 5313 de 2002, de la CGR, de que las entidades deben elaborar el Plan de Compras entre el mes de marzo y el mes de junio de anterior a la vigencia, con contradicción de las normas presupuestales, que dicen que el Plan de Compras ó de necesidades debe formar parte del anteproyecto de gastos, el cual debe estar elaborado antes de 15 de marzo.

Esto muestra parte de la incoherencia con otros elementos y entidades de la administración pública.

- El sistema se ha convertido en un generador de informes y trabajo administrativo adicional, que de por sí es exagerado en las instituciones públicas, y sobretodo, no le genera valor agregado.

- Para los empresarios privados se ha convertido en un requisito más para poder contratar con el Estado, esto unido al sinnúmero de certificaciones que otras normas exigen, a la larga haciendo más costosos los mismos bienes y servicios que pretende abaratar.

- Se ha convertido en una serie de excepciones, pues para cada entidad según sus necesidades se le crea un código para los bienes.

El principio de economía en las normas de auditoría no se ha aplicado. El control, en este caso el SICE, con todos sus elementos, entre ellos el RUPR y el CUBS, son más costosos que los pretendidos beneficios que se quieren lograr. Este sistema en vez de disminuir los costos de transacción, tanto para el sector público como privado, lo que está haciendo es aumentarlos.

El tema no es de menor importancia pues por medio de este sistema se pretende mantener la vigilancia sobre la ejecución de más de $40 billones de pesos, que es el estimado de compras en bienes y servicios del sector público, durante un año.

Además me atrevo a asegurar que las compras del Estado no se están democratizando, pues la cantidad de requisitos y proceso que implica el SICE para un empresario privado en vez de motivarlo lo que hace es imponerle más obstáculos que lo que hacen finalmente es alejarlo de la participación en las convocatorias del Estado.

 Es el equivalente a las trabas administrativas en el comercio exterior.

Por todo lo anterior y con el buen ánimo de mejorar, la pregunta que nos hacemos es si el SICE, no está condenado a fracasar???.  
 

Héctor Julio Garzón Vivas 

Economista Industrial y magíster en economía.  Asesor y directivo en entidades públicas y privadas en áreas administrativas.  Docente y directivo universitario en economía, finanzas, proyectos.  Diseño e implementación de procedimientos en las áreas administrativa y financiera. Programación, ejecución, control y administración de procesos licitatorios. Planeación, ejecución y control de área de compras, almacén, seguros, presupuesto, central de pagos, legalización de inmuebles. 

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